En Panamá, el Presidente de Ecuador, Daniel Noboa “abogo por una América Latina integrada, para que nuestros pueblos puedan trabajar juntos”, dijo. “Donde exista un respeto inquebrantable, dando seguridad y tranquilidad máxima a nuestros ciudadanos”, durante la Plenaria del Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe CAF 2026; un espacio de diálogo, coordinación y proyección para enfrentar desafíos comunes como región.

Además, el Mandatario informó sobre una de las acciones más importantes de su administración en la transformación de Ecuador, con el propósito que debe perseguir América Latina-: “El país ha alcanzado reducir el índice de pobreza hasta su punto más bajo en la historia: 21,4 %, cuando llegamos a nuestra gestión estaba en 28 %”, señaló.

Así mismo, el Jefe de Estado, destacó que, para su administración, el garantizar una vida adecuada a la población es su meta superlativa como líder. “El fin es darles educación a nuestros jóvenes; esperanza y paz a las familias. El objetivo es infraestructura, estabilidad y dignidad”, aseguró.

Mientras tanto, que, en medio de un escenario heredado de incertidumbre, inseguridad, desconfianza entre otras problemáticas, ha logrado una recuperación macroeconómica que se refleja en la reducción del Riesgo País a su punto más bajo en 9 años y el aumento de las reservas internacionales. “El país está mejor, existe optimismo en la gente. Más del 65 % del Ecuador siente que su familia está bien y va a estar mejor”, indicó Noboa.

Finalmente, “No debemos dejar que nos roben nuestros recursos y dignidad. Somos una región de oportunidades. Tenemos recursos, talento joven, biodiversidad, energía, creatividad y una ubicación estratégica en el mundo. Podemos ser proveedores de alimentos, de energía limpia, de innovación y de estabilidad”, precisó.

La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, este martes 27 de enero del 2026, inició el proceso de seguimiento y fiscalización integral a las entidades municipales encargadas del transporte y la seguridad vial, respecto de las presuntas emisiones irregulares de matrículas vehiculares atribuibles a grupos de delincuencia organizada, a fin de esclarecer los hechos y determinar responsabilidades políticas y recomendar las acciones correctivas y las reformas normativas que fueren necesarias.

De acuerdo con la resolución aprobada por el Pleno de la Asamblea Nacional, en diciembre del 2025, la comisión de Fiscalización y Control Político, en el plazo de 90 días, luego de notificada con la resolución debe elaborar el informe no vinculante que tendrá que contener un análisis técnico y legal sobre este proceso de fiscalización, así como un detalle completo de las diferentes medidas que se tomarán por parte de las entidades correspondientes.

El presidente de la Comisión de Fiscalización, Ferdinan Álvarez, anunció que en los próximos días se entregará a los miembros del organismo un cronograma de trabajo en el cual se detallarán las acciones de control, los pedidos de información y las comparecencias que se consideren pertinentes, a fin de cumplir con lo resuelto por el Pleno de la Asamblea Nacional.

Luego, del análisis técnico y jurídico, la comisión del Derecho a la Salud aprobó, con seis votos a favor, el Informe no vinculante sobre la Objeción Parcial del proyecto de Ley Orgánica del Deporte, la Educación Física y la Recreación, que recomienda al Pleno de la Asamblea Nacional allanarse a las cuatro observaciones formuladas por el Ejecutivo.

El Informe concluye que las objeciones presentadas por el Presidente de la República no alteran el espíritu ni los objetivos fundamentales del proyecto aprobado por la Asamblea Nacional. Por el contrario, introducen precisiones normativas que fortalecen la seguridad jurídica, mejoran la redacción legal y garantizan una aplicación más clara, coherente y previsible de la norma.

Además, incorpora al Sistema Deportivo Nacional, la comisión considera jurídicamente procedente la observación del Ejecutivo respecto al cómputo del plazo de seis meses para el registro de las Sociedades Anónimas Deportivas. Al establecer como punto de inicio la inscripción en el Registro Mercantil, se elimina la ambigüedad normativa, se evita la discrecionalidad administrativa y se garantiza certeza jurídica, al tratarse del acto que da origen a la personalidad jurídica de dichas sociedades.

Así mismo, el régimen disciplinario, el Informe advierte que el uso del término “jurisdicción deportiva” resulta conceptualmente incorrecto, podría atribuir a los organismos deportivos competencias exclusivas de la Función Judicial. La propuesta del Ejecutivo de sustituir dicho término por “sistema disciplinario deportivo” se ajusta al marco constitucional, delimita adecuadamente las competencias y reduce posibles cuestionamientos legales.

Por lo que, los procesos sancionatorios, la comisión sostiene que la falta de precisión sobre la autoridad ante la cual debe realizarse el reconocimiento de firma y rúbrica en las denuncias podría generar criterios dispares y cargas innecesarias para los denunciantes. La alternativa planteada por el Ejecutivo, que permite cumplir este requisito ante notario público o ante la autoridad administrativa competente del organismo deportivo, aporta claridad, flexibilidad y uniformidad procedimental.

Mientras tanto, la interposición de recursos, el Informe observa que computar los plazos desde la emisión de la resolución sancionatoria podría vulnerar el derecho a la defensa. En cambio, iniciar el cómputo desde el día siguiente a la notificación garantiza el debido proceso, el conocimiento oportuno de las decisiones y el ejercicio efectivo de los recursos, sin afectar la celeridad procesal.

Finalmente, la comisión del Derecho a la Salud recomienda al Pleno de la Asamblea Nacional allanarse íntegramente a las observaciones del Ejecutivo y acoger los textos alternativos propuestos, al considerar que armonizan el proyecto de Ley con los principios constitucionales, fortalecen la seguridad jurídica y responden a las expectativas del sector deportivo y de la ciudadanía en general.

Con 77 votos a favor, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó la resolución para iniciar un proceso de fiscalización sobre la gestión de residuos y el manejo del agua en las principales ciudades del país.

Según, la resolución exhorta a la Contraloría General del Estado a realizar de manera inmediata exámenes especiales a la empresa Interagua, a la Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guayaquil (EMAPAG-EP) y a los organismos encargados de la gestión de residuos y manejo del agua de las principales ciudades del país. El objetivo es verificar el cumplimiento de las inversiones en infraestructura y mantenimiento establecidas en los contratos de concesión, así como el uso y destino de los fondos recaudados a través de las tarifas cobradas a los usuarios.

Además, el Ministerio del Ambiente y Energía fortalecerá los mecanismos de monitoreo y control de la calidad del agua potable en Guayaquil y las principales ciudades del país, a través de pruebas independientes, aleatorias y periódicas a cargo de laboratorios certificados, bajo la supervisión de la Agencia de Regulación y Control del Agua (ARCA).

Así mismo, exhorta al Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) del cantón Guayaquil y a los Gobiernos Autónomos Descentralizados de los principales cantones del país, así como a sus entidades delegadas, la Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guayaquil (EMAPAG-EP) e Interagua, a presentar informes trimestrales detallados ante la Asamblea Nacional y a ponerlos a disposición de la ciudadanía. Estos informes deberán incluir: indicadores actualizados sobre la calidad del agua distribuida, con parámetros técnicos y resultados de análisis; un detalle de las inversiones ejecutadas y presupuesto utilizado y el grado cumplimiento de los planes de mantenimiento y operación del sistema de agua potable y alcantarillado. Estos reportes deberán ser de acceso público y servirán de base para la rendición de cuentas y las acciones de fiscalización que correspondan.

En cambio, la Secretaría General de la Asamblea Nacional remitirá oficialmente la resolución a la Contraloría General del Estado; al Ministerio de Ambiente y Energía; al Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) del cantón Guayaquil –Municipio de Guayaquil–, y a los Gobiernos Autónomos Descentralizados de los principales cantones del país; así como a sus entidades delegadas, la Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guayaquil (EMAPAG-EP), la concesionaria Interagua y demás; a fin de que, en el marco de sus competencias constitucionales y legales, adopten las acciones que estimen pertinentes.

Mientras tanto, los informes de la Agencia de Regulación y Control del Agua, realizados en octubre del 2025, que evidenciaron la presencia de coliformes fecales en niveles hasta 80 veces superiores a los permitidos, así como metales pesados, lo que representa un serio riesgo para la salud pública.

Finalmente, los legisladores coincidieron en la necesidad de mejorar la gestión de residuos y garantizar el derecho al agua potable, denunciando cobros injustos, deficiencias en la recolección, irregularidades y corrupción en municipios.

El Consejo Nacional Electoral  implementa el nuevo Sistema Integrado de Cambios de Domicilio Electoral que simplifica el trámite a escala nacional y en el exterior.

El servicio es gratuito, permanente y se encuentra disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana, lo que facilita a la ciudadanía la actualización de su información electoral de manera ágil y oportuna.

La ciudadanía podrá realizar el trámite en las 24 Delegaciones Provinciales Electorales, en las oficinas consulares del Ecuador y a través del sitio web institucional.

En el Palacio de Carondelet, el presidente de la República, Daniel Noboa, presidió el gabinete ministerial para evaluar las acciones implementadas durante el inicio del 2026. El objetivo restablecer prioridades, ajustar estrategias y revisar las respuestas del Gobierno en función de las necesidades ciudadanas.

Los ministros presentaron las principales acciones de cada cartera. En seguridad el ministro del Interior, John Reimberg, afirmó que el Bloque de Seguridad continuará las directrices de enfrentar a los grupos criminales y debilitar sus economías ilícitas. Los operativos en Guayas, Los Ríos y otros puntos del país, con énfasis en los puertos. En Guayaquil se desarrollaron la revisión masiva de contenedores que permitió la incautación de 3,2 toneladas de droga.

Según, el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, dijo que la movilización se acerca a los 10.000 militares a las zonas más conflictivas, en las provincias de Los Ríos, Manabí y Guayas, específicamente la ciudad de Guayaquil. La nueva fase de la estrategia de seguridad, de carácter ofensivo, orientada a responder con mayor contundencia a las amenazas. El alto mando militar fue desplazado a Guayaquil para que las decisiones se adopten desde territorio, con mayor dinamismo y agilidad, en función de las necesidades que plantea la coyuntura.

Mientras tanto, el ámbito social, la ministra de Desarrollo Humano, Zaida Rovira, sostuvo que el inicio de la repotenciación de los 25 Centros de Desarrollo Infantil anunciados en diciembre, las acciones en sectores como Monte Sinaí, Ciudad de Dios, La Ladrillera y Nueva Prosperina, donde se mantuvieron diálogos directos con la ciudadanía para atender necesidades inmediatas.

Finalmente, el presidente Daniel Noboa reiteró que el trabajo del Ejecutivo se mantendrá de manera articulada entre todas las instituciones del Estado, con acciones coordinadas y presencia en territorio.

La presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Atamaint, presentó ante la Asamblea Nacional el informe de labores correspondiente al periodo 2025.

Según, Atamaint el CNE cumplió con la democracia y con el país, al ejecutar de forma técnica, eficiente y transparente las Elecciones Generales 2025 de Primera y Segunda Vuelta; Elecciones de Alcalde y Concejales del Cantón Sevilla Don Bosco; así como el Referéndum y Consulta Popular 2025.

También, la presidenta del CNE aseguró que se han ejecutado 183 asistencias técnicas a distintas instituciones y organizaciones de carácter local, suscribieron 37 convenios de cooperación interinstitucional y se atendieron 13.367 trámites de usuarios externos.

La presidenta del CNE recordó que actualmente avanza la ejecución de la Elección de los Vocales de la Junta Parroquial Rural Shuar Pastaza del cantón Pastaza, jornada democrática prevista para el 17 de mayo del 2026.

Con 10 votos a favor, la comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional calificó la solicitud de juicio político contra Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura, por lo que, la sustanciación del proceso se inició. La resolución aprobada este jueves 15 de enero del 2026, tras la moción presentada por el asambleísta José Nango. La solicitud de juicio político presentada por los legisladores Viviana Veloz, Raúl Chávez, Liliana Durán, Franklin Samaniego y Xavier Lasso, de la bancada Revolución Ciudadana.

Según, la solicitud de juicio político acusa al funcionario de presuntos incumplimientos de funciones constitucionales y legales por omisión, que habrían afectado gravemente la independencia judicial, la transparencia institucional y el correcto funcionamiento del sistema de justicia. Entre los hechos señalados constan supuestas presiones indebidas a jueces, incluido un juez anticorrupción, posibles conflictos de interés, falta de protección a operadores de justicia y actuaciones institucionales calificadas como encubrimiento. Los proponentes solicitan la censura y destitución del presidente del Consejo de la Judicatura, de acuerdo al artículo 131 de la Constitución y a los artículos 78, 79 y 81 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa.

Además, el presidente de la comisión de Fiscalización, Ferdinan Álvarez, dispuso que se notifique formalmente al funcionario enjuiciado para que presente las pruebas de cargo y de descargo en el plazo de quince días.

Así mismo, serán notificados los proponentes para que sustenten sus acusaciones.

Mientras tanto, se abrirá la fase probatoria adicional de diez días, sin perjuicio que la Comisión, con mayoría simple, solicite pruebas de oficio.

Finalmente, la comisión de Fiscalización elaborará el informe motivado, que será remitido al Pleno de la Asamblea Nacional, instancia que actuará como órgano juzgador y adoptará la resolución correspondiente, garantizando el debido proceso y el derecho a la defensa.

La Comisión de Desarrollo Económico avocó conocimiento de la resolución del Consejo de Administración Legislativa respecto al proyecto de Ley Scooter Seguro, de iniciativa del exlegislador Jhon Vinueza Salinas. La propuesta, de conformidad con lo que estable el artículo 58.1 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, se unifica al proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial y se encuentra en la fase de elaboración del informe para segundo debate, según el cronograma previsto hasta febrero del 2026.

Además, el objetivo del proyecto de reforma es contribuir a la reducción de los riesgos de accidentes viales en el territorio nacional, tanto para conductores como para peatones, mediante la regulación y el control de los vehículos de micromovilidad, motorizados y no motorizados.

Así mismo, la micromovilidad es un término que se utiliza para definir a los medios de transporte, vehículos pequeños o ligeros, como scooters, monopatines y bicicletas, que permiten recorrer distancias cortas y frecuentes de hasta 10 kilómetros, para desplazamientos al trabajo, a la universidad y a otros destinos cotidianos.

En el Ecuador, el uso de la micromovilidad eléctrica como alternativa al transporte convencional se ha popularizado desde el 2020.

Finalmente, de acuerdo con experiencias y marcos normativos similares en otros países, estas formas de transporte representan una oportunidad significativa para la planificación urbana y la mejora de los sistemas de movilidad, con beneficios tanto a nivel ambiental como social.

El Pleno del Consejo de la Judicatura, solicitó la renuncia a los directores provinciales administrativos y disciplinarios a nivel nacional. Esta decisión es para verificar el cumplimiento de los objetivos estratégicos orientados a fortalecer la gestión institucional.

Además, evaluaran integralmente el desempeño de los funcionarios y se verificará, con criterios técnicos, si se han cumplido las metas, funciones y compromisos asumidos en el ejercicio fiscal 2025, como se ha hecho en ocasiones anteriores.

Esta medida constituye una acción encaminada al reordenamiento y consolidación institucional.

Así mismo, garantizará que, en los casos que existan análisis de riesgo y medidas de seguridad dispuestas por el Ministerio del Interior y la Policía Nacional para los directores provinciales, estas se mantendrán y coordinarán conforme a los informes técnicos y protocolos correspondientes, asegurando el respeto a los derechos de los funcionarios involucrados.

La institución reafirma su compromiso con una gestión pública responsable, transparente y orientada a resultados.