El Proyecto de Ley Orgánica del Deporte, Educación Física y Recreación ya cuenta con el informe para el segundo debate del Pleno de la Asamblea Nacional, la comisión del Derecho a la Salud y Deporte aprobó, con seis votos a favor y tres en contra. El documento concluye que la propuesta de Ley fortalece de manera sustancial el marco normativo del sistema deportivo nacional, actualizando sus disposiciones a los estándares constitucionales y a los instrumentos internacionales de derechos humanos.

La reforma refuerza el vínculo existente entre deporte, educación y salud, impulsando el desarrollo integral de la sociedad y asegurando que el acceso al deporte se consolide como un derecho efectivo y no como un privilegio.

Además, incorpora principios éticos y sociales en la formulación de políticas públicas, promoviendo un modelo de gobernanza deportiva sostenible.

Así mismo, el proyecto de Ley consolida un Sistema Nacional del Deporte más articulado, eficiente y transparente, definiendo con mayor claridad las competencias del ente rector y de los organismos deportivos, e incorporando mecanismos de control y rendición de cuentas plenamente desarrollados.

Mientras tanto, promueve la inclusión social, la equidad de género, accesibilidad y la interculturalidad como principios rectores del desarrollo deportivo, reconociendo que el deporte, la educación física y la recreación son derechos fundamentales y herramientas esenciales para el bienestar y la cohesión social. Con ello, se amplía el alcance de la Ley vigente al integrar enfoques de salud pública, educación integral y desarrollo comunitario, otorgando al Estado un papel central como garante del derecho al deporte.

También, el proyecto introduce innovaciones relevantes, como la regulación de los deportes electrónicos o esports, aspecto que moderniza el sistema jurídico y responde a nuevas realidades deportivas y tecnológicas no contempladas en la normativa anterior. Optimiza los procesos de intervención estatal, el régimen disciplinario y la transparencia financiera, garantizando una gestión más técnica y controlada de los recursos públicos.

La comisión recogió las observaciones de los principales entes y autoridades relacionadas con el deporte, así como de la academia, sociedad civil y organizaciones deportivas cantonales, provinciales y nacionales, cumpliendo así con el principio de deliberación democrática.

Finalmente, el presidente de la comisión, Juan José Reyes, indicó que el documento será remitido a la presidencia de la Asamblea Nacional para que continúe con el trámite previsto en la Ley Orgánica de la Función Legislativa.

El país inicia una intervención estructural en los sistemas de control portuario, uno de los puntos más vulnerables frente al crimen organizado, mediante la implementación de la MEGERIC, una herramienta oficial del Gobierno Nacional para identificar, valorar y mitigar riesgos de corrupción. Esta acción reunió a Responsables Institucionales de Cumplimiento del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, la Policía Nacional y el Ministerio del Interior, consolidando una respuesta coordinada del Estado frente a las redes criminales que operan en puertos y aduanas.

La Declaratoria de Intención conjunta entre las Naciones Unidas y la Presidencia de la República del Ecuador, considerando que el Gobierno de Canadá y la UNODC en el país se encuentran implementando el proyecto “DISRUPT”, tiene como objetivo y componentes la prevención y combate a la corrupción asociada al crimen organizado y en este caso, priorizando acciones enfocadas al sistema portuario.

Según, la Secretaría General de Integridad Pública la importancia de la prevención como parte del sistema de control interno de las instituciones. la MEGERIC busca definir pautas técnicas que permitan llevar a cabo la gestión de los riesgos institucionales de corrupción mediante la creación de estrategias, acciones e indicadores concretos.

Además, la metodología es una herramienta de aplicación obligatoria para las entidades de la Función Ejecutiva, dijo la funcionaria.

Para Carla Suarez, oficial de Programa de la UNODC, la relevancia de este taller se enmarca en el Día Internacional contra la Corrupción. “Creemos firmemente que una de las maneras más eficientes y sostenibles para el combate a la corrupción es la integridad”, señaló.

El Gobierno Nacional reafirmó su compromiso con el fortalecimiento de mecanismos eficaces para enfrentar al crimen organizado, impulsando prácticas responsables y procesos de capacitación que doten a los funcionarios los conocimientos e insumos necesarios para desempeñar sus funciones como RIC.

El Presidente de la República, Daniel Noboa mantuvo un encuentro con Su Alteza Mohammed Bin Rashid Al Maktoum, vicepresidente y primer ministro de EAU y gobernante de Dubái, uno de los centros neurálgicos del comercio, la logística, la innovación y la conectividad global.

El diálogo de las autoridades se concentró en el deseo de Ecuador de abrir una oficina comercial para el 2026 en Dubái con el objetivo de desarrollar más los vínculos entre los dos países e integrar a la nación en las cadenas globales de suministro que Dubái lidera.

El Presidente Noboa hizo hincapié en el Memorando de Entendimiento (MOU) entre el Ministerio de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información del Ecuador, la Cámara de Innovación y Tecnología del Ecuador y Dubái Chambers para ampliará la cooperación en materia de inteligencia artificial, ciencia y tecnología de última generación.

El Pleno de la Asamblea Nacional aprobó con 83 votos a favor, la resolución que dispone a la comisión de Fiscalización iniciar un proceso de seguimiento y fiscalización integral, a través de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) y el Consejo Nacional de Competencias, a las entidades municipales encargadas de las competencias de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial, respecto de las presuntas emisiones ilegales de matrículas vehiculares atribuibles a grupos de delincuencia organizada, a fin de esclarecer los hechos, determinar responsabilidades políticas y recomendar las acciones correctivas y las reformas normativas que fueran necesarias.

Así mismo, exhortó a la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial a realizar el control y seguimiento al cumplimiento de las Resoluciones Nro. 069-DE-ANT-2022, Nro. 070-DE-ANT-2022 y sus respectivos anexos, e informe sobre su cumplimiento al Ministerio del Interior y a la Comisión de Fiscalización.

Además, dispuso a la Secretaría General de la Asamblea Nacional notificar el contenido de la presente resolución a la Comisión de Fiscalización y Control Político.

Según, el asambleísta José Luis Nango, esto no es un ajuste administrativo, sino una decisión trascendental sobre si la Asamblea se ubica del lado de la ciudadanía honesta o permite que las mafias sigan infiltrando las instituciones de tránsito. Denunció que en varias ciudades existen indicios concretos de matriculación ilegal, emisión irregular de placas y manipulación de sistemas para legitimar vehículos robados, prácticas que terminan facilitando asaltos, secuestros y asesinatos, dijo.

La Constitución obliga a fiscalizar el uso de las competencias públicas sin importar si pertenecen al nivel central o a los gobiernos locales y advirtió que la delincuencia organizada busca capturar estas entidades porque controlar el sistema de matrículas significa controlar la identidad de los vehículos usados para mover droga, lavar dinero o ejecutar sicariatos.

También, abrir un proceso de fiscalización serio, técnico y transparente que permita identificar responsabilidades, detectar patrones inusuales, articularse con organismos de control, si es necesario, promover reformas que blinden a las instituciones frente a la captura criminal. No se trata de perseguir a municipios ni funcionarios honestos, sino de defender al Estado, proteger a la ciudadanía y evitar que cada matrícula ilegal se convierta en un arma más del crimen organizado.

En cambio, el legislador Adrián Castro indicó que dichas resoluciones evidenciaron prácticas graves en más de 150 municipios, donde se matricularon más de 115 mil vehículos sin pago alguno, con un perjuicio superior a 50 millones de dólares, la creación de alrededor de 400 usuarios ilegales con claves vendidas clandestinamente.

Para Sergio Peña los artículos 120, 129 y 425 de la Constitución sustenta la competencia de la Asamblea Nacional en la fiscalización de todas las funciones del Estado y de los servidores públicos, incluidos quienes laboran en los GAD. La normativa constitucional prevalece sobre cualquier otra disposición, expresó.

Por su parte, el asambleísta. Isaac Solano alertó que la descentralización del tránsito, originalmente concebida para generar eficiencia, ha sido distorsionada por prácticas irregulares y presiones delictivas sobre servidores municipales. La Asamblea Nacional tiene el deber de fiscalizar con firmeza y empatía: “Si hay corrupción, debemos fiscalizar; si hay extorsión, también debemos fiscalizar”, señaló.

Mientras tanto, el legislador Juan Gonzaga aseguró que fiscalizar no significa obstaculizar al Gobierno, sino cumplir con el mandato constitucional, por lo que hizo un llamado a ordenar la agenda parlamentaria para atender temas prioritarios de manera responsable.

Finalmente, el parlamentario, Diego Franco advirtió que las mafias han alcanzado penetrar estructuras estatales, y que la captura del sistema de tránsito no es un problema administrativo, sino un facilitador directo del sicariato y el narcotráfico. La ANT ha confirmado estas irregularidades, lo que evidencia la gravedad y urgencia de la situación, puntualizó.

Tras la emisión de las certificaciones que confirman la ausencia de recursos pendientes, tanto en el Consejo Nacional Electoral como el Tribunal Contencioso Electoral, este 1 de diciembre, el Pleno del CNE proclamó los resultados definitivos del Referéndum y Consulta Popular 2025.

CASILLERO	SI	NO
A	39,18%	60,82%
B	41,7%	58,3%
C	46,29%	53,71%
D	38,2%	61,8%

Después de sesenta días, el CNE entregó a los ecuatorianos el resultado final del proceso electoral del 2025.

La ministra de Desarrollo Social, Zaida Rovira, participó este 27 de noviembre en Brasil, en el encuentro de “Seminario Internacional sobre los Desafíos de la Protección Social en el Mercosur”, en representación de Ecuador. Este encuentro forma parte de la agenda de cooperación del bloque donde se convocaron los ministros del ámbito social de Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Chile, Colombia y del Instituto Social del Mercosur (ISM). El evento fue organizado por el Ministerio de Desarrollo y Asistencia Social, Familia y Lucha contra el Hambre de Brasil, actualmente presidente Pro Tempore del Mercosur.

Además, el objetivo es fortalecer el diálogo regional y la cooperación entre los países del bloque, donde a través de mesas temáticas se consolida un documento regional construido con diagnósticos, desafíos y propuestas sobre las políticas sociales de los países que conforman el Mercosur. 

Según, la ministra Rovira los aportes de cada Estado participante, como el Ecuador con políticas y avances en programas de protección social contribuyen significativamente con insumos técnicos, buenas prácticas y avances en políticas de incidencia directa en la población vulnerable para su protección social, señaló.

“Ecuador como Estado miembro del bloque regional, está comprometido con la protección social como un derecho fundamental. A través de políticas públicas innovadoras y efectivas, estamos trabajando para garantizar que todos los ciudadanos tengan acceso a un ingreso mínimo, educación, salud y oportunidades de desarrollo. Estamos listos para compartir nuestras experiencias de acercar los servicios sociales a los lugares más dispersos, pero aprender de nuestros socios del MERCOSUR para seguir avanzando hacia una región más justa y equitativa”, sostuvo la ministra.

Finalmente, las mesas temáticas dedicadas a cuestiones estratégicas como políticas sociales integradas y registros sociales, inclusión socioeconómica y mecanismos de cooperación regional e internacional donde los países con sus representantes consolidaron la declaración oficial con aportes sustantivos y retos como hojas de ruta para la protección social y cuidados en países del Mercosur.

El Pleno de la Asamblea Nacional, con 81 votos a favor, resolvió archivar el proyecto de Ley de Prevención de Conflicto de Interés, porqué contiene normas incompatibles que podrían colisionar con la Constitución de la República, el Código Orgánico Integral Penal y la Ley Orgánica de Servicio Público, lo que afectaría la unidad y coherencia del ordenamiento jurídico.

Según, la presidenta de la Comisión de Transparencia y Participación Ciudadana, Diana Jácome los ejes principales de la propuesta legal, entre ellos la creación de registros, es incompatible con el ordenamiento jurídico. Asignar atribuciones tanto a la Defensoría del Pueblo como a la Contraloría del Estado constituiría un doble juzgamiento, dijo.

Además, en el ámbito penal, las disposiciones del proyecto podrían colisionar con las normas del Código Orgánico Integral Penal que tipifican los delitos de cohecho, concusión, tráfico de influencias y la oferta de realizar tráfico de influencias, señaló Jácome.

Actualmente, la Ley Orgánica del Servicio Público prohíbe a los servidores públicos solicitar, aceptar o recibir dádivas, recompensas, regalos o contribuciones en especie, bienes o dinero, privilegios y ventajas en razón de sus funciones.

Mientras tanto, en el debate, el asambleísta Juan Gonzaga indicó la importancia de una regulación que permita frenar los casos de conflicto de interés.

Finalmente, la asambleísta Viviana Veloz, aseguró que el proyecto de Ley lo trabajaron junto a las organizaciones sociales, fundaciones, Ciudadanía y el Observatorio Legislativo, el objetivo regular el conflicto de intereses, transparentar las agendas y establecer medidas para prevenir estas prácticas, tipificar faltas y sanciones administrativas. Por ello, insistió en la necesidad de contar con esta normativa en el Ecuador, tal como ocurre en países como Perú, Colombia, España, Francia, Canadá, Chile, entre otros.

Una vez culminada la jornada de sufragio del Referéndum y Consulta Popular 2025, Diana Atamaint, presidenta del Consejo Nacional Electoral, anunció que más del 80% de los electores habilitados ejercieron su derecho al voto.

La presidenta del CNE, junto al vicepresidente Enrique Pita y los consejeros José Cabrera, Esthela Acero y José Merino Abad, explicó que, una vez cerradas las urnas, las Juntas Receptoras del Voto iniciarán el proceso de escrutinio público, que se cumple con la presencia de delegados de las organizaciones políticas y sociales; observadores nacionales e internacionales; y medios de comunicación.

La transmisión de resultados iniciará alrededor de las 19h00, una vez que los Miembros de las Juntas Receptoras del Voto clasifiquen, cuenten y generen las actas para su procesamiento. Además, se recordó que la única institución responsable de proclamar los resultados es el CNE y la Cadena Nacional será a las 21h00.

Este sábado 15 de noviembre del 2025, concluyó el despliegue de los paquetes electorales del Referéndum y Consulta Popular 2025, a los 4.364 recintos de las 24 provincias del país.

Con resguardo de las Fuerzas Armadas se distribuyeron 41.345 kits para el sufragio de 13’457.351 electores en el territorio nacional.

Los paquetes cuentan con papeletas y documentos, material genérico, elementos de seguridad, sobres electorales y los insumos necesarios que serán entregados a los Miembros de las Juntas Receptoras del Voto desde las 06h00 de este 16 de noviembre para garantizar el normal desarrollo de los comicios.