El Pleno del Consejo Nacional Electoral, aprobó este jueves 7 de agosto, la actualización del Registro Electoral con el objetivo de garantizar los derechos de participación ciudadana. Para este fin se habilitaron 13´966.443 electores, tanto en territorio nacional como en el exterior.

En la actualización del Registro Electoral se reflejan los trámites de cambios de domicilio realizados hasta el 1 de agosto de 2025. Sin embargo, este servicio electoral permanecerá disponible de forma continua, y las solicitudes de cambio realizadas después de la fecha señalada se harán efectivas para las elecciones seccionales previstas en 2027.

El Registro Electoral actualizado estará disponible para consulta ciudadana en la página institucional http://www.cne.gob.ec, entre el 10 y 24 de agosto de 2025, y de ser el caso, se podrá presentar los respectivos reclamos administrativos.

“Hoy el Ecuador del miedo ya quedó en el pasado porque el tiempo nos enseñó que nunca más daremos un paso atrás”, expresó el presidente de la República, Daniel Noboa, en la ceremonia militar por los 216 años del Primer Grito de Independencia y ascenso de generales.

“Hoy nuestros patriotas son quienes protegen nuestra soberanía, defienden a las familias y siempre están ahí, ofreciendo su mano solidaria ante desastres naturales y otras emergencias. Esos patriotas son ustedes, valientes militares que se forman y preparan para servir a la patria; ustedes son el verdadero ejemplo de que la valentía viene con ser ecuatoriano”, dijo el presidente Noboa.

Además, el Jefe de Estado auguró éxitos a los nuevos generales de división y de brigada de la Fuerza Terrestre y a los oficiales que se gradúan de tenientes especialistas y subtenientes de arma y servicio.

Así mismo, el Mandatario expresó que la lucha de las fuerzas del orden y con las demandas ciudadanas, el Gobierno Nacional impulsa una nueva consulta popular que le apuesta a un cambio real.

Finalmente, el Presidente de la República, Daniel Noboa manifestó que “no vamos a permitir que decisiones alejadas de la realidad de la gente derriben las leyes que protegen la paz, la transparencia y la lucha contra el terrorismo y el crimen. Este es su mandato, y nosotros lo vamos a cumplir”, puntualizó.

Con 81 votos a favor, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó el proyecto de reforma parcial a los artículos 110 y 115 de la Constitución de la República y elimina el financiamiento estatal para las organizaciones políticas y la publicidad electoral, tomando como base el informe de la comisión Ocasional integrada para el tema.

Según, Esteban Torres, presidente de la comisión desde el 2008 a la actualidad se han asignado 263 millones de dólares por el fondo partidario y financiamiento de la publicidad electoral, se preguntó: «¿Cuánto ha servido ese dinero para mejorar la calidad de la democracia y de los partidos políticos?».

Además, la Asamblea Nacional revisó exhaustivamente todos los datos históricos desde la Constitución de 1945, donde se instituyó el Tribunal Supremo Electoral como ente rector de los procesos eleccionarios, hasta la Constitución del 2008 y la expedición del Código de la Democracia. Lamentablemente los fondos destinados a los partidos y movimientos políticos no han contribuido a mejorar la democracia, por lo cual es necesario eliminar este supuesto beneficio que no ha ido a los partidos, sino a determinados políticos, dijo Torres.

Así mismo, la reforma sustituye el artículo 110 de la Constitución por el siguiente:
«Art. 110. Los partidos y movimientos políticos se financiarán con los aportes de sus afiliadas, afiliados y simpatizantes. El movimiento político que en dos elecciones pluripersonales sucesivas obtenga al menos el cinco por ciento de votos válidos a nivel nacional, adquirirá iguales derechos y deberá cumplir las mismas obligaciones que los partidos políticos».

En cambio, el artículo 115, propone el siguiente texto: “Art. 115. El Estado, a través de los medios de comunicación, garantizará de forma equitativa e igualitaria la promoción electoral que propicie el debate.

También, “se prohíbe el uso de los recursos y la infraestructura estatales, así como la publicidad gubernamental, en todos los niveles de gobierno, para la campaña electoral.
La Ley establecerá sanciones para quienes incumplan estas disposiciones y determinará los mecanismos de control de la propaganda y el gasto electoral».

Mientras tanto, 18 asambleístas intervinieron en el debate, voces de apoyo a la propuesta como mecanismo para evitar el uso y abuso de recursos públicos para financiar a políticos aventureros que no llegan ni al uno por ciento del total de los votos válidos de una elección. Igualmente, entre quienes defendieron la vigencia de los actuales artículos 110 y 115 de la Constitución, ya que garantizarían una participación igualitaria de todas y todos los ciudadanos en las elecciones.

Finalmente, de acuerdo al artículo 442 de la Constitución, aprobada la reforma, corresponderá convocar a referéndum para que sea el pueblo quien se pronuncie en las urnas.

El presidente de la República, Daniel Noboa y el titular del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), Sergio Díaz se reunieron en Guayaquil. En el marco de este encuentro, suscribieron un crédito por 250 millones de dólares con el Ministerio de Economía y Finanzas para el programa de transformación productiva y sostenible del agro ecuatoriano.

Este crédito fortalecerá el Gobierno Nacional el desarrollo del sector agrícola, para que sea más productivo, equitativo y sostenible, enfocado en la mejora de la seguridad alimentaria, la generación de empleo rural y la promoción de prácticas agrícolas libres de deforestación y bajas en emisiones de carbono.

La CAF reiteró su respaldo al Ecuador y su disposición para seguir aportando con cooperación técnica, conocimiento y redes especializadas en los temas estratégicos que impulsen el desarrollo sostenible del país.

En cambio, 350. 000 dólares en cooperaciones técnicas no reembolsables para el fomento productivo.

También, la CAF comprometió 80.000 dólares para fortalecer institucionalmente a PRO-ECUADOR, con un sistema de cobro por servicios sostenible y mecanismos de gobernanza alineados con estándares internacionales. El proyecto busca asegurar sostenibilidad financiera, transparencia y un posicionamiento estratégico del país en el comercio internacional, frente a los desafíos postpandemia y la competencia regional.

Mientras tanto, 270.000 dólares para ejecutar un proyecto con el Ministerio de Energía y Minas, dedicado a modernizar y consolidar el sistema eléctrico ecuatoriano. Contempla diagnósticos normativos, técnicos y financieros, planificación de infraestructura prioritaria, fortalecimiento de sistemas operativos (incluyendo SCADA) y el desarrollo de perfiles de inversión sostenibles.

Finalmente, esta iniciativa busca diversificar la matriz energética, reducir la vulnerabilidad climática e incentivar la inversión privada a través de mejores mecanismos de articulación interinstitucional.

La comisión de Transparencia y Participación Ciudadana de la Asamblea Nacional, recibió al contralor general del Estado, Mauricio Torres, quien presentó los hallazgos de los informes emitidos el 14 y 21 de julio del 2025, respecto a los contratos suscritos entre la Corporación Eléctrica del Ecuador – CELEC EP y las empresas Austral Technical Management – ATM y Progen Industries LLC. En el primer examen especial, los indicios de responsabilidad penal que involucran a 19 personas; en el segundo, en cambio a 24 personas.

En el caso Austral, la Contraloría General del Estado, tras concluir el examen especial sobre la zona La Propicia, en Esmeraldas, determinó indicios de responsabilidad penal, recomendó establecer responsabilidad administrativa por 123.280 dólares y señaló responsabilidades civiles por 53 millones 958 mil dólares.

Mientras tanto, en el caso Progen, relacionado con la generación eléctrica en las estaciones El Salitral y Quevedo, la Contraloría recomendó responsabilidades administrativas por 130.750 dólares y responsabilidades civiles por 69 millones 58 mil dólares.

Por lo que, el Contralor general del Estado indicó que se encuentra en curso un examen especial relacionado con la central termoeléctrica de Catamayo.

Por su parte, los legisladores realizaron varias inquietudes sobre varios temas: la conformación del equipo técnico que realizó los exámenes, los cambios introducidos en las cláusulas contractuales, la renuncia del proveedor al anticipo sin presentar garantías, el perjuicio al Estado superior a los 100 millones de dólares, la responsabilidad de la máxima autoridad delegante, la ineficiencia de los equipos, el pago de viáticos para la verificación, la aplicación del artículo 151 de la Constitución sobre la responsabilidad civil subsidiaria del Estado, los mecanismos para la recuperación de los recursos públicos y las diferencias entre delegación, designación y disposición.

Finalmente, el Contralor defendió el carácter técnico de los informes, elaborados por profesionales especializados y expertos en contrataciones emergentes. Tanto los informes como sus anexos fueron entregados a la Comisión de Transparencia.

La comisión del Derecho al Trabajo y a la Seguridad Social, receptó los criterios de los delegados del Ministerio de Trabajo respecto al Proyecto de Ley Orgánica para la Prevención y Erradicación del Acoso Laboral, en el marco de la elaboración de su informe para primer debate.

Para María Gabriela Pico y David Padilla, subsecretaria de Normativa y subsecretario de Empleo y Salario del Ministerio de Trabajo, señalaron que ya existe un marco normativo vigente que recoge muchos de los principios contemplados en el proyecto de Ley del 2023.

Los funcionarios insistieron en que dicho marco legal es suficiente en cuanto a reformas normativas y cumplimiento de exigencias internacionales, ya que actualmente ampara diversas modalidades de acoso laboral.

Según, María Gabriela Pico el artículo primero, que se refiere al objeto de la Ley, ya se encuentra regulado en la reforma realizada al Código del Trabajo y a la LOSEP, en concordancia con la aplicación del Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), tanto en el sector público como en el privado. Este convenio busca prevenir, erradicar y sancionar diversas formas de agresión y maltrato en el entorno laboral.

Además, la definición de acoso laboral propuesta en el proyecto es contraria a la establecida en el Convenio 190 de la OIT, ya ratificado por el Ecuador. La Ley Reformatoria para Prevenir el Acoso Laboral en todas sus modalidades ya contempla una definición vigente desde el 2024.

Por otro lado, la rectoría ya existe en un cuerpo colegiado encargado de los temas de violencia de género en todos los entornos, como es el Comité Interinstitucional, que actualmente se encuentra en funciones. No obstante, consideran que podrían asignarse atribuciones específicas sobre acoso laboral a dicho comité.

Por su parte, David Padilla indicó que la Ley Orgánica Reformatoria para la Erradicación de la Violencia y el Acoso en todas las modalidades de trabajo es la   norma que actualmente rige en esta materia y que recoge principios más alineados con las disposiciones de la OIT.

También, dijo que existe el Acuerdo Ministerial 2020-2024, que establece el protocolo para reglamentar y hacer efectivos los derechos contemplados en dicha Ley. Este protocolo se encuentra próximo a ser reformado para incorporar los avances requeridos por las instituciones pertinentes.

Mientras tanto, el asambleísta Roberto Cuero manifestó que no existe mejor momento para debatir una norma de esta naturaleza, especialmente tras la expedición del Decreto Ejecutivo 57 que motivó la salida abrupta de 5.000 servidores públicos.

Finalmente, el presidente de la comisión del Derecho al Trabajo, Ecknner Recalde sostuvo que en la próxima sesión recibirán los argumentos del ponente del proyecto de Ley.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) informa a la ciudadanía que a partir del lunes 4 de agosto se emitirán los certificados de votación definitivos correspondientes a las Elecciones Generales 2025, de primera y segunda vuelta

El documento se lo puede obtener de forma presencial en las 24 Delegaciones Provinciales Electorales y en línea, ingresando al portal institucional http://www.cne.gob.ec Para acceder a los certificados definitivos se requiere la cédula de identidad y no tener multas pendientes de procesos anteriores

El CNE ratifica su compromiso de ofrecer a la ciudadanía servicios electorales eficientes y transparentes.

Por unanimidad, el Consejo de Administración Legislativa calificó a trámite la Ley Orgánica para el Control de Flujos Irregulares de Capitales, calificada como urgente en materia económica, enviada por el Presidente de la República, Daniel Noboa.

El proyecto de Ley busca prevenir, detectar y controlar posibles financiamientos irregulares de organizaciones, corporaciones y demás entidades sin fines de lucro radicadas en el Ecuador, será analizada por la Comisión de Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa. Para su trámite en dos debates, la Asamblea Nacional tendrá un máximo de 30 días, según lo establece el artículo 142 de la Constitución y 62 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa.

Además, este representa una herramienta clave para proteger los recursos del Estado y asegurar que toda organización que opere en el país lo haga bajo principios de legalidad, transparencia y servicio a la sociedad. Expresó l presidente de la Asamblea Nacional.

También, el CAL calificó a trámite otros cuatro proyectos de Ley en materia judicial; de apoyo complementario de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional; extradición e identificación inmediata en caso de aprehensión por delito flagrante. Las comisiones designadas podrán unificar los proyectos de Ley con otras que ya se encuentren en análisis.

Finalmente, de forma unánime, calificó el enjuiciamiento político contra el Consejero de Participación Ciudadana y Control Social, Gonzalo Albán, una vez que la Unidad de Técnica Legislativa verificó el cumplimiento de los requisitos para su debido proceso. De acuerdo al artículo 80 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, le corresponderá a la Comisión de Fiscalización y Control Político el trámite a la sustanciación del juicio.

La Comisión de Transparencia y Participación Ciudadana de la Asamblea Nacional, dentro del proceso de fiscalización respecto a las actuaciones de los operadores de justicia, recibió información de los delegados de la Fiscalía General del Estado, quienes expusieron sobre los diversos procesos de investigación, en especial aquellos relacionados con delitos contra la integridad sexual.

Para el director de Estadísticas y Sistemas de la Información, Darwin Padilla actualmente la Fiscalía General del Estado cuenta con un visualizador público que presenta información sobre más de 280 delitos tipificados en el Código Orgánico Integral Penal, indicó.

Por lo que, durante el período de análisis 2015–2025, se registraron 86.962 denuncias por delitos como violación, abuso sexual, acoso sexual, contacto con fines sexuales, distribución de material pornográfico, oferta de servicios sexuales con menores de edad, entre otros.

Además, esta información está desagregada por año, mes, provincia y cantón del incidente.

Así mismo, la mayor cantidad de denuncias se registró en Quito, con 17.085 casos, lo que representa cerca del 20 % del total; le siguen las ciudades de Guayaquil y Cuenca.

En cambio, Alejandro Bañó, director de Derechos Humanos de la Fiscalía General del Estado, informó que, en el ámbito misional de la institución, existe un plan de cobertura con 929 fiscales a nivel nacional. De ellos, 95 están especializados en violencia basada en género y 217 son multicompetentes para conocer este tipo de casos.

En el país existen 42 puntos de atención integral para víctimas de delitos de naturaleza sexual. Desde el 2020, la Fiscalía cuenta con un módulo de denuncia en línea. A esto se suma la creación en el 2019 de un equipo interdisciplinario especializado en el seguimiento de este tipo de casos, orientado a la atención de víctimas. Paralelamente, opera el Sistema de Protección a Víctimas y Testigos.

Mientras tanto, Jonathan Ramos, director de Política Criminal de la Fiscalía, recordó que se creó una unidad especializada en la investigación de delitos digitales, otros instrumentos diseñados para apoyar las investigaciones en este ámbito.

Finalmente, los legisladores solicitaron ampliar la información respecto a la carga procesal, los protocolos para evitar la revictimización de niñas, niños y adolescentes durante las investigaciones, entre otros.