El Pleno de la Asamblea aprobó, por unanimidad, con 106 votos a favor, el proyecto de Ley para la Prevención y Control del Cáncer Cervicouterino. Con esto el Ecuador estaría a la vanguardia en la implementación de leyes que aceleren los resultados en la eliminación del cáncer de cuello uterino. El documento será enviado al Ejecutivo para su sanción u objeción.

Según, la presidenta de la Asamblea Nacional, Viviana Veloz este es un proyecto de Ley para el control y la prevención del cáncer cervicouterino en beneficio de la gente.

Esta Ley establece un marco normativo para la prevención y control del cáncer cervicouterino a través de la vacunación y planificación, diseño, desarrollo, investigación, educación, ejecución de programas, estrategias, políticas públicas y acciones tendientes a brindar una atención integral para la población según corresponda, dijo.

En cambio, Andrea Encalada, directora ejecutiva de Cepreme, organización sin fines de lucro, aseguró que se trata de un tema que es prevenible y puede cambiar la vida de miles de niñas y mujeres del país.

Para el presidente de la comisión del Derecho a la Salud de la Asamblea Nacional, Jorge Guevara el objetivo es proteger la vida de las ecuatorianas del cáncer cervicouterino, una amenaza silenciosa. “En nuestro país el cáncer de cuello uterino es el segundo tipo de cáncer más frecuente en las mujeres y su incidencia es alarmante; en el 2020 ocupó el 9.5 % del total de casos de cáncer y muertes en el Ecuador”, señaló.

Mientras tanto, los legisladores coincidieron que el proyecto genera condiciones y mecanismos para erradicar el cáncer cervicouterino; propicia estrategias de prevención para que deje de ser un problema de salud pública, como resultado del acceso universal a servicios de salud sexual y de prevención de las infecciones de transmisión sexual (ITS), a las vacunas contra el VPH, al control de los riesgos, a servicios eficaces de tamizaje y tratamiento de las lesiones precancerosas; así como al tratamiento del cáncer cervicouterino de tipo invasor.

Finalmente, este es un problema de salud pública que demanda la atención de todos. La estrategia 90-70-90 es una iniciativa de la OMISO/OPS para eliminar el cáncer uterino como problema de salud pública, que se basa en tres pilares: Vacunación: El 90 % de las niñas deben ser vacunadas contra el virus del papiloma humano (patógeno prevenible y tratable) antes de los 15 años. Tamizaje: El 70 % de las mujeres deben ser examinadas antes de los 35 años y nuevamente antes de los 45 años. Tratamiento: El 90 % de las mujeres con lesiones precancerosas y el 90 % de las mujeres con cáncer invasivo deben ser tratadas. La importancia de reducir la mortalidad de las mujeres; que es necesario que tanto los sectores rurales como los urbanos accedan a controles a tiempo, con tratamientos oportunos. Las cifras son bajas de las mujeres que acceden a pruebas del VPH y VIH, por lo que se debe fortalecer la gobernanza en salud con el monitoreo y seguimiento de los programas implementados.

La asambleísta Gissela Garzón y Rafael Dávila fueron electos como presidenta y vicepresidente de la comisión Ocasional para tratar el proyecto de reforma parcial al artículo 5 de la Constitución de la República, relacionado con el tema de las bases militares extranjeras en territorio nacional.

Según, la presidenta Gissela Garzón la próxima sesión conocerán el proyecto de reforma constitucional y se presentará el cronograma de actividades.

“El tratamiento de la reforma va a requerir de una visión diversa, no solamente técnica, lo que significa que logremos una cohesión para alcanzar consensos”, dijo.

La reforma llegó a la Asamblea Nacional, el 17 de octubre del 2024, tiene como objetivo eliminar la prohibición de establecer bases militares o instalaciones extranjeras con propósitos militares, que actualmente establece la Constitución de la República.

A partir de este viernes 1 de noviembre, el Consejo Nacional Electoral (CNE) habilitará un call center para que la ciudadanía pueda consultar su lugar de votación, en el marco de las Elecciones Generales 2025.

Este servicio estará disponible marcando al número telefónico convencional 02-3815-841, de lunes a domingo en el horario de 08h30 a 20h00. 

Las consultas de lugar de votación también se pueden realizar a través de la página web http://www.cne.gob.ec; y en el aplicativo móvil CNE APP, disponible de manera gratuita para los sistemas operativos IOS y Android.

El CNE ratifica la organización de procesos democráticos altamente técnicos y transparentes.

El Pleno de la Asamblea Nacional exhortó al presidente de la República, Daniel Noboa para que implemente acciones de control y supervisión a las operadoras telefónicas y de internet móvil a través del Ministerio de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información (MINTEL) y la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (ARCOTEL), con 84 votos a favor, esto en respuesta a varias denuncias ciudadanas acerca de los problemas en el funcionamiento y el incremento del cobro en estos servicios.

Además, el Legislativo exhortó a la Defensoría del Pueblo a que realicen las averiguaciones pertinentes sobre una presunta mala calidad o el cobro irregular en los servicios de internet y telefonía móvil. La institución deberá entregar un informe al respecto en 30 días.

Así mismo, solicitaron al Ministerio del Interior trabajar en conjunto con las gobernaciones del país para controlar posibles casos de especulación en el precio de los generadores eléctricos o cualquier otro dispositivo que permita el almacenamiento de energía.

Finalmente, la comisión de Fiscalización deberá investigar las acciones de los funcionarios del Estado relacionados al control de los servicios de internet y telefonía móvil y entregar los resultados al Pleno de la Asamblea Nacional un informe dentro de 30 días. 

La Asamblea Nacional recibió la Certificación Internacional ISO 37001:2016, un hito en su gestión antisobornos que demuestra su compromiso con la transparencia y buenas prácticas administrativas.

El reconocimiento fue entregado por Pablo Rodríguez, representante de Staregister en Ecuador, quien destacó la labor de la Asamblea en la implementación de políticas y procedimientos anticorrupción.

Según, la presidenta Viviana Veloz subrayó la voluntad política de su gestión para fomentar la transparencia, en colaboración con la Contraloría General del Estado.

Para Carlos Ordóñez, coordinador de planificación, la Asamblea se convertirá en un referente en Latinoamérica gracias a sus protocolos anticorrupción.

Finalmente, Carlos Pérez, CEO de Staregister, elogió el liderazgo de Veloz y su enfoque en alcanzar la meta de corrupción cero.

El Pleno de la Asamblea, con 89 votos a favor, eligió al Otto Vera Palacios, representante de la provincia de Santa Elena, como el primer vicepresidente, quien rindió juramento ante Viviana Veloz, presidenta de la Asamblea Nacional. “Juro por mi familia, por mi pueblo, por todos los ecuatorianos, que cumpliré fielmente con la Constitución y la Ley”, dijo.

Tras tomar posesión de su nueva dignidad, Otto Vera expresó su orgullo de pertenecer a un Parlamento que ha aprobado 30 leyes, dejando de lado intereses partidistas. Felicitó a las autoridades de la Asamblea por haber contribuido con la agilidad en el trabajo legislativo, lo cual augura que la eficiencia en la legislación dará mucho de qué hablar en el Ecuador.

Además, Vera dijo que el pueblo se alegra cuando escucha que la Asamblea aprueba leyes para la eficiencia energética; cuando se debaten leyes que promueven la educación superior y dan esperanza a los jóvenes que anualmente se quedan sin matrícula; el pueblo se emociona cuando sabe que se debaten leyes para mejorar el sistema de seguridad social y para garantizar el acceso a la salud.

Así mismo, enfatizó que la fiscalización es un medio que permite conocer el trabajo de las demás funciones del Estado y servidores públicos sujetos al control político de la Asamblea Nacional, para que se tomen correctivos en su gestión.

Finalmente, Otto Vera es ingeniero en Estadística e Informática por la Escuela Superior Politécnica del Litoral; con una maestría en Gerencia e Innovaciones Educativas; actualmente cursa un doctorado en Administración en la Universidad Benito Juárez de México. Desde el 2002 es docente titular en la Universidad Estatal de Santa Elena, donde ejerció como director del Instituto de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico y coordinador de la Comisión de Investigación y Estadísticas de la Presidencia para el desarrollo de nuevos proyectos y carreras.

Los proyectos de Ley para Prevenir y Erradicar la Malnutrición en el Ecuador y de Fomento, Apoyo y Protección a la Lactancia Materna, ya cuentan con informes para el segundo debate, los mismos fueron aprobados por la comisión de Salud de la Asamblea Nacional, estas iniciativas son fundamentales para garantizar los derechos y establecer políticas públicas orientadas al fortalecimiento de los servicios sociales y de salud en el país.

Esta propuesta normativa promueve la coordinación y articulación efectiva entre los distintos niveles de gobierno y sectores involucrados. Su objetivo es implementar políticas, programas y acciones que contribuyan a una nutrición adecuada y al desarrollo integral.

La malnutrición es una problemática social y de salud pública en Ecuador, que impacta de manera significativa las capacidades y el desarrollo de la población, por lo cual su erradicación se convierte en un compromiso global tanto social como político.

Además, en el Ecuador, la malnutrición afecta a una cuarta parte de la población infantil menor de cinco años, incluyendo casos de desnutrición, sobrepeso y obesidad. Este índice es más del doble del promedio de la región de América.

Por lo que, plantean acciones intersectoriales articuladas, asegurando condiciones adecuadas en beneficio de los recién nacidos, niños, niñas, adolescentes, mujeres gestantes y adultos mayores.

Así mismo, proponen un marco normativo que respalde el goce efectivo de estos derechos y el fortalecimiento de los servicios sociales y de salud.

Mientras tanto, este proyecto de Ley tiene como finalidad garantizar el derecho de las gestantes, mujeres en periodo de lactancia, niñas y niños a una alimentación y nutrición saludables, naturales y seguras, promoviendo la lactancia materna exclusiva hasta los seis meses y continua hasta los dos años o más. 

Sin embargo, la iniciativa normativa contempla también la creación de espacios adecuados que faciliten el ejercicio de la lactancia materna.

Finalmente, la comisión de Salud destacó que esta es una fuente de alimentación segura, nutritiva y accesible para el recién nacido y una defensa eficaz contra la enfermedad y la malnutrición infantil en todas sus formas.