El principio del valor por dinero, la lucha contra la corrupción, la aplicación de criterios diferenciados en la Amazonía, la agilidad en los procesos, así como la necesidad de una reforma integral, fueron los temas más debatidos en el segundo debate del proyecto de reformas a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

La reforma fue aprobada con 80 votos a favor, participaron 19 asambleístas, destacaron la importancia de las compras públicas como herramienta para atender las necesidades de la población.

Según, la legisladora Nathaly Farinango, la reforma ha sido analizado desde el 2024, a través de 36 sesiones y 58 comisiones generales. Esto constituye una reconfiguración integral del Sistema Nacional de Contratación Pública, que incorpora varios avances, entre ellos, el principio del valor por dinero, la priorización de la calidad de los bienes y servicios, el reconocimiento de nuevos principios, la promoción de la digitalización de procesos, la implementación de criterios preferenciales y la conversión de la contratación pública en un instrumento de desarrollo para la Amazonía y busca reducir la discrecionalidad administrativa, entre otros, dijo.

Además, el asambleísta Fernando Nantipia señaló que esta Ley busca erradicar la corrupción en la contratación pública, en respuesta al clamor ciudadano.

Mientras tanto, Mishel Mancheno indicó que la reforma representa una oportunidad para eliminar los obstáculos burocráticos. No se debe seguir parchando un cuerpo legal que requiere una transformación integral.

Finalmente, el texto aprobado por la Asamblea Nacional será remitido al presidente de la República, Daniel Noboa, para su sanción u objeción.

El Pleno del Consejo Nacional Electoral aprobó, este 6 de octubre 2025, la actualización del plan de auditoría para el Referéndum y Consulta Popular 2025, tras la incorporación de una nueva pregunta sobre la reducción del número de asambleístas.

El CNE realizará la convocatoria para que las organizaciones políticas y sociales registradas inscriban a sus auditores designados para que participen en la evaluación a los procesos operativos y de los sistemas internos correspondientes.

La observación de varios actores políticos, el CNE garantiza procesos transparentes y altamente técnicos.

La comisión de Régimen Económico de la Asamblea Nacional, presentará el texto final para su votación del proyecto de Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico Monetario y Financiero, en un plazo de ocho días, luego del análisis de las observaciones realizadas durante el inicio del segundo debate en el Pleno de la Asamblea. La suspensión la solicitada por la legisladora Nathaly Farinango, de conformidad con lo que establece el artículo 61 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa.

Según, la asambleísta Farinango el trabajo realizado por más de un año en la comisión, el proyecto de Ley busca el fortalecimiento del Banco Central, con herramientas sólidas; el impulso a los medios de pago electrónico; la implementación de alivios financieros y seguros paramétricos; así como la modernización del mercado de valores mediante la eliminación de trabas anacrónicas. Con ello, se pretende consolidar un sistema financiero que brinde seguridad jurídica y responda a la realidad económica del país, dijo.

Para el legislador Mario Zambrano la importancia de la reforma en el ámbito monetario es fortalecer las instituciones del Estado y proteger el presente y el futuro de la economía ecuatoriana, indicó.

También, Zambrano resaltó la existencia de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera.

En cambio, Ana María Raffo se refirió a la presentación del proyecto de Ley para el alivio financiero y la condonación de deudas, que incluye reformas a tres cuerpos legales, entre ellas la propuesta de creación del seguro agroalimentario.

Por su parte, el parlamentario Juan Gonzaga realizó observaciones a la reforma del artículo 13 del cuerpo legal, relativo a las tasas de interés de los créditos sea considerado con base a la realidad de las provincias amazónicas, sostuvo.

Finalmente, el fortalecimiento de la protección de los ahorros ciudadanos y de la disciplina financiera; la fiscalización de las entidades financieras con participación estatal; la soberanía financiera del Estado ecuatoriano; funcionamiento del Comité de Estabilidad Financiera, entre otros serán materia de análisis una vez que la comisión elabore el informe.

El Pleno del Consejo de la Judicatura destituyó, este 30 de septiembre del 2025, al asistente de la Fiscalía Provincial de Pastaza, R.X.S.O., quien fue señalado por acosar sexualmente a una servidora judicial. Con el voto de los cuatro vocales y del presidente de la institución Mario Godoy, realizaron una valoración de los elementos recabados en este caso, entre ellos, las versiones libres y voluntarias rendidas dentro del expediente.

Luego, del análisis de los hechos, las autoridades determinaron que el servidor sancionado incurrió en la infracción gravísima tipificada en el artículo 109.10 del Código Orgánico de la Función Judicial.

Además, la norma establece que será destituido el funcionario que acose sexualmente a sus inferiores jerárquicos, compañeros de trabajo o usuarios de la Función Judicial.

Con esta decisión, el Consejo de la Judicatura reafirma su compromiso con la protección de los derechos de los servidores judiciales y la tolerancia cero frente a cualquier conducta de acoso sexual, garantizando un ambiente laboral seguro, respetuoso y acorde a los principios éticos del sistema de justicia.

El Pleno de La Asamblea Nacional, este martes 30 de septiembre del 2025, debatió el pago de las pensiones vitalicias a expresidentes y ex vicepresidentes de la República que no concluyeron sus períodos, sobre la base del proyecto de resolución propuesto por la asambleísta Bertha Vélez, para iniciar un proceso de fiscalización a este beneficio que reciben los exmandatarios del país.

Los legisladores coincidieron en la necesidad de fiscalizar este privilegio del cual gozan exmandatarios que, en algunos casos, no fueron electos en las urnas y no completaron sus respectivos períodos de funciones y plantearon destinar estos recursos a otros fines de carácter social.

Según, el legislador John Polanco la propuesta sonaba muy atractiva para la gente, pero que el problema va más allá pagar o no un beneficio al expresidente o ex vicepresidente que no terminó su mandato. “Es necesario que se eliminen de la Ley Orgánica del Servicio Público los artículos que establecen las pensiones vitalicias para los exmandatarios y en caso de fallecimiento, para sus cónyuges e hijos”, explicó.

 Finalmente, el proyecto de resolución de la asambleísta, Bertha Vélez solo alcanzó 68 votos a favor y no fue aprobado.

En el marco del tratamiento del proyecto de Ley Reformatoria al Código Orgánico Integral Penal (COIP) para recategorizar las contravenciones de tránsito, fortalecer la seguridad vial preventiva y reducir la carga procesal en materia de tránsito en los juzgados del país, la comisión de Gobiernos Autónomos revisó las observaciones presentadas, con miras a la construcción del informe para segundo debate.

Según, el legislador Steven Ordóñez, la verdadera política se hace desde los territorios, la Ley debe guardar coherencia con la nueva normativa sobre tránsito, dijo.

Además, Ordóñez propuso reformar los artículos 5 y 9 del proyecto, a fin de que las sanciones sean administrativas y no de recaudación, en consideración a la grave crisis que atraviesa el sector del transporte. El artículo 5, reforma el artículo 386 del COIP, se refiere a las infracciones de tránsito, especialmente al exceso de velocidad, actualmente contempla como sanción la pérdida de 10 puntos en la licencia y una multa de un salario básico unificado. El artículo 9, reforma el artículo 389 del COIP, se refiere a la sanción equivalente al 30% del salario básico unificado.

Por su parte, la asambleísta Sandra Figueroa señaló que las sanciones deben mantenerse, en particular las relacionadas con el exceso de velocidad, dado el elevado número de muertes que esta infracción ocasiona.

Así mismo, el parlamentario Pablo Jurado destacó la importancia de articular el trabajo entre la comisión de Desarrollo Económico donde se analiza la Ley de Tránsito y la comisión de Gobiernos Autónomos que trata las reformas al COIP en materia de tránsito, para construir leyes adecuadas en beneficio del país.

En cambio, el asambleísta Samuel Célleri manifestó que el tema de los radares debe considerarse no solo desde la perspectiva de los transportistas, también desde los peatones. Mantener su uso, estos deben ser fiscalizados rigurosamente a través de ordenanzas municipales, en muchos casos han sido utilizados como “caja chica” para negocios particulares y no para financiar medidas de seguridad vial.

Finalmente, la presidenta de la Comisión, Lucia Pozo informó que han recibido numerosas observaciones y recalcó que el informe para segundo debate debe construirse con el aporte de expertos, organizaciones de la sociedad civil e instituciones del Estado, a fin de que la propuesta pueda ser defendida en el Pleno de la Asamblea Nacional, sostuvo.

El Pleno del Consejo Nacional Electoral, aprobó este 25 de septiembre, el inicio del proceso y la convocatoria a la “Consulta Popular 2025”, luego que la Corte Constitucional emitiera un dictamen favorable sobre el Decreto Ejecutivo N.º 153, referente a la instalación de una Asamblea Constituyente.

El CNE con el objetivo de optimizar los recursos resolvió unificar los procesos, modificar el calendario electoral y mantener el presupuesto aprobado, de manera que el domingo 16 de noviembre del 2025 la ciudadanía se pronuncie en una sola jornada sobre las siguientes preguntas:

Referéndum sobre la presencia de bases militares extranjeras

Referéndum sobre el financiamiento de las organizaciones políticas

Consulta Popular para instalar una Asamblea Constituyente.

Para el caso de la parroquia Borbón, en la provincia de Esmeraldas, se incorpora una pregunta de Consulta Popular de cantonización.

El CNE reafirma su compromiso con la eficiencia, seguridad jurídica y el pleno respeto a la voluntad popular.

El presidente de la República, Daniel Noboa, visitó Otavalo y entregó Bonos Raíces, créditos de Desarrollo Humano y otros beneficios para el sector productivo de Imbabura. “Imbabura no está sola, jamás sientan que está sola. Nosotros vendremos aquí, así como a cualquier territorio del Ecuador donde quieran molestarnos. El Ecuador no retrocede ante los terroristas que se esconden detrás de la comunidad para servirse a sí mismos”, dijo el Jefe de Estado.

Según, el Primer Mandatario desde el 22 de septiembre, el Ecuador enfrenta actos de terrorismo disfrazados de protesta en zonas focalizadas. Estos no son reclamos sociales sino ataques calculados para sembrar miedo, articulados de grupos opositores que solo intentan manipular al pueblo y usarlos como carne de cañón para proteger sus negocios sucios: “Afectan a los agricultores, molestan por las juntas de agua, pero no vamos a permitir que jueguen con el agua ni los agricultores; tampoco que bloqueen las vías que son de todo el Ecuador”, aseguró.

El Gobierno Nacional toma decisiones y medidas que permiten que el Ecuador logre un crecimiento económico del 4 %, la reducción del riesgo país y la generación de empleo adecuado sostenible en los últimos siete años.

Además, el Presidente Noboa señaló que la gente que quiere trabajar rechaza las movilizaciones y el paro, mientras “los enemigos del progreso quieren devolver al país al caos, quieren que los comerciantes pierdan dinero, que los agricultores no puedan vender sus productos, quieren que nosotros no podamos caminar al cambio”.

Así mismo, impulsamos el motor productivo de Imbabura Frente a la violencia y el caos, entregar más de 1.800 Bonos Raíces. “Así es como vamos a inyectar 100 millones de dólares al campo ecuatoriano”, manifestó.

Por su parte, el Ministerio de Desarrollo Humano anunció que se están entregando en la provincia de Imbabura 400.00 dólares para créditos de desarrollo humano, mediante la CONAFIPS 1,9 millones de dólares para créditos mediante cooperativas. Y entregamos 70 títulos de propiedad de tierras y créditos agro violetas para que las mujeres rurales tengan las mismas oportunidades, sostuvo.

Finalmente, el presidente de la República, Daniel Noboa reiteró que su gobierno es solidario con la gente y no tiene miedo de enfrentar cualquier amenaza, si se retrocede, el país pierde oportunidades.

Con 78 votos a favor, el Pleno de la Asamblea Nacional respaldó el Decreto Ejecutivo Nro. 153, que convoca a consulta popular para decidir sobre la instalación de una Asamblea Constituyente, como un mecanismo democrático, legítimo y constitucional que devuelve al pueblo el pleno ejercicio de su soberanía.

La Asamblea considera que los mecanismos de enmienda y reforma parcial previstos en los artículos 441 y 442 de la Constitución resultan insuficientes para realizar los cambios estructurales que demanda el país, las falencias del texto constitucional de 2008 son de carácter integral y han demostrado limitar la gobernabilidad, la seguridad nacional y el equilibrio de poderes; requiriendo el Ecuador un rediseño constitucional integral que solo puede lograrse mediante el ejercicio del poder constituyente originario.

En el debate participaron nueve asambleístas, la resolución será notificada a la Presidencia de la República, al Consejo Nacional Electoral.