En las instalaciones de la Casa Judicial “Alfredo Pareja Guerrero”, se socializaron los beneficios que tendrán los profesionales que forman parte del Foro de Abogados del Consejo de la Judicatura al acceder a la aplicación “EFJ Digital”. Esta herramienta funcionará como una credencial electrónica para los profesionales del Derecho y permitirá verificar, de forma inmediata, su estado profesional mediante la generación de un código QR.

Además, en el evento participó el presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy; las vocales Solanda Goyes y Yolanda Yupangui; la directora de la Escuela de la Función Judicial, Pavlova Astaiza; el director provincial de Pichincha, Henry Gaibor y el director Nacional de Tecnologías de la Información y Comunicación, Jonatan Díaz.

Así mismo, la app “EFJ Digital”, fue trabajada conjuntamente con la Escuela de la Función Judicial y la Dirección Nacional de TICS, obedece a la necesidad de digitalizar y modernizar los servicios de justicia en el país. La aplicación, que es compatible con el sistema IOS y Android, está disponible en las tiendas oficiales de ambos sistemas operativos (App Store y Play Store).

Por lo que, durante la socialización estuvieron los abogados en libre ejercicio, el presidente Godoy quién dijo que este trabajo refleja el compromiso del Consejo de la Judicatura con la transformación digital, la transparencia y el fortalecimiento de la seguridad jurídica en el país.

“Más allá de su dimensión tecnológica, esta herramienta simboliza algo más profundo: el reconocimiento del abogado como pilar esencial en la defensa de los derechos, la justicia y el debido proceso”, aseguró Godoy.

Mientras tanto, que la credencial digital incorpora elementos innovadores como el código QR con firma digital, mecanismos criptográficos de validación y conexión en línea para su verificación en tiempo real, asegurando que todo ello garantiza altos niveles de seguridad y evita el uso fraudulento o la falsificación de documentos físicos.

Finalmente, el funcionamiento de la herramienta fue analizado en la sesión extraordinaria No. 057-2025 del Pleno del CJ, los requisitos para que los juristas inscritos en el Foro de Abogados accedan al carné profesional digital que tendrá plena validez jurídica, en igualdad de condiciones que el carné físico emitido por el Consejo de la Judicatura. Los juristas podrán exhibirlo electrónicamente cuando así se requiera para fines institucionales o legales.

Este 29 de junio de 2025, el presidente Daniel Noboa asistió a la cena institucional que ofreció el Rey Felipe VI. La cita se realizó en la Real Alcázar de Sevilla, donde asistieron otros jefes de Estado de la región como el presidente español, Pedro Sánchez y representantes de los organismos multilaterales. Antes de la VI Conferencia sobre Financiamiento para el Desarrollo del 30 de junio en Sevilla.

En cambio, durante la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Financiamiento para el Desarrollo, Ecuador presentará su posición de buscar mecanismos innovadores y el compromiso de las instituciones financieras internacionales de apoyar a los países a alcanzar los Objetivos de Desarrollo.

Además, los líderes de la región compartieron intereses comunes en materia de finanzas sostenibles, bonos verdes y trabajos bilaterales en temas de canje de deuda.

Este lunes 30 de junio 2025, está previsto que la delegación ecuatoriana, liderada por Presidente de la República, Daniel Noboa, resalte en la conferencia el rol de la cooperación internacional en la lucha contra el crimen organizado transnacional y se promuevan oportunidades de inversión en el Ecuador en sectores como el energético y de comercio.

En su gira oficial en España, el presidente de la República, Daniel Noboa llegó a Sevilla donde mantuvo un diálogo con 17 representantes de grandes empresas españolas que tienen interés de invertir en el Ecuador. La cita se desarrolló en la Fundación CAJASOL. Las empresas españolas son líderes dentro de los sectores de infraestructura, tecnologías vinculadas al comercio electrónico, construcción, energía fotovoltaica, viñedos, comercio, entre otros.

Además, el Jefe de Estado de Ecuador, asistirá a la Conferencia de Naciones Unidas sobre Financiamiento para el Desarrollo, una cita de alto nivel que reunirá a los principales líderes mundiales, este lunes 30 de junio del 2025.

El Presidente Noboa posicionó al Ecuador como una oportunidad para invertir con seguridad jurídica para las empresas extranjeras: “Transmitiendo tranquilidad y seguridad jurídica a los empresarios, con unas perspectivas positivas”. Hay expectativas que se concreten posibles inversiones en beneficio del país, manifestó.

Para la ministra de Economía y Finanzas de Ecuador, Sariha Moya, este espacio es una oportunidad de inversión en distintas áreas, señaló.

En cambio, el gobierno presentó un portafolio de proyectos de alianzas público-privadas y licitaciones en infraestructura vial, portuaria, energética y de vivienda.

Según, la ministra de Energía y Minas, Inés Manzano, los diálogos con los empresarios dedicados al sector minero, turístico y eléctrico. Esto permitirá desarrollar proyectos que generen empleo y dinamicen las economías de las dos naciones.

Mientras tanto, la ministra de Relaciones Exteriores, Gabriela Sommerfeld indicó que la participación del presidente Noboa en la Conferencia de Naciones Unidas pedirá “la cooperación y el apoyo de la comunidad internacional para dar mayores oportunidades a los ecuatorianos y complementar los esfuerzos del Estado en su lucha contra el crimen organizado”.

Finalmente, el gobierno se compromete a crear entornos atractivos, transparentes y predecibles para las inversiones de las empresas extranjeras, como la reducción de la tramitología, reforzar la seguridad jurídica y garantizar la estabilidad macroeconómica, a través de un paquete de incentivos que incluyen exenciones fiscales, estabilización tributaria por contrato, zonas francas y facilidades aduaneras, precisaron.

La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea entregó al Consejo Nacional Electoral el informe final de observación de las Elecciones Generales del 2025. El documento ratifica que los comicios se llevaron con total transparencia y no se detectaron elementos que sustenten el fraude.

Además, destaca como positivo la acreditación de 1.700 observadores electorales nacionales e internacionales, así como 95.000 delegados de ambos candidatos; el correcto funcionamiento del sitio web de resultados y de la aplicación móvil del CNE, que publicó los primeros resultados apenas media hora después del cierre de la votación, entre otros aspectos relevantes.

El presidente subrogante, Enrique Pita, reconoció el trabajo desplegado durante los comicios del 2025. “Ratificamos nuestro interés en consolidar la cooperación técnica entre ambos organismos”, dijo.

El jefe de la MOE-UE, Gabriel Mato, destacó el trabajo realizado por el CNE para llevar adelante el proceso electoral sin contratiempos. En la entrega del informe también participaron los consejeros José Cabrera Zurita y Elena Nájera Moreira.

En el debate del proyecto de Ley Orgánica de Recuperación de Áreas Protegidas y Promoción del Desarrollo Local, presentado por el Ejecutivo, la comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional, recibió las observaciones de los ministerios de Turismo, Producción y Economía.

Para la presidenta de la comisión, Valentina Centeno el tratamiento del proyecto de Ley constituye una valiosa oportunidad para abordar temas relacionados con la conservación y la biodiversidad. Por lo que, han recibido varias observaciones de asambleístas e instituciones, que contribuirán a la elaboración del informe para primer debate, previsto para esta semana.

Según, el ministro de Turismo, Mateo Estrella, la importancia del proyecto de Ley, está en las áreas protegidas que representan el 20 % del territorio nacional. Estas zonas generan beneficios tangibles que dinamizan y fortalecen toda la cadena de valor, incluyendo a prestadores de servicios, proveedores, artesanos, comunidades, agricultores, que incrementaron el número de visitantes de 1,2 millones en el 2024 a 3,2 millones en lo que va del 2025.,

Además, el ministro de Turismo propuso la creación de un Comité Técnico de Inversiones Ambientales Turísticas Sostenibles, como entidad encargada de calificar y aprobar las inversiones y modelos de gestión a ser aplicados dentro de las áreas protegidas.

Por su parte, la viceministra de Economía, Joselyn Camacho, dijo que la gestión de las áreas protegidas se debe enmarcar dentro de las capacidades institucionales, expresó.

Así mismo, Camacho manifestó que los mecanismos contractuales de intervención, administración y operación tendrán que contar con el dictamen favorable de sostenibilidad y riesgos fiscales, emitido por el ente rector de las finanzas públicas en el país.

En cambio, la viceministra de Acuacultura y Pesca, Mariella Cereceda, solicitó el respaldo de los legisladores para el sector pesquero artesanal, mediante la remisión de intereses y el fortalecimiento del proceso de regularización.

Mientras tanto, esta posibilidad se encuentra en la disposición general única del proyecto de Ley, en la que establece la remisión del 100 % de los cánones de arrendamiento vencidos, intereses, recargos y multas correspondientes a los contratos de arrendamiento de infraestructura de los puertos pesqueros artesanales y facilidades conexas.

Finalmente, las alianzas público–privadas, concesiones turísticas y poblaciones beneficiarias, también serán debatidas.

Con 84 votos a favor, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó el proyecto de Ley Orgánica de Integridad Pública, presentado por el Ejecutivo con el carácter de urgente en materia económica. El objetivo erradicar la violencia en las calles, la corrupción en todos los niveles y funciones del sector público, mejorar la eficiencia institucional y garantizar que los bienes y servicios del Estado respondan a las necesidades ciudadanas.

Según, el legislador Andrés Castillo el proyecto de Ley incorpora los elementos relacionados con: el balance general del Banco Central del Ecuador; la sanción de expulsión y prohibición de retorno al territorio nacional; la deportación en el contexto del conflicto armado interno y la designación de los miembros de la Junta de Política y Regulación Financiera y Monetaria, señaló.

Además, el proyecto de Ley aborda cuatro ejes fundamentales: la contratación pública; el fortalecimiento institucional del sector público; la gestión pública en su conjunto y la erradicación de redes delictivas que amenazan a la niñez del país.

Para la asambleísta Valentina Centeno es una ley necesaria, justa e inédita, que reforma cerca de 20 cuerpos normativos y que está enfocada en la protección de la vida, la dignidad humana. “Esta Ley es un paso clave en la búsqueda de un Ecuador justo, transparente e íntegro, manifestó.

También, Centeno explicó los aspectos relacionados con la seguridad, declaratoria de emergencia judicial, expulsión de extranjeros que hayan cometido delitos, lucha contra el hacinamiento carcelario, evaluación de servidores públicos y reformas al régimen de contratación pública.

Mientras tanto, durante el debate intervinieron diez legisladores, quienes abordaron temas como: sanciones por prevaricato cometido por los jueces; la necesidad de democratizar la contratación pública; penas de hasta 15 años para adolescentes infractores; duración de la declaratoria de emergencia judicial; prevención del uso de jóvenes por parte del crimen organizado; balance general del Banco Central; apoyo a la economía popular y solidaria mediante una reserva de mercado y la depuración del Registro Único de Proveedores, entre otros.

Finalmente, el proyecto Ley no se limita únicamente al ámbito de la contratación pública, sino que va más allá, incorporando reformas integrales que permiten enfrentar la problemática de la corrupción de manera estructural, puntualizaron.

La comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, continuó con la investigación de las presuntas actuaciones irregulares de los operadores de justicia, en el marco del conflicto armado interno que afronta el país. Por lo que, recibió al fiscal general (subrogante), Wilson Toainga, quien defendió el trabajo de la entidad, en cumplimiento de lo previsto en la Constitución y la Ley.

Para del Fiscal General del Estado (s), Wilson Toainga la actuación de los fiscales, en los casos de flagrancia, depende de los partes de aprehensión o novedades elaborados por la Policía y Fuerzas Armadas, no todas las partes ni todos los expedientes cuentan con la debida fundamentación para formular cargos; tampoco encajan en los presuntos delitos que se mencionan en ellos, dijo.

Los fiscales en determinados casos, cuando los elementos probatorios lo permiten, solicitan medidas cautelares personales o reales, no todos los casos ameritan prisión preventiva y en muchas ocasiones, el juez, sobre la base de las normativas nacionales e internacionales, decide otorgar medidas como la prohibición de salida del país o la presentación periódica ante la autoridad judicial, explicó.

Además, el problema va más allá de las medidas que adoptan los jueces. En el Ecuador, los fiscales y jueces no tienen garantías para desarrollar su trabajo, sobre todo en el ámbito de la lucha contra la delincuencia organizada, todos los operadores de justicia tienen las mismas medidas, pese a que el riesgo es mayor en el caso de quienes están al frente de los procesos relacionados con esta materia, señaló Toainga.

También, el fiscal general (subrogante) aseguró que existe normativa internacional excepcional relacionada con la materia del crimen organizado, que es un problema regional y mundial que data de la década de los noventa. Frente a esto, nuestra legislación debería contar con medidas excepcionales para garantizar la seguridad de los jueces y fiscales, insistió.

Finalmente, el presidente de la comisión de Fiscalización, Ferdinan Álvarez, solicitó a los integrantes de la mesa legislativa que remitan sus observaciones, para efectuar un pedido de información a la Fiscalía General del Estado, documentación que será debidamente analizada y evaluada para la construcción del informe respecto de la investigación.

El pleno de la Asamblea Nacional debatirá este martes 24 de junio 2025, el segundo debate el proyecto de Ley Orgánica de Integridad Pública, calificado por el Ejecutivo como urgente en materia económica, el objetivo garantizar una administración pública íntegra, eficiente, ágil, transparente, de violencia y corrupción. La sesión será a las 15h00.

Según, la comisión de Desarrollo Económico, establece que la integridad pública es una condición necesaria para responder a la corrupción, mantener la confianza en las instituciones públicas. Respecto a la contratación pública. Fortalecer el servicio público.

Además, tratar la gestión pública en su generalidad, para no estancarse en lo superficial del problema, sino empezar a hacerle frente desde un ámbito más profundo.

Así mismo, busca erradicar la red de delincuencia que amenaza a la niñez del país.

Finalmente, para la elaboración del informe para al segundo debate, la comisión recogió las observaciones del primer debate y recibió criterios de varias autoridades, organismos públicos y privados.