El Pleno de la Asamblea Nacional realizó el segundo debate el Proyecto de Ley Orgánica del Deporte, la Educación Física y la Recreación. La propuesta unifica 25 iniciativas legislativas, busca corregir problemas estructurales para transformar de manera efectiva la calidad de la gestión y responder a la realidad actual del sistema deportivo nacional.
El proyecto de ley representa una reforma estructural e integral del marco normativo deportivo del Ecuador, alineada con la Constitución y los instrumentos internacionales de derechos humanos.
Según, Reyes es deber del Estado garantizar, desarrollar y proteger la práctica del deporte, la educación física y la recreación como derechos fundamentales y como herramientas clave para el desarrollo de la ciudadanía, así como para quienes se dedican de manera profesional a estas actividades, entre ellos atletas, entrenadores y organizaciones deportivas.
Además, el Estado debe fomentar el acceso al deporte y a la recreación bajo los principios de interculturalidad, igualdad, inclusión, transparencia, solidaridad y participación.
Así mismo, el proyecto de Ley define las distintas áreas del sistema deportivo nacional, formativo, profesional, de alto rendimiento, universitario, entre otros.
Esto permitirá evitar duplicidades y ambigüedades normativas. “Dejaría atrás la normativa del año 2010; por una moderna, integral y construida de forma participativa”.
Para el asambleísta Luis Molina, el alto rendimiento y la competencia internacional no deben estar supeditados a los recursos económicos, sino al desarrollo competitivo. La necesidad de comprender que el deporte profesional está vinculado con las ligas barriales y cantonales.
Mientras tanto, la importancia de fortalecer los controles antidopaje, que tanto daño causan a los atletas; velar por los principios de transparencia y recuperar los escenarios deportivos que se encuentran deteriorados, así como impulsar la construcción de nueva infraestructura deportiva.
Finalmente, el asambleísta, Juan José Reyes indicó que solicitó la suspensión del punto con la finalidad de analizar la incorporación de los cambios sugeridos para que el texto final de votación sea remitido en un plazo de ocho días.
