El Pleno de la Asamblea Nacional, con 83 votos a favor aprobó la resolución que respalda el pronunciamiento del Gobierno Nacional de declarar al “Cartel de los Soles” y al “Tren de Aragua” como organizaciones terroristas y grupos de delincuencia organizada que representan una grave amenaza para la soberanía, la seguridad, el orden público y la integridad del Estado ecuatoriano.

Según, la asambleísta Ana Belén Tapia, el presidente de la República, Daniel Noboa, mediante decretos ejecutivos, declaró al “Cartel de los Soles” y al “Tren de Aragua” como grupos terroristas, por lo que la Asamblea Nacional debe respaldar este pronunciamiento.

“Ecuador atraviesa una crisis de seguridad sin precedentes, generada por haberle dado vía libre a los grupos narcoterroristas en el pasado, por haber permitido que las estructuras criminales se infiltren en las instituciones, que tomen el control de las cárceles, que ingresen a las comunidades y que incidan en las campañas electorales de ciertos candidatos”, manifestó.

Para el asambleísta Alejandro Lara la inseguridad y la necesidad de enfrentarla con herramientas jurídicas y políticas es urgente, país no puede seguir esperando.

Por su parte, Alex Morán coincidió y respaldo la declaratoria de grupos terroristas.

Mientras tanto, el legislador Fernando Cedeño aseguró que la seguridad es competencia del Ejecutivo y recordó varios hechos ocurridos en los últimos días en el país. Y advirtió sobre el alto grado de inseguridad y el incremento de muertes violentas en el Ecuador.

Finalmente, la resolución aprobada respalda la facultad constitucional del Presidente de la República para ejercer las atribuciones y acciones necesarias en la lucha contra la delincuencia organizada, el combate al narcotráfico transnacional y la protección integral de la ciudadanía, en el marco del respeto a la Constitución y las leyes vigentes, garantizando la seguridad, el orden público y la soberanía nacional.

Se amplía la cobertura del Bono 1000 Días, 32.000 mujeres gestantes y madres de niñas y niños hasta los dos años serán incluidas en este año como beneficiarias de esta ayuda económica, superando la meta gubernamental. El anuncio lo realizó este 3 de septiembre del 2025, el Presidente de la República, Daniel Noboa, en el sur de Quito, en el coliseo de la Unidad Educativa Consejo Provincial de Pichincha.

El 9 de junio, el gobierno informó del incremento de 20.000 nuevas beneficiarias para este bono hasta diciembre del 2025, con lo que se pasaría de 140.000 a 160.000 beneficiarios. No obstante, el trabajo técnico y humano del Ministerio de Desarrollo Humano y otras entidades permitió que se supere la meta: ahora se alcanzará a 172.000 beneficiarios hasta fines de este año.

“Esta es una inversión de 90 millones de dólares que demuestra nuestro compromiso con la salud y el bienestar de las madres gestantes y de las niñas y niños menores de dos años. Invertir en nuestros infantes no es solo una promesa, es la mejor inversión para el futuro del país”, dijo el Mandatario.

El Bono de 1000 Días es un incentivo económico que promueve el cuidado de niñas y niños hasta los dos años de edad, priorizando a quienes se encuentran en situación de pobreza y pobreza extrema. Las mujeres en gestación y madres de infantes de hasta dos años reciben un pago mensual fijo de 50 dólares y tres pagos más sujetos a condicionalidades de corresponsabilidad: un pago de 90 dólares, al nacimiento de la niña o niño y dos pagos de 120 dólares, al año y a los dos años, respectivamente. el gobierno garantiza su acceso a servicios de salud, vacunación, inscripción temprana y desarrollo infantil.

Finalmente, la ampliación de cobertura del bono contribuye a la reducción de la desnutrición crónica infantil que pasó del 20,1 % en el 2023 al 19,3 % en el 2024, lo que significa que cerca de cinco mil niñas y niños están protegidos de esta condición: “Estamos reescribiendo la historia, devolviendo a cada ecuatoriana y ecuatoriano lo que por derecho le corresponde: oportunidades para su desarrollo y bienestar”, precisó el Jefe de Estado.

La utilización del profundímetro para verificar el estado de las llantas, el incremento de las sanciones, las fotomultas y los radares preventivos fueron los principales temas abordados en el primer debate del proyecto de reforma al Código Orgánico Integral Penal (COIP). La propuesta busca recategorizar las contravenciones de tránsito y fortalecer la seguridad vial preventiva.

La comisión de Gobiernos Autónomos de la Asamblea Nacional, en su análisis, destacó la importancia de garantizar la seguridad jurídica y coherencia normativa en las reformas al COIP, a fin de evitar disposiciones que generen discrecionalidad en su aplicación.

Para la asambleísta Lucía Pozo, tras recibir a líderes, expertos, representantes de la Asociación de Municipalidades, gremios de transporte, la Agencia Nacional de Tránsito, el Consejo de la Judicatura y otros sectores sus observaciones. La reforma corrige arbitrariedades históricas en la determinación de las llantas lisas, eleva la categoría de las contravenciones que ponen en riesgo la vida, como la no utilización del casco y el exceso de pasajeros, dijo.

También, establece sanciones por exceder el nivel máximo de alcohol permitido en la sangre, que es de 0,1 g/l; dispone el pago y la devolución del vehículo retenido, sanciona al conductor que utilice el teléfono celular mientras el vehículo está en movimiento, conduzca con una licencia de diferente tipo, entre otras, explicó Pozo.

En cambio, la legisladora Jhajaira Urresta destacó el número de siniestros de tránsito que cobran la vida de las personas y solicitó que se incorpore el contenido de su proyecto trabajado junto con la Coalición de Movilidad Segura Ecuador, respecto al exceso de velocidad y la conducción bajo los efectos del alcohol.

Por su parte, el asambleísta Steven Ordóñez señaló que las fotomultas y radares deben ser preventivos y no recaudatorio y establecido claramente dentro de la Ley, para evitar su abuso.

Mientras tanto, temas como: la alta tasa de siniestros de tránsito en el Ecuador, la reincidencia, la posibilidad de establecer el trabajo comunitario como sanción, la prohibición del uso del celular, la actuación de los agentes de tránsito, la importancia del transporte por cuenta propia y la necesidad de fortalecer la fiscalización a la Agencia Nacional de Tránsito, serán analizados por la comisión para el segundo debate.

Finalmente, las observaciones respecto a retomar el contenido del proyecto original sobre la reducción de la carga procesal en materia de tránsito en los juzgados, será materia de análisis.

Este martes, los alcaldes de Quito, Pabel Muñoz; Guayaquil, Aquiles Álvarez y de Cuenca, Cristian Zamora, se reunieron con la canciller Gabriela Sommerfeld y el ministro John Reimberg. El encuentro se desarrolló en el marco de la visita oficial al Ecuador de Marco Rubio, secretario de Estado de los Estados Unidos, y buscó coordinar temas estratégicos en seguridad, cooperación e intercambio internacional. Con la voluntad de las principales ciudades del Ecuador para trabajar de manera coordinada con el Gobierno Nacional y los actores internacionales y enfrentar de forma conjunta desafíos en seguridad, movilidad y desarrollo social dejo como resultado de este encuentro.

Según, el alcalde de Quito, Pabel Muñoz, la importancia del espacio de diálogo: “Hemos saludado esta reunión porque nos permite tener niveles de coordinación y saber qué rol pueden cumplir los gobiernos locales”, dijo.

La realidad del narcotráfico es muy grave que se necesita una posición unificada para enfrentarla, la visita del Secretario de Estado de EE. UU puede ser una oportunidad para fortalecer el contingente de las Fuerzas Armadas y abordar la recepción de refugiados. “Hemos dado nuestra opinión, pero aún está en negociación”, puntualizó.

Es fundamental que todos los alcaldes participen en estos espacios de coordinación interna. “Hemos planteado que, si tuviéramos la autorización para usar armas no letales, podríamos hacerlo. Y que han insistido en la necesidad de que los recursos lleguen al día para poder enfrentar los desafíos que tiene el país, manifestó.

En cambio, en su cuenta de X, Muñoz señaló que “la seguridad se logra con coordinación, recursos y acciones concretas”.

Los cárteles en Quito operan con grupos de delincuencia local. “Gracias a la experiencia de la ciudad, se han implementado operativos CAMEX que permiten incautar sustancias ilícitas, confiscar armas blancas e incluso cerrar locales sin necesidad de autorización previa”.

Por su parte, el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, calificó el encuentro como “importantísimo”, resaltando que la lucha contra la criminalidad requiere un frente común: “Hemos pedido una interlocución directa con el Gobierno para llevar todo tipo de temas, desde la situación de calle hasta el manejo de los puertos. Hay un cartel que opera en más de 100 países y hace base en Ecuador, por eso Guayaquil saluda este trabajo conjunto”, expresó.

Mientras tanto, el alcalde de Cuenca, Cristian Zamora, sostuvo la necesidad de articular esfuerzos: “Aquí estamos, el país unido para hacer frente al narcotráfico. Vemos esperanza en la articulación, en el trabajo conjunto, queremos que las negociaciones sean siempre en favor del país”.

Finalmente, la canciller ecuatoriana, Gabriela Sommerfeld explicó el objetivo del encuentro para alinear conceptos, definir objetivos y establecer una metodología de trabajo que permita mejores días a los ecuatorianos. El ministro del Interior, John Reimberg aseguró que durante la reunión se abordó la situación actual del país, con especial énfasis en el narcotráfico y los desafíos que enfrentan las principales ciudades.

El Consejo de Administración Legislativa calificó este lunes 1 de septiembre 2025 a trámite el Proyecto de Ley Económico Urgente para el Fortalecimiento Crediticio y envío a la comisión de Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa.

Este proyecto de Ley es la quinta iniciativa del Ejecutivo, el objetivo es avalar la transparencia administrativa de los Fondos Complementarios Previsionales Cerrados del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (BIESS), así como la institucionalidad y sostenibilidad de su sistema crediticio.

Además, el proyecto de Ley busca garantizar los derechos de los afiliados, jubilados y beneficiarios del sistema de seguridad social, a través de la recuperación, devolución y gestión adecuada de estos fondos y promover la eficiencia en el uso de los recursos.

Mientras tanto, la Asamblea Nacional tiene 30 días para aprobar, según lo que establece el artículo 142 de la Constitución de la República y 62 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa.

También, el CAL analizó el informe técnico jurídico no vinculante de la Unidad de Técnica Legislativa respecto a la denuncia presentada por el legislador César Palacios, contra el asambleísta Jorge Chamba Cabanilla.

Luego, de conocer la denuncia y de acuerdo a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, el presidente de la Asamblea Nacional, Niels Olsen, solicitó a la UTL elaborar el informe bajo criterios de imparcialidad, legalidad y objetividad. La denuncia plantea un presunto cometimiento de nepotismo por parte del asambleísta Chamba.

Finalmente, el CAL acogió la recomendación de desestimar la denuncia, al considerar que no se ha demostrado de manera concluyente la existencia de un vínculo jurídico familiar entre Chamba y su ex asesora, que configure nepotismo.