Este 27 de febrero, en la Escuela Superior Militar “Eloy Alfaro”, el presidente de la República, Daniel Noboa, participó en una ceremonia castrense con motivo del Día del Civismo, en el marco de la conmemoración de los 197 años de la creación del Ejército Ecuatoriano y la Batalla de Tarqui.

“Nuestra historia está marcada por hombres y mujeres valientes que ofrendaron su vida para forjar los cimientos de nuestro Estado. Ayer lo hicieron para proteger nuestras fronteras y hoy lo hacen para rescatar al país de las garras del terrorismo y de esas oscuras ideologías que pretendieron someternos”, manifestó el Jefe de Estado.

El Gobierno Nacional ya se refleja en acciones para capacitar y fortalecer a la institución, con mejores herramientas, equipos modernos y vehículos de última tecnología. Esta línea de trabajo continuará y mantendrá el impulso a una formación profesional de élite, aseguró el Primer Mandatario.

Por su parte, el comandante General del Ejército ecuatoriano, Jhon Miño Razo, sostuvo que el compromiso con la defensa de la soberanía, la integridad territorial y la seguridad nacional: “Hoy nos enfrentamos a un enemigo distinto: invisible, mutable e infiltrado, que amenaza la paz y pretende sembrar temor. Pero que nadie se equivoque la respuesta será una sola: unidad nacional, firme e inquebrantable”.

Además, el presidente Noboa recibió el Botón de Mando y la condecoración “Vencedores de Tarqui”, en el grado de Gran Cruz. Este reconocimiento destaca su apoyo permanente al Ejército y su labor en el fortalecimiento de la defensa nacional, orientada a garantizar la paz y la seguridad del pueblo ecuatoriano.

Finalmente, el presidente de la República, Daniel Noboa se dirigió a los soldados: “Ustedes, valientes militares, saben bien que el honor no tiene precio; no se compra ni se vende. El honor se gana con lealtad, disciplina y sacrificio, defenderemos juntos nuestra patria y nuestro futuro con unidad, compromiso y esperanza”, concluyó.

El Pleno de la Asamblea Nacional aprobó con 77 votos a favor el proyecto de Ley Orgánica para el Fortalecimiento de los Sectores Estratégicos de Minería y Energía, calificado como urgente en materia económica. El objetivo de la iniciativa es consolidar un marco legal que permita fortalecer dos áreas estratégicas para el desarrollo nacional, por su aporte a los ingresos del Estado, generación de empleo y la provisión de servicios básicos como la electricidad.

Según, el asambleísta Alejandro Lara, la Ley busca garantizar la continuidad del servicio eléctrico, atraer inversión y fortalecer la rectoría del Estado, evitando improvisaciones que han generado importantes pérdidas económicas al país. En minería se prioriza el uso responsable de los recursos, el cierre de espacios a la ilegalidad y la distribución territorial de la renta, destinando el 60 % de las regalías al desarrollo local y creando clústeres productivos para generar empleo.

Además, el ámbito minero fortalece los controles y la regulación de la actividad extractiva, con el fin de combatir la minería ilegal, que provoca graves daños ambientales, afecta a las comunidades y genera pérdidas económicas para el país.

Así mismo, promueve la formalización de la actividad minera, de modo que quienes operen lo hagan conforme a la Ley, cumpliendo con sus obligaciones tributarias y ambientales, permitiendo que los recursos obtenidos se conviertan en mayores ingresos para el Estado y en inversión para obras y servicios públicos.

También, establece condiciones más claras y seguras para atraer inversión responsable, tanto nacional como extranjera, mediante reglas transparentes y estables, sin que ello signifique perder la propiedad estatal sobre los recursos naturales. Mantiene el principio constitucional de que los recursos del subsuelo pertenecen al Estado ecuatoriano y deben administrarse en función del interés general.

En cambio, en materia de energía, la Ley se orienta a fortalecer la seguridad energética del país, asegurando un suministro suficiente y continuo. Para ello, dispone un marco legal que facilite el desarrollo de una nueva infraestructura, la diversificación de las fuentes de generación y mejora la eficiencia del sistema eléctrico, con el propósito de prevenir crisis energéticas, garantizar el funcionamiento de la industria, el comercio y los servicios y eleva la calidad de vida de la población.

Mientras tanto, la moción presentada por el asambleísta Anthony Becerra se dividió en dos secciones: la primera comprendió los artículos 1 al 28, las disposiciones generales primera y segunda y la disposición transitoria única, que contó con el respaldo de 77 legisladores; mientras que la segunda sección incluyó el artículo 29, la cual no obtuvo los votos necesarios para su aprobación.

Finalmente, el proyecto de Ley aprobado será enviado al Ejecutivo para su respectiva sanción u objeción, conforme a lo establecido en la Constitución del Ecuador.

El Pleno de la Asamblea Nacional rechazó de manera categórica el acto de agresión, irrespeto y obstaculización a la labor de las Fuerzas Armadas, durante el cumplimiento de sus funciones constitucionales y legales, ejecutado por el asambleísta Roberto Cuero y por la señora Jacqueline del Rocío Hurtado. La moción presentada por el legislador Christopher Jaramillo fue aprobada con 76 votos a favor.

Así mismo, expresó el respaldo institucional de la Asamblea Nacional al accionar legítimo de las Fuerzas Armadas, en cumplimiento de su misión constitucional de defensa de la soberanía y la integridad territorial, así como en el apoyo complementario y subsidiario a la Policía Nacional en su lucha contra el narcotráfico, lavado de activos, tráfico de armas, trata de personas, terrorismo, minería ilegal, extorsión, intimidación y delincuencia organizada.

También, la resolución exhortó al asambleísta Roberto Cuero y a la señora Jacqueline del Rocío Hurtado a ofrecer disculpas públicas a las personas que se hayan visto afectadas, así como al pueblo ecuatoriano en su conjunto, por las expresiones y conductas que menoscaban el honor, la dignidad y la autoridad institucional, fundamentales para la seguridad y el orden constitucional del Estado.

La resolución será notificada al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, a la Policía Nacional, al Ministerio del Interior y al Ministerio de Defensa Nacional, para su conocimiento y socialización.

El Pleno de la Asamblea Nacional aprobó el proyecto de Ley Orgánica para la Reactivación Económica a través del Fortalecimiento de la Vinculación del Sector Económico Productivo con la Educación, con 83 votos a favor, este miércoles, 25 de febrero 2026.

Además, la iniciativa aprobada busca dinamizar la economía nacional mediante la articulación estratégica entre el sistema educativo y las necesidades reales del desarrollo productivo del país.

Según, la presidenta de la comisión de Desarrollo Económico, Valentina Centeno la propuesta de Ley busca enfrentar dos de los principales problemas que afectan a la juventud: la falta de cupos en la educación superior y la ausencia de experiencia laboral para acceder a un primer empleo, mediante el fortalecimiento de la educación técnica, tecnológica y del modelo de formación dual.

Así mismo, esta modalidad, inspirada en experiencias exitosas como el modelo alemán, permite “aprender haciendo”, con resultados que evidencian que cerca del 90 % de los aprendices culmina su formación y más del 95 % accede a empleo. En países como Suiza y Austria han alcanzado un desarrollo sostenido mediante sistemas de formación dual, en el Ecuador si bien esta modalidad ya existe, aún es limitada y se concentra principalmente en institutos técnicos.

También, la normativa tiene como objetivo principal impulsar la generación de empleo y mejorar la empleabilidad, especialmente de jóvenes, a través del fortalecimiento de la formación técnica, tecnológica y de la educación dual, como mecanismos que integran el aprendizaje teórico con la experiencia práctica en entornos laborales reales. De esta manera, se busca reducir las brechas existentes entre la oferta académica y la demanda del mercado laboral, fortaleciendo el desarrollo del talento humano como motor de la productividad y la competitividad.

En cambio, la Ley aprobada establece mecanismos para promover procesos de capacitación, formación profesional, certificación de competencias laborales y reconocimiento de aprendizajes previos, con el fin de facilitar la inserción laboral, la movilidad ocupacional y el acceso a empleo digno. Impulsa la corresponsabilidad entre el Estado, las instituciones educativas y el sector productivo, garantizando que los procesos formativos respondan a criterios de calidad, pertinencia y eficiencia.

La ley incorpora un enfoque de inclusión social, al priorizar acciones dirigidas a jóvenes, mujeres y grupos en situación de vulnerabilidad, así como a territorios con mayores brechas de acceso a oportunidades laborales. Promueve políticas que fomenten la formación práctica, el emprendimiento y la inserción temprana en el mercado de trabajo, con el objetivo de reducir las desigualdades territoriales, de género y socioeconómicas.

Sin embargo, los legisladores coincidieron en que esta Ley contribuirá a consolidar un modelo educativo más pertinente, inclusivo y alineado con las demandas de los sectores productivos estratégicos del país. La vinculación entre instituciones educativas y empresas fomentará la innovación, el desarrollo de competencias laborales y la incorporación progresiva de personal calificado en las distintas ramas de la actividad económica.

Para el presidente del Consejo de Educación Superior, Fidel Márquez, el proyecto de Ley representa una oportunidad histórica para la juventud ecuatoriana, más del 60 % de la oferta académica corresponde a carreras técnicas y tecnológicas en áreas estratégicas, lo que permitirá fortalecer la formación práctica y mejorar la empleabilidad. La formación dual ha demostrado su eficacia, fortaleciendo tanto competencias técnicas como habilidades blandas, por lo que esta Ley beneficiará directamente al estudiante y al sector productivo mediante una educación conectada con el mundo real.

Finalmente, el proyecto de Ley aprobado será remitido al Ejecutivo para su correspondiente sanción u objeción, dentro del plazo previsto en la Ley Orgánica de la Función Legislativa.

Con 77 votos a favor, la Asamblea Nacional aprobó el proyecto de reforma al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), que establece que los gobiernos autónomos descentralizados provinciales y municipales deberán destinar el 70% del presupuesto institucional anual codificado de egresos no financieros a gastos de inversión, así como al mantenimiento y reposición de infraestructura, bienes y activos públicos que respalden la prestación de servicios públicos.

En el segundo debate, la legisladora Valentina Centeno recordó que esta disposición está vigente desde 2011; no se ha cumplido con lo establecido, por lo que es necesario priorizar los recursos para atender necesidades básicas, como el acceso al agua potable, servicio del que carecen cuatro millones de habitantes. Del total de personas que sí cuentan con este recurso vital, el 71% recibe agua de baja calidad.

Además, la reforma, al menos el 70% del presupuesto se destinará a obras y servicios y el 30% a gasto corriente.

“Hoy tenemos una oportunidad de hacer justicia con el país, la oportunidad de corregir la forma en que se invierte el gasto público, para que se destine a servicios para la gente y a obra pública. La dignidad se construye. Hoy más que nunca el Ecuador necesita construir un futuro”, dijo Centeno.

Mientras tanto, en el debate, participaron 13 legisladores, quienes se refirieron a favor y en contra de la iniciativa del Ejecutivo.

Así mismo, el cumplimiento de la regla de asignación mínima prioritaria prevista en la Ley será obligatorio y verificable en las fases de formulación, asignación, reformas, devengado y ejecución del presupuesto institucional de municipios y prefecturas.

En cambio, esta regla fiscal no será aplicable a los gobiernos parroquiales.

Los GAD publicarán trimestralmente el indicador de gasto, su composición por ítems y las medidas adoptadas para cumplir la regla, conforme a los principios de transparencia y evaluación de la gestión pública.

Finalmente, el Ministerio de Finanzas realizará el informe de seguimiento trimestral dentro de los 60 días posteriores a la finalización de cada trimestre. La regla de asignación mínima prioritaria se ejecutará de manera progresiva: en el 2026 será del 65%, para el 2027 el 68% y desde 2028 en adelante, del 70%. El texto aprobado incluyó una disposición transitoria respecto del presupuesto prorrogado del 2027, las prefecturas y los municipios iniciarán el ejercicio fiscal con el presupuesto codificado al 31 de diciembre del 2026, pudiendo efectuar los ajustes y reprogramaciones presupuestarias que resulten necesarios para garantizar el ejercicio de sus competencias.