El cantón Sucre en la provincia de Manabí, desde el 11 de julio del 2025, cuenta con un nuevo punto digital gratuito, este se suma a los 74 accesos distribuidos estratégicamente en zonas rurales y urbanas de la provincia para garantizar el acceso gratuito a la tecnología, capacitación y servicios digitales.

El objetivo es continuar reduciendo la brecha digital en el país, el viceministro de Tecnologías de la Información y Comunicación, Ricardo Gutiérrez, inauguró el PDG “La Laguna”, ubicado en Charapotó, beneficiando a 23 mil ciudadanos de la parroquia, en competencias digitales y facilitando su acceso a oportunidades educativas y laborales.

Además, el Gobierno Nacional con esto garantiza el derecho a la conectividad de la ciudadanía. “Hoy ustedes son protagonistas de este cambio. Este punto digital es suyo. Cuídenlo, aprovéchenlo, conviértanlo en un centro de vida comunitaria, de desarrollo, de unidad”, dijo.

Así mismo, en la parroquia Cañitas, 155 estudiantes de la Unidad Educativa Charapotó recibieron sus certificados, tras culminar con éxito el proceso de formación en Herramientas TIC.

Ecuador cuenta con 978 puntos digitales gratuitos a nivel nacional y más de 7.9 millones de visitas.

La comisión de Transparencia resolvió inició el proceso de fiscalización sobre las actuaciones de los operadores de justicia en el marco de la denuncia presentada en contra del asambleísta Santiago Díaz, por un presunto delito contra la integridad sexual y reproductiva.

La moción la presentó el legislador Isaac Solano y aprobada con diez votos a favor.

La presidenta de la comisión, Diana Jácome, indicó que de acuerdo con el artículo 233 de la Constitución, ningún servidor público está exento de responsabilidades por los actos realizados en el ejercicio de sus funciones. Por tanto, la Asamblea Nacional tiene el deber de fiscalizar todas aquellas acciones que se ejecuten al margen del ordenamiento jurídico.

Para Jácome este proceso de fiscalización, de ningún modo, constituye una afectación al principio de independencia judicial consagrado en el artículo 168, numeral 1, de la Constitución de la República, el objetivo es garantizar la transparencia del proceso. “No vamos a evaluar las decisiones jurisdiccionales, sino las acciones que se adopten en este sentido”, dijo.

Dentro del proceso solicitarán la comparecencia del legislador Santiago Díaz y de quienes respaldaron con su firma la presentación del proyecto de reforma al Código Orgánico Integral Penal, de autoría del asambleísta denunciado.

La Asamblea Nacional presentó el Informe de rendición de cuentas respecto del año 2024, los avances alcanzados en relación con los cuatro objetivos estratégicos institucionales y su articulación con el Plan Nacional de Desarrollo 2024-2025. La presentación del trabajo de la Función Legislativa se realizó de conformidad con lo establecido en el artículo 90 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana y el artículo 11 de la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.

Para el Presidente de la Asamblea Nacional, Niels Olsen el compromiso de la función legislativa es con la transparencia, participación ciudadana y el fortalecimiento institucional, el objetivo del espacio del debate, cuyos resultados de la gestión 2024 se estructuraron por el Plan Nacional de Desarrollo 2024-2025.

Las cifras, metas y resultados de los objetivos institucionales estuvieron a cargo de la coordinadora general de Planificación Estratégica, Fanny Yanza. El primer objetivo estratégico, orientado a contribuir al desarrollo sostenible del país y a garantizar los derechos constitucionales mediante una producción legislativa eficiente, la Asamblea Nacional registra un porcentaje de cumplimiento de la agenda legislativa con una meta del 99% y un resultado obtenido del 78%, dijo.

Además, el porcentaje de proyectos de Ley con informes vinculantes, se evidenció un cumplimiento del 100%. Respecto al número de leyes publicadas en el Registro Oficial son 27. Cuatro informes de control a la ejecución del Presupuesto General del Estado y a la proforma presupuestaria, en concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Así mismo, el segundo objetivo estratégico, enfocado en contribuir a una gestión pública eficiente mediante procesos adecuados de control político y fiscalización, el porcentaje de informes técnico-jurídicos para juicios políticos alcanzó una meta y un resultado del 100 %, señaló.

En cambio, el tercer objetivo, orientado a garantizar la participación ciudadana en el quehacer legislativo y fomentar un Parlamento Abierto, registra la participación de 70.221 ciudadanos.

Finalmente, el cuarto objetivo, dirigido a fortalecer las capacidades institucionales, la institución plantea como meta una ejecución presupuestaria del 98%, alcanzando un resultado del 92,08%. La agenda legislativa comprende los siguientes ejes: Seguridad Ciudadana; Desarrollo Social; Desarrollo Económico, Productivo y Sostenible; Infraestructura, Recursos Naturales y Medio Ambiente; y Eficiencia del Estado y Lucha contra la Corrupción.

El ministro del Deporte, José Jiménez, indicó que se han incorporado observaciones en el proyecto de Ley, que buscan suplir las necesidades en la Ley vigente. Para la elaboración del informe en segundo debate del Proyecto de Ley Orgánica del Deporte, la Educación Física y la Recreación, por parte de la Comisión del Derecho a la Salud y Deporte.

Además, propuso nuevos regímenes para fortalecer la estructura del deporte ecuatoriano, explicó.

Así mismo, Jiménez solicitó incluir la figura de las Sociedades Anónimas Deportivas, considerando que actualmente solo existe un régimen de constitución para clubes: entidades privadas sin fines de lucro. Esta propuesta tendría carácter opcional, permitiendo a los clubes y a sus socios decidir si desean transformarse en sociedades anónimas deportivas o mantenerse bajo el régimen actual, señaló.

También, planteó cómo deberían estar conformadas estas sociedades anónimas deportivas, con el objetivo de evitar conflictos de interés. Por ejemplo, establecer límites de participación accionaria para impedir que una misma persona tenga acciones en diferentes clubes y permitir que los acreedores actuales de los clubes puedan convertirse en accionistas de estas nuevas sociedades, puntualizó.

Mientras tanto, Jiménez destacó la necesidad de transparentar el origen de los fondos en el deporte profesional, especialmente en el fútbol. Consideró que, mediante la constitución de sociedades anónimas deportivas, se facilitará el control por parte de la Superintendencia de Compañías, la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) y el Servicio de Rentas Internas (SRI), lo cual permitiría verificar el origen de los recursos económicos.

Otro, aspecto indispensable es la creación de la Unidad Nacional Antidopaje; establecer diferencias claras en los procesos electorales; reestructurar de los distintos organismos deportivos; promover la renovación de la dirigencia deportiva, para generar confianza en la empresa privada y fomentar la autogestión. “Estamos trabajando junto a otros organismos deportivos en una Ley que responda a los requerimientos que tiene el deporte nacional”, aseguró.

Finalmente, el presidente de la comisión, Juan José Reyes, resaltó la importancia de las propuestas para garantizar la transparencia y prevenir irregularidades en el deporte ecuatoriano. 

En la comisión de Garantías Constitucionales de la Asamblea Nacional, los presidentes de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), Leonidas Iza y Washington Tiwi de la Federación Provincial de la Nacionalidad Shuar (FEPNAH) de Zamora Chinchipe, expresaron su respaldo al proyecto de Ley Orgánica de Consulta y Consentimiento Previo, Libre e Informado.

Según, Leonidas Iza, presidente de la CONAIE el proyecto de Ley trata de garantizar un mecanismo de reparación histórica. No es un formalismo o trámite por cumplir, sino de un derecho reconocido, no solo en el Ecuador, sino a nivel internacional.

“Más que un texto legal, es el reflejo de un reclamo histórico y legítimo de los pueblos indígenas, afros y montubios. La propuesta representa una exigencia institucional, constitucional y un mandato de justicia pendiente con los pueblos originarios del Ecuador. Esta normativa busca alcanzar una legislación transversal, libre de vicios”, sostuvo, Iza.

Por su parte, Washington Tiwi, presidente de la Federación Provincial de la Nacionalidad Shuar (FEPNAH) de Zamora Chinchipe, manifestó el respaldo a la Ley, Y propuso que el proyecto de Ley debe ser más articulada y pertinente, para permitir el pleno ejercicio de derechos dentro de un Estado plurinacional y que incluya artículos relacionados con la reparación y la remediación, dijo.

 Además, “la Ley va a permitir destrabar un sinnúmero de problemas que vivimos día a día”, aseguró Tiwi.

Así mismo, el presidente de la Federación Provincial de la Nacionalidad Shuar (FEPNAH) de Zamora Chinchipe, se mostró preocupado por el hecho de que más del 68 % del territorio de Zamora Chinchipe cuenta con concesiones mineras, lo que evidencia la falta de control sobre la explotación minera ilegal, señaló.

Mientras tanto, el asambleísta Fernando Cedeño enfatizó en la necesidad de respetar el marco jurídico y las normas internacionales para lograr una armonización adecuada de la Ley.

Finalmente, esta iniciativa no solo representa una herramienta jurídica, sino un paso hacia la reparación histórica y la construcción de un Estado verdaderamente plurinacional, donde la voz de las comunidades no sea una formalidad, sino un principio fundamental de democracia y justicia social, puntualizaron.

La Asamblea Nacional homenajeo y reconoció la labor de los transportistas ecuatorianos. El evento organizado por el asambleísta Samuel Célleri, segundo vocal del Consejo de Administración Legislativa, el objetivo destacar el aporte del sector del transporte al desarrollo y la conectividad del país.

Según, el legislador Samuel Célleri, este reconocimiento nace del corazón y la gratitud hacia quienes, con esfuerzo y sacrificio, cruzan carreteras llevando productos, personas y esperanza. “Los transportistas no solo movilizan mercancías: conectan al Ecuador y construyen patria en cada kilómetro recorrido”, dijo.

Para el gerente financiero de Prisma Motors, Raúl Rodríguez el valor de los transportistas como héroes anónimos que han sostenido la economía incluso sin el respaldo de la banca tradicional. Por lo que anunció que el proyecto Prisma Motors y el apoyo de empresas internacionales abrirán oportunidades reales de reactivación económica para el sector, expresó.

En cambio, Darío Regalado, presidente de la Cámara de Comercio de China, indicó que el trabajo del transportista es vital no solo para la economía nacional, sino para la inserción del Ecuador en el comercio internacional. “Este acto no es solo un homenaje simbólico: es un llamado a fortalecer el trabajo de quienes mantienen al país en movimiento”.

Mientras tanto, el representante de MOEBIUS, aseguró la urgencia de renovar las flotas de transporte y mejorar la infraestructura vial. Y el diseño de un producto especializado que permitirá a los transportistas acceder a mejores condiciones de financiamiento, promoviendo la modernización del sector.

Finalmente, Homero Coronel destacó que el transporte es la esencia del país. Incluso durante la pandemia, los transportistas no se detuvieron y hoy enfrentan grandes desafíos como la obsolescencia vehicular y el limitado acceso al crédito. “Este es el primer paso hacia un transporte moderno, digno y sostenible. Ustedes no están solos”, el sector privado y organismos internacionales estamos para acompañarlos en esta transformación, precisó.

Durante la semana del 7 al 13 de julio, la Asamblea Nacional designará la terna para la elección de los delegados principal y suplente de la Función Legislativa ante el Consejo de la Judicatura, para el período 2025–2031. Esto, de conformidad con la resolución del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) del 11 de junio del 2025, luego que el Pleno de la Asamblea, el 5 de junio, dejara sin efecto la terna remitida a finales del período anterior.

Las comisiones continuarán con el análisis de las iniciativas legales para la elaboración de informes para primer o segundo debate, recibirán las observaciones y propuestas de autoridades, funcionarios, académicos y representantes de organizaciones de la sociedad civil, respecto a los diferentes procesos legislativos y de control político que se analizan en la Asamblea.

Con cinco votos a favor, el Consejo de Administración Legislativa calificó a trámite la queja presentada por la asambleísta Valentina Centeno contra el legislador Dominique Serrano, una presunta inobservancia, por parte del legislador a las normas de comportamiento, en referencia a los hechos de dominio público ocurridos durante la sesión No. 007 de la comisión de Transparencia, el pasado miércoles 2 de junio del 2025.

Según, Centeno “el que un asambleísta se dedique a dibujar en una sesión de una comisión, denota una falta de profesionalismo que lesiona la imagen institucional de la Asamblea Nacional”, por lo que solicitó la sanción establecida en el artículo 169 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, correspondiente a la suspensión sin remuneración de entre uno a ocho días. En cumplimiento de la LOFL y en respeto al debido proceso. Una vez notificado el legislador Dominique Serrano deberá contestar a la queja presentada en su contra en el plazo de tres días.

Mientras tanto, el CAL declaró competente a la comisión de Transparencia sobre el proceso de fiscalización a programas como: bonos, becas y pagos anunciados entre el 22 y el 26 de marzo del 2025, así como sobre cualquier otro que guarde relación con esta temática y materia.

Finalmente, la petición de la asambleísta Diana Jácome, presidenta de la comisión, sostuvo que “de conformidad con el artículo 21, numerales 11 y 12 de la LOFL, la entrega de bonos y becas se ajusta a la materia y especialidad de esta comisión, por cuanto versa sobre asuntos de transparencia y control social, respecto del derecho ciudadano a vigilar y fiscalizar la gestión pública de las autoridades”.

La comisión de Régimen Económico de la Asamblea Nacional, con diez votos a favor, resolvió solicitar al Consejo de Administración Legislativa autorizar para unificar siete proyectos de Ley, previo al informe para segundo debate del proyecto de reformas a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

Estos proyectos corresponden a iniciativas presentadas por los legisladores Esteban Torres, Gabriela Molina, Pierina Correa, Alejandro Jaramillo, Xavier Jurado, Marcela Holguín y Rodrigo Fajardo.

La comisión incorporó el proyecto de reformas a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública presentado por el exlegislador Marco Troya a las iniciativas unificadas el pasado 12 de junio.

Esto de conformidad con el artículo 58.1 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que establece que las presidentas o los presidentes de las comisiones especializadas, hasta antes de la aprobación del informe para segundo debate, podrán solicitar al CAL la autorización para unificar todos aquellos proyectos que versen sobre la misma materia y que se encuentren en trámite en la comisión o en otras comisiones.