En el marco del análisis del proyecto de Reforma Parcial a los Artículos 110 y 115 de la Constitución de la República, la comisión Ocasional encargada recibió a José De La Gasca, ministro de Gobierno, quien explicó los aspectos jurídicos que sustenta esta iniciativa del Ejecutivo.

Según, de La Gasca el funcionamiento del sistema democrático participativo; para ejercer el derecho a la participación se necesita de vehículos, canales y herramientas que son los partidos políticos para amalgamar esta voluntad.

Además, el ministro de Gobierno explicó que, para la promoción de los partidos políticos, desde el 2008 a la fecha, se han invertido cerca de 160 millones de dólares. El Estado no puede ser un gran artífice que subvencione ineficiencia, aberraciones de la democracia y distorsione de la democracia participativa.

«Los derechos no son absolutos y el derecho de participación tiene sus limitaciones. El que quiere celeste que le cueste, ese es el propósito de esta reforma», afirmó el ministro.

Por su parte, los legisladores realizaron varias inquietudes, entre ellas Carlos Alberto Rodríguez preguntó sobre los principales beneficios de la reforma y cómo garantizar que los procesos electorales sean efectivos y transparentes.

Mientras tanto, María de Lourdes Alarcón señaló como se garantizará la equidad económica para el gasto electoral.

En cambio, Nathaly Farinango sostuvo que el debate es el mejor espacio para promocionar nuestras ideas.

Finalmente, la presidenta de la comisión, Lucia Posso, se refirió a los debates obligatorios financiados por el Estado dentro de los medios de comunicación; el antilavado del dinero. Para el Ministro de Gobierno, es el CNE que debe tomar el primer paso.

La presidenta de la Comisión de Gobiernos Autónomos de la Asamblea Nacional, Victoria Desintonio, indicó que insistirá en la comparecencia del ministro de Economía y Finanzas, Luis Alberto Jaramillo, para que aclare la cantidad de recursos entregados a los Gobiernos Autónomos Descentralizados), así como la deuda pendiente a los GAD municipales, Metropolitanos y provinciales.

Además, Desintonio señaló que la información que maneja el Gobierno Nacional no cuadra con la de los GAD.

Según, el Ministerio de Finanzas, la deuda a las prefecturas solamente sería de “210 millones de dólares”.

Sin embargo, el reporte de los GAD provinciales establece que la deuda sería de más de 536 millones de dólares; 387 millones a los municipios y a los gobiernos parroquiales.

Finalmente, la sesión se suspendió hasta contar con la presencia del titular de Economía y Finanzas.

La Comisión de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social de la Asamblea Nacional, aprobó el informe que exhorta al Presidente de la República, Daniel Noboa a declarar a la provincia de Bolívar y sus cantones como un polo de desarrollo.

Además, el documento contiene la base legal y regulatoria para dicha declaratoria.

Así mismo, recoge las solicitudes de información enviadas a distintas entidades para respaldar la propuesta.

Por lo que, el informe evidencia que, hasta la fecha, la Presidencia de la República no ha ejecutado acciones para cumplir con la resolución ni ha dispuesto al ente rector la promoción del desarrollo productivo en la provincia y sus cantones, lo que limita la generación de empleo y el acceso a nuevos mercados.

Según, la asambleísta Mariana Yumbay el potencial productivo de la provincia de Bolívar debido a su diversidad de pisos climáticos permite impulsar el encadenamiento productivo y la atracción de inversión, dijo.

El presidente de la comisión, Patricio Chávez, indicó que Bolívar necesita respuestas concretas para mejorar su competitividad y calidad de vida.

Este es un momento en el que celebramos el acceso al crecimiento y aprendizaje, no solo para nuestros estudiantes sino para quienes tienen en sus manos la noble labor de enseñar: los maestros”, expresó el presidente de la República, Daniel Noboa, en Cayambe. El Gobierno Nacional a través de la Secretaría de Educación Superior Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT) y la Organización Mundial de Alfabetización (WLO, por sus siglas en inglés), en la entrega de 3.000 becas para docentes del sistema de educación del país.

Esto en favor de la excelencia educativa, mejorará la calidad académica y logrará mayor competitividad. “Los docentes son el ejemplo para los estudiantes; para el futuro del país. Si nosotros los preparamos adecuadamente, tendremos mejores estudiantes, mejores profesionales y un mejor país”, dijo el Mandatario.

Para José Francisco Rojas, director ejecutivo de WLO, estas becas permitirán a los docentes » instruirse formalmente en el dominio del inglés, desde el nivel A1 hasta el C1”. Este programa de estudio cuenta con “el aval del instituto educativo privado más grande de España, el grupo CEU, mediante la universidad Cardenal Herrera”.

Además. Podrán adquirir este conocimiento no solo para transformar la vida de un maestro su familia, sino que eleva su nivel social y económico.

Por su parte, César Vásquez, secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, indicó que este beneficio para los docentes de los institutos superiores tecnológicos públicos forma parte del Plan de Fortalecimiento del Talento Humano. Esta iniciativa tiene el propósito de incrementar la permanencia de los jóvenes en los establecimientos por medio del círculo de calidad entre el proceso de enseñanza y aprendizaje.

Mientras tanto, el Primer Mandatario se reunión con empresarios del sector florícola de Cayambe, con quienes dialogó sobre la importancia de esta actividad en el desarrollo productivo y comercial del país. Y acudió a la Brigada Social y la feria del emprendimiento en el Parque Yaznan.

Finalmente, 19 entidades gubernamentales llegaron a Cayambe con sus servicios, como: Registro Civil, BIESS, Ministerio de Salud, Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, entre otras.

El secretario general de la Asamblea Nacional, Alejandro Muñoz, este viernes 21 de enero 2025, indicó que la seguridad del país no debe utilizarse como un tema político electoral, sino que debe analizarse como un derecho ciudadano en el marco de la Ley. No existe efecto jurídico en el pedido de la bancada oficialista ADN para cambiar el orden del día e incluir la propuesta de apoyo de las fuerzas especiales extranjeras en la lucha contra el crimen organizado.

Además, Muñoz explicó que «existe una confusión jurídica respecto a este tema. Lo que ha presentado la bancada de Gobierno es una solicitud de resolución que no tiene efecto jurídico, sino declarativo y político. Para que el presidente pueda implementar un plan de seguridad, con cooperación internacional, no requiere aprobación de la Asamblea».

Mientras tanto, esta declaración tiene un fin netamente electoral. “La gente piensa que la Asamblea no está aprobando un plan o una Ley y eso no es así. La Asamblea Nacional aprobó las reformas al COIP, aprobó el incremento del IVA, la declaratoria de conflicto armado interno, con apoyo unánime, entonces el presidente tiene todas las herramientas para ejecutar los planes”, dijo.

Finalmente, el secretario anunció que, por disposición de la presidenta de la Asamblea Nacional, Viviana Veloz, el Pleno Legislativo conocerá este pedido de cambio del orden del día, el próximo 25 de febrero.

La comisión de Régimen Económico viabilizó la reforma a la Ley de Contratación Pública, luego de unificar 15 proyectos de Ley y aprobó el informe para primer debate, que será remitido a la presidencia de la Asamblea Nacional. El objetivo alcanzar una mayor eficiencia y transparencia del sistema nacional de contratación pública.

Además, la reforma a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública contiene cambios en temas como: mejorar el procedimiento; requisitos para ser director del Servicio Nacional de Contratación Pública; declaratoria de procedimiento desierto; obligaciones de las instituciones contratantes; contratos; política pública y gobierno abierto; fiscalización de obras; compra de medicamentos; entre otros.

Así mismo, el informe incluye el principio del valor del dinero, que se define como la combinación más ventajosa de los costos, calidad y beneficios que se puede obtener al adquirir bienes, servicios u obras para satisfacer las necesidades del interés público.

También, el concepto no se limita a seleccionar la oferta más económica, sino que implica una evaluación integral de las propuestas, considerando factores como la calidad del producto o servicio, la idoneidad del proveedor y la sostenibilidad a largo plazo.

Sin embargo, la contratación socialmente responsable implica la integración de criterios ambientales y sociales dentro de los procesos administrativos estatales de adquisición o arrendamiento de bienes, servicios e infraestructura, considerando el impacto ambiental y la injerencia social en cada una de las fases.

En cambio, la propuesta legal establece que, la compra de medicamentos, insumos y dispositivos médicos del sector público estará dentro de la planificación anual de cada entidad de la Red Pública Integral de Salud, bajo la coordinación de la autoridad sanitaria nacional. De forma excepcional podrán adquirir los fármacos y bienes estratégicos en salud a través de Régimen Especial.

Finalmente, todo proyecto de contratación que realicen los Gobiernos Autónomos Descentralizados y que correspondan a gasto de inversión, a más de lo previsto en la presente Ley y su Reglamento General, los estudios previos observarán las directrices del desarrollo sostenible y sustentable de las localidades.

Este miércoles 19 de febrero del 2025, el presidente de la República, Daniel Noboa visitó el cantón Cayambe donde dio a conocer la implementación del nuevo modelo de Alimentación Escolar Territorial. Esta iniciativa desarrollada por el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Educación, en coordinación con el Programa Mundial de Alimentos (PMA) garantizará la entrega de raciones frescas y nutritivas a más de 20.000 niños y niñas en nueve cantones del país.

Desde el Coliseo Centenario de Cayambe, el Primer Mandatario reafirmó el compromiso de su Gobierno con el desarrollo integral de la niñez ecuatoriana. “Trabajamos para el futuro y esto no es solo alimentación, es darle herramientas a cada uno de ustedes para que puedan tener las mismas oportunidades para acceder a una beca, educación digna y trabajo en el futuro”.

Para la primera fase del nuevo modelo de Alimentación Escolar, se destinó una inversión de 2.569.329,00 de dólares, el objetivo combatir la desnutrición crónica infantil. Esta etapa inicial contempla un plan piloto de gestión desconcentrada de comidas escolares, que permitirá la entrega de alimentos a estudiantes de 14 unidades educativas en los cantones Manta, Portoviejo, Santa Elena, Guayaquil, San Miguel, Guaranda, Alausí, Cayambe y Pedro Moncayo.

En la provincia de Pichincha, el proyecto cuenta con una inversión de 1.092.360,50 dólares, beneficiando a 8.000 estudiantes de seis unidades educativas: cuatro en el cantón Cayambe y dos en Pedro Moncayo.

Mientras tanto, la ministra de Educación, Alegría Crespo, señaló que este programa no solo beneficia a los estudiantes, también promueve la economía local al integrar a pequeños productores como proveedores de los alimentos que serán distribuidos, respetando la pertinencia cultural y territorial de cada zona. “Este modelo promueve un enfoque comunitario integral”, impulsa la participación activa de madres y padres de familia en la preparación de los alimentos.

Finalmente, Saraí Shuguli, estudiante beneficiaria, expresó que “una buena alimentación, es la base de nuestro rendimiento académico y de nuestro desarrollo como personas”.

Este miércoles 19 de febrero la candidata a la Presidencia de la República por la Revolución Ciudadana (RC5), Luisa González, se solidarizó con los ecuatorianos y cuestionó la falta de gestión del Gobierno para devolver la paz y tranquilidad al país. «Hemos iniciado el año con el mes más violento en la historia del Ecuador y lo más doloroso son los niños asesinados en El Oro y Manabí. La principal causa de muerte de nuestros niños es la violencia de los crímenes y eso no puede seguir».

Además, González destacó el voto femenino recibido en la primera vuelta refleja una necesidad urgente de cambio: «No les vamos a fallar, vamos a sacar adelante al país juntos todos».

Así mismo, la presidenciable indicó que ha convocado al diálogo a los diferentes actores de la sociedad civil, políticos, empresarios, industriales y representantes de la izquierda, centro y la derecha para construir una agenda conjunta «de un gobierno amplio, donde el poder vuelve a estar en la gente, los ciudadanos».

Por lo que, una de las principales prioridades será atender la deuda social del país, con la generación de empleo, salud y para los jóvenes becas y acceso a la universidad, dijo.

También, Luisa González resaltó la ejecución de obras prioritarias, como la construcción del Hospitales como en San Luis en la ciudad de Otavalo, la rehabilitación del Tren Otavalo-Ibarra-Salinas, la construcción del paso lateral de Ibarra, la vía Otavalo-Río Verde-Quinindé y la ampliación de la vía Ibarra-San Lorenzo en el km 114, para impulsar así el desarrollo de Imbabura.

Finalmente, la candidata a la Presidencia de la República por RC5 expresó su admiración por la belleza de la provincia de Imbabura. “Vamos a salir adelante, no les voy a fallar. Vamos con fe, alegría y esperanza. Nuestra esperanza de días mejores está cerca”.

Con 82 votos a favor, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó este martes 18 de febrero 2025 la reforma a la Ley de Seguridad Social y reconoce el derecho a la jubilación de los miembros de la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE), quién haya acreditado veinte y cinco años de imposiciones al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), sin límite de edad.

Según, el legislador Jaime Guevara, ponente del informe de la comisión de Derecho al Trabajo, indicó que la reforma será sostenible los trabajadores de la CTE afiliados bajo la figura de servidores públicos, incrementarán su aporte al seguro de invalidez, vejez y muerte, del 11.6 % al 18.9 % de su remuneración mensual.

Este valor adicional, correspondiente al 7.48 %, será descontado de los sueldos de los funcionarios y serán depositado en una cuenta especial del IESS para la aplicación del beneficio, establece el informe.

Además, «el financiamiento de la reserva matemática necesaria para los beneficios de la jubilación especial será de los valores que produzcan las multas y sanciones a conductores que han infringido las normas y reglamentos de tránsito».

Así mismo, “la reforma beneficiará a un total de 97 funcionarios que cumplen condiciones de jubilación, 599 con más de 25 años de servicio y otros 3.805 miembros de la Comisión”, dijo Guevara.

Mientras tanto, en el debate, los asambleístas Luzmila Abad, Mauricio Zambrano, Gabriela Molina y Roberto Cuero coincidieron en que los funcionarios de la CTE se encuentran expuestos a riesgos laborales como atropellamientos, contaminación ambiental, auditiva, agresiones, riesgo biológico, entre otras, por lo que merecen ser asistidos por un régimen especial de jubilación.

Sin embargo, los legisladores Pedro Velasco, Ramiro Vela y Adrián Castro plantearon consideraciones en contra de la reforma. «En el Ecuador, la seguridad social está en estado de crisis y la Asamblea tiene la obligación responsable de proteger para que no sucumba». Castro manifestó que, «no se puede caotizar una institución que está a punto de la quiebra».

Finalmente, César Garzón, comandante del Cuerpo de Vigilancia de la CTE, aseguró que los servidores de esta institución, salvaguardan la seguridad vial, aún a riesgo de su propia seguridad y salud, por lo que merecen ser reconocidos en el marco de la justicia social.

El Pleno del Consejo Nacional Electoral, instaló la Audiencia Pública Nacional de Escrutinio de las Elecciones Generales 2025 para proceder a examinar las actas de escrutinios levantadas por las Juntas Provinciales Electorales y Especial del Exterior.

Hasta el momento, 22 provincias del país ya concluyeron el procesamiento de actas de escrutinio para las dignidades de binomio presidencial, asambleístas nacionales, provinciales y parlamentarios andinos: Cañar, Galápagos, Santo Domingo de los Tsáchilas, Imbabura, Carchi, Napo, Zamora Chinchipe, Chimborazo, Santa Elena, Cotopaxi, Bolívar, Tungurahua, Loja, Los Ríos, Azuay, El Oro, Pichincha, Sucumbíos, Esmeraldas, Orellana y Pastaza.

Concluido el escrutinio nacional, se computará el número de votos válidos obtenidos de cada dignidad para que el CNE proclame los resultados definitivos de la votación expresada por los ecuatorianos, el pasado 9 de febrero.