La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea entregó al Consejo Nacional Electoral el informe final de observación de las Elecciones Generales del 2025. El documento ratifica que los comicios se llevaron con total transparencia y no se detectaron elementos que sustenten el fraude.

Además, destaca como positivo la acreditación de 1.700 observadores electorales nacionales e internacionales, así como 95.000 delegados de ambos candidatos; el correcto funcionamiento del sitio web de resultados y de la aplicación móvil del CNE, que publicó los primeros resultados apenas media hora después del cierre de la votación, entre otros aspectos relevantes.

El presidente subrogante, Enrique Pita, reconoció el trabajo desplegado durante los comicios del 2025. “Ratificamos nuestro interés en consolidar la cooperación técnica entre ambos organismos”, dijo.

El jefe de la MOE-UE, Gabriel Mato, destacó el trabajo realizado por el CNE para llevar adelante el proceso electoral sin contratiempos. En la entrega del informe también participaron los consejeros José Cabrera Zurita y Elena Nájera Moreira.

En el debate del proyecto de Ley Orgánica de Recuperación de Áreas Protegidas y Promoción del Desarrollo Local, presentado por el Ejecutivo, la comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional, recibió las observaciones de los ministerios de Turismo, Producción y Economía.

Para la presidenta de la comisión, Valentina Centeno el tratamiento del proyecto de Ley constituye una valiosa oportunidad para abordar temas relacionados con la conservación y la biodiversidad. Por lo que, han recibido varias observaciones de asambleístas e instituciones, que contribuirán a la elaboración del informe para primer debate, previsto para esta semana.

Según, el ministro de Turismo, Mateo Estrella, la importancia del proyecto de Ley, está en las áreas protegidas que representan el 20 % del territorio nacional. Estas zonas generan beneficios tangibles que dinamizan y fortalecen toda la cadena de valor, incluyendo a prestadores de servicios, proveedores, artesanos, comunidades, agricultores, que incrementaron el número de visitantes de 1,2 millones en el 2024 a 3,2 millones en lo que va del 2025.,

Además, el ministro de Turismo propuso la creación de un Comité Técnico de Inversiones Ambientales Turísticas Sostenibles, como entidad encargada de calificar y aprobar las inversiones y modelos de gestión a ser aplicados dentro de las áreas protegidas.

Por su parte, la viceministra de Economía, Joselyn Camacho, dijo que la gestión de las áreas protegidas se debe enmarcar dentro de las capacidades institucionales, expresó.

Así mismo, Camacho manifestó que los mecanismos contractuales de intervención, administración y operación tendrán que contar con el dictamen favorable de sostenibilidad y riesgos fiscales, emitido por el ente rector de las finanzas públicas en el país.

En cambio, la viceministra de Acuacultura y Pesca, Mariella Cereceda, solicitó el respaldo de los legisladores para el sector pesquero artesanal, mediante la remisión de intereses y el fortalecimiento del proceso de regularización.

Mientras tanto, esta posibilidad se encuentra en la disposición general única del proyecto de Ley, en la que establece la remisión del 100 % de los cánones de arrendamiento vencidos, intereses, recargos y multas correspondientes a los contratos de arrendamiento de infraestructura de los puertos pesqueros artesanales y facilidades conexas.

Finalmente, las alianzas público–privadas, concesiones turísticas y poblaciones beneficiarias, también serán debatidas.

Con 84 votos a favor, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó el proyecto de Ley Orgánica de Integridad Pública, presentado por el Ejecutivo con el carácter de urgente en materia económica. El objetivo erradicar la violencia en las calles, la corrupción en todos los niveles y funciones del sector público, mejorar la eficiencia institucional y garantizar que los bienes y servicios del Estado respondan a las necesidades ciudadanas.

Según, el legislador Andrés Castillo el proyecto de Ley incorpora los elementos relacionados con: el balance general del Banco Central del Ecuador; la sanción de expulsión y prohibición de retorno al territorio nacional; la deportación en el contexto del conflicto armado interno y la designación de los miembros de la Junta de Política y Regulación Financiera y Monetaria, señaló.

Además, el proyecto de Ley aborda cuatro ejes fundamentales: la contratación pública; el fortalecimiento institucional del sector público; la gestión pública en su conjunto y la erradicación de redes delictivas que amenazan a la niñez del país.

Para la asambleísta Valentina Centeno es una ley necesaria, justa e inédita, que reforma cerca de 20 cuerpos normativos y que está enfocada en la protección de la vida, la dignidad humana. “Esta Ley es un paso clave en la búsqueda de un Ecuador justo, transparente e íntegro, manifestó.

También, Centeno explicó los aspectos relacionados con la seguridad, declaratoria de emergencia judicial, expulsión de extranjeros que hayan cometido delitos, lucha contra el hacinamiento carcelario, evaluación de servidores públicos y reformas al régimen de contratación pública.

Mientras tanto, durante el debate intervinieron diez legisladores, quienes abordaron temas como: sanciones por prevaricato cometido por los jueces; la necesidad de democratizar la contratación pública; penas de hasta 15 años para adolescentes infractores; duración de la declaratoria de emergencia judicial; prevención del uso de jóvenes por parte del crimen organizado; balance general del Banco Central; apoyo a la economía popular y solidaria mediante una reserva de mercado y la depuración del Registro Único de Proveedores, entre otros.

Finalmente, el proyecto Ley no se limita únicamente al ámbito de la contratación pública, sino que va más allá, incorporando reformas integrales que permiten enfrentar la problemática de la corrupción de manera estructural, puntualizaron.

La comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, continuó con la investigación de las presuntas actuaciones irregulares de los operadores de justicia, en el marco del conflicto armado interno que afronta el país. Por lo que, recibió al fiscal general (subrogante), Wilson Toainga, quien defendió el trabajo de la entidad, en cumplimiento de lo previsto en la Constitución y la Ley.

Para del Fiscal General del Estado (s), Wilson Toainga la actuación de los fiscales, en los casos de flagrancia, depende de los partes de aprehensión o novedades elaborados por la Policía y Fuerzas Armadas, no todas las partes ni todos los expedientes cuentan con la debida fundamentación para formular cargos; tampoco encajan en los presuntos delitos que se mencionan en ellos, dijo.

Los fiscales en determinados casos, cuando los elementos probatorios lo permiten, solicitan medidas cautelares personales o reales, no todos los casos ameritan prisión preventiva y en muchas ocasiones, el juez, sobre la base de las normativas nacionales e internacionales, decide otorgar medidas como la prohibición de salida del país o la presentación periódica ante la autoridad judicial, explicó.

Además, el problema va más allá de las medidas que adoptan los jueces. En el Ecuador, los fiscales y jueces no tienen garantías para desarrollar su trabajo, sobre todo en el ámbito de la lucha contra la delincuencia organizada, todos los operadores de justicia tienen las mismas medidas, pese a que el riesgo es mayor en el caso de quienes están al frente de los procesos relacionados con esta materia, señaló Toainga.

También, el fiscal general (subrogante) aseguró que existe normativa internacional excepcional relacionada con la materia del crimen organizado, que es un problema regional y mundial que data de la década de los noventa. Frente a esto, nuestra legislación debería contar con medidas excepcionales para garantizar la seguridad de los jueces y fiscales, insistió.

Finalmente, el presidente de la comisión de Fiscalización, Ferdinan Álvarez, solicitó a los integrantes de la mesa legislativa que remitan sus observaciones, para efectuar un pedido de información a la Fiscalía General del Estado, documentación que será debidamente analizada y evaluada para la construcción del informe respecto de la investigación.

El pleno de la Asamblea Nacional debatirá este martes 24 de junio 2025, el segundo debate el proyecto de Ley Orgánica de Integridad Pública, calificado por el Ejecutivo como urgente en materia económica, el objetivo garantizar una administración pública íntegra, eficiente, ágil, transparente, de violencia y corrupción. La sesión será a las 15h00.

Según, la comisión de Desarrollo Económico, establece que la integridad pública es una condición necesaria para responder a la corrupción, mantener la confianza en las instituciones públicas. Respecto a la contratación pública. Fortalecer el servicio público.

Además, tratar la gestión pública en su generalidad, para no estancarse en lo superficial del problema, sino empezar a hacerle frente desde un ámbito más profundo.

Así mismo, busca erradicar la red de delincuencia que amenaza a la niñez del país.

Finalmente, para la elaboración del informe para al segundo debate, la comisión recogió las observaciones del primer debate y recibió criterios de varias autoridades, organismos públicos y privados.

El Gobierno Nacional recibió a una delegación oficial de Emiratos árabes Unidos, encabezada por Su Excelencia Omar Sultan Al Olama, ministro de Estado para Inteligencia Artificial, Economía Digital y Aplicaciones de Teletrabajo, en el Primer Foro Económico y de Inversiones Ecuador.

Además, parte de su visita al país, el ministro Emiratí fue recibido por el presidente de la República, Daniel Noboa, en el Palacio de Carondelet, el saludo protocolar y encuentro reafirma el compromiso de las dos naciones.

Según, la canciller Gabriela Sommerfeld esta visita tiene como objetivo dar seguimiento a los acuerdos y compromisos adquiridos durante la visita oficial del presidente Noboa a Emiratos Árabes Unidos en mayo del 2025. El foro constituye una plataforma para mostrar la oferta ecuatoriana, principalmente de productos agrícolas, dijo.

Así mismo, durante el foro que se desarrolló en Quito, los ministros de Estado y representantes del sector empresarial de ambos países mantuvieron diálogos bilaterales centrados en producción, innovación, comercio y cooperación estratégica, sentando las bases para una alianza sólida y de largo alcance.

La delegación Emiratí la integraron altos ejecutivos de destacadas empresas internacionales como Emirates Airline, la Compañía Nacional de Petróleo de Abu Dhabi (ADNOC), el Centro Multicomercial de Dubái (DMCC), Al Dahra, Al Bakrawe, Mirak, G42 Presight y representantes de las Cámaras de Dubái.

Mientras tanto, el foro es el primer paso para la ejecución de los 28 compromisos suscritos durante la visita presidencial Noboa en mayo, en temas como energía, hidrocarburos, minería responsable, desarrollo agrícola, tecnología, salud y educación.

Finalmente, el Gobierno del presidente Daniel Noboa impulsa activamente una política exterior enfocada en la cooperación internacional para el desarrollo. Con encuentros de alto nivel como este, que fortalece la presencia del Ecuador en los mercados estratégicos, fomenta la atracción de inversiones y atiende de manera integral las necesidades de los ciudadanos.

El Pleno de la Asamblea Nacional, con 125 votos a favor, aprobó en segundo debate el proyecto de reformas a la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas, conocida como Código de la Democracia, que unifica 22 iniciativas sobre paridad de género, transparencia, el método de asignación de escaños en elecciones pluripersonales y el fortalecimiento de los mecanismos de participación ciudadana, entre otras.

El Código de la Democracia es el resultado de un proceso amplio, participativo y plural, que se ha desarrollado a lo largo de los 4 años. Durante este tiempo, el cuerpo legal recibió valiosos aportes de autoridades electorales, asambleístas de distintas bancadas políticas y representantes de la sociedad civil, lo que refleja un compromiso conjunto con el fortalecimiento de la institucionalidad democrática y la transparencia electoral en el país.

Para la asambleísta Rosa Torres, presidenta de la comisión de Justicia y Estructura del Estado, los ajustes realizados al texto final, elimina los cambios inicialmente propuestos a los artículos 93 y 267, es decir que se mantienen tal como rigen actualmente, se unifican todos los formatos de la Ley, dijo.

Además, el proyecto de Ley recoge las observaciones formuladas durante el segundo debate, en materias relacionadas con la inclusión de disposiciones que garanticen los principios de equidad de género, paridad y no discriminación hacia la mujer en los procesos de selección de los miembros del Consejo Nacional Electoral y del Tribunal Contencioso Electoral.

Así mismo, incorpora normas sobre la participación de jóvenes y de ecuatorianos en el exterior en elecciones nacionales, conforme a la Constitución. Se aclaran temas sobre el control del gasto electoral, límites de aportes de candidatos y simpatizantes de las organizaciones políticas a campañas.

Mientras tanto, el proyecto de Ley establece sanciones por excesos en aportes y gastos electorales, procedimientos para denuncias de violencia política de género contra mujeres y los porcentajes mínimos de votación y representación electoral que deben cumplir los partidos y organizaciones para seguir registrados y evitar su extinción.

Finalmente, el proyecto de Ley aprobado será remitido al Ejecutivo para la sanción u objeción.

La Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional, continua con el proceso de investigación de las presuntas actuaciones irregulares de los operadores de justicia, en el marco del conflicto armado interno que enfrenta el país. El ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo y el jefe del Comando Operacional del Comando Conjunto de Fuerzas Armadas, Enrique Aristizábal.

Según, el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo durante el 2025, las FF. AA. capturaron a más de seis mil sospechosos de actos delictivos, cumpliendo con todos los protocolos que se deben seguir para este efecto.

Sin embargo, las actuaciones de jueces y fiscales resultan ser incomprensibles, hecho que pone en evidencia la desarticulación de las entidades de justicia con los esfuerzos que realiza la fuerza pública en la lucha contra la delincuencia organizada, dijo el ministro.

Además, los posibles errores procesales y la supuesta falta de evidencias probatorias, la actuación de los operadores de justicia demuestra que existe una grave crisis en la cual los fallos responden a los intereses de estos grupos y no a lo que anhela la mayoría de los ecuatorianos, expresó Loffredo.

“El país necesita un sistema de justicia sólido, probo, íntegro y comprometido con el bienestar de todos los ecuatorianos; un sistema que acompañe la lucha de todas las instituciones para así proteger de manera efectiva a nuestros ciudadanos, militares y policías; un sistema que no sea funcional a las mafias”, aseguró el Ministro de Defensa.

Por su parte, el jefe del Comando Operacional, Enrique Aristizábal, explicó los resultados de los operativos efectuados por el eje de seguridad en todo el país. Recordó que se trata de una lucha que no solo es de las Fuerzas Armadas ni del personal militar, sino que debe ser de todos los ecuatorianos, de todas las funciones del Estado.

Mientras tanto, las más de seis mil personas aprehendidas en los operativos salieron en libertad a los dos, tres o cuatro días, lo que demuestra que la lucha que hace Fuerzas Armadas no es correspondida por las demás instituciones públicas, manifestó el Comandante.

Finalmente, el Ministerio de Defensa como las Fuerzas Armadas reiteraron su compromiso con la seguridad nacional y el combate frontal a la delincuencia organizada. No obstante, insistieron en que estos esfuerzos solo serán efectivos si existe una coordinación real y sostenida con el sistema de justicia, precisaron.

El Pleno de la Asamblea Nacional culminó el primer debate del proyecto de Ley Orgánica de Integridad Pública, con el carácter de urgente en materia económica, el objetivo garantizar una administración pública íntegra, eficiente, ágil, transparente y libre de violencia y corrupción.

Durante el debate, la legisladora Valentina Centeno, señaló que la normativa busca fortalecer la integridad pública y la eficiencia en los servicios que el Estado presta a la ciudadanía.

Además, Centeno lamentó la creciente influencia de los grupos de crimen organizado en las generaciones más jóvenes. En el 2024, fueron detenidos 2.777 menores de edad por diversos delitos. Por ello, la propuesta incluye una disposición para que, en casos de delitos graves cuya pena supere los 10 años, los menores de edad sean sancionados conforme al Código Orgánico Integral Penal, es decir, como adultos.

Así mismo, incorpora un nuevo delito: el prevaricato cometido por jueces y fiscales. La propuesta legal también contempla un capítulo sobre contratación pública, el rediseño de procedimientos, reformas al servicio público, entre otros.

Según, los asambleístas la contratación pública tiene un alto impacto en la economía nacional. En el 2024 se adjudicaron contratos por 73 millones de dólares, 76 millones por lista corta y 25 millones mediante concurso público, lo que representó el 6,5 % del Producto Interno Bruto.

También, advirtieron que entre el 10 % y el 30 % de los recursos destinados a proyectos financiados con fondos públicos se pierden a causa de la corrupción.

Finalmente, los legisladores coincidieron en la necesidad de garantizar el correcto uso de los recursos públicos. Plantearon evitar la manipulación del Sistema Nacional de Contratación Pública en diversos procedimientos, fortalecer las economías locales y asegurar el pago oportuno a los proveedores.

La Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional, inició un proceso de investigación sobre presuntas actuaciones irregulares por parte de los operadores de justicia en el contexto del actual conflicto interno que enfrenta Ecuador.

Según, ciertas decisiones judiciales estarían favoreciendo la liberación de personas detenidas en flagrancia, lo que ha generado preocupación en relación con la eficacia del sistema de justicia y su impacto en la seguridad pública. Para este propósito, la comisión recibió al ministro del Interior, John Reimberg y al comandante general de la Policía, Pablo Dávila Maldonado.

El Ministro del Interior reiteró que en la lucha contra el crimen organizado se han encontrado con barreras en el procedimiento judicial, con decisiones que permiten que los sospechosos de actos delictivos, detenidos en flagrancia, sean liberados o que reciban medidas sustitutivas a la prisión preventiva, acciones que frenan el trabajo del eje de seguridad.

Además, John Reimberg recordó que de los 104 mil aprehendidos en los más de 900 operativos contra el crimen organizado, muchos están en libertad, recibieron medidas sustitutivas y han vuelto a cometer delitos; otros tienen arresto domiciliario, lo cual obliga a destinar más de 800 policías para su custodia. La actuación irregular de determinados jueces hay que esperar un año para saber qué pasa con en estos casos, mientras los delincuentes siguen libres. “Los jueces están llamados a estar del lado correcto del país y de la historia”, expresó.

Por su parte, el Comandante General de la Policía Nacional, Pablo Dávila Maldonado aseguró que la Institución cumple sus labores con un profundo compromiso con el país, a fin de proteger a la ciudadanía. Pero lamentablemente, los plazos prolongados y la carga documental que se necesita para legalizar las aprehensiones ante los operadores de justicia, complican el trabajo de la Policía Nacional.

Mientras tanto, el 60 % de los más de 25 mil ciudadanos aprehendidos en flagrancia ha recibido medidas sustitutivas a la prisión preventiva, muchos de ellos tienen entre dos, cinco y más detenciones por las mismas causas, esta recurrencia en el cometimiento de delitos complica las estadísticas de violencia en el Ecuador. Esta realidad hace necesario revisar los procedimientos para la calificación de flagrancia y las condiciones básicas para dictar medidas sustitutivas, con el propósito de sancionar oportunamente esas prácticas y evitar la impunidad, aseguró el ministro.

Finalmente, el presidente de la comisión de Fiscalización, Ferdinan Álvarez, sostuvo que continuará con el proceso de investigación hasta obtener resultados que garanticen una adecuada administración de justicia para salvaguardar los intereses de los 18 millones de ecuatorianos.