La utilización del profundímetro para verificar el estado de las llantas, el incremento de las sanciones, las fotomultas y los radares preventivos fueron los principales temas abordados en el primer debate del proyecto de reforma al Código Orgánico Integral Penal (COIP). La propuesta busca recategorizar las contravenciones de tránsito y fortalecer la seguridad vial preventiva.

La comisión de Gobiernos Autónomos de la Asamblea Nacional, en su análisis, destacó la importancia de garantizar la seguridad jurídica y coherencia normativa en las reformas al COIP, a fin de evitar disposiciones que generen discrecionalidad en su aplicación.

Para la asambleísta Lucía Pozo, tras recibir a líderes, expertos, representantes de la Asociación de Municipalidades, gremios de transporte, la Agencia Nacional de Tránsito, el Consejo de la Judicatura y otros sectores sus observaciones. La reforma corrige arbitrariedades históricas en la determinación de las llantas lisas, eleva la categoría de las contravenciones que ponen en riesgo la vida, como la no utilización del casco y el exceso de pasajeros, dijo.

También, establece sanciones por exceder el nivel máximo de alcohol permitido en la sangre, que es de 0,1 g/l; dispone el pago y la devolución del vehículo retenido, sanciona al conductor que utilice el teléfono celular mientras el vehículo está en movimiento, conduzca con una licencia de diferente tipo, entre otras, explicó Pozo.

En cambio, la legisladora Jhajaira Urresta destacó el número de siniestros de tránsito que cobran la vida de las personas y solicitó que se incorpore el contenido de su proyecto trabajado junto con la Coalición de Movilidad Segura Ecuador, respecto al exceso de velocidad y la conducción bajo los efectos del alcohol.

Por su parte, el asambleísta Steven Ordóñez señaló que las fotomultas y radares deben ser preventivos y no recaudatorio y establecido claramente dentro de la Ley, para evitar su abuso.

Mientras tanto, temas como: la alta tasa de siniestros de tránsito en el Ecuador, la reincidencia, la posibilidad de establecer el trabajo comunitario como sanción, la prohibición del uso del celular, la actuación de los agentes de tránsito, la importancia del transporte por cuenta propia y la necesidad de fortalecer la fiscalización a la Agencia Nacional de Tránsito, serán analizados por la comisión para el segundo debate.

Finalmente, las observaciones respecto a retomar el contenido del proyecto original sobre la reducción de la carga procesal en materia de tránsito en los juzgados, será materia de análisis.

Este martes, los alcaldes de Quito, Pabel Muñoz; Guayaquil, Aquiles Álvarez y de Cuenca, Cristian Zamora, se reunieron con la canciller Gabriela Sommerfeld y el ministro John Reimberg. El encuentro se desarrolló en el marco de la visita oficial al Ecuador de Marco Rubio, secretario de Estado de los Estados Unidos, y buscó coordinar temas estratégicos en seguridad, cooperación e intercambio internacional. Con la voluntad de las principales ciudades del Ecuador para trabajar de manera coordinada con el Gobierno Nacional y los actores internacionales y enfrentar de forma conjunta desafíos en seguridad, movilidad y desarrollo social dejo como resultado de este encuentro.

Según, el alcalde de Quito, Pabel Muñoz, la importancia del espacio de diálogo: “Hemos saludado esta reunión porque nos permite tener niveles de coordinación y saber qué rol pueden cumplir los gobiernos locales”, dijo.

La realidad del narcotráfico es muy grave que se necesita una posición unificada para enfrentarla, la visita del Secretario de Estado de EE. UU puede ser una oportunidad para fortalecer el contingente de las Fuerzas Armadas y abordar la recepción de refugiados. “Hemos dado nuestra opinión, pero aún está en negociación”, puntualizó.

Es fundamental que todos los alcaldes participen en estos espacios de coordinación interna. “Hemos planteado que, si tuviéramos la autorización para usar armas no letales, podríamos hacerlo. Y que han insistido en la necesidad de que los recursos lleguen al día para poder enfrentar los desafíos que tiene el país, manifestó.

En cambio, en su cuenta de X, Muñoz señaló que “la seguridad se logra con coordinación, recursos y acciones concretas”.

Los cárteles en Quito operan con grupos de delincuencia local. “Gracias a la experiencia de la ciudad, se han implementado operativos CAMEX que permiten incautar sustancias ilícitas, confiscar armas blancas e incluso cerrar locales sin necesidad de autorización previa”.

Por su parte, el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, calificó el encuentro como “importantísimo”, resaltando que la lucha contra la criminalidad requiere un frente común: “Hemos pedido una interlocución directa con el Gobierno para llevar todo tipo de temas, desde la situación de calle hasta el manejo de los puertos. Hay un cartel que opera en más de 100 países y hace base en Ecuador, por eso Guayaquil saluda este trabajo conjunto”, expresó.

Mientras tanto, el alcalde de Cuenca, Cristian Zamora, sostuvo la necesidad de articular esfuerzos: “Aquí estamos, el país unido para hacer frente al narcotráfico. Vemos esperanza en la articulación, en el trabajo conjunto, queremos que las negociaciones sean siempre en favor del país”.

Finalmente, la canciller ecuatoriana, Gabriela Sommerfeld explicó el objetivo del encuentro para alinear conceptos, definir objetivos y establecer una metodología de trabajo que permita mejores días a los ecuatorianos. El ministro del Interior, John Reimberg aseguró que durante la reunión se abordó la situación actual del país, con especial énfasis en el narcotráfico y los desafíos que enfrentan las principales ciudades.

El Consejo de Administración Legislativa calificó este lunes 1 de septiembre 2025 a trámite el Proyecto de Ley Económico Urgente para el Fortalecimiento Crediticio y envío a la comisión de Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa.

Este proyecto de Ley es la quinta iniciativa del Ejecutivo, el objetivo es avalar la transparencia administrativa de los Fondos Complementarios Previsionales Cerrados del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (BIESS), así como la institucionalidad y sostenibilidad de su sistema crediticio.

Además, el proyecto de Ley busca garantizar los derechos de los afiliados, jubilados y beneficiarios del sistema de seguridad social, a través de la recuperación, devolución y gestión adecuada de estos fondos y promover la eficiencia en el uso de los recursos.

Mientras tanto, la Asamblea Nacional tiene 30 días para aprobar, según lo que establece el artículo 142 de la Constitución de la República y 62 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa.

También, el CAL analizó el informe técnico jurídico no vinculante de la Unidad de Técnica Legislativa respecto a la denuncia presentada por el legislador César Palacios, contra el asambleísta Jorge Chamba Cabanilla.

Luego, de conocer la denuncia y de acuerdo a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, el presidente de la Asamblea Nacional, Niels Olsen, solicitó a la UTL elaborar el informe bajo criterios de imparcialidad, legalidad y objetividad. La denuncia plantea un presunto cometimiento de nepotismo por parte del asambleísta Chamba.

Finalmente, el CAL acogió la recomendación de desestimar la denuncia, al considerar que no se ha demostrado de manera concluyente la existencia de un vínculo jurídico familiar entre Chamba y su ex asesora, que configure nepotismo.

Este 29 de agosto, el Pleno del Consejo Nacional Electoral aprobó los planes operativos, de contingencia, auditorías, directrices y presupuesto para la Elección de Vocales de la Junta Parroquial Rural Shuar Pastaza, del cantón Pastaza, provincia de Pastaza.

Según, el cronograma la campaña de Cambios de Domicilio Electoral se realizará del 30 de agosto al 14 de septiembre. La publicación de la convocatoria de la elección se efectuará el 27 de diciembre, y la jornada de votación se desarrollará el domingo 17 de mayo de 2026.

Para estos comicios, se aprobó un presupuesto de USD 252.233,92. Además, se convocará a las auditorías dirigidas a organizaciones políticas, debidamente acreditadas, el 29 de septiembre y se dispuso la actualización de seis zonas electorales.

La comisión del Derecho a la Salud aprobó, con nueve votos a favor y una abstención, el informe para segundo debate del Proyecto de Reformas a la Ley Orgánica de Donación y Trasplante de Órganos, Tejidos y Células. Con el fin de optimizar el trabajo legislativo y evitar duplicidad normativa, la comisión recomiendo al Pleno de la Asamblea su archivo, al considerar que no aporta elementos sustantivos que justifiquen una modificación al texto vigente.

La propuesta de Ley, que pasará a la agenda del Pleno para el segundo debate, plantea la actualización del marco normativo con el objetivo de optimizar los procesos de donación, trasplante y seguimiento de pacientes.

Tras un análisis técnico-jurídico, y considerando tanto el marco constitucional como la Ley vigente, la comisión concluyó que el proyecto presenta inconsistencias jurídicas, contraviene principios de técnica legislativa y duplica disposiciones ya contempladas en la legislación actual.

Además, el informe señala que, si bien se reconoce la importancia de contar con un marco legal sólido para regular la donación y el trasplante de órganos, tejidos y células, se evidencia una superposición normativa y redundancia de contenido.

Así mismo, las instituciones que presentaron sus observaciones, podrían generar conflictos de interpretación y afectar la seguridad jurídica del país.

También, el proyecto carece de elementos sustantivos que justifiquen una reforma a la Ley vigente. La existencia de inconsistencias jurídicas, duplicidad normativa, falta de sostenibilidad fiscal y deficiencias técnicas en la articulación con otras normas.

Finalmente, el asambleísta Andrés Campos, tras mocionar la aprobación del informe, aseguró que la propuesta no es viable, establece obligaciones permanentes de gasto público sin fuentes de financiamiento ni dictamen del Ministerio de Finanzas. La condición de donante ya consta en la cédula de identidad y los datos de receptores están registrados en el sistema nacional de información de donación y trasplante.

“La delimitación de páramos debe considerar criterios climatológicos, ecológicos y socioculturales para su uso tradicional”, consideró Tarsicio Granizo, director de World Wildlife Fund (WWF), al presentar sus observaciones a la Ley Orgánica para la Conservación de Páramos que se analiza en la comisión de Biodiversidad y Recursos Naturales de la Asamblea Nacional.

Además, Granizo sostuvo que la propuesta de zonificar los páramos y elaborar planes para determinar qué actividades turísticas y económicas de bajo impacto podrían permitirse en estos, con base en estudios científicos.

“Es importante prohibir de manera terminante las actividades que causan daño a los páramos del Ecuador, como la ganadería, la agroindustria y apertura de vías que no cumplan con requisitos técnicos de sostenibilidad”, la Ley debe establecer sanciones para actos como la explotación botánica con fines comerciales, dijo.

Así mismo, solicitó evaluar la posibilidad de permitir intervenciones que garanticen el suministro de agua, siempre y cuando se realicen con los más altos estándares de control ambiental; las actividades que no afecten la recarga hídrica; la agricultura familiar; el turismo de baja intensidad; o los caminos vecinales, con el objetivo de comunicar a comunidades sin acceso a servicios esenciales.

Para el legislador Christian Hernández existen actividades que merezcan una prohibición tajante, a lo que el invitado respondió que «las actividades mineras deberían ser prohibidas se ha demostrado que la minería es una fuente de contaminación de los nacientes de agua que se encuentran en los páramos del Ecuador”, señaló.

Mientras tanto, el asambleísta Manuel Casanova sostuvo que los mecanismos adecuados para garantizar la sostenibilidad de los páramos. Granizo respondió que una gobernanza adecuada, con la participación de los habitantes de estos territorios y los gobiernos autónomos descentralizados, podrían ser útiles para este objetivo.

Finalmente, Camila León, asambleísta presidenta de la comisión destacó la participación de los expertos en materia ambiental, como una garantía para que la propuesta normativa responda a criterios de sostenibilidad ambiental.