La Comisión de Régimen Económico, con 12 votos a favor y uno en contra, aprobó el informe para segundo debate del proyecto de reformas a la Ley de Régimen Tributario Interno que establece mecanismos para que los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) y las instituciones de educación superior públicas, puedan retener y no entregar al Gobierno Central los valores correspondientes al Impuesto al Valor Agregado (IVA).

El asambleísta Henry Kronfle del Partido Social Cristiano, explicó que la administración de los recursos se lo hará a través de un cruce de cuentas con el Servicio de Rentas Internas (SRI), los gobiernos descentralizados tendrán recursos para la obra pública y las universidades para apoyar con becas a los estudiantes.

Además, dijo que se establece un tiempo determinado para que el SRI realice el cálculo de lo adeudado a los GAD y las universidades se notifique al ministerio de Finanzas para que efectué un plan de pagos.

Así mismo, Kronfle precisó que el proyecto de ley pretende ponerle fin a uno de los problemas que afecta a los GAD que no cuentan con recursos para atender las necesidades ciudadanos, quienes ven que las obras y servicios están retrasados y hasta suspendidos.

Por su parte, los asambleístas Luis Pachala de CREO, manifestó la necesidad de reformar la ley de Régimen Tributario Interno, en la medida de que los GAD, universidades y escuelas politécnicas tengan liquidez.

De su lado, Franco Romero, presidente encargado de la Comisión de Régimen Económico, indicó que de aprobarse el informe en segundo debate se liberaría entre 800 y mil millones de dólares en favor de juntas parroquiales, gobiernos municipales, provinciales, universidades y escuelas politécnicas.

El proyecto reforma el artículo 62 de la Ley de Régimen Tributario Interno, establece que excepcionalmente cuando el impuesto al valor agregado sea recaudado por entidades y organismos del sector público del Gobierno Central y descentralizado, sus órganos desconcentrados y sus empresas públicas, universidades y escuelas politécnicas del país, actuarán como agente de retención, los valores retenidos permanecerán en sus cuentas correspondientes y no se depositará en la cuenta del Servicio de Rentas Internas, organismo al cual deberán notificar en la declaración y anexos los valores retenidos para mantener el respectivo registro contable.

Se incorporá una Disposición Transitoria, el valor equivalente al IVA pagado en la adquisición local e importación de bienes y demanda de servicios que efectuaron las entidades y organismos del sector público del Gobierno Central y descentralizado, sus órganos desconcentrados y sus empresas públicas, las universidades y escuelas politécnicas del país y que actualmente se encuentran pendientes de asignación, seguirán las siguientes reglas: el SRI compensará las obligaciones tributarias pendientes de pago y notificará al ministerio de Economía para que este último dé inicio a la asignación presupuestaria, en un plazo máximo de 30 días posteriores a la publicación de esta Ley.

El ministerio de Economía y Finanzas asignará vía transferencia presupuestaria acreditará en la cuenta correspondiente con cargo al presupuesto general del Estado, el IVA pagado en la adquisición local e importación de bienes y demanda de servicios que efectuaron las entidades y organismos del sector público del Gobierno Central y descentralizado, sus órganos desconcentrados y sus empresas públicas, las universidades y escuelas politécnicas del país, en un plazo no mayor a  180 días posteriores a la publicación de esta Ley.

Finalmente, prevé que los valores a devolverse no serán parte de los ingresos permanentes del Estado Central, las asignaciones serán efectuadas a través de mecanismos ágiles en atención al principio de simplicidad administrativa y eficiencia.

La Comisión de Justicia, continuó con la recepción de las observaciones sobre el Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria del Código Penal y de La Ley Orgánica Integral Para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, para prevenir y sancionar la violencia sexual digital.

La comisión recibió a Francisco Cevallos, secretario Técnico del Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional, quien indicó que frente a las violaciones de derechos y delitos en línea, es fundamental un abordaje integral de la temática en lo educativo, la familia y las empresas.

Además, Cevallos recomendó definir las rutas y protocolos adecuados, que contemplen la pertinencia y oportunidad de la denuncia, armonización entre lo administrativo (sistema educativo, familia, el ente regulador de las telecomunicaciones, etc.) y lo judicial (Fiscalía, justicia especializada, delito cibernético).

Así mismo, dijo que la prevención, protección y restitución, es corresponsabilidad entre el Estado, la sociedad y la familia, tras asegurar que la prevención no es prohibición y se requiere de un acompañamiento adecuado con criterio para disminuir la vulnerabilidad, el control para el uso del internet es responsabilidad de la familia.

Por ello que, el sistema educativo se ha volcado a las tecnologías de la información y la comunicación, las que tienen una potencialidad impresionante, se convierten en escenarios de riesgo, principalmente para niños, niñas y adolescentes.

Cevallos dijo que considera que el proyecto es importante en la identificación y tipificación del delito, ayudará a desarrollar competencias tecnológicas para que la niñez y adolescencia puedan tener una vida digital saludable, por lo que es indispensable mantener una relación directa con la Ley de Educación Intercultural y el nuevo Código de la Niñez.

El hostigamiento debe ser incluido, el robo o suplantación de identidad en el entrono digital y endurecer la pena cuando la víctima de este delito sean niños, niñas y adolescentes.

Mientras tanto, Cevallos propuso que en el ámbito de la violencia sexual digital, se incorpore una excepcionalidad o aclaración respecto a que en caso de niñez y adolescencia, no existe la figura de consentimiento porque hay una relación de poder, coacción, sometimiento sobre el niño, niña y adolescente, al estar en un proceso de crecimiento y desarrollo, es parte del supuesto que no necesariamente este grupo humano comprende las implicaciones y consecuencias de una determinada acción y sus consecuencias.

Finalmente, la asambleísta, Lourdes Cuesta explicó que se debe hacer una clara diferenciación entre lo que sucede con niños, niñas y adolescentes, al igual que con personas vulnerables, en cuyo caso jamás habrá un consentimiento para una grabación, fotos, videos e imágenes, respecto a los ciudadanos adultos que se realicen una grabación en pareja con el debido consentimiento, esto no significa que se pueda autorizar su difusión y extorsión.

Con 125 votos afirmativos, la Asamblea Nacional aprobó el informe no vinculante en torno de la fiscalización de la obtención de carnés de discapacidad, elaborado por la Comisión de Salud, el documento exige al Ministerio de Salud Pública y al Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades, que definan las políticas, normativas y medidas, que garanticen el cumplimiento de los derechos a los que tienen todas las personas con discapacidad.

La moción la presentó el legislador Rodrigo Collaguazo, quien planteó acoger el informe y las recomendaciones.

Además, se pronunció por instar a las autoridades de las funciones Ejecutiva, Judicial, Electoral y de Transparencia, y otros órganos del poder público a cumplir con el principio de legalidad consagrado en la Constitución de la República y su obligación de remitir a la legislatura, la información que le sea requerida, a fin de no obstruir su competencia de fiscalización y control político.

Exige al Ministerio de Salud Pública y al Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidad se enfoque especialmente en el procedimiento establecido para viabilizar el otorgamiento de los certificados médicos emitidos por los profesionales de centros prestadores de salud privados, que deben contar con las garantías necesarias de veracidad sobre la especialidad acreditada para esta finalidad, con el propósito de que su uso sea el correcto y evitar situaciones como las presentadas durante las sesiones en este proceso de fiscalización.

Así mismo, exhorta a la Contraloría y a la Fiscalía General para que dentro del debido proceso concluyan las acciones administrativas y preprocesales iniciadas, a fin de que las instancias judiciales cuenten con los elementos de convicción suficientes para continuar con los procesos y, de ser el caso, ejecuten las sanciones ejemplificadoras por la presunta irregular de emisión y obtención, uso y abuso de los carnés de discapacidad que afecta al interés colectivo y estatal.

Igualmente, se solicita al Ministerio de Salud un reporte actualizado respecto del seguimiento y estado procesal actual de las denuncias que presentó en la Fiscalía General respecto a los 22 funcionarios que emitieron 29 708 carnés, de los cuales 2454 presentaron irregularidades; mismo que se será remitido a la Comisión del Derecho a la Salud.

Por último, se dispone que se inicie, respetando el debido proceso, el principio de inocencia y el derecho a la legítima defensa, la investigación del caso del legislador Fabricio Villamar, para cuyo efecto el parlamentario Rodrigo Collaguazo será el encargado de presentar la respectiva denuncia.

Por su parte, el asambleísta William Garzón, presidente de la Comisión de la Salud, calificó de un hecho miserable la entrega fraudulenta de alrededor de 3 mil carnés de discapacidad, más aún en medio de la pandemia, cuando el proceso estaba suspendido durante el estado de excepción.

El deficiente control de las autoridades de salud permitió que la red de corrupción actúe incluso en la emergencia sanitaria para entregar de forma irregular los carnés de discapacidad, solo 11 de los 137 asambleístas estaban inmersos en esta temática, explicó Garzón.

Finalmente, en el debate intervinieron 15 asambleísta, las opiniones se enfocaron en que el parlamento ofrezca una respuesta firme y contundente, sin cálculos políticos, para determinar los responsables y juzgar a los que han actuado dolosamente en la tramitación de los carnés, en que se configuran delitos como tráfico de influencias, asociación ilícita, concusión, defraudación tributaria, la necesidad de exigir a la Contraloría, Fiscalía y la administración de justicia, en general, celeridad en los procesos judiciales, para que estos actos reñidos con la moral y la ética no se queden en la impunidad, y se transparente la información.

Desde esté martes 23 de marzo de 2021, las personas adultas mayores que constan en la base de datos del Plan Vacunarse fueron atendidas en los distintos puntos de vacunación a escala nacional, a través de mecanismo de agendamiento de citas previsto en plan.

Solo este día, 8.859 personas de este grupo prioritario recibieron la primera dosis de la vacuna.

En esta Fase se inició la asignación de citas para la vacunación a través de mensajes SMS, correo electrónico o llamadas telefónicas, esto permitió que la vacunación cumpla de manera ordenada, de acuerdo con la priorización de edades establecidas y vulnerabilidad.

Las personas notificadas se registraron por medio de la página web https://www.planvacunarse.ec/ o completaron su registro de acuerdo a las bases de datos existentes.

Para esta Fase se utilizan parte de las 293.430 dosis que han llegado al país de la farmacéutica Pfizer y de Astrazeneca.

La Coordinación Zonal 6 de Salud, entre el lunes y martes, aplicó 4.680 dosis a adultos mayores, en las provincias de Azuay, Cañar y Morona Santiago. Jaime Vélez, adulto mayor del Centro de Salud 2 de Cuenca, destacó: “Gracias a Dios y al Ministerio de Salud por darme esta gran oportunidad de vacunarme yo y mis padres de 93 y 91 años. Estamos muy agradecidos con la atención de todo el personal”.

En cambio en Rocafuerte, Manabí, se inocularon a 330 adultos mayores. “Durante esta jornada recibí la vacuna y una delicada atención por parte del personal de salud, ésta inmunización nos protegerá”, afirmó Josefa Zambrano.

En el cantón Pujilí, provincia de Cotopaxi, Carmen Villarroel, adulto mayor de 88 años aplaudió el esfuerzo de recibir la vacuna y la dedicación con que los médicos brindan el servicio. «Recibir la vacuna es como un respiro de tranquilidad ante los duros momentos que vivimos, como ver partir a nuestros amigos y familiares, hoy podemos asegurar que hay esperanza”, agregó.

La inoculación en el marco de la fase 1 del Plan Vacunarse se extenderá de manera progresiva a miembros de la Fuerza Pública, bomberos, personal de recolección de desechos, profesores en todos los niveles, población vulnerable y de sectores estratégicos.

En otro sector del país, en el Hospital León Becerra de Milagro, en la provincia del Guayas, Maximiliano Ramírez, de 93 años acudió en compañía de un familiar para recibir la vacuna. «Me siento feliz porque no tuve que hacer trámites ni nada», resaltó.

Mientras tanto, en Quito (Zona 9) y Guayaquil (Zona 8), las brigadas del MSP fortalecen el proceso de inoculación.

Hoy, en la capital está programado vacunar a 2.496 adultos mayores pertenecientes al programa ‘60 y piquito’ del Patronato San José, del Municipio Metropolitano de Quito.

Además, 498 adultos mayores pertenecientes al Hospital de Atención Integral del Adulto Mayor, 1.836 profesionales de la salud de clínicas y hospitales privados y 618 beneficiarios de personal sanitario de centros de salud del MSP.

En en Guayaquil 500 dosis fueron aplicadas a adultos mayores en el área establecida dentro del Hospital General Monte Sinaí, la cual contó con todos los protocolos sanitarios y de bioseguridad.

Ecuador, actualmente, cuenta con 20 millones de dosis contratadas: siete millones serán suministradas a través del mecanismo Covax Facility, que cuentan con los permisos otorgados por la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa).

Finalmente, el Gobierno Nacional, a través del MSP, fortalece los esfuerzos para contener la propagación de la COVID-19 y garantizar la salud de la ciudadanía.

La primera mujer que asume el cargo de Comandante General, de la Policía Nacional del Ecuador, a partir de este lunes 22 de marzo fue designada a través del Decreto Ejecutivo 1272, emitido por el Presidente de la República, Lenin Moreno.

La General Varela se desempeñaba como Subcomandancia General, cargo en el que demostró liderazgo, compromiso y empoderamiento, siendo también la única mujer en este cargo dentro de la Institución, ha significado un gran ejemplo de superación y lucha constante, pues a lo largo de sus 36 años de carrera ha trabajado impulsando la equidad de género, el respeto irrestricto a los derechos humanos, bajo el compromiso de luchar constantemente por la seguridad ciudadana, demostrando en todo momento su vocación de servicio y el honor de vestir con dignidad y orgullo el uniforme policial.

Nació en Ibarra, en la provincia de Imbabura, el 16 de noviembre de 1966, está casada y tiene tres hijos, en su adolescencia fue una destacada deportista, a sus 17 años sintió el llamado de querer ser Policía, sueño que logró cumplir a base de mucho esfuerzo y dedicación, ingresando a la Escuela Superior de Policía “Gral. Alberto Enríquez Gallo” en 1984 y graduándose en 1987.

Tiene una formación académica de cuarto nivel, es doctora Honoris Causa, en DD.HH. por parte del Claustro Doctoral de la Fundación Honoris Causa, en vinculación con la Universidad La Salle de México, es magíster en prevención de Violencia Intrafamiliar y Delitos Sexuales, posee un Diplomado en Seguridad Ciudadana, al igual que una especialidad en Sistemas de Gestión en Calidad y Productividad y licenciada en Administración Educativa.

EXPERIENCIA PROFESIONAL

Se ha desempeñado como subcomandante General de la Policía Nacional del Ecuador.

Jefa del Estado Mayor de la Policía Nacional del Ecuador.

Directora Nacional de Administración de Talento Humano de la Policía Nacional del Ecuador.

Comandante de Zona 8, Distrito Metropolitano de Guayaquil.

Comandante de la Zona 5.

Directora Nacional de la Policía Especializada en Niños, Niñas y Adolescentes.

Directora de la Escuela Superior de Policía, “General Alberto Enríquez Gallo”.

Comandante de la Subzona Guayas.

Jefa del Distrito de Policía Centro, en Guayaquil.

Directora del Hospital de Policía, en Guayaquil.

Jefa del Departamento de Violencia Intrafamiliar (Devif), en Guayaquil.

Agregado adjunto de Policía de la Embajada de Ecuador en Perú.

Docente en escuelas de formación de promociones de policías.

MÉRITOS

Ha recibido condecoraciones al mérito profesional de “Caballero”, “Oficial” y “Gran Oficial”, así como de Primera, Segunda y Tercera Categoría.

Varias Felicitaciones Públicas en reconocimiento a su eficiente labor en cumplimiento de sus funciones.

Conferencista internacional en temas de Seguridad Ciudadana y Prevención del Delito.

Condecoración al Mérito, por ser la primera mujer policía en asumir la Comandancia de la Zona 8.

Condecoración Orden al mérito de la ERCAIAD, otorgado por la “Escuela Regional de la Comunidad de Inteligencia Antidrogas”.

Condecoración Madre Teresa de Calcuta, otorgada por el Congreso Nacional del Perú.

La Policía Nacional del Ecuador, a través de sus 53 mil damas y caballeros de la paz, felicitan a la GraI. Tannya Varela Coronel, por asumir tan importante cargo, y desea toda clase de éxitos en esta nueva designación, que irá en beneficio de la Institución. C. Pérez. / DNCOE.