La comisión de Gobiernos Autónomos de la Asamblea Nacional, dentro del proceso de fiscalización para determinar el cumplimiento que establece la Ley Orgánica para la Planificación Integral de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica, respecto al Fondo de Desarrollo Sostenible y el Fondo Común, receptó los criterios de los delegados de la Procuraduría General del Estado y de la minera LundinGold.

Según, el delegado de la Procuraduría General del Estado, Esteban Fuertes la absolución de dos consultas de noviembre y diciembre del 2021, en relación a lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley Orgánica para la Planificación Integral de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica, crea el Fondo para el Desarrollo Sostenible Amazónico, que se financiará con una asignación equivalente al 4% del precio de venta por cada barril de petróleo que se extraiga en la Circunscripción Territorial Especial Amazónica y que se comercialice en los mercados internos y externos. “No tenemos comercialización en el mercado interno”, fue la conclusión de la PGE en el 2021, indicó.

Para el asambleísta Héctor Valladarez los pronunciamientos de la Procuraduría General del Estado del 2021, generaron una afectación en más 521 millones de dólares a la amazonía, entre el 2019 y 2023. “Hay un intento de eludir la Ley para perjudicar a los amazónicos”, quiero recordarles el contenido de la normativa anterior y actual respecto a tales recursos, aseguró.

Por su parte, el delegado de la Empresa minera LundinGold, Juan José Herrera explicó la guía de producción de 450 mil y 500 mil onzas de oro, con la participación de 1.900 empleados.

En cambio, el abogado Rodrigo Boja sostuvo que el Fondo Común, relacionado al pago anticipado de regalías. Por este concepto, se ha cancelado 65 millones de dólares como pago anticipado. Advirtió que existe dualidad en la normativa, por tanto no está clara la entidad que recauda los recursos.

Finalmente, Yolanda Flor expresó que el total de las regalías mineras llegan a 156 millones de dólares y por utilidades 69 millones de dólares, entre el 2016 y 2024.

Este jueves 16 de agosto 2024, el presidente de la República, Daniel Noboa entregó obras en Chimborazo, para mejorar la conectividad vial de Riobamba con el país. Inauguró la Avenida Monseñor Leonidas Proaño y firma de convenios de vialidad con los gobiernos locales para garantizar una movilidad segura e infraestructuras de calidad.

Además, el Presidente Noboa anunció la reconstrucción del puente Cornelio Dávalos, situado en la carretera Balbanera – Pallatanga – Cumandá. “Lo que antes fue una promesa, hoy es una realidad”.

La rehabilitación de la Av. Monseñor Leonidas Proaño beneficiará directamente a más de 125.000 riobambeños e indirectamente a otros usuarios que transitan por esta importante arteria vial, “un punto clave que conecta la Sierra con la Costa y por donde pasan las principales rutas que unen al Ecuador”, La obra incluyó la ampliación de dos a cuatro carriles y una rehabilitación integral en 1.1 kilómetros (km) de longitud, con una inversión de 1.9 millones de dólares, 850.000 dólares a través del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, destacó el Jefe de Estado.

Mientras tanto, los convenios tripartitos de cooperación interinstitucional para el mantenimiento y mejoramiento vial de la provincia entre el MTOP, el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Chimborazo y los GAD municipales de Penipe y Pallatanga. El aporte del gobierno central será proporcionar equipos, maquinaria, material y puentes Bailey, con el propósito de asegurar el mejoramiento y mantenimiento de las carreteras Bilbao – Cahuají Bajo y Balbanera –Pallatanga – Cumandá.

Finalmente, el Mandatario insistió en la reconstrucción del puente Cornelio Dávalos (conocido como “Salsipuedes”). En esta se realizará el derrocamiento del antiguo puente y la construcción de uno nuevo “de 225 metros de largo y 11.5 metros de ancho, con dos carriles para circulación vehicular”, con el financiamiento del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), por más de 20 millones de dólares que hará realidad la obra en el futuro.

La asambleísta de la Revolución Ciudadana, Mónica Palacios presentó el proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a varias leyes para fortalecer el derecho de participación de los ecuatorianos residentes en el exterior.

Según, Mónica Palacios el número de registrados ha ido en ascenso dado que en la primera elección del 2006 se empadronaron 143.352 personas y para las últimas elecciones del 2024, 429.165 facultados para votar, estos datos no representan ni el 50 % de ecuatorianos residentes en el exterior.

Las reformas al Código de la Democracia, propone que el Consejo Nacional Electoral en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, reglamenten los procesos necesarios para hacer efectivo el derecho al sufragio de las ecuatorianas y los ecuatorianos residentes en el exterior, señaló Palacios.

Además, establecer incentivos para fomentar el cambio de domicilio y participación electoral, dijo la legisladora.

También, propone reforma la Ley Orgánica de Movilidad Humana con el objetivo que el CNE en coordinación con el Ministerio rector en materia de relaciones exteriores y movilidad humana, establezca sistemas presenciales y virtuales que faciliten la actualización del registro electoral.

Mientras tanto, el Consejo Nacional Electoral y el Ministerio de Relaciones Exteriores en el plazo de 90 días establecerán un sistema virtual de fácil acceso que permita la actualización de domicilio en el exterior, para masificar el empadronamiento en el exterior.

Finalmente, el CNE y el Ministerio de Reacciones de Relaciones Exteriores informaran a la Asamblea Nacional, a través de la Comisión de Relaciones Internacionales, las acciones, campañas de difusión para el cambio de domicilio y actualización del registro electoral en el exterior.

Con el propósito de promover la igualdad de oportunidades, para el desarrollo del país y de la juventud ecuatoriana, este miércoles 14 de agosto 2024, el presidente de la República, Daniel Noboa, en la universidad Luis Vargas Torres, de la ciudad de Esmeraldas entregó nuevas ayudas académicas para garantizar la continuidad de los estudios de jóvenes que cursan una carrera de tercer nivel.

El Programa de Becas «Apoyo Académico” otorga 795 dólares a cada beneficiario por un periodo académico, brindándoles los recursos necesarios para cubrir los gastos relacionados a la producción de trabajos de investigación, adquisición de instrumental, materiales, textos bibliográficos, equipos u otros insumos.

“La educación es uno de nuestros ejes para transformar al país, hoy llegamos con las primeras 1.000 ayudas económicas a Esmeraldas, de un total de 2.000 que se otorgarán en esta provincia, con una inversión de 1.5 millones de dólares. Se prevé entregar 3.000 de estas becas en Esmeraldas y Los Ríos. “Es hora de cambiar, sí se puede, este es un trabajo que no se detiene”, expresó el Jefe de Estado.

Para el secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, César Vásquez “hoy estamos cumpliendo un nuevo hito con los jóvenes del país”. Estas becas se entregan a jóvenes que cumplen con los criterios de selección, coadyuvando a bajar los niveles de deserción que existen en la educación superior por falta de recursos económicos y a promover un futuro alentador, dijo.

Finalmente, el Mandatario insistió que están transformado vidas con las Becas Saudí. “Este proyecto involucra a todo el Ecuador y Esmeraldas no se iba a quedar atrás. La oportunidad que tenemos ahora es única. Este es nuestro momento de tomar todas las herramientas y trabajar por el país que todas las familias ecuatorianas merecen”, puntualizó el Presidente de la República.

El Pleno de la Asamblea Nacional, con 79 votos a favor aprobó la Ley de Armas, Municiones, Explosivos y Materiales Relacionados. El objetivo de la Ley es regular, registrar y controlar todas las actividades relacionadas a las armas, en sus diferentes tipos, con la finalidad de fortalecer el orden público y la seguridad del Estado.

Según, el asambleísta Xavier Jurado, de la comisión de Seguridad, indicó que “la lucha contra las armas ilegales que aterrorizan al Ecuador requiere una normativa que respalde a las Fuerzas Armadas y Policía Nacional en su lucha contra ellas y permita generar políticas públicas de criminalística para separar aproximadamente 1 millón 200 mil armas ilegales de las calles”.

Además, Jurado dijo que “con esta Ley el Ecuador formará parte de organismos internacionales en materia de control de sustancias químicas, biológicas, así como municiones y armas de todo tipo, tal como las armas menos letales y eléctricas, sobre las que no existía regulación”.

Así mismo, establece requisitos para la obtención de permisos de uso y tenencia de armas de fuego, como: tener 25 años; contar con una certificación psicológica forense y análisis toxicológico avaladas por el Ministerio de Salud; certificar destreza en el uso y manejo de armas a través del Ministerio de Defensa, no registrar antecedentes de violencia de género o contra miembros del núcleo familiar, entre otras.

En cambio, los legisladores Otto Vera y Sandra Rueda coincidieron que “esta Ley se debatió con las entidades, organismos y expertos en la materia, no busca armar a la población, sino regular con rigor el acceso a las armas, asegurando que solo las personas capacitadas puedan poseerlas”, puntualizaron.

Para la asambleísta Lucía Posso “el 84 % de los homicidios que se cometen actualmente en el país se realizan con armas de fuego, por lo que es crucial generar un contexto de control riguroso acorde a las nuevas dinámicas con las que opera el crimen organizado”.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Proveedores de la Industria Minera, Gustavo Pico  expresó que la Ley permitirá evitar el desabastecimiento de explosivos para la ejecución de proyectos industriales de construcción.

Finalmente, las proyecciones del Banco Central, señala que la necesidad de estos explosivos en el país incrementará en un 500 % hasta el año 2030”, precisó.

Este 12 de agosto, el Consejo Nacional Electoral aprobó la acreditación de 15 personas como observadores nacionales para las Elecciones Generales 2025, registradas en la primera fase.

Con el objetivo de ampliar la presencia de observadores en el proceso democrático, el CNE abre un nuevo periodo de acreditación del 16 al 29 de agosto. Podrán participar personas naturales y jurídicas nacionales, así como extranjeras que hayan residido legalmente en el país de manera continua durante al menos cinco años. El trámite se podrá realizar en línea o presencialmente

Los interesados deben descargar el formulario disponible en http://www.cne.gob.ec, completarlo, adjuntar la documentación requerida y enviarlo digitalmente. También pueden presentar los documentos en la Secretaría General del CNE o en las Delegaciones Provinciales

Está semana el Pleno de la Asamblea Nacional tramitará en primer debate el proyecto de ley interpretativa del artículo 196 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD) y en segundo debate, los proyectos de Ley Orgánica de Defensa Contra Incendios y de Ley de Armas, Municiones, Explosivos y Material Relacionado.

Así mismo, las comisiones desarrollarán sus actividades relacionadas con la producción de informes sobre proyectos de Ley, la socialización de iniciativas legales y la recepción de comparecencias, al igual que comisiones generales en las cuales autoridades, gremios, organizaciones sociales y la academia presentarán sus observaciones a las leyes, como expondrán los avances en la aplicación de políticas públicas en diversas materias.

El martes 13 de agosto 2024, a las 09h00 en la sesión 954 los legisladores conocerán la declaratoria del Día Nacional del Gamer y de las Industrias de los Videojuegos y los Deportes Electrónicos, como primer paso para la Ley de Economía Naranja.

En Cambio, el proyecto de Ley de Defensa Contra Incendios, contiene 62 artículos, busca regular la organización, competencia, carrera profesional y régimen administrativo-disciplinario del personal de los Cuerpos de Bomberos, con fundamento en los derechos, garantías y principios establecidos en la Constitución, la Comisión de Gobiernos Autónomos recomienda dar paso al segundo debate, ya que se enfoca en mejorar la capacidad técnica y operativa de los Cuerpos de bomberos del país, permitiendo que las instituciones puedan responder eficazmente a las emergencias como incendios estructurales, forestales, vehiculares, brindar atención prehospitalaria inmediata y realizar diversos rescates en inundaciones, deslaves y otros desastres.

Finalmente, el segundo debate del proyecto de Ley de Armas, Municiones, Explosivos y Materiales Relacionados, la comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral considera que la propuesta cumple con las disposiciones constitucionales y legales que habilitan su presentación ante el Pleno de la Asamblea como una reforma de Ley, que contiene disposiciones reformatorias a otros cuerpos legales en materia penal y cumplen con el mandato del soberano. El proyecto consta de 87 artículos; 11 Disposiciones Generales; 9 Disposiciones Transitorias; y, 2 Derogatorias.

La comisión de Educación de la Asamblea Nacional, recibió las observaciones de tres delegadas del Consejo Plurinacional por el Pueblo Afroecuatoriano. Dentro del proceso de construcción del informe para primer debate de las reformas a la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), Narcisa Quiñónez, Mercedes Zambrano y Ana Congo coincidieron que las reformas deben buscar la inclusión basada en el respeto y el reconocimiento del pueblo afrodescendiente ecuatoriano. Considerando que “la LOES debe plantearse el objetivo de implementar conocimientos interculturales y ancestrales como eje transversal en todas las carreras de formación profesional”.
 
Para Ana Congo “en el 2023, la UNESCO recomendó a los países de América Latina y el Caribe implementar, a través de sus instituciones de educación superior, cursos interculturales y antirracistas de carácter obligatorio para autoridades, docentes, investigadores y estudiantes, con la finalidad de asegurar la calidad educativa”, dijo.

En cambio, la comisión recibió el informe sobre el programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes para el Desarrollo (PISA), por parte de la directora del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, Susana Araujo.

“La evaluación internacional PISA mide seis niveles de entre los 335 y los 1000 puntos, el más alto desde los 699 puntos en adelante”. “En el 2017, el Ecuador obtuvo 399 puntos en ciencias, 377 en matemáticas y 379 en lectura siendo un resultado favorable, de básico superior, por estar sobre el promedio en América Latina”.

Por lo que, la evaluación PISA 2025, los estudiantes serán evaluados en su capacidad de razonamientos científicos, lectura, habilidades para sintetizar información y entender mensajes complejos, matemáticas, habilidades cuantitativas y módulo innovador de aprendizaje en el mundo digital. Participarán 91 países y las pruebas serán adaptativas para estudiantes de alto y bajo rendimiento, explicó.

Finalmente, “Ecuador participa en este proceso evaluador con la finalidad de posibilitar que los responsables de la política pública educativa puedan, con base en los resultados, generar protocolos para que los estudiantes aprendan mejor, los docentes eduquen mejor y las instituciones funcionen mejor al relacionar el aprendizaje con el contexto en el que se desenvuelven los estudiantes”, precisaron.

El Pleno de la Asamblea Nacional, con 76 votos a favor, resolvió archivar el juicio político contra la ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, Gabriela Sommerfeld, propuesto por la asambleísta Jhajaira Urresta, de la Revolución Ciudadana, por un presunto incumplimiento de funciones, los informes de posiciones enviados por los asambleístas César Umajinga, Lenin Barreto y Sofía Espín, integrantes de la Comisión de Fiscalización y Control Político.

Luego, que la comisión de Fiscalización no tuvo los votos para emitir un informe motivado para que recomiende el juicio político o el archivo de la causa, el Pleno de la Asamblea Nacional conoció los informes de posiciones de los miembros de la comisión, las actas de votación y documentos referentes a la sustanciación de la solicitud de juicio político propuesta por la legisladora Jhajaira Urresta, de acuerdo al inciso tercero del artículo 82 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa.

Por lo que, el Pleno de la Asamblea Nacional acogió la moción del legislador César Umajinga que proponía el archivo del juicio político, esto de acuerdo a lo que establece el artículo 83, inciso primero, numeral 2, de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, si el informe se refiere a las actas y las posiciones de los legisladores y no haber un informe aprobado que recomiende el archivo o el juicio político, el Pleno de la Asamblea Nacional previa moción motivada de cualquier legislador, podrá resolver el archivo del trámite o el juicio político para lo cual se requerirá el voto favorable de la mayoría simple de sus integrantes.

Según, el asambleísta César Umajinga, el juicio político contra la ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, Gabriela Sommerfeld, se constituye una revancha política y se fundamentaba en los argumentos presentados por México en contra de Ecuador, debido a la irrupción en su Embajada, en Quito, el pasado 5 de abril, acción que fue respaldada por la mayoría de los ecuatorianos, por lo cual la solicitud debería ser archivada, dijo.

Finalmente, los legisladores Barreto, Espín y Urresta justificaron la necesidad de continuar con el proceso del juicio político, la funcionaria no habría justificado su inocencia. El incumplimiento de funciones y debelaron que parientes de la ministra Sommerfeld se habrían beneficiado de la ruptura de relaciones diplomáticas con México, porque tienen acciones en empresas de aviación en rutas que reemplazaron los vuelos con destino a México. Insistieron que la imagen internacional del Ecuador quedó afectada por la gestión de Sommerfeld, quien no estaría capacitada para ejercer técnica y profesionalmente la Cancillería, puntualizaron.