El presidente de la República, Daniel Noboa, en la provincia de Chimborazo entregó los títulos de propiedad e insumos a los productores agropecuarios para impulsar su capacidad productiva y mejorar su calidad de vida. «Ustedes no solo son la base de sus familias, sino el pilar fundamental de nuestra nación. Sus manos laboriosas son un recurso indispensable para el progreso de nuestro país», dijo.

Los más de 800 títulos de propiedad, kits de semillas y carnets de Agricultura Familiar Campesina a las familias en el país.

Además, de 35 productores obtuvieron su certificación en Comunidad de Aprendizaje, un programa destinado al apoyo del desarrollo agrícola sostenible.

Así mismo, la entrega de las escrituras el Jefe de Estado destacó la importancia de legalizar las tierras, que “confirman el derecho de uso de la tierra en la que han trabajado durante años. Esto significa que nadie podrá quitársela, esta tierra es suya y de sus hijos”, señaló.

Mientras tanto, que los títulos de propiedad les permitirán tener seguridad jurídica, acceder con mayor facilidad a los créditos del BanEcuador, a programas y proyectos que ejecuta el Gobierno Nacional, el bono de la vivienda. Será un instrumento de desarrollo económico y social que impulsará la inversión, productividad y estabilidad en las comunidades. “Estamos cumpliendo esos sueños. No solo estamos dando insumos, sino que estamos dando dignidad. Estamos dando futuro”, puntualizó.

En el debate de las reformas al Código Orgánico del Ambiente Unificado, a la Comisión de Biodiversidad comparecieron David López, delegado del Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales y Karín Jaramillo, asesora jurídica de la Asociación de Municipalidades del Ecuador. En representación de los 825 gobiernos parroquiales del Ecuador.

Según, David López dijo que existe la necesidad de incrementar el alcance del artículo 28 de la reforma planteada, para que los GAD parroquiales tengan mayor participación en las decisiones ambientales en sus territorios.

Además, López señaló que los gobiernos parroquiales deben realizar, en coordinación con los gobiernos provinciales, proyectos de conservación ambiental e hídrica, propuestas de incentivos para su protección y la supervisión de obras públicas y privadas, en materia ambiental, para que cumplan requisitos técnicos de calidad, en concordancia con lo establecido en el artículo 146 del Código Orgánico de Organización Territorial vigente.

Mientras tanto, Karín Jaramillo, asesora jurídica de AME, sostuvo que se debe conformar una mesa técnica con los representantes y delegados de los GAD, en todos sus niveles, el objetivo para que los legisladores aclaren sus dudas respecto a las competencias en el manejo de desechos sólidos y de sanidad ambiental, temas incluidos en la reforma y que hacen compleja la determinación de competencias entre los gobiernos autónomos y la entidad rectora del ambiente.

Por lo que, Jaramillo explicó que “en el texto analizado se define a los servicios ambientales como generados por la intervención humana en los ecosistemas, cuando realmente se generan por la interacción entre ecosistemas”.

También, solicitaron aclarar para que las competencias de los municipios sobre estos servicios no se vean alteradas, dejando establecido que la intervención humana se da como parte de su mantenimiento y conservación.

Finalmente, el presidente de la Comisión de Biodiversidad y Recursos Naturales, Guido Vargas aseguró que la comisión está abierta para recibir a los directivos de los gobiernos autónomos descentralizados, para construir una Ley que beneficie a todos los sectores con respeto irrestricto a los derechos de la naturaleza.

Por unanimidad, la Comisión de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social, aprobó el informe de fiscalización al Museo de Carondelet o proyecto de Museo de la Función Ejecutiva, mismo que será remitido a la Contraloría y a la Fiscalía General del Estado, según consta en las recomendaciones.

En el informe se advierte que, desde los gobiernos de los expresidentes, Lenin Moreno y Guillermo Lasso fue suspendido, sin ningún procedimiento administrativo, el servicio público que brindaba el Museo de Carondelet, en donde se exhibían piezas de alta calidad donadas por diversas naciones, se realizaban recorridos que contenían información de la historia nacional, con una asistencia de alrededor de 500 personas por día.

También, concluyó que el museo fue desmantelado y algunas de sus piezas de exhibición, embodegadas, “sin razón alguna ni motivación”. Según los miembros de la comisión, habrían desaparecido alrededor de 8 mil piezas, por lo que consideraron urgente que proceda el proceso de fiscalización e intervengan instituciones de control.

En el informe se denuncia que los objetos del Museo de Carondelet, a pesar de no exhibirse, continúan generando egresos de 60 mil dólares por seguros que precautelan su valiosa existencia. Otro egreso extra representan los funcionarios que están a cargo de estos bienes, superando los 100 mil dólares, lo que constituye un costo anual para el Estado, sin recuperación.

Por otro lado, en las mismas conclusiones del informe, se puntualiza que no existe una coincidencia técnica entre los informes de intervención de la Secretaría Administrativa de la Presidencia y de la Contraloría General del Estado, mientras la primera asegura la existencia de 12.991 bienes, la otra indica que se trata de 13.403, “diferencia que debe ser tratada por las nuevas autoridades de la Contraloría General del Estado y tener la atención de la Fiscalía”.

El presidente de la Asamblea Nacional, Henry Kronfle recibió la visita protocolaria de la Fiscal General del Estado, Diana Salazar, analizaron varios temas, como los proyectos de ley que ha presentado la Fiscalía en el parlamento.

Además, conversaron sobre la comparecencia de la Fiscal ante el Pleno de la Asamblea, para informar los avances de todos los casos que maneja la Fiscalía General y que han sido requeridos en resoluciones legislativas.

Así mismo, la Fiscal General del Estado, Diana Salazar junto al presidente de la Asamblea Nacional participó en la ceremonia de relevo de guardia de la Escolta Legislativa, en la plaza Juan Montalvo.

Por su parte, el presidente de la Asamblea Nacional, Henry Kronfle, se refirió al trabajo que realiza la Fiscalía General del Estado, en conjunto con la Policía Nacional, para proteger la democracia en el Ecuador. “Su trabajo es el reflejo firme de su voluntad por devolvernos la paz y dejar un claro mensaje: la impunidad jamás será la respuesta”.

Por lo que, la Asamblea seguirá trabajando junto a la Fiscalía, para alcanzar el objetivo nacional de una justicia equilibrada, que castigue a todos los que han sembrado el terror en las calles.

La Comisión de Educación aprobó el Informe de fiscalización sobre el Proceso de creación de las universidades públicas de las provincias de Santo Domingo de los Tsáchilas, Galápagos y de la Región Amazónica. El objetivo es poner en conocimiento del Pleno de la Asamblea Nacional el proceso de creación de las universidades públicas.

Además, el informe de la comisión incluye observaciones y recomendaciones, basadas la socialización de la comisión con las instituciones responsables de este proceso.

Así mismo, entre las recomendaciones se destacan sobre la creación de las universidades en la Región Amazónica, mantener la coordinación interinstitucional en la mesa técnica con la participación de diferentes entidades, avanzar con los estudios relacionados con la infraestructura de oferta académica y pertinencia del proyecto, incorporar metas e indicadores para evaluar la gestión en las instituciones involucradas en el proceso.

En cambio, la creación de la universidad de Santo Domingo de los Tsáchilas, realizarán el seguimiento a los procesos de contratación y avances para la creación de la Universidad.

Mientras tanto, sobre la creación de la universidad en Galápagos, decidieron solicitar el análisis de pertinencia de la oferta académica en la provincia y evaluar la demanda existente.

Finalmente, el informe aprobado por unanimidad, resolvió la creación de una mesa técnica para el cumplimiento de la Ley Orgánica de Educación Intercultural y la resolución de temas de interés del Sistema Nacional de Educación, acordaron implementar una mesa técnica permanente entre con el Ministerio de Educación por un periodo de 5 meses y el compromiso de trabajar en la legislación y fiscalización, en beneficio de la educación del país.

La Ley Orgánica para el Ahorro y la Monetización de Recursos Económicos para el Financiamiento de la Lucha contra la Corrupción, vigente desde el 9 de febrero del 2024, la aprobación en la Asamblea con 129 votos, dispone que no se requerirá de una sentencia condenatoria ejecutoriada previa, cuando los bienes objeto de extinción de dominio sean de propiedad de uno o varios grupos de delincuencia organizada (GDO) nacional o transnacional.

Además, establece que no se requerirá de la sentencia ejecutoriada previa, cuando se trate de bienes que sean de propiedad de las organizaciones terroristas y actores no estatales beligerantes, identificados mediante resolución motivada del Consejo de Seguridad del Estado, o que se encuentren descritos en las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas o en cualquier otro instrumento internacional ratificado por el Ecuador.

Así mismo, el artículo 4.1 agregado en la Ley de Extinción de Dominio contiene un segundo literal, que hace referencia a los bienes y activos injustificados sobre los cuales exista relación de causalidad con el crimen organizado nacional o transnacional, organizaciones terroristas y actores no estatales beligerantes.

Por lo que, no se requerirá de sentencia condenatoria ejecutoriada previa para iniciar la acción de extinción de dominio cuando se trate de delitos flagrantes, respecto de los bienes o activos cuya titularidad se encuentren en propiedad de uno o varios de los miembros de grupos de delincuencia organizada nacional o transnacional, organizaciones terroristas o actores no estatales beligerantes.

La Ley Orgánica para el Ahorro y la Monetización de Recursos Económicos para el Financiamiento de la Lucha contra la Corrupción, constituye una nueva herramienta que contribuye a la lucha contra la delincuencia organizada y la inseguridad que preocupa a la ciudadanía.

A dos meses de vigencia de la Ley para la Igualdad Salarial entre Mujeres y Hombres, todo empleador público y privado está obligado a remunerar de forma igualitaria a todos sus servidores, trabajadores u obreros, sin discriminación de género, por el mismo trabajo realizado o de igual valor.

Según, la Ley aprobada por la Asamblea Nacional con 134 votos y publicada en el Suplemento del Registro Oficial 481, de 19 de enero 2024, erradica prácticas discriminatorias para eliminar la brecha salarial y de remuneración, por motivos de género en el ejercicio de actividades laborales.

Un trabajo se considera de igual valor a otro cuando la naturaleza de las funciones o tareas efectivamente encomendadas, las condiciones profesionales o de formación exigidas para su ejercicio, los factores relacionados con su desempeño y las condiciones laborales en las que dichas actividades se lleven a cabo sean equivalentes.

Para evaluar el igual valor se utilizan cuatro criterios fundamentales sensibles a la igualdad de género: competencias y calificaciones; condiciones laborales; esfuerzos y responsabilidad.

Todo empleador debe realizar un reporte anual de las acciones y cumplimiento de directrices para alcanzar la igualdad de remuneración entre hombres y mujeres que debe entregar al órgano rector de la política laboral.

De igual forma, la Ley faculta al trabajador, obrero y servidor público a exigir el respeto de su derecho a la igualdad de remuneración, a través de una denuncia ante la Unidad de Talento Humano; en el caso de los trabajadores del sector privado, ante el órgano rector de la política laboral, exigiendo que las resoluciones emitidas en cada caso sean debidamente motivadas.

En cambio, el empleador debe responder la denuncia o reclamo por escrito y debidamente justificada en el término máximo de quince días. En caso de verificación de la vulneración del derecho a la igualdad de remuneración, la institución pública, empresa privada, empleador o empleadora deberá pagar la diferencia de la remuneración con efecto retroactivo y establecer la nueva remuneración de acuerdo con los criterios de trabajo de igual valor.

Mientras tanto, el incumplimiento de estas disposiciones será sancionado conforme a lo prescrito en el régimen jurídico laboral, que corresponde a la relación contractual de la persona trabajadora.

Finalmente, el órgano rector de la política laboral debe emitir el Reglamento que permita operativizar el proceso de cumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente Ley, para la emisión de la respectiva certificación de cumplimiento, así como la publicación de los empleadores que hayan obtenido dicha certificación.