La Asamblea Nacional, con 79 votos a favor, resolvió que todos los asambleístas que son candidatos al mismo cargo, deberán hacer uso de la licencia sin remuneración del 05 al 09 de febrero del 2025, en cumplimiento del artículo 93 del Código de la Democracia.

Por lo que, el Pleno de la Asamblea Nacional dispuso a la Secretaría General que ejecute a los alternos para los asambleístas que son candidatos de elección popular, conforme lo determina la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador.

Además, se suspenderá el pago de cualquier tipo de remuneración, derecho o beneficio, así como la suspensión de accesos, credenciales, correos, sistema DTS o de cualquier medio a los asambleístas que son candidatos.

La presidenta de la Asamblea Nacional, Viviana Veloz dijo que la sentencia interpretativa de la Corte Constitucional del 2010, se refiere al cálculo de los periodos y no al cumplimiento de requisitos, por lo que se debe cumplir con lo establecido en el artículo 93 de la Ley Electoral, que es obligatorio. En este marco, informó que han solicitado la licencia más de 75 asambleístas.

La campaña electoral de las Elecciones Generales 2025 comenzará a las 00h00 del domingo 5 de enero y se extenderá hasta las 23h59 del jueves 6 de febrero.

Las candidaturas calificadas en firme por el Consejo Nacional Electoral y sin trámites pendientes en el Tribunal Contencioso Electoral podrán hacer uso del Fondo de Promoción Electoral durante estos 33 días para promover sus propuestas en prensa escrita, radio, televisión, vallas publicitarias y medios digitales, de forma equitativa e igualitaria.

También, podrán realizar eventos públicos, mítines y reuniones, pintura de murales o material publicitario como adhesivos, camisetas, entre otros, con miras a ganar el apoyo ciudadano, sin sobrepasar el Límite del Gasto Electoral fijado en 5´494.525,60 de dólares para las dignidades de presidente y vicepresidente de la República.

Quienes incumplan los plazos establecidos para realizar campaña electoral, incurrirán en infracciones electorales graves, sancionadas con multas que van desde once hasta veinte salarios básicos unificados, destitución o suspensión de derechos de participación, desde seis meses hasta dos años.

Finalmente, para las elecciones están calificadas en firme 4.463 candidaturas entre principales y suplentes.

La comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, con cinco votos a favor, calificó a trámite la solicitud de enjuiciamiento político en contra de la consejera del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Johanna Ivonne Verdezoto del Salto, presentada por la legisladora Ana Herrera Gómez, por supuesto incumplimiento de funciones.

La solicitud de la legisladora Herrera tiene relación con un supuesto “conflicto de intereses con el ejercicio de sus funciones respecto del concurso para designar a la primera autoridad de la Defensoría Pública”, así como la “denuncia de concusión y perjurio vinculado a un contrato de arrendamiento”, por parte de la funcionaria denunciada.

La presidenta de la comisión de Fiscalización, Pamela Aguirre indicó que, en la sustanciación de un pedido de juicio político, corresponde al Pleno de la Asamblea Nacional la decisión final. Por lo que, tras la calificación a trámite de la referida solicitud dispuso la notificación a las partes.

El Consejo de Administración Legislativa, dispuso a la Presidencia de la Asamblea Nacional que convoque de forma inmediata al Pleno de la Legislatura para que como máximo órgano de decisión resuelva sobre la licencia sin remuneración de los funcionarios públicos de elección popular que son candidatos a la reelección de su cargo, de conformidad con lo previsto en el artículo 93 del Código de la Democracia.

También, el CAL resolvió declarar receso parlamentario desde el día 8 hasta el 22 de enero del 2025, para los asambleístas que están en ejercicio de sus funciones en la Asamblea Nacional; así como para las sesiones del Pleno; Comisiones Especializadas Permanente y Ocasionales; reuniones de Grupos Parlamentarios Temáticos y Grupos Interparlamentarios de Amistad; del Comité de Ética; sesiones del Consejo de Administración Legislativa y para toda actividad legislativa.

Durante el receso legislativo se suspenderán los plazos o términos de los trámites ordinarios para la aprobación de leyes; sustanciación de solicitudes de juicio político; tramitación de amnistía, indultos, quejas, denuncias; enmiendas y reformas parciales a la Constitución; proceso de seguimiento y evaluación a las leyes y demás trámites, procesos o ejercicio de las funciones y atribuciones constitucionales y legales de la Asamblea Nacional y sus órganos.

Entre tanto, las actividades administrativas, de gestión y funcionamiento se mantendrán, con el personal necesario para garantizar el idóneo, eficiente y eficaz funcionamiento de la Asamblea Nacional.

La comisión de Educación de la Asamblea Nacional, recibió a Gustavo Ayala, subsecretario para la Innovación y el Buen Vivir del Ministerio de Educación, quien explicó sobre el programa Comunidades Educativas Seguras y Protectoras, en el marco de la fiscalización a las acciones realizadas para reducir la inseguridad en las instituciones educativas del Ecuador.

El programa abarca un número determinado de 365 instituciones educativas, con una cobertura de 457 mil estudiantes y su focalización se definió con base en la capacidad operativa de la Policía Nacional, priorizando los indicadores de inseguridad de la zona, emergencias reportadas y casos de violencia escolar, detalló el funcionario.

En cuanto a la categorización por nivel de riesgo, informó que existen 14 instituciones de riesgo mayor, en las que se realizan intervenciones integrales y promoción de derechos, así como de riesgo medio y menor, donde se prioriza el desarrollo de habilidades socioemocionales de los estudiantes.

“Las instituciones del Ecuador siguen siendo espacios seguros, pues más del 90 % de eventos de inseguridad se dan fuera de ellas”, aseguró el subsecretario.

Además, el programa comprende la articulación profunda entre la comunidad educativa; la Policía Nacional, en su rol de vigilancia de los predios educativos y de inteligencia; el Ministerio de Educación, brinda acompañamiento para fortalecer capacidades psicosociales y emocionales.

Así mismo, el subsecretario de educación destacó que la cartera de Estado brinda capacitaciones a profesionales de la educación sobre rutas y protocolos de violencia, prevención de riesgos psicosociales, habilidades psicoemocionales y el fortalecimiento de códigos de convivencia que se adaptan a la situación de inseguridad que se puedan registrar en los entornos educativos.

Mientras tanto, los proyectos que forman parte del programa Comunidades Educativas Seguras y Protectoras, son el Plan Nacional de Prevención de Riesgos; Plan de Orientación Vocacional y Profesional; Programa de Gestión Escolar Colmena; Agenda Digital Educativa; Atención a Estudiantes con Necesidades Educativas Específicas; entre otras.

Finalmente, las asambleístas Zolanda Plúas y Ana María Raffo solicitaron al funcionario la información sobre el presupuesto desglosado y asignado para todos los proyectos y programas expuestos, a razón de conocer sobre el alcance y ejecución real de los mismos, precisaron.

El Consejo de Administración Legislativa calificó a trámite las solicitudes de juicio político contra Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura y Gian Carlo Loffredo, ministro de Defensa Nacional, de conformidad con el artículo 80 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Una vez conocido los informes técnico-jurídicos no vinculantes de la Unidad de Técnica Legislativa, que cumple los requisitos para la procedibilidad de estos procesos de control político. Corresponderá a la Comisión de Fiscalización avocar conocimiento y sustanciar el trámite de los mismos.

Además, el CAL calificó a trámite 15 iniciativas legales con la disposición de que las comisiones designadas para su tratamiento, las unifiquen con otras que ya se encuentren en análisis.

Así mismo, tres reformas al COIP respecto a la retención vehicular, una a la LOFL para la conformación de la Comisión Permanente de la Economía Popular y Solidaria y otra al Código de la Democracia, serán tratadas por la Comisión de Justicia.

En cambio, una reforma al Código de Trabajo y dos nuevos proyectos de Ley para la Jubilación Especial de la Industria del Cemento y para la protección a trabajadores de plataformas digitales de servicios, irán a tratamiento en la Comisión de Derecho al Trabajo.

Por otro lado, la reforma a la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria será tramitada por la Comisión de Desarrollo Económico. Mientras que la Comisión de Soberanía Alimentaria analizará un proyecto de Ley Orgánica para el Fomento, Producción, Comercialización, Consumo y Fijación del Precio de la Papa.

También, la comisión de Biodiversidad estudiará una reforma a la Ley Orgánica de Recursos Hídricos y la Comisión de Educación analizará una reforma a la LOES, para reconocer el mérito académico de los bachilleres.

Finalmente, la reforma a diversas leyes para promover la igualdad de género en materia deportiva irá a la comisión de Salud y una reforma a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública será estudiada por la comisión de Régimen Económico.

Este lunes 30 de diciembre 2024, la comisión de la Niñez y Adolescencia de la Asamblea Nacional, continúa el proceso de fiscalización sobre la desaparición de os cuatro menores de edad de Las Malvinas, recibió al ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo; al comandante de las Fuerzas Armadas, Jaime Patricio Vela; comandante general de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, Celiano Cevallos y representantes del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos.

Según, el Ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo se solidarizó con las familias y aclaró que, hasta el momento, “el caso no ha sido catalogado como desaparición forzada por parte de las autoridades judiciales”. El Ministerio ha brindado todas las facilidades para que la Fiscalía realice las investigaciones pertinentes, manifestó.

Por su parte, el Comandante de las Fuerzas Armadas, Jaime Vela expresó su indignación ante lo sucedido y reafirmó que las Fuerzas Armadas continuarán colaborando con la justicia.

En cambio, el comandante de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, Celiano Cevallos explicó cronológicamente los hechos ocurridos el 8 de diciembre del 2024, las acciones realizadas por las Fuerzas Armadas enmarcadas en el cumplimiento de su deber. Confirmando que han entregado información clave, como videos y listas del personal involucrado, para facilitar las investigaciones.

De su lado, el asambleísta Lucio Gutiérrez criticó el sistema judicial por su ineficiencia, la Asamblea Nacional ha dotado de herramientas legales para fortalecer la seguridad del país, aseguró.

Mientras tanto, Fernando Bastias, representante de la CDH, cuestionó las directrices que rigen las acciones de las Fuerzas Armadas durante estados de excepción y confirmó que una jueza declaró la existencia de una desaparición forzada en el caso. Y presentó recomendaciones para garantizar el respeto a los derechos humanos en este tipo de operaciones.

Finalmente, la comisión continuará trabajando en la fiscalización de este caso y en las reformas legales, con el objetivo de garantizar justicia y respuestas para las familias de los menores desaparecidos.

La comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, aprobó el informe de investigación a las actuaciones de funcionarios del Estado frente a las denuncias públicas sobre la presunta mala calidad, indebida prestación y cobros excesivos de los servicios de telefonía e internet móvil y generadores eléctricos a nivel nacional.

Además, la comisión identificó problemas como la falta de respuesta institucional, siendo esta “insuficiente y tardía”. Las “medidas como la entrega de gigabytes adicionales a los usuarios fueron inútiles en un contexto donde la conectividad era inexistente debido a la falta de energía eléctrica”.

También, el documento detalla que, durante el período de crisis, la Defensoría del Pueblo recibió más de 750 denuncias relacionadas con la mala calidad del servicio y los cobros indebidos.

Sin embargo, no se observó una coordinación efectiva entre esta y las entidades reguladoras para resolver los problemas de manera rápida y efectiva.

Así mismo, otro aspecto crítico fue la limitada fiscalización por parte de las entidades reguladoras. “Aunque ARCOTEL aplicó sanciones a algunas operadoras, estas carecieron de impacto significativo y no motivaron mejoras sustanciales en la prestación del servicio”, lo que implica una responsabilidad directa del Gobierno Nacional en la gestión del problema.

Finalmente, la presidenta de la comisión de Fiscalización, Pamela Aguirre dijo que “la falta de mecanismos efectivos para garantizar la protección de los derechos de los usuarios en situaciones de emergencia, los dejó desprotegidos frente a los abusos de las operadoras”. El informe será remitido a la Presidencia de la Asamblea Nacional para que sea considerado el Pleno.

El presidente de la República, Daniel Noboa dialogó con los agricultores de Los Ríos, sobre las ayudas técnicas, créditos productivos para mujeres y otros servicios que despliega el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Los 13 cantones de los Ríos se destacan por concentrar la ganadería, agricultura, la industria y el comercio como polos de desarrollo económico y financiero de la zona. Para fortalecer el trabajo en el campo, el Ministerio de Agricultura y Ganadería en este año entregó títulos de propiedad de tierras rurales, kits de inseminación artificial, unidades móviles agrícolas subvencionadas; capacitación a las personas sobre agricultura familiar campesina y otorgó créditos a las mujeres de la ruralidad a través de BanEcuador.

 Además, el Mandatario dijo que “ayudamos a la familia ecuatoriana porque esa es la manera de cambiar el país. No es momento de dar falsas promesas sino de darles la oportunidad de trabajar el campo, de darles dignidad para sostener a sus familias y salgan adelante”.

Por su parte, el ministro de Agricultura y Ganadería, Danilo Palacios, aseguró que trabajan por mejorar la agricultura y ganadería del país, con miras a mejorar el desarrollo sostenible del campo. Por eso las ayudas técnicas que se distribuyen en todo el territorio son para las mujeres y hombres que laboran en el campo.

Así mismo, Palacios explicó que están trabajando en el borrador de la política de Estado para el sector agrícola, documento que será entregado a representantes de la actividad para que sea analizado en conjunto y se pueda construir una hoja de ruta participativa a largo plazo en beneficio de los agricultores del país.

Por lo que, el Jefe de Estado destacó que estas acciones atienden las necesidades de los trabajadores ecuatorianos dedicados al agro que, durante los últimos gobiernos, fueron desatendidos: “Debemos cambiar el país a fondo para que el campo se vuelva prioridad y para que Los Ríos sea el protagonista. Tratamos a Los Ríos como el corazón productivo del Ecuador”, manifestó.

Mientras tanto, el MAG entregó los títulos de propiedad y unidades móviles agrícolas, dos créditos de la línea Súper Mujer Rural; 81 títulos de propiedad de tierra; cuatro parcelas demostrativas de arroz, banano, cacao y maíz duro; 23 certificados de graduación sobre agricultura familiar campesina y 20 kits de inseminación artificial.

Finalmente, el Presidente Noboa sostuvo que su gobierno tiene el objetivo de arreglar el pasado y renovar la esperanza de la ciudadanía. Por eso estamos retomando los trabajos de la vía E25: “Devolvemos el poder, la dignidad y la justicia a la familia ecuatoriana. Estamos aquí para mejorar el país, no podemos dejar que las mafias lo echen a perder”, precisó.

En la comisión de Justicia y Estructura del Estado de la Asamblea Nacional, Nubia Vera, jueza de la Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de Quito, dio su testimonio respecto de la denuncia pública realizada sobre presuntas presiones y amenazas, que habría recibido por parte de Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura, en el contexto de la acción de protección que interpuso la vicepresidenta de la República, Verónica Abad.

El presidente de la comisión, Fernando Cedeño lamentó la ausencia de Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura, quien inicialmente confirmó su participación y hoy a primeras horas de la mañana envió carta de excusa, señalando que comparecer a la Asamblea en un proceso en curso contravendría la norma, explicando que Nubia Vera es la jueza que el 23 de diciembre falló a favor de la vicepresidenta Abad y revocó la suspensión de 150 días sin remuneración.

Por su parte, la jueza Nubia Vera, expresó de manera cronológica los hechos sobre las supuestas presiones y amenazas denunció que ha sido intimidada por autoridades del Consejo de la Judicatura para fallar en contra de Verónica Abad.

Además, Vera aseguró que fue amedrantada con sumarios administrativos, advirtiendo sobre su situación laborar si falla a favor de Abad; destitución de su cargo; acabar con su vida; que les iban a comprar las entradas para su obra de teatro; con la presentación de un chat supuestamente del Presidente de la República que estaría atrás del tema y el fallo dependería el desembolso del FMI.

Así mismo, la jueza manifestó que le entregaron un pendrive con «insumos para resolver sobre la acción de protección».

Por lo que, Nubia Vera dijo que se negó y que actuará en derecho.

También, la jueza sostuvo estar temerosa de su seguridad e integridad, pues le amenazaron con terminar su carrera y con su vida, de no cumplir con el pedido.

«Mario Godoy, presidente de la Judicatura y Jorge Carrillo se acercaron a mi despacho incluso ofrecieron comprar 500 entradas para la presentación de mi obra, como forma de presión para fallar en contra de Verónica Abad; al ser esto un delito yo me negué a aceptar», puntualizó la funcionaria judicial.

Mientras tanto, “el presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy; el director provincial, Henry Gaibor y el asesor del presidente de la Judicatura, Jorge Carrillo, me amenazaron que me van a destituir si es que yo fallo contrario”, insistió.

Finalmente, los legisladores consultaron sobre la materialización del contenido del pendrive, precisiones de las amenazas y sumarios administrativos. La jueza respondió que de todos los sumarios administrativos que ha tenido nunca ha sido sancionada. La legisladora Lucía Posso pidió se considere todas las garantías necesarias a la jueza para que pueda defenderse, quien desenmascaró actos bochornosos de corrupción.