Con 10 votos a favor, la comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional calificó la solicitud de juicio político contra Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura, por lo que, la sustanciación del proceso se inició. La resolución aprobada este jueves 15 de enero del 2026, tras la moción presentada por el asambleísta José Nango. La solicitud de juicio político presentada por los legisladores Viviana Veloz, Raúl Chávez, Liliana Durán, Franklin Samaniego y Xavier Lasso, de la bancada Revolución Ciudadana.

Según, la solicitud de juicio político acusa al funcionario de presuntos incumplimientos de funciones constitucionales y legales por omisión, que habrían afectado gravemente la independencia judicial, la transparencia institucional y el correcto funcionamiento del sistema de justicia. Entre los hechos señalados constan supuestas presiones indebidas a jueces, incluido un juez anticorrupción, posibles conflictos de interés, falta de protección a operadores de justicia y actuaciones institucionales calificadas como encubrimiento. Los proponentes solicitan la censura y destitución del presidente del Consejo de la Judicatura, de acuerdo al artículo 131 de la Constitución y a los artículos 78, 79 y 81 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa.

Además, el presidente de la comisión de Fiscalización, Ferdinan Álvarez, dispuso que se notifique formalmente al funcionario enjuiciado para que presente las pruebas de cargo y de descargo en el plazo de quince días.

Así mismo, serán notificados los proponentes para que sustenten sus acusaciones.

Mientras tanto, se abrirá la fase probatoria adicional de diez días, sin perjuicio que la Comisión, con mayoría simple, solicite pruebas de oficio.

Finalmente, la comisión de Fiscalización elaborará el informe motivado, que será remitido al Pleno de la Asamblea Nacional, instancia que actuará como órgano juzgador y adoptará la resolución correspondiente, garantizando el debido proceso y el derecho a la defensa.

La Comisión de Desarrollo Económico avocó conocimiento de la resolución del Consejo de Administración Legislativa respecto al proyecto de Ley Scooter Seguro, de iniciativa del exlegislador Jhon Vinueza Salinas. La propuesta, de conformidad con lo que estable el artículo 58.1 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, se unifica al proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial y se encuentra en la fase de elaboración del informe para segundo debate, según el cronograma previsto hasta febrero del 2026.

Además, el objetivo del proyecto de reforma es contribuir a la reducción de los riesgos de accidentes viales en el territorio nacional, tanto para conductores como para peatones, mediante la regulación y el control de los vehículos de micromovilidad, motorizados y no motorizados.

Así mismo, la micromovilidad es un término que se utiliza para definir a los medios de transporte, vehículos pequeños o ligeros, como scooters, monopatines y bicicletas, que permiten recorrer distancias cortas y frecuentes de hasta 10 kilómetros, para desplazamientos al trabajo, a la universidad y a otros destinos cotidianos.

En el Ecuador, el uso de la micromovilidad eléctrica como alternativa al transporte convencional se ha popularizado desde el 2020.

Finalmente, de acuerdo con experiencias y marcos normativos similares en otros países, estas formas de transporte representan una oportunidad significativa para la planificación urbana y la mejora de los sistemas de movilidad, con beneficios tanto a nivel ambiental como social.

El Pleno del Consejo de la Judicatura, solicitó la renuncia a los directores provinciales administrativos y disciplinarios a nivel nacional. Esta decisión es para verificar el cumplimiento de los objetivos estratégicos orientados a fortalecer la gestión institucional.

Además, evaluaran integralmente el desempeño de los funcionarios y se verificará, con criterios técnicos, si se han cumplido las metas, funciones y compromisos asumidos en el ejercicio fiscal 2025, como se ha hecho en ocasiones anteriores.

Esta medida constituye una acción encaminada al reordenamiento y consolidación institucional.

Así mismo, garantizará que, en los casos que existan análisis de riesgo y medidas de seguridad dispuestas por el Ministerio del Interior y la Policía Nacional para los directores provinciales, estas se mantendrán y coordinarán conforme a los informes técnicos y protocolos correspondientes, asegurando el respeto a los derechos de los funcionarios involucrados.

La institución reafirma su compromiso con una gestión pública responsable, transparente y orientada a resultados.

El Consejo de Administración Legislativa (CAL) dio paso al procedimiento de juicio político en contra de Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura y los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), Andrés Fantoni, Johana Verdezoto, Jazmín Enríquez, David Rosero y Piedad Cuarán.

El presidente de la Asamblea Nacional, Niels Olsen, dijo que el deber y responsabilidad de las entidades del Estado con la ciudadanía. “Las instituciones están para proteger la confianza pública y, cuando esa confianza se ve comprometida, el Estado debe actuar con estricto cumplimiento de la Ley y transparencia”.

Con 5 votos a favor, el CAL aprobó la moción presentada por la primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Mishel Mancheno, quien solicitó la elaboración del informe técnico-jurídico no vinculante relativo al cumplimiento de requisitos sobre el pedido de juicio político en contra del Titular del Consejo de la Judicatura, la Unidad Técnica Legislativa (UTL), deberá presentar en 3 días el informe.

El CAL, por unanimidad, acogió la moción presentada por la legisladora Sade Fritschi para que la UTL elabore el informe técnico-jurídico no vinculante de cumplimiento de requisitos ante el pedido de enjuiciamiento político contra los consejeros del CPCCS.

La Fuerza Aérea Ecuatoriana en el desempeño fundamental de resguardar la soberanía territorial, la lucha contra la inseguridad y el crimen organizado, el Gobierno Nacional para enfrentar de manera decidida y frontal, este miércoles 7 de enero 2026, entregó el avión BOEING 737-500 a la institución con el objetivo de potenciar y fortalecer sus capacidades estratégicas, tácticas y humanitarias en beneficio del Ecuador.

Según, la Mandataria, María José Pinto la entrega responde al objetivo macro del Gobierno de priorizar la seguridad como política de Estado, equipamiento, coordinación institucional y respaldo permanente a quienes están en primera línea.

“La seguridad no admite improvisaciones; requiere liderazgo y acciones concretas. Por eso, esta entrega es una muestra clara del compromiso del presidente de la República, Daniel Noboa, con la protección del país, el fortalecimiento de nuestras Fuerzas Armadas y con el cuidado de todos los ecuatorianos”, dijo Pinto.

El BOEING 737-500 es una aeronave de transporte con mejor tecnología en cabina y más capacidad de carga y pasajeros. Este instrumento reviste un aporte fundamental para la operatividad de la FAE tanto en control y defensa del territorio, misiones humanitarias con intervenciones más rápidas, oportunas y precisas.

Por su parte, el comandante General de la FAE, Mauricio Salazar indicó que esta incorporación se traduce en fortalecimiento de las capacidades estratégicas de la institución militar y reafirma el compromiso del Estado con la defensa, integración y desarrollo del Ecuador.

“Expresamos nuestro agradecimiento y reconocimiento al Gobierno Nacional por esta entrega que demuestra respaldo a las Fuerzas Armadas, demostrando una misión de Estado que invierte en seguridad, integración y desarrollo”, aseguró el Comandante.

Finalmente, el mensaje del Gobierno Nacional con la entrega es “seguir trabajando para fortalecer la seguridad, proteger a nuestra gente y construir un Ecuador más seguro, justo y con futuro. Solo así tendremos el país que todos soñamos”, precisó la Presidenta encargada Pinto.

La comisión del Derecho al Trabajo y a la Seguridad Social de la Asamblea Nacional, con seis votos a favor, aprobó el informe para primer debate del proyecto de reforma a varias leyes para garantizar el derecho a la protección prioritaria de la mujer en el período de maternidad, el objetivo tutelar de forma efectiva la protección jurídica de las mujeres embarazadas como grupo prioritario y evitar la vulneración de los derechos consagrados en la Constitución e instrumentos internacionales.

El proyecto busca reformar el Código de Trabajo, la Ley Orgánica del Servicio Público y el Código Orgánico de la Función Judicial, para incorporar una garantía explícita que proteja la salud física y emocional de la madre en el posparto, independientemente de la supervivencia del recién nacido.

Para la vicepresidenta de la comisión del Derecho al Trabajo, Paola Jaramillo, esta propuesta pone énfasis en la garantía de derechos de las mujeres en período de maternidad en todos los casos, existen casos en los cuales los patronos solo reconocen este derecho en caso del hijo nacido vivo y no cuando ocurren circunstancias que inciden en la muerte del bebé, hecho que deja secuelas físicas y psicológicas que deben ser atendidas de manera prioritaria.

Además, el proyecto determina que, si se produce el fallecimiento de la niña o el niño dentro del período de la licencia por maternidad concedida, la trabajadora continuará haciendo uso de dicha licencia por el tiempo que le reste, con excepción del tiempo correspondiente a la lactancia.

En caso de fallecimiento de la madre durante el parto o mientras goza de la licencia por maternidad, el padre podrá hacer uso de la totalidad o, en su caso, de la parte restante del período de licencia que le hubiese correspondido a la madre si no hubiese fallecido.

La presidenta de la República encargada, María José Pinto, entregó este 6 de enero 2026  a la Policía Nacional el equipamiento estratégico destinado al fortalecimiento operativo, investigativo y logístico de la institución. La dotación incluyó 264 motocicletas, 2.404 radios de comunicación, un sistema informático especializado para investigación balística e indumentaria como cascos y guantes. Estos insumos contribuirán a mejorar la atención, protección y respuesta frente a las necesidades de seguridad de la ciudadanía.

Según, la Presidenta (e) esta dotación responde a la necesidad de potenciar las capacidades de respuesta policial en el territorio. “La seguridad es una prioridad nacional porque es la base sobre la que se construye el desarrollo, se fortalece la inversión y se garantiza la tranquilidad de las familias ecuatorianas”, dijo.

Para el ministro del Interior, John Reimberg, las motocicletas se enmarcan en un plan de adquisición de un nuevo parque automotor para la Policía Nacional. Las nuevas motocicletas serán distribuidas en “los distritos priorizados con altos índices de criminalidad, donde el Estado debe estar más presente que nunca”, aseguró.

En cambio, las 2.404 radios son marca Motorola, modelo APXN30, y cumplen con los estándares técnicos de voz y datos del Sistema de Radiocomunicación de la Red Nacional Troncalizada de misión crítica. Estos equipos permitirán una interacción más eficiente entre los efectivos policiales, facilitando su accionar e intervención oportuna.

También, el sistema IBIS (Integrated Ballistics Identification System), una plataforma de referencia internacional que moderniza la identificación balística en el país. Esta herramienta permite comparar evidencias balísticas y vincular hechos delictivos en los que se haya utilizado una misma arma de fuego, lo que orienta de forma más precisa las investigaciones policiales.

Además, aporta insumos técnicos de alto valor probatorio y respalda procesos penales ante Fiscalía y las autoridades judiciales.

Finalmente, este equipamiento tiene un objetivo claro: respaldar el trabajo policial con capacidades reales, fortalecer la acción del Estado en territorio y avanzar con determinación en la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado”, sostuvo el ministro Reimberg.

La comisión del Derecho a la Salud y Deporte de la Asamblea Nacional, aprobó la Ley Orgánica del Deporte, la Educación Física y la Recreación, para modernizar y transparentar el sistema deportivo del Ecuador.

La propuesta de Ley unificó 25 iniciativas legislativas que establece reglas claras para los dirigentes deportivos, quienes deberán ser mayores de edad, no tener sentencias ni antecedentes por violencia o discriminación, ser elegidos democráticamente y contar con un perfil profesional o experiencia acorde.

Además, podrán postularse personas con cargos de elección popular. Durante el período comprendido entre mayo y diciembre del 2025, la comisión trabajo en proyectos concernientes a la diabetes, cáncer, reproducción humana asistida, procedimientos eutanásicos y eficiencia en el sistema de salud.

Así mismo, entregó tres proyectos de Ley para ser discutidos en el Pleno. Dos informes para segundo debate: Reformatoria a la Ley de Prevención, Protección y Atención Integral de las Personas que Padecen Diabetes y Reformatoria de Eficiencia e Integridad en el Sistema de Salud Pública. En primer debate sobre el Derecho a la Reproducción Humana Asistida en el Ecuador, que unifica varias propuestas de Ley.

También, para la elaboración del informe para segundo debate se encuentra el proyecto de Ley Orgánica para la Prevención, Diagnóstico, Tratamiento y Control del Cáncer en el Ecuador unificado con el Proyecto de Ley Orgánica para la Prevención, Detección y Atención del Cáncer Cérvico Uterino.

Mientras tanto, otros temas tratados por los miembros de la comisión son cuatro proyectos de Ley relacionados con los procedimientos eutanásicos, que serán unificados por unidad de materia: Proyecto de Ley Orgánica que Regula los Procedimientos Eutanásicos, Proyecto de Ley Orgánica de Autonomía del Paciente, Proyecto de Ley Orgánica que Regula la Eutanasia como Garantía del Derecho a la Dignidad y la Autonomía de la Vida y el Proyecto de Ley que Regula los Procedimientos Eutanásicos y Voluntades Anticipadas.

Finalmente, desde el 17 de junio del 2025 mantiene en curso la fiscalización al sistema de salud pública nacional, así como a la Red de Instituciones de Salud Pública. El 13 de agosto de 2025, inició un proceso de fiscalización a la Red Pública Integral de Salud para evaluar la atención médica, la provisión de medicamentos y los servicios complementarios.

“Con este proyecto van a tener agua de calidad y una mejor vida”, sostuvo el presidente de la República, Daniel Noboa, este lunes 29 de diciembre 2025, durante la entrega de la primera obra del proyecto “MegaFiltros” y maquinaria. El acto se desarrolló en el Recinto San Vicente de Loja, una de las siete juntas que se beneficiarán de esta infraestructura, en la primera fase.

El MegaFiltros es una iniciativa del Gobierno Nacional a través de la Empresa Pública del Agua, que busca mejorar la calidad del agua que reciben miles de familias rurales. En el país, más de 2 millones de personas que viven en el campo, en comunidades que han permanecido invisibilizados durante años y no cuentan con un acceso al agua potable, por lo que esta infraestructura representa dignidad para los ciudadanos.

La obra, llegará a siete comunidades rurales del país: San Vicente de Loja (Santa Elena), Salinas de Guaranda (Bolívar), Facundo Vela (Bolívar), Cochapamba (Chimborazo), Fumisa (Los Ríos), Majua (Esmeraldas) y Atahualpa (Napo), con una inversión de 787.000, dólares beneficiando a cerca de 11.000 personas. La infraestructura entregada en Santa Elena, tiene una inversión de 135.000 dólares.

“Lucharemos por Santa Elena, las comunidades y juntas que tanto necesitan la atención del Estado. Siempre lucharemos por las personas que más lo necesitan”, dijo el Presidente Noboa.

Para Carlos Cedeño, presidente de la Junta de Agua de San Vicente de Loja, la cristalización de este proyecto brindará agua de calidad a los hogares de la zona poniendo fin a décadas de injusticia donde los ciudadanos extraían agua cruda del subsuelo, muchas veces contaminada y a la dependencia de tanqueros para abastecerse de agua apta para el consumo y uso humano, expresó.

Según, Nicolina Orellana, delegada del Presidente de la República ante el Directorio de la Empresa Pública del Agua, EPA EP, afirmó que “este gobierno es de obras, no de palabras”. Este proyecto se traduce en dignidad para las familias y se extenderá en la Sierra y el Oriente a partir del 1 de febrero del 2026.

Mientras tanto, el Presidente Noboa indicó que “Ecuador está en una situación mucho más estable, que nos permite atender mejor a cada uno de los ciudadanos.

Finalmente, el proyecto MegaFiltros es un símbolo tangible del compromiso del Gobierno Nacional con las familias rurales históricamente olvidadas, demostrando con hechos la voluntad política de garantizar la calidad del agua y de cumplir con las promesas de cambio.

El Pleno de la Asamblea Nacional, con 81 votos a favor, aceptó la solicitud de licencia del presidente de la República, Daniel Noboa, está regirá desde el jueves 1 al domingo 18 de enero del 2026, de acuerdo al art.146 de la Constitución de la República, en concordancia con lo previsto en el art. 42 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa.

Durante los 18 días de licencia, el Jefe de Estado atenderá asuntos de carácter personal, según consta en el oficio remitido por el presidente de la República, Daniel Noboa, al titular de la Asamblea Nacional, Niels Olsen.

Para el asambleísta Johnny Lavayén, aceptar la licencia solicitada por el Presidente de la República, este procedimiento es un mecanismo establecido en la Constitución de la República y en la Ley Orgánica de la Función Legislativa para dar un orden y continuidad institucional a la gestión del Estado, en caso de ausencia temporal del Primer Mandatario.

El art. 42 de la LOFL establece: “La Presidenta o el Presidente de la República podrá solicitar a la Asamblea Nacional licencia para ausentarse temporalmente de la Presidencia, por un período máximo de un mes. La Asamblea Nacional evaluará la solicitud y podrá aceptarla o negar con el voto de la mayoría absoluta de sus integrantes”.

La resolución será notificada al Presidente de la República, la Vicepresidenta de la República y al Consejo Nacional Electoral para los fines constitucionales y legales correspondientes.