La comisión del Derecho al Trabajo y a la Seguridad Social, receptó los criterios de los delegados del Ministerio de Trabajo respecto al Proyecto de Ley Orgánica para la Prevención y Erradicación del Acoso Laboral, en el marco de la elaboración de su informe para primer debate.

Para María Gabriela Pico y David Padilla, subsecretaria de Normativa y subsecretario de Empleo y Salario del Ministerio de Trabajo, señalaron que ya existe un marco normativo vigente que recoge muchos de los principios contemplados en el proyecto de Ley del 2023.

Los funcionarios insistieron en que dicho marco legal es suficiente en cuanto a reformas normativas y cumplimiento de exigencias internacionales, ya que actualmente ampara diversas modalidades de acoso laboral.

Según, María Gabriela Pico el artículo primero, que se refiere al objeto de la Ley, ya se encuentra regulado en la reforma realizada al Código del Trabajo y a la LOSEP, en concordancia con la aplicación del Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), tanto en el sector público como en el privado. Este convenio busca prevenir, erradicar y sancionar diversas formas de agresión y maltrato en el entorno laboral.

Además, la definición de acoso laboral propuesta en el proyecto es contraria a la establecida en el Convenio 190 de la OIT, ya ratificado por el Ecuador. La Ley Reformatoria para Prevenir el Acoso Laboral en todas sus modalidades ya contempla una definición vigente desde el 2024.

Por otro lado, la rectoría ya existe en un cuerpo colegiado encargado de los temas de violencia de género en todos los entornos, como es el Comité Interinstitucional, que actualmente se encuentra en funciones. No obstante, consideran que podrían asignarse atribuciones específicas sobre acoso laboral a dicho comité.

Por su parte, David Padilla indicó que la Ley Orgánica Reformatoria para la Erradicación de la Violencia y el Acoso en todas las modalidades de trabajo es la   norma que actualmente rige en esta materia y que recoge principios más alineados con las disposiciones de la OIT.

También, dijo que existe el Acuerdo Ministerial 2020-2024, que establece el protocolo para reglamentar y hacer efectivos los derechos contemplados en dicha Ley. Este protocolo se encuentra próximo a ser reformado para incorporar los avances requeridos por las instituciones pertinentes.

Mientras tanto, el asambleísta Roberto Cuero manifestó que no existe mejor momento para debatir una norma de esta naturaleza, especialmente tras la expedición del Decreto Ejecutivo 57 que motivó la salida abrupta de 5.000 servidores públicos.

Finalmente, el presidente de la comisión del Derecho al Trabajo, Ecknner Recalde sostuvo que en la próxima sesión recibirán los argumentos del ponente del proyecto de Ley.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) informa a la ciudadanía que a partir del lunes 4 de agosto se emitirán los certificados de votación definitivos correspondientes a las Elecciones Generales 2025, de primera y segunda vuelta

El documento se lo puede obtener de forma presencial en las 24 Delegaciones Provinciales Electorales y en línea, ingresando al portal institucional http://www.cne.gob.ec Para acceder a los certificados definitivos se requiere la cédula de identidad y no tener multas pendientes de procesos anteriores

El CNE ratifica su compromiso de ofrecer a la ciudadanía servicios electorales eficientes y transparentes.

Por unanimidad, el Consejo de Administración Legislativa calificó a trámite la Ley Orgánica para el Control de Flujos Irregulares de Capitales, calificada como urgente en materia económica, enviada por el Presidente de la República, Daniel Noboa.

El proyecto de Ley busca prevenir, detectar y controlar posibles financiamientos irregulares de organizaciones, corporaciones y demás entidades sin fines de lucro radicadas en el Ecuador, será analizada por la Comisión de Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa. Para su trámite en dos debates, la Asamblea Nacional tendrá un máximo de 30 días, según lo establece el artículo 142 de la Constitución y 62 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa.

Además, este representa una herramienta clave para proteger los recursos del Estado y asegurar que toda organización que opere en el país lo haga bajo principios de legalidad, transparencia y servicio a la sociedad. Expresó l presidente de la Asamblea Nacional.

También, el CAL calificó a trámite otros cuatro proyectos de Ley en materia judicial; de apoyo complementario de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional; extradición e identificación inmediata en caso de aprehensión por delito flagrante. Las comisiones designadas podrán unificar los proyectos de Ley con otras que ya se encuentren en análisis.

Finalmente, de forma unánime, calificó el enjuiciamiento político contra el Consejero de Participación Ciudadana y Control Social, Gonzalo Albán, una vez que la Unidad de Técnica Legislativa verificó el cumplimiento de los requisitos para su debido proceso. De acuerdo al artículo 80 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, le corresponderá a la Comisión de Fiscalización y Control Político el trámite a la sustanciación del juicio.

La Comisión de Transparencia y Participación Ciudadana de la Asamblea Nacional, dentro del proceso de fiscalización respecto a las actuaciones de los operadores de justicia, recibió información de los delegados de la Fiscalía General del Estado, quienes expusieron sobre los diversos procesos de investigación, en especial aquellos relacionados con delitos contra la integridad sexual.

Para el director de Estadísticas y Sistemas de la Información, Darwin Padilla actualmente la Fiscalía General del Estado cuenta con un visualizador público que presenta información sobre más de 280 delitos tipificados en el Código Orgánico Integral Penal, indicó.

Por lo que, durante el período de análisis 2015–2025, se registraron 86.962 denuncias por delitos como violación, abuso sexual, acoso sexual, contacto con fines sexuales, distribución de material pornográfico, oferta de servicios sexuales con menores de edad, entre otros.

Además, esta información está desagregada por año, mes, provincia y cantón del incidente.

Así mismo, la mayor cantidad de denuncias se registró en Quito, con 17.085 casos, lo que representa cerca del 20 % del total; le siguen las ciudades de Guayaquil y Cuenca.

En cambio, Alejandro Bañó, director de Derechos Humanos de la Fiscalía General del Estado, informó que, en el ámbito misional de la institución, existe un plan de cobertura con 929 fiscales a nivel nacional. De ellos, 95 están especializados en violencia basada en género y 217 son multicompetentes para conocer este tipo de casos.

En el país existen 42 puntos de atención integral para víctimas de delitos de naturaleza sexual. Desde el 2020, la Fiscalía cuenta con un módulo de denuncia en línea. A esto se suma la creación en el 2019 de un equipo interdisciplinario especializado en el seguimiento de este tipo de casos, orientado a la atención de víctimas. Paralelamente, opera el Sistema de Protección a Víctimas y Testigos.

Mientras tanto, Jonathan Ramos, director de Política Criminal de la Fiscalía, recordó que se creó una unidad especializada en la investigación de delitos digitales, otros instrumentos diseñados para apoyar las investigaciones en este ámbito.

Finalmente, los legisladores solicitaron ampliar la información respecto a la carga procesal, los protocolos para evitar la revictimización de niñas, niños y adolescentes durante las investigaciones, entre otros.

El Ministerio de Turismo inició la segunda edición del programa “Turismo Futuro”, una iniciativa diseñada para fortalecer la competitividad turística del país, a través de la generación de espacios de intercambio y aprendizaje que vinculen a jóvenes emprendedores, profesionales del sector y a la academia, impulsando el desarrollo de nuevas habilidades y propuestas que preparen al turismo ecuatoriano para los desafíos del futuro.

El programa maneja tres proyectos clave: Eventos vivenciales, Encuentros de Competitividad Laboral, y Retos de Innovación Gastronómica y Tecnológica.  En ese contexto se realizó el primer evento de turismo vivencial en Malqui Machay, un complejo arqueológico inca situado en el cantón La Maná, en la provincia de Cotopaxi.

Durante dos días, un grupo de guías locales participó de un recorrido único por este escenario donde la historia, la arqueología y el misticismo se entrelazan. La jornada incluyó relatos ancestrales del cantón La Maná, su reconocimiento como centro energético del planeta, leyendas sobre el verdadero “Dorado”, el valor de sus fuentes de agua, y la teoría que lo identifica como la “última morada de Atahualpa”. Cada experiencia fortaleció el vínculo entre los participantes y la comunidad local, generando una visión renovadora del turismo.

“Nuestro objetivo es transformar la manera en que se entiende y practica el turismo en Ecuador. Queremos que los futuros profesionales y los actores del sector vivan de primera mano el valor histórico y cultural de lugares únicos como La Maná y Malqui Machay, y que estas vivencias se conviertan en herramientas para generar propuestas innovadoras,” destacó Nathalia Bustamante, directora de Competitividad del Ministerio de Turismo.

Como parte de esta iniciativa, se filmará un video documental que será distribuido a carreras de turismo de las universidades de todo el país, fomentando una visión académica práctica, innovadora y sostenible que contribuya al desarrollo del sector turístico ecuatoriano.

Con la incorporación de experiencias vivenciales, Turismo Futuro reafirma su compromiso de integrar tecnología, conocimiento y vivencias auténticas, posicionando a Ecuador como un referente de innovación turística en la región.

El Consejo de Administración Legislativa (CAL) de la Asamblea Nacional, resolvió este martes, por unanimidad, adoptar medidas inmediatas ante la situación legal del ex asambleísta, Santiago Díaz actualmente bajo prisión preventiva por presunta violación a una menor. De acuerdo a sus atribuciones legales y reglamentarias, el CAL suspendió todos los derechos parlamentarios del legislador mientras se mantenga la medida cautelar.

Como parte de las decisiones adoptadas, se ha dispuesto la principalización provisional de la asambleísta alterna Annie Christina Muñoz Aroca, quien asumirá las funciones legislativas del distrito de manera inmediata, garantizando así la continuidad del trabajo parlamentario y la representación ciudadana sin interrupciones.

Así mismo, se ha ordenado la suspensión del pago de sueldos y beneficios económicos al asambleísta Díaz, mientras persista su privación de libertad, indicaron.

Finalmente, de acuerdo al Reglamento de Multas por Ausencias y Atrasos, el 6 de agosto se cumplirán los 30 días de abandono del cargo por parte del asambleísta. El CAL negó la licencia sin remuneración solicitada por el legislador en días pasados. La denuncia en su contra fue presentada por el padre de la menor afectada, el lunes 7 de julio del 2025, ante la Fiscalía General del Estado

La comisión del Derecho al Trabajo y la Seguridad Social de la Asamblea Nacional, conoció el Dictamen N.º 3-25-OP/25, emitido el 3 de julio de 2025 por la Corte Constitucional, en el que se acepta la objeción parcial por razones de inconstitucionalidad presentada por el presidente de la República, Daniel Noboa, al proyecto de Ley Reformatoria a la Ley de Seguridad Social para la Jubilación Especial del Cuerpo de Vigilancia de la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE).

Según, la Corte Constitucional los artículos 1 y 2, así como la Disposición General Primera del proyecto de Ley, contravienen los artículos 287 y 369 de la Constitución de la República, al no haberse presentado estudios actuariales específicos y actualizados, ni un análisis de factibilidad financiera que garantice las fuentes de financiamiento necesarias para las obligaciones planteadas.

Por lo que, la Corte Constitucional declaró la inconstitucionalidad de los artículos y la Disposición General Primera del proyecto de Ley.

Finalmente, los artículos objetados por inconstitucionalidad se refieren al régimen de jubilación especial y a la contribución para su financiamiento, aplicable a los servidores del Cuerpo de Vigilancia de la CTE.