La comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral de la Asamblea Nacional, inició el proceso de fiscalización y análisis de la participación de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional durante las protestas en el país a consecuencia del Decreto Ejecutivo que elimino el subsidio al diésel. En cumplimiento a la resolución 001-2025-2027, sobre los actos de violencia registrados durante las movilizaciones desde septiembre del 2025, por lo que, comparecieron los delegados del Ministerio del Interior y la Policía Nacional, encabezados por el general Fausto Íñiguez y del Ministerio de Defensa y el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas los generales Edwin Cañizares y Manuel Dávila.

Además, la comisión aprobó la participación con voz, pero sin voto, de los asambleístas María del Cisne Molina, Roberto Jaramillo, Marco Olmedo y María Verónica Íñiguez.

Según, el general Fausto Íñiguez las protestas en Imbabura provocaron bloqueos que afectaron la libre circulación, salud y alimentación, lo que motivó la implementación de planes de contingencia, corredores logísticos y uso progresivo de la fuerza, bajo protocolos nacionales e internacionales.

Por su parte, el general Edwin Cañizares de las Fuerzas Armadas sostuvo que actuaron en apoyo complementario a la Policía Nacional durante el estado de excepción, conforme al principio de legítimo uso de la fuerza y con criterios de proporcionalidad.

En cambio, durante el debate, hubo varias inquietudes sobre los hechos ocurridos en las manifestaciones, incluso algunos calificaron como actos de sabotaje y terrorismo.

Finalmente, los miembros de la comisión expresaron diferentes posiciones respecto al rol del Estado, la legitimidad de la protesta y la necesidad de fortalecer el diálogo nacional.

Los miembros de las Junta Receptora del Voto (MJRV) para el Referéndum y Consulta Popular 2025 debe cumplir con la capacitación presencial obligatoria.

Los 573 puntos de capacitación, entre fijos y móviles, se encuentran habilitados a nivel nacional y estarán disponibles hasta un día antes de las elecciones, el 15 de noviembre, en el horario de 08h30 a 17h00. La capacitación para los MJRV es presencial, pero podrá reforzarse de manera virtual.

El CNE diversifica sus canales informativos para promover el voto informado de los ecuatorianos el domingo 16 de noviembre.

La comisión de Gobiernos Autónomos de la Asamblea Nacional, por unanimidad, aprobó el informe para primer debate del proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo. Esta es el resultado de cinco iniciativas presentadas desde el año 2018, analizadas por los legisladores, autoridades de los gobiernos autónomos descentralizados (GAD), expertos y representantes de colectivos vinculados con la materia.

El informe recoge varias observaciones orientadas al fortalecimiento de la planificación interoperable de la Superintendencia de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo (SOT); la redefinición técnica de la institucionalidad; modernización del régimen de sanciones, con plazos, prescripción y compromisos; respecto a la gestión técnica, aclararon los protocolos de coordinación y asistencia a los GAD.

El SOT se mantiene con funciones de vigilancia, control, asistencia técnica y coordinación. A esta entidad se le agregan las atribuciones de: generar y difundir información técnica e indicadores; mantener el sistema de información territorial interoperable; brindar asistencia técnica priorizando a los GAD con menor capacidad y coordinar con la Secretaría de Gestión de Riesgos las variables de amenaza y adaptación climática.

Además, incorpora que los entes rectores, como el SOT, deben remitir el conjunto de datos, metadatos o indicadores a las autoridades locales.

Así mismo, fortalece el derecho a la información pública y la participación ciudadana.

También, el informe no acoge las propuestas relacionadas con los planes de vida, por cuanto estas exceden las competencias de los GAD.

Finalmente, no incluye la propuesta inicial de eliminar la Superintendencia de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo, tampoco suprime el régimen sancionador contemplado en uno de los capítulos de la Ley vigente.

La comisión de Justicia y Estructura del Estado de la Asamblea Nacional, recibió al presidente de la Corte Nacional de Justicia, José Suing, explicó los alcances del proyecto de Ley de Extradición, el objetivo actualizar la Ley, a través de procedimientos más claros, ágiles y acordes con la Constitución de la República y los tratados internacionales vigentes en esta materia, para evitar la impunidad.

Según, Suing hay que establecer con claridad los procesos relacionados con la extradición activa, que se presenta cuando el Estado hace el requerimiento de un procesado o sentenciado y la extradición pasiva, cuando existe el requerimiento de otro Estado para entregar a un ciudadano para que responda ante un proceso penal.

Además, el presidente de la Corte Nacional de Justicia, dijo que es fundamental considerar que cuando un ciudadano es requerido se puede proceder siempre y cuando exista un convenio bilateral sobre la materia, caso contrario corresponde aplicar el principio de reciprocidad. Es preciso entender que cada país, en ejercicio de su soberanía, tiene sus propias regulaciones y procedimientos en el ámbito penal.

En cambio, la ciudadanía debe saber que no se trata de que la Corte no hace nada o que el Ministerio de Relaciones Exteriores se ha olvidado de tal o cual caso, por ello es necesario determinar con precisión los procedimientos, términos y plazos para el cumplimiento de cada una de las fases para que opere una extradición, sobre la base de la normativa nacional y las regulaciones de carácter internacional, salvaguardando las garantías del debido proceso.

Mientras tanto, Corina Espinoza, del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, indicó que la extradición es un mecanismo de cooperación internacional en el ámbito jurídico penal. Con la nueva Ley este mecanismo de cooperación se verá fortalecido, tomando en cuenta que mediante convenios bilaterales o multilaterales lo que se busca es combatir la impunidad en delitos transnacionales, para que las personas que han incurrido en estas conductas no evadan la acción de la justicia.

Finalmente, el rol de la Cancillería en los procesos de extradición, sobre la base de la normativa nacional e internacional. El Ministerio de Relaciones Exteriores le corresponde ser el canal diplomático para gestionar la extradición activa y pasiva, esta última es aquella que se da cuando un ciudadano es requerido por la justicia de otro Estado, precisaron.  

La vicepresidenta de la República, María José Pinto, impulsa el corredor humanitario para Imbabura y destinar a las comunidades afectadas por los bloqueos viales. Alrededor de 1.000 agentes del orden, entre militares y policías, participaron con la seguridad de la carga de 37 camiones con productos esenciales como harina, colchones, cilindros de GLP, alimentos perecibles y medicamentos, 1.500 kits con ropa, artículos de aseo y víveres no perecibles, para ser entregados a familias que han permanecido aisladas.

“Vamos a quedarnos aquí hasta que esta provincia deje de estar secuestrada … queremos que todas las familias que nos están escuchando sepan que nuestra prioridad siempre serán las niñas, niños y adolescentes”, dijo.

El corredor trasladó monitores para las escuelas de la zona, con el objetivo de fortalecer la calidad educativa de niñas, niños y adolescentes.

En esta operación participaron más de 10 instituciones del Estado, junto al apoyo de la empresa privada, en una acción conjunta orientada a abastecer la provincia, brindar asistencia humanitaria y reactivar la productividad local, a través de iniciativas como el Incentivo Emprende.

La vicepresidenta María José Pinto indicó que las donaciones serán entregadas a través de brigadas de los ministerios que están en el territorio. 

La comisión de Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa de la Asamblea Nacional, con ocho votos a favor, aprobó el informe para primer debate del proyecto de Ley para el Fortalecimiento de las Fuerzas Armadas y la Policía, calificado como urgente en materia económica por el Ejecutivo, que establece incentivos tributarios a las personas naturales y jurídicas que realicen donaciones a favor de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. 

El informe recoge las recomendaciones y sugerencias formuladas por las autoridades económicas, de Fuerzas Armadas, de la Policía, entidades de seguridad y expertos, establece un régimen económico y de incentivos de facilitación de donaciones destinadas exclusivamente al fortalecimiento de las fuerzas del orden, para ayudar en el mantenimiento del orden público, la seguridad ciudadana y seguridad integral del Estado.

Además, el proyecto de Ley garantiza que las entidades de seguridad y el orden puedan cumplir con su rol básico en el mantenimiento de la seguridad ciudadana, sin que esto afecte la estabilidad de las finanzas estatales, conforme lo determinan la Constitución de la República y el Código Orgánico de Planificación de las Finanzas Públicas. Determina que tanto los bienes muebles, cuanto los suministros materia de la donación, deberán ser nuevos.

Mientras tanto, el proyecto cumple con los parámetros técnicos, jurídicos y económicos para ser tramitado en el Pleno de la Asamblea Nacional, con el propósito de aportar al fortalecimiento de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en el cumplimiento de su rol constitucional de mantener el orden público y la seguridad con suficientes medios y equipamiento logístico.

Finalmente, el informe será remitido a la Presidencia de la Asamblea Nacional, a fin de que se ordene la difusión respectiva y se lo incluya en el orden del día de la sesión del Pleno.

Con 81 votos a favor, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó las reformas al Código Monetario y Financiero, remitido por la Comisión de Régimen Económico. Esta Ley reforma la estructura, funciones y competencias de la Junta de Política y Regulación Financiera y Monetaria, el objetivo fortalecer la institucionalidad, garantizar la independencia técnica, transparencia, eficiencia y consolidar el equilibrio entre la estabilidad financiera y la protección del interés público. Incorpora disposiciones orientadas a ampliar la inclusión financiera, fomentar los medios de pago electrónicos, y reforzar la seguridad jurídica y la protección al usuario financiero.

Además, las reformas permitirán consolidar un sistema financiero sólido, moderno e inclusivo, que preserve los depósitos del público, canalice los recursos hacia la inversión productiva, respalde el desarrollo económico y social del país.

Para la legisladora Nathaly Farinango, las principales observaciones recogidas por la comisión de Régimen Económico e incorporadas en el texto final contribuyen a consolidar una reforma profunda y visionaria, que moderniza la estructura del sistema financiero y monetario. La creación de la Junta de Política y Regulación Financiera y Monetaria, órgano con autonomía y funcionalidad propia.

Por lo que, fortalece al Banco Central del Ecuador, modernizan las reglas de respaldo de las reservas internacionales y se amplían las facultades de la Superintendencia de Bancos para la supervisión y el control, entre otros, aseguró Farinango.

Mientras tanto, las innovaciones destacan la creación del seguro paramétrico, un programa de aseguramiento agroalimentario y ganadero que beneficiará a productores, ganaderos y agricultores.

Finalmente, el proyecto de Ley aprobado será remitido al Presidente de la República para su sanción u objeción, de conformidad con la Constitución y la Ley Orgánica de la Función Legislativa.