El director de la Agencia Nacional de Tránsito, el representante de la Asociación de Municipalidades del Ecuador y un experto en tránsito y seguridad vial presentaron en la comisión de Gobiernos Autónomos de la Asamblea Nacional, sus observaciones a las reformas del Código Integral Penal en materia de tránsito. Esta iniciativa busca recategorizar las contravenciones de tránsito, fortalecer la seguridad vial preventiva y reducir la carga procesal en los juzgados especializados en esta materia.

Según, el director ejecutivo de la ANT, Alejandro Lascano expresó su conformidad con las modificaciones planteadas en la comisión de Gobiernos Autónomos con relación a las reformas propuestas a las penas no privativas de la libertad; contravenciones de tránsito de primera, segunda y cuarta clase; los mecanismos de impugnación de contravenciones; entre otros.

En cambio, para Esteban Orellana, director ejecutivo de AME, el ajuste del marco normativo conforme a las sentencias de la Corte Constitucional.

También, Orellana reiteró la importancia de considerar las diferentes modalidades de transporte, así como la naturaleza jurídica de los gobiernos autónomos descentralizados. Y exhortó a la aplicación de sanciones por etapas de prevención e información.

Para, el asambleísta Adrián Castro, manifestó la importancia de recategorizar las contravenciones de tránsito, fortalecer la seguridad vial preventiva y disminuir los procesos judiciales relacionados. Entre las medidas alternativas sería el trabajo comunitario, establecer agravantes por exceso de pasajeros, aplicar sanciones con reducción de puntos en la licencia y multas, incorporar un rango de tolerancia y endurecer las sanciones por el uso de llantas lisas.

Sin embargo, el experto en tránsito y seguridad vial, Pablo Cerón es partidario en la necesidad de sancionar con mayor rigor al exceso de velocidad, una de las principales causas de muertes en el país.

Mientras tanto, la rectora del ITESUT, la Máster Cecilia Flores, aseguró que “más allá de las sanciones y multas de cualquier tipo, la educación es principal, solo así podremos cambiar, por más Ley dura que sea, los siniestros de tránsito seguirán como la primera causa de las estadísticas de muerte en el Ecuador”.

Finalmente, la presidenta de la comisión, Lucía Pozo indicó la conformación de mesas técnicas para el análisis del proyecto de Ley en trámite.

El presidente de la República, Daniel Noboa, se reunió este martes 10 de junio de 2025 en Guayaquil con el gabinete de seguridad. El gobierno evaluó las acciones realizadas por el Bloque de Seguridad y las estrategias que continuaran implementando para combatir la violencia y a los grupos delincuenciales.

Según, el ministro del Interior, John Reimberg, la renovación del estado de excepción por 30 días en Guayas, Los Ríos, Manabí, Orellana, Santa Elena, El Oro, Sucumbíos y el Distrito Metropolitano de Quito, es fundamental “en las operaciones de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas para combatir el crimen en estas provincias focalizadas”, dijo.

Además, el Jefe de Estado suscribió el Decreto Ejecutivo N° 23 que recoge esta decisión para garantizar el orden público, la paz social y la convivencia pacífica de los ciudadanos y mantener operativos para capturar a integrantes de los grupos delictivos transnacionales.

Así mismo, Reimberg insistió que el Ministerio del Interior sí participará en las mesas técnicas con el Consejo de la Judicatura, para dar resultados ante la impunidad de que personas aprehendidas salgan libres de manera inmediata: “Los ecuatorianos están cansados de que la Policía Nacional y FF.AA. cumplan su trabajo de dar seguridad al país, llevar a los delincuentes ante la justicia y que salgan inmediatamente. Hemos llegado a un punto donde no hay más tolerancia”, expresó.

Por lo que, el trabajo junto al sistema de justicia permitirá que las personas que cometen delitos como secuestros, asesinatos, tráfico ilegal de droga, sicariatos, entre otros permanezcan en los centros de rehabilitación y no salgan en libertad con medidas sustitutivas que les facilite seguir delinquiendo.

En cambio, respecto a la aprobación de la Ley de Solidaridad Nacional por la Asamblea Nacional, calificó de positiva ya que endurecerá las penas a los delincuentes y el apoyo a las fuerzas del orden, la Ley permitirá que se combatan las economías ilegales de los grupos terroristas, como se hizo hace días con el grupo “Los Choneros”, puntualizó.

Mientras tanto, durante el gabinete de seguridad el Presidente de la República, Daniel Noboa conoció que más de 200 servidores policiales tendrán una mejor habitabilidad en el sector Nueva Prosperina, en Guayaquil, sitio donde también se instaló una nueva Unidad de Policía Comunitaria. Y se prevé la construcción de otro proyecto en la misma zona para para fortalecer la seguridad.

Finalmente, en el gabinete de seguridad participaron los ministros de Defensa, Gian Carlo Loffredo; de Gobierno; José de la Gasca; el secretario general de Integridad Pública, José Julio Neira; el director del Centro de Inteligencia Estratégica, Michele Sensi Contugi; el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Jaime Vela; el comandante general de la Policía Nacional, Pablo Dávila; la gobernadora del Guayas, Zaida Rovira; la secretaria General de la Administración Pública y Gabinete, Cynthia Gelibert y la secretaria General de Comunicación, Irene Vélez.

La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, no alcanzó los votos necesarios para calificar la solicitud de juicio político contra del ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, presentada por el asambleísta Héctor Valladares, por incumplimiento de funciones, por la desaparición forzada de cuatro niños en la ciudad de Guayaquil, el 2 de diciembre del 2024.

La asambleísta Ana Herrera mocionó que se califique la solicitud de juicio político, cuatro votos a favor y seis en contra. Por lo que, el expediente será archivado.

Según, los legisladores no se puede desarrollar un juicio político por un caso que es investigado en el ámbito penal, instancia en la cual se determinará quiénes fueron los responsables de la desaparición y muerte de los cuatro menores de Las Malvinas, en Guayaquil.

También, los asambleístas que respaldaron la moción para calificar el juicio político señalaron la necesidad que el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, acuda a la Asamblea para esclarecer este hecho que enlutó al país.

La aplanadora del Gobierno en la Asamblea Nacional, aprobó la Ley Orgánica de Solidaridad Nacional. Enviada con carácter económico urgente por el presidente de la República, Daniel Noboa, La Ley aprobada establece medidas legales y fiscales para combatir el financiamiento de las mafias, proteger a la población civil, fortalecer las fuerzas del orden y reactivar económicamente las zonas afectadas por la violencia interna.

Con 84 votos a favor, el Gobierno aprobó la primera Ley en el segundo mandato y en la presidencia de Niels Olsen.

Entre las disposiciones importantes establece los incentivos para la reconstrucción social y productiva, la atención prioritaria a víctimas y acciones para prevenir el reclutamiento de menores por parte de grupos armados.

La Ley Orgánica de Solidaridad Nacional no solo fortalece el accionar de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, sino que ratifica la voluntad política de actuar sin dilaciones ni divisiones ante una amenaza que pone en riesgo la seguridad, economía y la vida de los ecuatorianos.

Este sábado 7 de junio 2025, con seis votos a favor, la comisión de Seguridad Integral aprobó el texto final de votación del proyecto de Ley Orgánica de Inteligencia, el objetivo es regular el Sistema Nacional de Inteligencia y sus subsistemas, así como la coordinación y cooperación con los organismos de apoyo, otras entidades del Estado y personas naturales o jurídicas, tanto públicas como privadas.

Además, el Sistema Nacional de Inteligencia contará con subsistemas de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, análisis financiero y económico, Casa Militar Presidencial, tributación nacional, aduanas, sistema penitenciario y otros que disponga el Presidente de la República.

Por lo que, desarrollaran actividades y operaciones de inteligencia y contrainteligencia dentro del ámbito de sus competencias, con el fin de alertar y asesorar en la toma de decisiones al más alto nivel, buscando anticipar, evitar y/o neutralizar amenazas y riesgos que afecten a la seguridad integral del Estado.

Segú, la asambleísta Jhajaira Urresta sus observaciones a los artículos 5, 11, 12, 14 y 51, este último relacionado con el requerimiento de información a las operadoras de servicios de telecomunicaciones, dijo.

Para la presidenta de la comisión de Seguridad, Inés Alarcón, el artículo 51 no consta en la matriz de textos con observaciones.

En cambio, el asambleísta Francisco Cevallos señaló que la rendición de cuentas de la entidad rectora del Sistema Nacional de Inteligencia ante la comisión de Seguridad no limita ni restringe las facultades fiscalizadoras de la Asamblea Nacional, sino que se encuentra en consonancia con el artículo 24 de la Ley de Seguridad Pública y del Estado.

Mientras tanto, el legislador Andrés Castillo de ADN, aseguró que el avance de la delincuencia requiere acciones urgentes y que esta Ley constituye una herramienta eficiente que permitirá al Estado anticiparse a las acciones de los grupos del crimen organizado.

Finalmente, la legisladora Jahiren Noriega solicitó la comparecencia de los representantes de organizaciones de la sociedad civil. Respecto a los artículos 47 y 52 del proyecto legal.

El Ministerio de Salud Pública inauguró el primer Curso de Salud Ambiental con enfoque materno infantil, que será impartido bajo la modalidad presencial y virtual dirigido a profesionales de salud e integrantes de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) y la academia, apoyado por el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF). Esta actividad responde al programa integral dentro del convenio suscrito entre Unicef y el Gobierno Nacional 2023 – 2026.

La Dirección Nacional de Salud Ambiental y en el Trabajo del MSP desarrolla planes de capacitación interna y externa, el objetivo fortalecer los conocimientos sobre la incidencia de los factores ambientales que afectan a la salud humana.

También, el curso prevé identificar los riesgos ambientales, medidas de prevención, respuestas ante emergencias ambientales, atención a grupos vulnerables, estrategias de educación y sensibilización a las comunidades.

Para el Director Ejecutivo del Centro de Transferencia de Conocimiento e Innovación Social, Marco Cazco de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, estos espacios desde la academia construyen a obtener aportes para construir políticas públicas en beneficio de la población, expresó.

En cambio, Marysol Ruilova oficial de Salud y Nutrición de UNICEF en Ecuador, dijo que la problemática y el perjuicio que puede causar la contaminación del ambiente a la salud humana, para combatir ese tema de salud pública, Unicef, junto al MSP, trabaja en medidas de prevención para cuidar la vida de los ecuatorianos.

“Fortalecemos nuestro sistema de salud para un acceso oportuno a los servicios. En este curso vamos a mejorar nuestras capacidades de identificar, vigilar, prevenir y tratar adecuadamente estas amenazas, con enfoque preventivo, integral y basado en la equidad”, aseguró Ruilova.

Mientras tanto, José Mosquera, Director Nacional de Salud Ambiental y en el Trabajo del MSP, la participación en este tema de los Gobiernos Autónomos Descentralizados es fundamental para mantener una coordinación adecuada con el personal del MSP para impulsar acciones concretas ante este problema mundial, sostuvo.

Finalmente, las observaciones y propuestas servirán para que los funcionarios puedan detectar y considerar los impactos de factores ambientales en la salud de la niñez, a nivel nacional, local y describir las medidas preventivas que pueden tomar los distintos actores nacionales, locales para disminuir la exposición de madres y niños a factores ambientales, describir las características clínicas, manejo y tratamiento de intoxicaciones con plaguicidas, metales pesados y gases asfixiantes, aplicar la historia clínica ambiental pediátrica de la (OMS/OPS), precisaron.

El Pleno de la Asamblea, con 78 votos en contra, negó la apelación a la presidencia de Niels Olsen, en la octava sesión, moción presentada por el asambleísta Henry Bósquez para incluir en el orden del día la resolución para dejar sin efecto lo mocionado y votado en la sesión n.º 1027 del Pleno de la Asamblea Nacional, reinstalada el 13 de mayo de 2025, en torno a la conformación de la terna para la designación del representante de la Función Legislativa ante el Consejo de la Judicatura.

La propuesta del asambleísta Bósquez, la rectificación de la votación, de acuerdo al artículo 146 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que establece a cualquier asambleísta, de forma inmediata a la proclamación de resultados, a plantear la comprobación o rectificación de la votación.

Por lo que, el asambleísta Fernando Cedeño apeló la decisión del presidente, quien esperó que se cumpliera con la votación para tramitar la apelación.

Según, Cedeño el presidente de la Asamblea Nacional, había infringido el procedimiento al dar paso a la rectificación de una votación que no se refería al fondo de la temática a tratar, sino a un mero trámite para el cambio del orden del día.

Para el presidente de la Asamblea Nacional, Niels Olsen su actuación fue al amparo de lo dispuesto en el artículo 146 de la LOFL, quien preside la sesión no tiene la facultad de negar un procedimiento de rectificación, dentro de cualquier votación que se produzca en el Pleno. Para el efecto, solicitó que Secretaría dé lectura del texto íntegro del referido artículo.

Finalmente, la presidenta encargada, Mishel Mancheno, dispuso que se someta a votación. Una vez proclamados los resultados, 62 a favor, 78 en contra y dos abstenciones el presidente de la Asamblea, Olsen retomó la conducción de la sesión.