La comisión de Soberanía Alimentaria de la Asamblea Nacional, recibió al ministro de Transporte y Obras Públicas, Roberto Luque; la subsecretaria de Gestión de Riesgos, Andrea Hermenegildo y al delegado de la Defensoría del Pueblo, Manuel Solano, para explicar la situación de la provincia de Chimborazo y las acciones emprendidas para la atención de la emergencia que afronta este sector.

Según, el ministro de Transporte y Obras Públicas, Roberto Luque aseguró que la red vial estatal de Chimborazo, como en el caso de la E35, está en buen estado, si bien se mantienen algunos tramos con algunas deficiencias que se están corrigiendo, con lo cual las vías se encuentran habilitadas en un 70 %.

Además, Luque indicó que prioridad atender las vías arteriales que sufren problemas, como la ruta Babanera-Pallatanga-Cumandá-Bucay-Guayaquil, al indicar que el plan de mantenimiento vial para Chimborazo supera los 800 mil dólares.

En cambio, la representante de la Secretaría de Gestión de Riesgos dijo que las áreas de trabajo no solo están en la atención humanitaria, los temas relacionados con la evaluación de la vulnerabilidad o los mapas de riesgos que presentan las zonas afectas.

Por lo que, se han invertido 255 mil dólares para levantar una proyección de geofísica y geológica en Alausí, cerca de 100 mil dólares en atención humanitaria a las familias afectadas en Cumandá, Penipe y Alausí. Se ha hecho un trabajo conjunto con los ministerios de Inclusión Económica y Social; de Transporte y Obras Públicas y de Desarrollo Urbano y Vivienda, explicó.

Para, Manuel Solano de la Defensoría del Pueblo, desde el momento que ocurrieron las tragedias en los cantones iniciamos una investigación defensorial y se solicitó a las autoridades locales que informen sobre las acciones de mitigación y atención a los afectados. Hemos avanzado en este estudio y en los próximos días tendremos los resultados del mismo, expresó.  

Mientras tanto, el alcalde de Penipe, Darwin Freire presentó los hechos ocurridos en este cantón, las decisiones que adoptó el gobierno autónomo y las acciones tomadas para mitigar los daños causados por esta emergencia. El gobierno municipal actuó con apego a la Ley, para mantener los servicios públicos y activar la ayuda humanitaria para las familias damnificadas, con el apoyo de autoridades provinciales y nacionales, buscando generar soluciones de manera conjunta.

También, la comisión escuchó a Nicolás Endara, de la Asociación de Productores de Ciclo Corto (maíz, soya), pidió que el Ministerio de Agricultura explique la situación de estos productos; que haga un inventario de estos cultivos, para planificar la entrega de licencias de importación que se requieran.

Finalmente, Francis Abad del sector lechero, sostuvo que luego haber obtenido una Ley tan anhelada, lamentablemente, el Reglamento desnaturalizó el objetivo de la norma, lo cual afectó a los intereses de los productores, sobre todo en respecto de la fijación del precio de sustentación del producto. Planteó una Ley Interpretativa del artículo 24 de esta normativa, para aclarar su alcance.

Este 12 de noviembre, se realizó el sorteo público y aleatorio de selección de los Miembros de Juntas Receptoras del Voto (MJRV), que actuarán en las Elecciones Generales 2025. En total, 287.534 ciudadanos (284.319 escala nacional y 3.215 exterior), cumplirán con esta responsabilidad cívica y democrática.

Los sorteos se ejecutaron en simultáneo en las 24 Juntas Provinciales y Especial del Exterior, con la presencia de notarios públicos, bajo los siguientes criterios: estudiantes de educación superior (79,34%); empleados privados con título profesional (4,45%); servidores públicos con título profesional (6,43%); empleados privados bachilleres (3,31%); servidores públicos bachilleres (2,16%); estudiantes de bachillerato (0,28%); ciudadanas y ciudadanos residentes en zonas rurales (3,72%); y, ciudadanos del Registro Electoral (0,32%).

El vicepresidente del Consejo Nacional Electoral (CNE) Enrique Pita García, desde Guayas, resaltó que la gestión de los MJRV es garantizar la transparencia en el proceso electoral. “Esperamos que todos acudan con responsabilidad y civismo el día de las elecciones”, precisó.

Por su parte, desde Pichincha, el consejero José Cabrera Zurita manifestó que este sorteo responde a una planificación altamente técnica. “La participación ciudadana en el proceso de conteo de votos es el motor de la confianza pública en los resultados electorales y en la democracia misma”, destacó.

La presidenta de la Asamblea Nacional, Viviana Veloz recibió a los colectivos y organizaciones relacionadas con tránsito y movilidad, quienes expresaron su preocupación por la demora en la aprobación del informe del Reglamento a la Ley reformatoria de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, publicada en el 2021. 

La siniestralidad en las vías del Ecuador se ha agravado. Por ello, entregaron al legislativo sus inquietudes en un documento. 

Segú, Sofía Gordón, de la Coalición por la Movilidad, la falta del Reglamento a la Ley de Tránsito reformada impide la aplicación de la normativa, así como de las sanciones previstas en el Código Orgánico Integral Penal.

Para la rectora del Instituto Superior Tecnológico Universitario del Transporte, Máster Cecilia Flores, las cifras de siniestros de tránsito son alarmantes y que el número de fallecidos llega a un promedio de nueve personas por día, más de diez mil accidentes de tránsito debe hacer reflexionar y no dejar que el ente rector retrase más la publicación del Reglamento de la Ley de Transporte.

No se trata de accidentes de tránsito, que podrían corresponder a casos fortuitos, sino a siniestros, producidos por la acción de los conductores, al superar el límite de velocidad permitido. Por lo que es urgente que el Ejecutivo emita, a la brevedad posible, el Reglamento a la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, coincidieron desde los colectivos y la academia.

Entre las actividades de la Asamblea Nacional durante la semana del 11 al 17 de noviembre 2024, conocerá el pedido de autorización para el enjuiciamiento penal de la asambleísta Mónica Palacios, por la querella planteada por el presidente de la República, Daniel Noboa, por el delito de calumnias. Esto será el martes 12 de noviembre, a las 08h30 en la sesión 979, donde conocerán el oficio suscrito por la doctora Martha Villarroel Villegas, secretaria relatora de la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial, Tránsito, Corrupción y Crimen Organizado de la Corte Nacional de Justicia, que solicita la “autorización previa” o “lo que en derecho corresponda” para proceder al enjuiciamiento penal de la asambleísta Mónica Palacios, de la Revolución Ciudadana conforme lo establece los artículos 128 inciso segundo de la Constitución y 111 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, en virtud de la querella presentada en su contra por el Jefe de Estado.

Además, el segundo debate del proyecto de Ley Orgánica para Prevenir y Erradicar la Malnutrición en el Ecuador. Después, los asambleístas procederán con el segundo debate del proyecto unificado de Ley Orgánica para Prevenir y Erradicar la Malnutrición en el Ecuador. De acuerdo a la comisión del Derecho a la Salud, en su informe, concluye que esta normativa coadyuvará en la prevención y reducción de la malnutrición por déficit y por exceso en el Ecuador; mediante acciones intersectoriales articuladas que buscan asegurar y garantizar que las y los recién nacidos, niños, niñas, adolescentes, mujeres gestantes y adultos mayores, cuenten con condiciones adecuadas, por lo cual recomienda su aprobación en segundo debate.

Finalmente, las comisiones permanentes y ocasionales sesionarán los días jueves 14, viernes 15, sábado 16 y domingo 17, el objetivo continuar con el trámite de proyectos de Ley; la socialización de propuestas legislativas; sistematización de observaciones y sugerencias para elaborar los informes para primer o segundo debate y avanzar en los procesos de fiscalización, investigación y seguimiento de la gestión de las demás funciones, organismos de control e instituciones públicas.

La presidenta de la Asamblea Nacional, Viviana Veloz aseguró que la creación de la Universidad Pública de Santo Domingo de los Tsáchilas es una realidad y un tributo a los 17 años de provincialización de la tierra Tsáchila.

El Pleno de la Asamblea Nacional, con 80 votos a favor aprobó solicitar a los ministerios de Ambiente, Salud, Vivienda, Producción y Educación, informes de situación actualizada, en los ámbitos de infraestructura, servicios y presupuesto asignado y ejecutado.

Además, la Asamblea Nacional aprobó el informe sobre el cumplimiento del Decreto Ejecutivo 317, respecto a la condonación de créditos coactivos, elaborado por la Comisión de Participación Ciudadana. Este concluye que el decreto fue adoptado sin que existan los estudios técnicos y la factibilidad financiera suficiente para su aplicación.

La comisión de Educación de la Asamblea Nacional, aprobó el informe para primer debate del proyecto de Ley de Creación de la Universidad Pública de Santo Domingo de los Tsáchilas. El documento, que contó con el voto unánime de los comisionados, lo realizó en Santo Domingo

En el marco del análisis del informe para primer debate del proyecto de Ley Orgánica de Enfermedades Catastróficas, Raras o de Baja Prevalencia, la comisión de Salud de la Asamblea Nacional, recibió a varios expertos y representantes de organizaciones de pacientes, quienes compartieron sus perspectivas y aportes sobre el tema.

También, participaron María Coloma y Carolina Lupera, representante legal y vicepresidenta de la Fundación CENRA, Víctor Espín, docente de la Universidad Central del Ecuador; Gabriel Ordóñez, del Ministerio de Salud Pública y Mayde Segovia, representante para referirse a las enfermedades de Insuficiencia Renal Crónica, Trasplante de Órganos, Lupus Eritematoso Sistémico y Fibromialgia.

Según, María Coloma, representante legal de la Fundación CENRA, la preocupación de los pacientes con enfermedades raras al ser invisibilizados y no contar con una política pública eficaz que garantice su inclusión laboral, a pesar de contar con el carnet del CONADIS. La Organización Mundial de la Salud, señaló que existen más de 7.000 enfermedades raras a nivel mundial, de las cuales 136 ya han sido identificadas en Ecuador, afectando al 7 % de la población.

Por su parte, Carolina Lupera, vicepresidenta de la Fundación CENRA, indicó que brinda apoyo a aproximadamente 40 pacientes y sus familias. Pero, lamentó que solo 10 de los pacientes reciben la medicación adecuada.

En cambio, Víctor Espín, docente de la Universidad Central del Ecuador, sugirió modificar la denominación del proyecto de Ley, recomendando sustituir el término «catastrófico» por «Enfermedades Huérfanas, Raras y Poco Frecuentes», ya que considera que el término «catastrófico» genera una connotación negativa.

Mientras tanto, Gabriel Ordóñez, del Ministerio de Salud Pública, recordó la importancia de trabajar en conjunto para mejorar el marco normativo y evitar la duplicidad con las leyes ya existentes, como la Ley Orgánica de Salud, que ya contempla aspectos relacionados con las enfermedades raras.

Sin embargo, las enfermedades de Insuficiencia Renal Crónica, Trasplante de Órganos, Lupus Eritematoso Sistémico y Fibromialgia, Mayde Segovia recalcó la importancia de garantizar el suministro de medicación de calidad y sin interrupciones, tanto de marcas como genérica, asegurando que esta última cumpla con los mismos estándares de eficacia.

Finalmente, la presidenta (e) de la comisión de Salud, Rosa Belén Mayorga sostuvo que los valiosos aportes y por la relevancia serán considerados en el proceso del debate del proyecto de Ley.

La comisión de Justicia y Estructura del Estado de la Asamblea Nacional, recibió los criterios respecto al proyecto de Ley Orgánica Reformatoria del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que tramita para primer debate y que versan sobre diferentes artículos.

La presidenta encargada de la comisión, María Fernanda Araujo recordó que han recibido la argumentación de los 35 proponentes a las reformas unificadas al COIP y que existen 15 nuevos proyectos calificados por el Consejo de Administración Legislativa (CAL).

Para Andrea Noboa, litigante en derecho penal y magister en derecho constitucional, los delitos en omisión son importantes porque la conducta del ser humano debe ser mediante acción u omisión, ambas capaces de generar obligaciones penales. En la primera, se establece al ejecutar una actividad, la cual puede ser una infracción ante la Ley; por el contrario, la omisión se manifiesta en la no realización de una conducta.

Actualmente no existe una diferencia clara entre la omisión propia e impropia; algunas posturas sostienen que esta falta de distinción afecta la seguridad jurídica, precisó Noboa.

Por su parte, el docente universitario, Homero Cepeda señaló que el proceso penal tiene como objetivo garantizar la reparación integral a las víctimas, procurando la restitución del bien jurídico afectado y la rehabilitación social del infractor. Explicó que la única persona que recurre es la víctima por lo cual la pretensión punitiva debe buscar la reparación.

Mientras tanto, Andrés Cabrera, experto en derecho humano y argumentación jurídica, dijo que hay que tomar en consideración la propuesta de la violencia sexual institucional, que debe ser clara y precisa para evitar interpretaciones y que no contenga términos ambiguos.

Los asambleístas mostraron su preocupación sobre las imputaciones en diferentes casos, fortalecimiento de las facultades del juez, delito de omisión en los servidores públicos, proceso penal preventivo, entre otros temas del proceso de análisis.

El Ministerio de Inclusión Económica y Social, con el apoyo de la Universidad Bolivariana del Ecuador, entregó 300 nuevas becas a mujeres usuarias del Bono de Desarrollo del cantón Durán, quienes iniciaron su emprendimiento con el Crédito de Desarrollo Humano. A través de estas becas podrán recibir capacitación especializada y fortalecer sus habilidades en administración, finanzas y marketing, permitiéndoles mejorar sus emprendimientos y generar ingresos sostenibles para sus familias.

La entrega de este apoyo interinstitucional estuvo cargo de la ministra de Inclusión Económica y Social, Zaida Rovira, durante el evento en las instalaciones de la UBE, junto a autoridades de la institución de educación superior, el gobernador del Guayas, Vicente Auad y varias mujeres emprendedoras que se beneficiarán con este proceso de formación continua.

Para Zaida Rovira el aporte del sector de la economía popular y solidaria permite que dinamizar la economía del país; así como de cientos de miles de hogares y comunidades. “Parte de este sector son nuestras emprendedoras. Por eso, hoy entregamos 300 nuevas becas, como 300 entregadas anteriormente; ahora son 600 emprendedoras las que tendrán la oportunidad de fortalecer sus conocimientos y desarrollar sus destrezas”, dijo.

En cambio, la valentía de las mujeres que decidieron iniciar su emprendimiento. “Esa valentía es reconocida por el gobierno del presidente Daniel Noboa; es por eso que en Durán hemos entregado 564 Créditos de Desarrollo Humano, de los cuales 536 han sido para mujeres que están haciendo crecer su emprendimiento”.

Por su parte, Roger Martínez, vicerrector de la UBE, destacó la articulación que lleva adelante con el MIES y este trabajo conjunto no solo permite construir una economía más inclusiva, un tejido social más sólido y sostenible. “Como universidad nos comprometemos a acompañarlos en el camino, aportando nuestros conocimientos para que sus ideas prosperen y se conviertan en verdaderos motores del cambio social”, precisó.

Finalmente, Sandra Quiroz, emprendedora de servicio de manicure a domicilio y que se beneficiará con una de las becas, señaló que el apoyo permanente que está recibiendo por parte del Gobierno Nacional, a través del MIES, representa mucho más que una oportunidad académica. “Es un acto de confianza, un voto de fe en mi capacidad de salir adelante y de construir un mejor futuro para mi familia”, puntualizó.

El pleno de la Asamblea Nacional aprobó con 80 votos a favor la moción de Franklin Samaniego para que la comisión de Transparencia inicie la fiscalización del Programa de Becas “Futuro Femenino 2024” debido a presuntas irregularidades en su ejecución.

Para el asambleísta Franklin Samaniego de la Revolución Ciudadana afirmó que encontraron varias inconsistencias en el programa. El único cambio ha sido el nombre del programa y pidió investigar a las instituciones involucradas en la entrega de becas.

Además, Samaniego solicitó extender la fiscalización a las becas otorgadas durante el gobierno de Guillermo Lasso y las 108 mil anunciadas en la administración de Daniel Noboa, así como a las condiciones de médicos becarios y posgradistas autofinanciados.

En cambio, la legisladora Nathaly Farinango propuso que la comisión de Educación lidere el proceso de fiscalización. 

Mientras tanto, Jorge Peñafiel pidió a la comisión de Transparencia que determine la legalidad del programa y posibles responsabilidades políticas y penales. 

Finalmente, la parlamentaria Jhajaira Urresta expresó su preocupación por la falta de transparencia en la adjudicación de becas, advirtiendo que no deben utilizarse con fines electorales.

El Pleno de la Asamblea aprobó, por unanimidad, con 106 votos a favor, el proyecto de Ley para la Prevención y Control del Cáncer Cervicouterino. Con esto el Ecuador estaría a la vanguardia en la implementación de leyes que aceleren los resultados en la eliminación del cáncer de cuello uterino. El documento será enviado al Ejecutivo para su sanción u objeción.

Según, la presidenta de la Asamblea Nacional, Viviana Veloz este es un proyecto de Ley para el control y la prevención del cáncer cervicouterino en beneficio de la gente.

Esta Ley establece un marco normativo para la prevención y control del cáncer cervicouterino a través de la vacunación y planificación, diseño, desarrollo, investigación, educación, ejecución de programas, estrategias, políticas públicas y acciones tendientes a brindar una atención integral para la población según corresponda, dijo.

En cambio, Andrea Encalada, directora ejecutiva de Cepreme, organización sin fines de lucro, aseguró que se trata de un tema que es prevenible y puede cambiar la vida de miles de niñas y mujeres del país.

Para el presidente de la comisión del Derecho a la Salud de la Asamblea Nacional, Jorge Guevara el objetivo es proteger la vida de las ecuatorianas del cáncer cervicouterino, una amenaza silenciosa. “En nuestro país el cáncer de cuello uterino es el segundo tipo de cáncer más frecuente en las mujeres y su incidencia es alarmante; en el 2020 ocupó el 9.5 % del total de casos de cáncer y muertes en el Ecuador”, señaló.

Mientras tanto, los legisladores coincidieron que el proyecto genera condiciones y mecanismos para erradicar el cáncer cervicouterino; propicia estrategias de prevención para que deje de ser un problema de salud pública, como resultado del acceso universal a servicios de salud sexual y de prevención de las infecciones de transmisión sexual (ITS), a las vacunas contra el VPH, al control de los riesgos, a servicios eficaces de tamizaje y tratamiento de las lesiones precancerosas; así como al tratamiento del cáncer cervicouterino de tipo invasor.

Finalmente, este es un problema de salud pública que demanda la atención de todos. La estrategia 90-70-90 es una iniciativa de la OMISO/OPS para eliminar el cáncer uterino como problema de salud pública, que se basa en tres pilares: Vacunación: El 90 % de las niñas deben ser vacunadas contra el virus del papiloma humano (patógeno prevenible y tratable) antes de los 15 años. Tamizaje: El 70 % de las mujeres deben ser examinadas antes de los 35 años y nuevamente antes de los 45 años. Tratamiento: El 90 % de las mujeres con lesiones precancerosas y el 90 % de las mujeres con cáncer invasivo deben ser tratadas. La importancia de reducir la mortalidad de las mujeres; que es necesario que tanto los sectores rurales como los urbanos accedan a controles a tiempo, con tratamientos oportunos. Las cifras son bajas de las mujeres que acceden a pruebas del VPH y VIH, por lo que se debe fortalecer la gobernanza en salud con el monitoreo y seguimiento de los programas implementados.