En una rueda de prensa improvisada, este miércoles 5 de junio 2024, el presidente de la Asamblea Nacional, Henry Kronfle, junto a los vicepresidentes Viviana Veloz, Eckenner Recalde, algunos miembros del CAL, el jefe de la bancada de Construye, Camilo Salinas, salieron al paso y rechazó las declaraciones del viceministro de Gobierno, Esteban Torres, de una supuesta pugna de poderes al interior de la Asamblea Nacional; confabulación contra el Ejecutivo para alcanzar la destitución.

Además, Kronfle  “pidió al Gobierno que cambie a su vocero, por una persona que tenga conocimiento jurídico y político, para que no diga que sabe más de la Asamblea Nacional cuando ni siquiera pisa el Parlamento”, insistió.

Así mismo, “las declaraciones del viceministro de Gobierno, Torres son completamente ilógicas, carecen de sentido jurídico, aquí no estamos para luchar los poderes del Estado, estamos para buscar gobernabilidad y para darle estabilidad política al país; y los poderes del Estado son independientes, por lo cual no debemos interferir los unos con los otros”, aseguró el presidente de la Asamblea Nacional.

Por lo que, las comisiones han sido debidamente integradas y duran dos años. No se va a cambiar, ni se puede cambiar ninguna comisión; de dónde saca esa información; ha dicho que se ha conformado una comisión multipartidista para intentar el inicio de un juicio político al Primer Mandatario. La Asamblea aprobó la comisión que por mandato constitucional y legal debe analizar el Informe a la Nación rendido el 24 de mayo, y elaborar un informe motivado sobre el cual la Asamblea se pronunciará, dijo.

Mientras tanto, el Asambleísta de Construye, Jorge Peña señaló que es “un cuco el que tiene el viceministro de Gobierno, el trabajo de la comisión será de forma técnica el análisis del informe presidencial, un acuerdos político no existe y peor con el correismo.

Finalmente, la primera vicepresidenta de la Revolución Ciudadana, Viviana Veloz sostuvo que como existe un analfabetismo jurídico intenta engañar a la ciudadanía el vocero del Gobierno, de acuerdo al artículo 120 numeral cuarto, artículo 44 inciso final, el artículo 129 de la Constitución de la República establece claramente las causales para la destitución del Presidente de la República y es descabellado lo que dice el viceministro Torres.

La Asamblea Nacional, con 75 votos a favor designó al delegado ante la Comisión Técnica encargada de realizar el seguimiento a la gestión de los procesos de creación de las cuatro universidades estatales de la Amazonía, en cumplimiento de la Disposición Transitoria Vigésima de la Ley Reformatoria a la Ley para la Planificación Integral de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica.

El asambleísta Celestino Wisum, de la provincia de Morona Santiago, como representante de la Asamblea Nacional, destacando la importancia del acceso a la educación superior en la región amazónica.

Con la designación, no solo está garantizada una representación digna, sino que estaremos reafirmando nuestro compromiso con la inclusión y diversidad cultural de nuestro país”, puntualizaron los legisladores.

El presidente Daniel Noboa asistió al Encuentro sobre seguridad y construcción de una cultura de la legalidad, el objetivo ampliar el debate y la visión sobre acciones y estrategias de seguridad frente a grupos de delincuencia organizada, basadas en evidencia y experiencias, a nivel nacional e internacional. El evento se realizó en conjunto con el Banco de Desarrollo de América Latina y El Caribe (CAF), en las instalaciones del Club La Unión, en la ciudad de Quito. En el encuentro participaron líderes gubernamentales, expertos internacionales y altos representantes de organizaciones multilaterales, un esfuerzo coordinado para enfrentar la situación que aqueja al país y a la región, debido a la persistencia del crimen organizado.

Según, el presidente Noboa estos espacios permiten “discusiones de alto nivel, con reflexiones necesarias, con propuestas encaminadas a fortalecer la política pública y a la toma de decisiones en un campo tan necesario para nuestro país como es el de la seguridad”, dijo.

Además, el Primer Mandatario recordó que este flagelo toma fuerza a nivel regional, por lo que “para librar la lucha que llevamos adelante, necesitamos fortalecer espacios de cooperación interinstitucional y por supuesto de la cooperación internacional”, aseguró.

Para la ministra del Interior, Mónica Palencia sin unidad, “la supervivencia de nuestros Estados está en riesgo”, al enfrentarse a un crimen organizado y narcotráfico, fortalecidos, que compiten con las industrias más rentables del planeta. Por lo que “es un momento crucial no solo del Ecuador sino para la historia de Latinoamérica”.

De igual manera, Sergio Díaz, presidente ejecutivo de la CAF, expresó que América Latina y El Caribe concentran 400.000 hectáreas de toda la producción de coca a nivel mundial. “Somos un escenario de la empresa criminal transnacional y esa entidad criminal, sumada a la corrupción, socava la estructura democrática en nuestros países”. Por ello, esta lucha exige consensos y coordinación de todos los niveles. Bajo ese enfoque, durante este Encuentro sobre Seguridad se priorizó el intercambio de conocimientos y prácticas internacionales de los distintos niveles de gobierno.

Mientras tanto, el presidente de la República, Daniel Noboa hizo un llamado a la unidad, sobre todo a los jóvenes, para alcanzar el objetivo más grande que tenemos: “Limpiar nuestras naciones, de las mafias y alcanzar el verdadero bienestar para todos los ciudadanos”, insistió.

Finalmente, el presidente Noboa anunció que el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y la Comandancia General de la Policía Nacional ejerzan temporalmente sus funciones y atribuciones desde Manta. “Desde aquí se peleará esta guerra y este conflicto armado interno”, precisó.

El incremento de las penas hasta en el 319 %, las investigaciones financieras previo a la extinción de dominio, la eliminación de la confiscación, el hacinamiento en las cárceles, entre otros, son los temas que preocupa a los representantes de los gremios de profesionales del derecho, universidades y docentes, en relación al proyecto de Ley unificado de reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP) y a la Ley de Extinción de Dominio, de acuerdo a las cinco iniciativas remitidas por el Presidente de la República, Daniel Noboa.

Según, Paúl Córdova, catedrático universitario la comisión Multipartidista dentro del tratamiento de las reformas al COIP debe considerar la dosimetría penal, que es la aplicación de principio de proporcionalidad de las penas en función del daño efectuado a la sociedad, así como los estándares convencionales y el pronunciamiento de la Corte Constitucional, al momento de definir el procedimiento establecido en la Ley de Extinción de Dominio.

En cambio, el presidente del Colegio de Abogados de Pichincha, Paúl Ocaña indicó que el incremento de las penas en ciertos delitos. Y consultó a los legisladores en qué basan el análisis o estudio criminológico se sustenta el incremento en el 319 % de la pena en el delito de financiación de terrorismo, constante en el artículo 367 del COIP.

Para César García del Colegio de Abogados del Guayas, la reforma a la Ley de Extinción de Dominio que violaría el principio de inocencia, se debe respetar la supremacía de la Constitución y la voluntad popular, no solamente se deben subir las penas, sino fortalecer la política criminal y medios alternativos para solucionar los problemas. Planteó efectuar investigaciones financieras a la par de la investigación penal.

De su lado, Santiago Velásquez, decano de la Facultad de Derecho, Política y Desarrollo de la Universidad Espíritu Santo, señaló que la reforma al COIP, respecto a la entrega de las armas, partes o piezas, explosivos, municiones o accesorios que fueron instrumentos u objeto material de un delito, para uso inmediato de la Policía Nacional o las Fuerzas Armadas, se elimine la facultad de confiscación, porque contradice la Constitución. Respecto al incremento de las penas espera que haya el criterio técnico respetando el principio constitucional de proporcionalidad. La Ley Orgánica de Extinción de Dominio planteó que la declaratoria sea efectuada mediante un proceso judicial autónomo.

Por lo que, el director ejecutivo de Posgrado y Educación Continua de la Universidad ECOTEC, Mario Cuvi es partidario que tiene que ser estrictamente a la Constitución y a los estándares de la sentencia de la Corte Constitucional en las reformas legales. El porte y tenencia de armas no debe afectar a la tenencia y uso civil.

Mientras tanto, el rector de la Universidad Particular San Gregorio de Portoviejo, Jaime Alarcón aseguró que el aumento de las penas en los delitos no es el camino más adecuado para reducir la delincuencia, porque genera congestión de trámites en las unidades judiciales, hacinamiento en los centros de rehabilitación social y aumento del costo del sistema carcelario, que en la mayoría de los casos empeoran los problemas. Planteando medidas subsidiarias a la pena privativa de libertad, como el trabajo comunitario, en delitos leves.

Finalmente, Daniel Pontón, docente de la Universidad de Posgrado del Estado, explicó la sociología del castigo, utilidad de la pena y sus fines. El Ecuador más allá del incremento de las penas requiere efectividad de la justicia, puntualizó.

El nuevo Coordinador Zonal 4 de Educación es Maximiliano Núñez Tomaselli, con más de 8 años de experiencia en el sector público y privado, experto en innovación, diseño de proyectos tecnológicos, sociales y educativos. Desde el 29 de mayo del 2024 asumió las funciones y estará al frente del sistema educativo de las provincias de Manabí y Santo Domingo de los Tsáchilas.

Además, Núñez es Ingeniero en Negocios Internacionales de la Escuela Superior Politécnica del Litoral; Project Manager del Regional Entrepreneurship Aceleration Program (REAP) en el Instituto Tecnológico de Massachusetts MIT; Máster en Innovación y Desarrollo de Proyectos por la Universitat de Valencia y Máster en Transformación digital en el TECH Universidad Tecnológica.

Así mismo, ha desempeñado funciones como director de Innovación y Competitividad del Gobierno Municipal de Portoviejo y coordinador del CETI (Centro de Emprendimiento, Innovación y Competitividad), Coordinador del Clúster de Salud, director Ejecutivo de Fundación Edúcate, director de Proyectos de Nexos para la Competitividad y Sociedad y director de Operaciones de Hult Prize Ecuador.

En el ámbito académico ha apoyado como investigador en la Escuela de postgrados ESPAE, tutor del diplomado de Innovación Pública de la CAF y la ESPOL y asesor de innovación en la Universidad San Gregorio de Portoviejo.

Finalmente, el coordinador centrará su trabajo en los territorios y de cerca con las comunidades educativas para garantizar el acceso y permanencia a la educación. “Vamos a poner todo nuestro esfuerzo y corazón para que el sistema educativo de Manabí y Santo Domingo de los Tsáchilas se fortalezca y permita que nuestros niños, niñas y jóvenes sigan en el camino del éxito que le permita cumplir cada uno de sus sueños”, puntualizó.

La Comisión de Garantías Constitucionales de la Asamblea Nacional, dentro del proceso de fiscalización al VIII Censo Nacional de Población, VII de Vivienda y I de Comunidades, recibió a la ministra del Trabajo, Ivonne Núñez y Néstor Toro, de la Contraloría General del Estado, para informar dentro de las denuncias de varias personas contratadas por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC).

Según, Ivonne Núñez, ministra del Trabajo las normativas que tutelan los derechos laborales, como el Código de Trabajo, la Ley Orgánica del Servicio Público y el Código Civil, en este último cuerpo legal se sustentó el contrato de servicios especializados de las personas que colaboraron en el censo nacional, que no contiene determinados beneficios, tampoco generaron dependencia. Por tanto, el registro de este tipo de contratos no es competencia del Ministerio de Trabajo.

Para Paola Cabezas, presidenta de la comisión de Garantías Constitucionales, la institución tiene la responsabilidad de los “abusos” al personal contratado en la modalidad de servicios especializados.

Sin embargo, la ministra Núñez sostuvo que envió a la Asamblea Nacional el informe del cual se desprenden varias conclusiones, respecto a la contratación del personal del censo del INEC. Hay que definir si existió un abuso o incumplimiento de lo pactado.

Por su parte, el delegado del Contralor General del Estado, Néstor Toro expresó que existen dos informes aprobados, un borrador, dos acciones en ejecución y tres planificadas. “Tenemos un total de ocho acciones de control y un indicio de responsabilidad penal, que por su naturaleza es de carácter reservado”.

Así mismo, Toro dijo que los informes aprobados tienen relación con las fases sobre los contratos para publicidad del censo nacional y sobre los contratos de adquisición de bienes y servicios. En ejecución están las órdenes de trabajo sobre el reclutamiento, selección, contratación de personal, pago de remuneraciones y honorarios. Aquí existen hallazgos en construcción.

Mientras tanto, el viceministro de Seguridad Pública, Fausto Iniguez, informó sobre la situación de las personas adultas privadas de la libertad la participación de 3.250 servidores policiales en los 35 centros de rehabilitación social y 10 centros de adolescentes infractores.

Finalmente, la asambleísta Patricia Núñez manifestó que esto fue analizada en la Comisión de Seguridad anterior, así como en el Pleno de la Asamblea Nacional, es necesario conocer los avances, respecto a la protección a las personas privadas de la libertad, alimentación, infraestructura y otras situaciones.

La comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional, continúa receptando los aportes a la reforma a la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, el coronel Cristian Barreiro, director nacional de Control de Tránsito de la Policía Nacional, expresó la preocupación de la institución por el incremento de la criminalidad en las vías del territorio ecuatoriano.

Además, Barreiro presentó la propuesta de reforma a los artículos 158 y 163 de la Constitución; 30 de la Ley de Tránsito y a la Política Pública Nacional de Control Operativo de Tránsito con enfoque de Seguridad Ciudadana y Protección Interna, aprobada mediante acuerdo ministerial.

Así mismo, el director nacional de Control de Tránsito  de la Policía Nacional indicó que estas reformas permitirán contrarrestar los robos, asesinatos, secuestros, extorsión, tráfico de drogas, porte de armas, en los distintos ejes viales del país, en especial en los más propensos al crimen organizado.

Según, Barreiro la fuerza pública y garante de la seguridad ciudadana, la Policía Nacional puede hacer uso de la fuerza, pero no sucede lo mismo con los agentes civiles de tránsito, que genera un grave problema para la atención de situaciones de crisis debido a la delincuencia y presencia de grupos terroristas.

Por su parte, el asambleísta de la Revolución Ciudadana, Blasco Luna encargado de conducir la sesión de la comisión de Desarrollo, dijo que es necesario corregir los problemas que viven en las carreteras y ese es el objetivo de la reforma a la Ley, para brindar garantías y evitar situaciones que perjudiquen a los ciudadanos.

Mientras tanto, el representante del Servicio de Transporte Técnico y Logístico, Remigio Montenegro sostuvo que esta actividad la realizan desde hace 11 años. El pedido de la organización es el reconocimiento de esta modalidad de transporte; garantizar seguridad jurídica; regularización del transporte técnico y logístico; acceso a beneficios como transporte comercial y la dignidad para las personas que se dedican a este servicio.

Finalmente, el legislador Blasco Luna aseguró que analizaran todas las propuestas en la construcción del informe para conocimiento del Pleno de la Asamblea Nacional.

Con 118 votos a favor la Asamblea Nacional, responsabilizó políticamente y censuró al ex ministro del Interior, Juan Zapata, por la inseguridad en el país, durante su gestión, lo cual derivó en la muerte de muchos ecuatorianos, incluidos alcaldes, concejales y el ex candidato presidencial, Fernando Villavicencio. La resolución del Parlamento le inhabilita para ejercer cargo público por dos años.

Para el interpelante Carlos Vera Mora los hechos que configuran el incumplimiento de funciones, la falta de ejecución del presupuesto del Ministerio del Interior y la falta de acción del ex ministro del Interior, Juan Zapata, para garantizar la seguridad interna, lo cual se puede resumir en una nula ejecución presupuestaria del 34,9 % en el 2023.

Además, la inadecuada gestión del ex funcionario contribuyó al incremento de las muertes violentas en un 65,65 %, entre el 2022 y el 2023, con un total de 8.094 muertes violentas, entre asesinatos, homicidios, femicidios y sicariatos, la cifra más alta desde que existen registros administrativos, explicó.

Mientras tanto, las bandas cuentan con armamento de alto calibre, medios de movilización y toda una estrategia para atacar, la Policía no contaba con lo necesario, pese a que el ex ministro tenía recursos económicos, pero no ejecutó el presupuesto.

El ex ministro del Interior, Juan Zapata es políticamente responsable de las dolorosas pérdidas para las familias ecuatorianas, hechos que generaron miedo y zozobra dentro de la sociedad, situación agravada cuando personas que por su perfil de riesgo debían ser protegidas por el gobierno, fueron brutalmente asesinadas, como en el caso de Fernando Villavicencio, 103 policías fueron asesinados en el cumplimiento del deber, en el 2023.

Mientras tanto, en su defensa, el ex ministro Juan Zapata aseguró que es impensable y descabellado que el auge de la inseguridad se diera y crecido durante 13 meses que ejerció como Ministro del Interior, las cifras de incautación de droga, armas de grueso calibre, desmantelamiento de las estructuras del crimen organizado, captura de objetivos de alto valor (cabecillas de bandas), así como la graduación masiva de nuevos elementos policiales para atender la demanda nacional, en materia de seguridad.

Finalmente, 11 legisladores intervinieron en el debate, quienes cuestionaron la administración de Juan Zapata como ministro del Interior, demostrando su indolencia frente al incremento de la criminalidad y falta de capacidad para invertir los recursos públicos y dotar de chalecos, armas, municiones, patrulleros y demás equipos, pertrechos e insumos para que la Policía Nacional cumpla con su deber de garantizar las seguridad interna y el orden público, por lo que la Asamblea Nacional debe sentar un precedente con la censura al ex funcionario del gobierno de Guillermo Lasso, precisaron.

La Comisión Multipartidista, avoco conocimiento de los cinco proyectos de ley remitidos por el presidente de la República, Daniel Noboa y decidió unificar los proyectos de reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP) con la reforma a la Ley Orgánica de Extinción de Dominio, de conformidad con el artículo 58.1 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa.

Según, la legisladora Lucía Posso, considera la unidad de materia es oportuno unificar los proyectos de Ley, relacionados con la consulta popular y referéndum del 21 de abril del 2024.

Además, los asambleístas resolvieron solicitar al presidente de la Asamblea Nacional, Henry Kronfle, que a través de asesoría jurídica responda a la consulta sobre la procedibilidad y aplicación de la unificación de los proyectos de Ley, así como los plazos para la aprobación del informe de primer y segundo debate, incluyendo el plazo de socialización de las iniciativas.

Además, la moción presentada por la legisladora Catalina Salazar fue aprobada con cinco votos a favor.

Por lo que, una vez que la respuesta a la consulta la comisión procederá con la aprobación del cronograma de trabajo, hasta tanto la sesión fue suspendida.

Las cuatro propuestas legales de reforma al COIP se refieren al incremento de penas de los delitos; que las personas privadas de la libertad cumplan la totalidad de sus penas dentro de los centros de rehabilitación social en determinados delitos; tipificación del delito de tenencia o porte de armas, municiones o componentes que son de uso privativo de las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional y el destino de las armas utilizadas en ilícitos.

Finalmente, la reforma a la Ley Orgánica de Extinción de Dominio establece que para iniciar la investigación de extinción de dominio, no se necesita una declaración de sentencia penal condenatoria.