Este 21 de abril de 2026, el Pleno del Consejo Nacional Electoral aprobó la invitación para los observadores nacionales e internacionales que participarán en las Elecciones Seccionales y del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) 2027.

La invitación se extenderá a la Unión Interamericana de Organismos Electorales (UNIORE); a la Asociación Mundial de Organismos Electorales (A-WEB); a la Organización de Estados Americanos (OEA); Parlamento Andino; Parlamento del MERCOSUR (PARLASUR); Unión Europea; Asociación de Magistradas Electorales de las Américas y al Cuerpo Diplomático acreditado en el Ecuador; entre otros.

En el ámbito nacional, la observación se extenderá a los Consejos Nacionales para la Igualdad, universidades acreditadas y ecuatorianos residentes en el exterior que se registren mediante el formulario que será habilitado en www.cne.gob.ec.

El CNE reafirma su compromiso con la transparencia y exhorta a la ciudadanía y organizaciones interesadas a mantenerse informadas a través de los canales oficiales, donde se publicará oportunamente la convocatoria con los plazos y requisitos correspondientes.

En un país donde la seguridad se ha convertido en una prioridad ante la creciente crisis de inseguridad, reflejada en el aumento de delitos. De acuerdo con los datos del Ministerio del Interior, Ecuador ha pasado de registrar cerca de 3 homicidios diarios en el 2019 a superar los 25 en la actualidad, consolidándose como uno de los escenarios de mayor transformación en materia de seguridad en la región.

Este panorama ha llevado a que la movilidad segura deje de ser una opción y se convierta en una necesidad. Corporación MARESA fortalece su propuesta de valor a través de su servicio de blindaje vehicular, una solución que, bajo el concepto “La seguridad no se explica, se demuestra”, integra tecnología certificada, ingeniería estructural y procesos homologados, garantizando protección sin afectar el diseño ni el desempeño del vehículo.

La compañía ofrece distintos niveles de blindaje (II-A, III-A y BR5), disponibles para múltiples marcas y modelos, adaptados al nivel de riesgo del usuario y aplicables tanto a vehículos nuevos como en circulación. “El blindaje ha evolucionado. Hoy no es un lujo, es una herramienta de prevención accesible para cualquier persona que busca proteger su movilidad y la de su familia”, explicó Byron Troncoso, gerente de Marketing Posventa de MARESA.

Además, el servicio incluye mantenimiento sin costo durante el primer año, capacitación en seguridad y respaldo integral de la marca, posicionando a MARESA como un actor clave en el desarrollo de soluciones de movilidad segura en el país. En Ecuador, los vehículos blindados cuentan con beneficios tributarios, al ser considerados gastos deducibles del impuesto a la renta, lo que refuerza su atractivo como inversión en protección.

La compañía presentó Blindados Tactical Experience, un evento diseñado para demostrar, en condiciones reales, la efectividad del blindaje vehicular.

Finalmente, la jornada reunió a clientes, medios de comunicación e invitados especiales, quienes participaron en demostraciones balísticas en vivo, pruebas de tiro y dinámicas de conducción defensiva, permitiendo evidenciar el alcance, resistencia y tecnología. Con más de 50 años de trayectoria y una red de más de 30 puntos de atención a nivel nacional, Corporación MARESA apuesta por transformar la manera en que los ecuatorianos entienden la seguridad, integrando tecnología, experiencia y prevención en una sola propuesta.

El Pleno del Consejo de la Judicatura aprobó una reforma que establece nuevos mecanismos para el cálculo de los aportes económicos que las notarías entregan al Estado.

La decisión fue adoptada durante la sesión ordinaria 45, realizada este 16 de abril del 2026.

Con esta reforma, el cálculo de los aportes se realizará en función de los ingresos reales de cada notaría, con el objetivo de aplicar un esquema más técnico y ajustado a la realidad del servicio notarial.

La medida permite, dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 304 del Código Orgánico de la Función Judicial.

Los cambios buscan garantizar la continuidad del servicio notarial a nivel nacional y asegurar la aplicación de los principios de progresividad y proporcionalidad.

La propuesta fue analizada previamente en mesas técnicas de trabajo entre el Consejo de la Judicatura y la Federación Ecuatoriana de Notarios, como parte del proceso de construcción de este mecanismo.

Las áreas técnicas del CJ implementarán la resolución en el Sistema Informático Notarial en un plazo máximo de 30 días.

La comisión de Justicia y Estructura del Estado de la Asamblea Nacional, en el marco del debate de la reforma al Código Orgánico Integral Penal (COIP), analizó propuestas relacionadas con sanciones por infracciones de tránsito y extorsión en contratos públicos, así como en el uso de recursos del Estado.

 Sin embargo, en materia de tránsito, la comisión recibió a la asambleísta Josebeth Jaramillo, autora de la iniciativa, quien explicó el alcance de la reforma penal. Recordó lo establecido en el artículo 76, numeral 6 de la Constitución, que consagra el principio de proporcionalidad entre infracciones y sanciones, ya sean administrativas o penales.

Por lo que, Jaramillo indicó que la reducción de puntos en la licencia de conducir se aplique únicamente al tipo o categoría con la que se cometió la infracción. Así, si una persona está habilitada para conducir distintos vehículos, la sanción se aplicaría exclusivamente a la categoría correspondiente y no de manera general, como ocurre actualmente. Para ello, propuso reformas tanto a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial como al COIP.

En cambio, la comisión escucho al experto en compras públicas, Paúl Vázquez, quien presentó observaciones sobre la tipificación y sanción del delito de extorsión en contratos públicos y en el manejo de recursos estatales.

 Mientras tanto, en el artículo 185.2 del COIP establece una pena privativa de libertad de 10 a 13 años para estos casos. Al respecto, Vázquez sostiene que el sujeto activo podría ser el proveedor, oferente o adjudicatario dentro de un proceso de contratación pública. No obstante, advirtió que, dada la amplitud de esta definición, es necesario precisar que la aplicación de la norma se delimite a situaciones en las que exista adjudicación o se haya iniciado la fase contractual.

Finalmente, la comisión resolvió unificar la propuesta presentada por la asambleísta Jaramillo con el Proyecto de Reforma Integral al COIP.

El Consejo Nacional Electoral actualizó el reglamento y el manual que orientan la organización de los debates electorales para las Elecciones Seccionales y del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social 2027. Estos instrumentos establecen los lineamientos técnicos y metodológicos para la realización de 45 debates correspondientes a dignidades locales: 21 para prefecturas y 24 para alcaldías, que se desarrollarán del 12 al 26 de noviembre de 2026, conforme al calendario electoral.

La metodología contempla que cada encuentro se estructure en cuatro ejes temáticos definidos por el Comité Nacional de Debates Electorales. En el primer y cuarto eje, las preguntas serán formuladas por las candidatas y candidatos, con el propósito de que aborden y debatan problemáticas propias de su realidad y de su cercanía con los distintos territorios. En el segundo y tercer eje, las interrogantes serán planteadas por el Comité Nacional de Debates, garantizando un tratamiento técnico de asuntos de interés público.

Con esta actualización, el CNE fortalece los espacios de deliberación democrática y promueve que la ciudadanía conozca y contraste las propuestas de quienes aspiran a dirigir las provincias y cantones del país. Las Elecciones Seccionales y del CPCCS 2027 se realizarán el domingo 29 de noviembre de 2026.

El compromiso del Gobierno del presidente Daniel Noboa con el desarrollo de Santa Elena se refleja con obras que mejoran la calidad de vida de la población. Para vías, alcantarillado y regeneración urbana, mientras que la inversión en toda la provincia suma un total de 53 millones de dólares.

Según, el Jefe de Estado el proyecto de pavimentación asfáltica y obras complementarias en las parroquias José Luis Tamayo y Vicente Rocafuerte con un financiamiento gubernamental de 3,2 millones de dólares canalizada a través del Banco de Desarrollo del Ecuador B.P. Los trabajos contemplan la construcción de calles, aceras, bordillos, entre otros.

En cambio, en la parroquia José Luis Tamayo, la obra se ejecuta en los barrios 9 de Octubre, Centenario y 6 de Junio, esto beneficiará a 39.942 habitantes. Esta obra registra un avance físico del 100 % en 4,36 kilómetros de vías intervenidas.

Además, en la parroquia Vicente Rocafuerte, los trabajos se desarrollan en la ciudadela Hipódromo Costa Azul, donde se intervienen 3,82 kilómetros de vías. El proyecto beneficia directamente a 41.687 habitantes y alcanza un avance del 90 %.

“Lo hicimos pensando en su futuro, en darles lo que siempre han merecido: una vida digna. Con esta obra queremos que sus familias tengan la tranquilidad de que tienen un Gobierno que los respalda, que no están solos”, dijo el Primer Mandatario.

Finalmente, el presidente Noboa entregó más de 9.000 becas para jóvenes, cerca de 10 millones de dólares en créditos para emprendedores y la ejecución del Paso Lateral Salinas.

La Revolución Ciudadana informó a la ciudadanía el inicio de una nueva etapa institucional orientada al fortalecimiento de su estructura organizativa, la optimización de sus procesos internos y la consolidación de su presencia en los distintos territorios del país. Este proceso se enmarca en las resoluciones adoptadas por la Convención Nacional del 2026 y ejecutadas por el Buró Nacional, entre las disposiciones el inicio de la reestructuración organizativa a nivel nacional, incluyendo la renovación de directivas provinciales y de las circunscripciones del exterior, así como la implementación de mecanismos que garanticen una transición ordenada, participativa y transparente.

Por lo que, ha expedido un reglamento específico que regula el proceso de democracia interna para la elección de nuevas directivas, estableciendo principios fundamentales como legalidad, participación universal, paridad, transparencia, seguridad jurídica y debido proceso, asegurando así un ejercicio democrático interno sólido y legítimo.

La organización política reitera que el proceso en curso responde a una planificación institucional y no a escenarios de crisis interna. Por el contrario, la coyuntura nacional evidencia desafíos estructurales en ámbitos como la seguridad, salud, educación y la gestión de fronteras, que requieren atención prioritaria en el Ecuador.

La asambleísta por la provincia de Tungurahua, Cecilia Baltazar, presentó el proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de Educación Superior, el objetivo garantizar la educación superior en el país la plurinacional, intercultural, inclusiva e igualitaria, reconociendo y valorando la diversidad cultural, histórica y lingüística.

“Estamos avanzando con propuestas que permitan brindar resultados concretos a los bachilleres tanto del campo como de la ciudad. Es fundamental incorporar el principio de interculturalidad, evitar la discriminación por razones de género, discapacidad y garantizar una adecuada supervisión a las universidades, de manera que hagan un uso responsable de los recursos destinados a becas”, destacó la legisladora Baltazar.

La iniciativa incorpora nuevos derechos para los estudiantes, especialmente para las personas con discapacidad, garantizando el acceso a infraestructura adecuada, entornos libres de discriminación y atención oportuna ante denuncias.

Además, refuerza las políticas de acción afirmativa para facilitar el ingreso de grupos vulnerables y sectores históricamente excluidos.

Para el personal docente, establecen mejores condiciones laborales, capacitación continua, incentivos a la investigación y garantías para la libertad de pensamiento, junto con la obligación de mantener conductas éticas libres de violencia y discriminación.

Así mismo, la reforma impulsa el enfoque intercultural y plurinacional en el sistema, promoviendo la inclusión de saberes ancestrales, la participación de pueblos, nacionalidades y la generación de programas de becas con criterios de equidad.

También, se fortalecen los mecanismos de acceso y permanencia, estableciendo que al menos el 10 % de los estudiantes accedan a becas o ayudas económicas, priorizando a quienes se encuentren en condiciones de vulnerabilidad.

Mientras tanto, el nivel institucional, ratifica la autonomía universitaria con responsabilidad, para lo cual establece reglas de transparencia en los procesos internos, prohíbe el nepotismo y exige la implementación de protocolos obligatorios para prevenir, sancionar la violencia y la discriminación.

Finalmente, el proyecto de Ley promueve la expansión territorial del sistema de educación superior, con el objetivo de reducir brechas de acceso y garantizar oportunidades educativas en todo el país.

La comisión técnica encargada de dar seguimiento a la gestión de creación de las cuatro universidades estatales amazónicas recibió la información remitida por el Consejo de Educación Superior sobre las propuestas técnico-académicas presentadas por las universidades promotoras: la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo (ESPOCH) y la Universidad Estatal Amazónica (UEA).

Según, la presidenta de la comisión técnica, Esperanza del Cisne, el objetivo de esta sesión fue conocer el estado de los procesos de las universidades estatales en Orellana, Morona Santiago, Sucumbíos y Zamora Chinchipe, de conformidad con la Ley Orgánica para la Planificación y Desarrollo Integral de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica, la Ley Orgánica de Educación Superior y la Resolución del Pleno de la Asamblea Nacional.

Para el representante del CES, Andrés Ricaurte, coordinador de Planificación Académica, los expedientes de las universidades de Orellana y Morona Santiago se encuentran en revisión, tras su segundo ingreso, realizado el 10 y 25 de marzo. Sucumbíos y Zamora Chinchipe los expedientes están en revisión, luego del primer ingreso y de la subsanación de observaciones. Inicialmente, el proyecto de la institución de educación superior de Sucumbíos fue archivado; sin embargo, con la asistencia técnica del CES, se efectuó un nuevo ingreso del expediente.

En cambio, los proyectos de las universidades de Orellana y Morona Santiago cuentan con certificaciones presupuestarias emitidas por el Ministerio de Economía y Finanzas el 27 de enero y el 23 de marzo del 2026.

Mientras tanto, los aportes de la Secretaría Nacional de Planificación; Ministerio de Educación, Deporte y Cultura; Ministerio de Economía y Finanzas; Secretaría Técnica de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica; así como de los legisladores Edwin Jarrín, José Nantipia, Juan Gonzaga y Steve Villacrés serán analizados.

Finalmente, la comisión autorizó a la presidenta a mantener reuniones con las veedurías ciudadanas relacionadas con el proceso de creación de las universidades.

El Pleno del Consejo Nacional Electoral, este 3 de abril, aprobó la delimitación de circunscripciones electorales para la elección de concejales urbanos y rurales en 17 cantones del país, que por su mayor población eligen estas dignidades mediante esta división territorial, conforme lo establece la normativa electoral vigente. La actualización se aplicará en las Elecciones Seccionales y del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) 2027.

En ese sentido, se elegirán concejales por circunscripciones en los siguientes cantones, conforme al siguiente detalle:

El domingo 29 de noviembre del 2026, en el Ecuador se elegirán 5.742 autoridades principales: prefectos y viceprefectos; alcaldes; concejales urbanos y rurales; vocales de juntas parroquiales rurales y autoridades del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, con sus respectivos suplentes.

La ciudadanía podrá conocer a qué circunscripción pertenece cuando esté disponible la opción “Consulta tu lugar de votación”, ingresando al sitio web institucional: http://www.cne.gob.ec.