La comisión de Soberanía Alimentaria y Desarrollo del Sector Agropecuario y Pesquero de la Asamblea Nacional, recibió a los delegados de los ministerios Agricultura, Agencia de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (ARCSA) y del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), respecto al proyecto de Ley Interpretativa al artículo 24 de la Ley Orgánica para Fomentar la Producción, Comercialización, Industrialización, Consumo y Fijación del precio de la Leche y sus Derivados.

Para Jorge Baño, subsecretario del Ministerio de Agricultura y Ganadería, esta cartera de Estado ha desarrollado las disposiciones contenidas en la Ley, con lo que se ha capacitado a los productores, así como establecer centros de acopio de leche que han permitido que el productor, en algunos casos, obtenga precios muy superiores a la media recibida anteriormente, dijo.

De igual manera, Baños consideró que sería un error tratar este proyecto de Ley con el carácter de una interpretación cuando realmente se trata de una reforma al artículo 24 de la normativa vigente, expresó.

Por su parte, el subsecretario de Agroindustria del Ministerio de la Producción, Julio Roberto Álvarez, aseguró que se trata de una reforma y no de una interpretación a la Ley, en materia de fijación de precios. El Reglamento vigente fue producto de un trabajo coordinado con el Ministerio de Agricultura y con todos los actores de la cadena productiva de la leche, empezando por el consumidor, proceso que atendió las demandas de todos los sectores involucrados.

Mientras tanto, el director de la Agencia de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (ARCSA), Daniel Antonio Sánchez, manifestó que a esta dependencia pública le corresponde el control de los productos procesados, es decir, los derivados de la leche, puesto que la competencia sobre la leche cruda está en manos de la Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario del Ecuador (AGROCALIDAD), y no presentó observaciones directas al proyecto de Ley.

Finalmente, la directora del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), Eva María Mera, sostuvo que la entidad que dirige solamente contribuye con datos estadísticos y económicos relacionados con las diferentes ramas de la producción, pero no tienen injerencia en lo relacionado con los parámetros técnicos para la fijación del precio de la leche. Por consiguiente, no es de su competencia formular recomendaciones relacionadas con esta Ley.

Los delegados de la Asociación de Servidores Penitenciarios del Ecuador, presentaron sus observaciones para mejorar a la Ley Orgánica del Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria, en la comisión de Seguridad Integral de la Asamblea Nacional.

Para la asambleísta Inés Alarcón la crisis institucional que atraviesa el sistema penitenciario en el país es alarmante, por lo que solicitó trabajar en un marco jurídico autónomo, moderno y funcional que garantice la protección de los servidores penitenciarios, en el marco de sus actuaciones para el restablecimiento del control en los centros de privación de libertad y “frente a los grupos de delincuencia organizada que se han apoderado de estos”, dijo. 

La reforma de esta Ley no debe ser un parche operativo, sino una apuesta por la seguridad integral del sistema y el bienestar de quienes lo resguardamos, “no existe verdadera rehabilitación social si no hay disciplina y control interno, actuaciones de fuerza legalmente reconocida, con personal capacitado y protegido por la Ley”, explicó Alarcón. 

Además, proponen generar mecanismos para incrementar el número de funcionarios operativos en el sistema, actualmente existe un déficit del 68% de guardias penitenciarios para el resguardo óptimo de las 36 mil personas privadas de la libertad a nivel nacional. 

Así mismo, señalaron que “cuántos compañeros más tendrán que morir para que le den la importancia a lo que pasa dentro de los centros penitenciarios”, las cárceles del país se han convertido en “escuelas del crimen”, por lo que se ven impedidos de ejercer plenamente sus funciones. 

Finalmente, los legisladores integrantes de la comisión preguntaron sobre los protocolos de acción frente a amotinamientos, provisión de insumos, chalecos y armamento, entre otros. Y la presidenta de la comisión dispuso que se convoque al director del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad (SNAI), los delegados de la Oficina de las Naciones Unidas contra la droga y el delito, para construir en conjunto una normativa que responda al bienestar de los servidores penitenciarios, en el marco del respeto a los derechos humanos. 

El Pleno de la Asamblea Nacional realizó el primer debate del proyecto de reformas a la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, 15 iniciativas a la Ley fueron unificadas de acuerdo al informe de la comisión de Desarrollo Económico.

Según, la presidenta de la comisión, Valentina Centeno ponente del informe, dijo que estas modificaciones servirán para proteger la vida de los ecuatorianos, dignificar al sector transportista y depurar las agencias de tránsito que se encuentran plagadas de corrupción, tráfico de influencia, terrorismo y crimen organizado.

La reforma al proyecto de Ley incluye, entre otros temas, la eliminación de obstáculos innecesarios para obtener la licencia tipo C, un régimen de sanciones más severas para quienes falsifiquen títulos de conducción y la reducción de costos excesivos para la formación de conductores profesionales. “Así, esta norma se convertirá en una herramienta valiosa para la construcción de una cultura de la movilidad responsable”, insistió.  

Además, durante el debate intervinieron 14 asambleísta.

Para el legislador José Vallejo la incorporación con la reforma permiten regular el sector del transporte y más con una nueva modalidad que ya viene operando por muchos años y sigue siendo explotado se trata del Transporte Técnico y Logístico, por más de diez años, expresó.

Por su parte, Luis Alfredo Azogue del Transporte Técnico y Logístico, indicó que llegó el momento de hacer justicia y permitir que miles de familias se puedan beneficiar con el reconocimiento de está modalidad, “no competimos con nadie porque no somos taxis, transporte pesado o colectivos, ni livianos, nuestro trabajo es temporal y excepcional”.    

En cambio, la asambleísta Inés Alarcón es partidaria de devolver el control del tránsito de todas las carreteras de la red vial estatal a la Policía Nacional. “El país necesita que la policía asuma las competencias sobre las 25 zonas priorizadas por el Ministerio del Interior, donde se ha identificado una mayor incidencia de delitos de asalto y robo a transportistas y pasajeros”, aseguró.  

Así mismo, el legislador Patricio Chávez sostuvo que se debe modificar el artículo 165 de la Ley para que la devolución de los vehículos involucrados en diligencias periciales se efectúe en un plazo máximo de 24 horas, previa orden de autoridad competente.

Sin embargo, Steven Ordóñez y Naila Quintana manifestaron la necesidad de regular el uso de motocicletas. “En esta Ley tenemos que dejar claro, dos personas no podrán transportarse al mismo tiempo en una misma motocicleta”, señalaron.

Mientras tanto, buscan reglamentar la obligatoriedad de uso de chalecos y cascos homologados para facilitar su identificación en caso de delitos o accidentes en la vía pública.

Finalmente, otros aspectos de preocupación del debate fue la erradicación de la corrupción en la Comisión de Tránsito del Ecuador, modalidades de transporte en la provincia de Galápagos, uso exclusivo de recursos recaudados por multas en el mejoramiento de la red vial, transporte comunitario, entre otros. Una vez concluido el debate, el presidente de la Asamblea Nacional, Niels Olsen dispuso que retorne el proyecto de Ley a la comisión para la recolección de observaciones y la construcción del informe para segundo debate.

Dentro del análisis del proyecto de Ley Orgánica de Transporte Terrestre y Seguridad Vial, la presidenta de la comisión del Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa de la Asamblea Nacional, Valentina Centeno se reunió con los representantes del sector del transporte, el objetivo construir una normativa basada en el diálogo, la seguridad vial y el desarrollo productivo.

Además, Centeno destacó que esta propuesta legal busca garantizar mayor confianza y protección a los usuarios del transporte, reconociendo el rol fundamental del sector como generador de empleo y conector de las actividades económicas del país, dijo.

Entre los delegados participantes del sector del transporte fueron de la carga pesada, taxis, transporte escolar e interprovincial, del Ministerio de Transporte y Obras Públicas.

Para el viceministro Camilo Enríquez Ruíz el proyecto de reforma permitirá contar con un marco más eficiente y protector del sector a nivel nacional.

Finalmente, Ruíz explicó una serie de beneficios y acciones impulsadas desde el MTOP a favor de los transportistas como la eliminación de los radares sancionatorios y operativos discrecionales, extensión de la vida útil de las unidades, incentivos crediticios con BanEcuador, más de 130.000 llantas entregadas, 20 millones de dólares en compensaciones tras la eliminación del subsidio a las gasolinas, y el fortalecimiento de la seguridad vial con patrulleros, motos y camionetas. Tenemos una política de puertas abiertas y diálogo directo. Este proyecto debe reflejar la realidad del transporte y nacer del consenso.

El Pleno de la Asamblea Nacional, con 138 votos a favor, resolvió reconocer al deportista ecuatoriano Moisés Isaac Caicedo Corozo por su destacada participación internacional como campeón del Mundial de Clubes de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) 2025, en honor a su excelencia profesional y su contribución al prestigio del deporte nacional y concederle la condecoración “Asamblea Nacional de la República del Ecuador – Vicente Rocafuerte” al Mérito Deportivo.

Además, reconoce al deportista Willian Joel Pacho Tenorio, primer futbolista ecuatoriano en conquistar la Unión de Federaciones Europeas de Fútbol (UEFA) Champions League y posteriormente obtener el subcampeonato en el Mundial de Clubes, mérito que lo posiciona como un referente histórico del balompié nacional en Europa. Por ello, se le otorgará la condecoración “Asamblea Nacional de la República del Ecuador – Vicente Rocafuerte” al Mérito Deportivo.

Así mismo, las condecoraciones serán entregadas en el plazo de treinta días, en la sesión del pleno, con la presencia de sus familiares y autoridades del deporte nacional.

Finalmente, “los logros deportivos alcanzados deben ser reconocidos, considerando al deporte como un proceso formativo y de educación en valores para niñas, niños y adolescentes”, dijo el legislador Luis Molina.

El cantón Sucre en la provincia de Manabí, desde el 11 de julio del 2025, cuenta con un nuevo punto digital gratuito, este se suma a los 74 accesos distribuidos estratégicamente en zonas rurales y urbanas de la provincia para garantizar el acceso gratuito a la tecnología, capacitación y servicios digitales.

El objetivo es continuar reduciendo la brecha digital en el país, el viceministro de Tecnologías de la Información y Comunicación, Ricardo Gutiérrez, inauguró el PDG “La Laguna”, ubicado en Charapotó, beneficiando a 23 mil ciudadanos de la parroquia, en competencias digitales y facilitando su acceso a oportunidades educativas y laborales.

Además, el Gobierno Nacional con esto garantiza el derecho a la conectividad de la ciudadanía. “Hoy ustedes son protagonistas de este cambio. Este punto digital es suyo. Cuídenlo, aprovéchenlo, conviértanlo en un centro de vida comunitaria, de desarrollo, de unidad”, dijo.

Así mismo, en la parroquia Cañitas, 155 estudiantes de la Unidad Educativa Charapotó recibieron sus certificados, tras culminar con éxito el proceso de formación en Herramientas TIC.

Ecuador cuenta con 978 puntos digitales gratuitos a nivel nacional y más de 7.9 millones de visitas.

La comisión de Transparencia resolvió inició el proceso de fiscalización sobre las actuaciones de los operadores de justicia en el marco de la denuncia presentada en contra del asambleísta Santiago Díaz, por un presunto delito contra la integridad sexual y reproductiva.

La moción la presentó el legislador Isaac Solano y aprobada con diez votos a favor.

La presidenta de la comisión, Diana Jácome, indicó que de acuerdo con el artículo 233 de la Constitución, ningún servidor público está exento de responsabilidades por los actos realizados en el ejercicio de sus funciones. Por tanto, la Asamblea Nacional tiene el deber de fiscalizar todas aquellas acciones que se ejecuten al margen del ordenamiento jurídico.

Para Jácome este proceso de fiscalización, de ningún modo, constituye una afectación al principio de independencia judicial consagrado en el artículo 168, numeral 1, de la Constitución de la República, el objetivo es garantizar la transparencia del proceso. “No vamos a evaluar las decisiones jurisdiccionales, sino las acciones que se adopten en este sentido”, dijo.

Dentro del proceso solicitarán la comparecencia del legislador Santiago Díaz y de quienes respaldaron con su firma la presentación del proyecto de reforma al Código Orgánico Integral Penal, de autoría del asambleísta denunciado.

La Asamblea Nacional presentó el Informe de rendición de cuentas respecto del año 2024, los avances alcanzados en relación con los cuatro objetivos estratégicos institucionales y su articulación con el Plan Nacional de Desarrollo 2024-2025. La presentación del trabajo de la Función Legislativa se realizó de conformidad con lo establecido en el artículo 90 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana y el artículo 11 de la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.

Para el Presidente de la Asamblea Nacional, Niels Olsen el compromiso de la función legislativa es con la transparencia, participación ciudadana y el fortalecimiento institucional, el objetivo del espacio del debate, cuyos resultados de la gestión 2024 se estructuraron por el Plan Nacional de Desarrollo 2024-2025.

Las cifras, metas y resultados de los objetivos institucionales estuvieron a cargo de la coordinadora general de Planificación Estratégica, Fanny Yanza. El primer objetivo estratégico, orientado a contribuir al desarrollo sostenible del país y a garantizar los derechos constitucionales mediante una producción legislativa eficiente, la Asamblea Nacional registra un porcentaje de cumplimiento de la agenda legislativa con una meta del 99% y un resultado obtenido del 78%, dijo.

Además, el porcentaje de proyectos de Ley con informes vinculantes, se evidenció un cumplimiento del 100%. Respecto al número de leyes publicadas en el Registro Oficial son 27. Cuatro informes de control a la ejecución del Presupuesto General del Estado y a la proforma presupuestaria, en concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Así mismo, el segundo objetivo estratégico, enfocado en contribuir a una gestión pública eficiente mediante procesos adecuados de control político y fiscalización, el porcentaje de informes técnico-jurídicos para juicios políticos alcanzó una meta y un resultado del 100 %, señaló.

En cambio, el tercer objetivo, orientado a garantizar la participación ciudadana en el quehacer legislativo y fomentar un Parlamento Abierto, registra la participación de 70.221 ciudadanos.

Finalmente, el cuarto objetivo, dirigido a fortalecer las capacidades institucionales, la institución plantea como meta una ejecución presupuestaria del 98%, alcanzando un resultado del 92,08%. La agenda legislativa comprende los siguientes ejes: Seguridad Ciudadana; Desarrollo Social; Desarrollo Económico, Productivo y Sostenible; Infraestructura, Recursos Naturales y Medio Ambiente; y Eficiencia del Estado y Lucha contra la Corrupción.

El ministro del Deporte, José Jiménez, indicó que se han incorporado observaciones en el proyecto de Ley, que buscan suplir las necesidades en la Ley vigente. Para la elaboración del informe en segundo debate del Proyecto de Ley Orgánica del Deporte, la Educación Física y la Recreación, por parte de la Comisión del Derecho a la Salud y Deporte.

Además, propuso nuevos regímenes para fortalecer la estructura del deporte ecuatoriano, explicó.

Así mismo, Jiménez solicitó incluir la figura de las Sociedades Anónimas Deportivas, considerando que actualmente solo existe un régimen de constitución para clubes: entidades privadas sin fines de lucro. Esta propuesta tendría carácter opcional, permitiendo a los clubes y a sus socios decidir si desean transformarse en sociedades anónimas deportivas o mantenerse bajo el régimen actual, señaló.

También, planteó cómo deberían estar conformadas estas sociedades anónimas deportivas, con el objetivo de evitar conflictos de interés. Por ejemplo, establecer límites de participación accionaria para impedir que una misma persona tenga acciones en diferentes clubes y permitir que los acreedores actuales de los clubes puedan convertirse en accionistas de estas nuevas sociedades, puntualizó.

Mientras tanto, Jiménez destacó la necesidad de transparentar el origen de los fondos en el deporte profesional, especialmente en el fútbol. Consideró que, mediante la constitución de sociedades anónimas deportivas, se facilitará el control por parte de la Superintendencia de Compañías, la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) y el Servicio de Rentas Internas (SRI), lo cual permitiría verificar el origen de los recursos económicos.

Otro, aspecto indispensable es la creación de la Unidad Nacional Antidopaje; establecer diferencias claras en los procesos electorales; reestructurar de los distintos organismos deportivos; promover la renovación de la dirigencia deportiva, para generar confianza en la empresa privada y fomentar la autogestión. “Estamos trabajando junto a otros organismos deportivos en una Ley que responda a los requerimientos que tiene el deporte nacional”, aseguró.

Finalmente, el presidente de la comisión, Juan José Reyes, resaltó la importancia de las propuestas para garantizar la transparencia y prevenir irregularidades en el deporte ecuatoriano. 

En la comisión de Garantías Constitucionales de la Asamblea Nacional, los presidentes de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), Leonidas Iza y Washington Tiwi de la Federación Provincial de la Nacionalidad Shuar (FEPNAH) de Zamora Chinchipe, expresaron su respaldo al proyecto de Ley Orgánica de Consulta y Consentimiento Previo, Libre e Informado.

Según, Leonidas Iza, presidente de la CONAIE el proyecto de Ley trata de garantizar un mecanismo de reparación histórica. No es un formalismo o trámite por cumplir, sino de un derecho reconocido, no solo en el Ecuador, sino a nivel internacional.

“Más que un texto legal, es el reflejo de un reclamo histórico y legítimo de los pueblos indígenas, afros y montubios. La propuesta representa una exigencia institucional, constitucional y un mandato de justicia pendiente con los pueblos originarios del Ecuador. Esta normativa busca alcanzar una legislación transversal, libre de vicios”, sostuvo, Iza.

Por su parte, Washington Tiwi, presidente de la Federación Provincial de la Nacionalidad Shuar (FEPNAH) de Zamora Chinchipe, manifestó el respaldo a la Ley, Y propuso que el proyecto de Ley debe ser más articulada y pertinente, para permitir el pleno ejercicio de derechos dentro de un Estado plurinacional y que incluya artículos relacionados con la reparación y la remediación, dijo.

 Además, “la Ley va a permitir destrabar un sinnúmero de problemas que vivimos día a día”, aseguró Tiwi.

Así mismo, el presidente de la Federación Provincial de la Nacionalidad Shuar (FEPNAH) de Zamora Chinchipe, se mostró preocupado por el hecho de que más del 68 % del territorio de Zamora Chinchipe cuenta con concesiones mineras, lo que evidencia la falta de control sobre la explotación minera ilegal, señaló.

Mientras tanto, el asambleísta Fernando Cedeño enfatizó en la necesidad de respetar el marco jurídico y las normas internacionales para lograr una armonización adecuada de la Ley.

Finalmente, esta iniciativa no solo representa una herramienta jurídica, sino un paso hacia la reparación histórica y la construcción de un Estado verdaderamente plurinacional, donde la voz de las comunidades no sea una formalidad, sino un principio fundamental de democracia y justicia social, puntualizaron.