Para más de 21.000 ecuatorianos con enfermedad renal, faltar a una sesión de diálisis no es una opción, significa poner en riesgo su vida.

Sin embargo, la crisis que enfrenta el sistema de diálisis en el país ya está dejando consecuencias visibles y cada vez más graves para miles de pacientes y sus familias. El cierre progresivo de dializadoras en distintas ciudades del país, provocado por la falta de pagos y la creciente asfixia financiera del sector, está obligando a pacientes a desplazarse largas distancias para poder acceder a un tratamiento vital. Lo que antes podían recibir cerca de sus hogares, hoy implica viajes de varias horas, cambios de ciudad e incluso separaciones familiares para no interrumpir la diálisis.

En algunos casos, pacientes deben salir de madrugada tres veces por semana para alcanzar un cupo disponible en otro cantón o provincia. En algunos casos, los pacientes deben salir de sus hogares en plena madrugada, hasta tres veces por semana, para recorrer varias horas y encontrar un cupo disponible en otro cantón o provincia.

Para muchos, recibir diálisis ya no significa acudir a un centro cercano, sino enfrentarse a extensos traslados, desgaste físico y gastos adicionales simplemente para poder seguir viviendo.

La situación ocurre en un contexto donde gran parte de la atención renal en Ecuador depende de centros privados y prestadores convenios que sostienen buena parte de la cobertura nacional. La deuda acumulada del Estado con las dializadoras que actualmente asciende aproximadamente a 463 millones de dólares ha llevado al sistema a un punto crítico. La falta de liquidez está afectando directamente la capacidad operativa de los centros.

Además, muchos enfrentan dificultades para adquirir insumos médicos, mantener equipos especializados y sostener sus operaciones diarias. La consecuencia ya no es solo financiera, es una crisis que impacta directamente en la atención de los pacientes.

Mientras tanto, el problema se suma el impacto laboral. El sector de diálisis genera miles de empleos para médicos, enfermeras, técnicos y personal administrativo. El deterioro financiero ya comienza a reflejarse en retrasos de pagos, sobrecarga operativa y un escenario de creciente inestabilidad para el talento humano de salud.

Finalmente, este panorama, el sector advierte que el sistema de diálisis en Ecuador enfrenta una situación crítica que requiere acciones urgentes e inmediatas. La regularización de pagos pendientes, mecanismos sostenibles de financiamiento y una respuesta articulada entre el Estado y los prestadores de salud son indispensables para evitar un colapso mayor. Garantizar la continuidad de los servicios de diálisis no es únicamente un tema administrativo o financiero. Significa evitar que miles de ecuatorianos sigan recorriendo el país para poder sobrevivir. Es impedir que más centros cierren sus puertas y que más pacientes enfrenten el miedo de no saber si podrán recibir, a tiempo, el tratamiento que los mantiene con vida.

El Consejo Nacional Electoral recordó a la ciudadanía que las postulaciones de candidaturas para integrar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social 2027 se receptarán hasta el jueves 25 de junio, en horario de 08h30 a 18h00. 

Los ciudadanos, a título individual o con el auspicio de organizaciones sociales, podrán presentar el expediente físico de postulación con todos los requisitos en la Secretaría General del CNE, en las secretarías de las 24 delegaciones provinciales electorales o en las oficinas consulares del Ecuador en el exterior.

El CNE ha desplegado un contingente técnico y humano para brindar asistencia a los postulantes, tanto en la sede matriz como en las 24 provincias del país. Este hito del calendario electoral cuenta con el acompañamiento de 19 veedurías, conformadas por 80 personas, ratificando así la absoluta transparencia del proceso.

Desde este jueves 18 de junio hasta el sábado 18 de julio del 2026, las organizaciones políticas pueden registrar sus alianzas para participar en las Elecciones Seccionales y del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) 2027.

Las alianzas electorales se podrán formar entre dos o más organizaciones políticas de alcance nacional o local, con el propósito de presentar candidaturas conjuntas en la circunscripción electoral correspondiente.

La solicitud de registro de alianzas se tramitará en línea, a través del sistema informático de organizaciones políticas. Posteriormente, se verificará la documentación cargada para que el Pleno del Consejo Nacional Electoral y las Delegaciones Provinciales Electorales aprueben su calificación, de acuerdo con su jurisdicción.

Las alianzas electorales aprobadas accederán a incentivos como un 20% adicional al monto asignado para promoción electoral.

El Pleno del Consejo de la Judicatura, dio por terminada la designación de Pablo Fernando Loayza Ortega, como conjuez temporal de la Corte Nacional de Justicia y dispuso el regreso a su puesto de origen, como juez de la Corte Provincial de Justicia de El Oro. El objetivo de esta decisión es asegurar la continuidad del despacho y resolución de las causas en dicha jurisdicción.

En el ámbito disciplinario, el Pleno destituyó al juez de Pichincha, F.B.C.O., quien incurrió en la falta gravísima de error inexcusable.

El juzgador tramitó y resolvió una acción de protección pese a que no era competente para hacerlo y los hechos ya habían sido resueltos previamente.

También, fue destituido el gestor de archivo de Arenillas, provincia de El Oro, J.R.A.V., por recibir 1050 dólares, para supuestamente gestionar y facilitar el cumplimiento de diligencias judiciales dispuestas dentro de un proceso.

El Pleno del Consejo de la Judicatura adoptó otras decisiones disciplinarias en el marco de sus competencias constitucionales y legales.

El presidente de la República, Daniel Noboa, cumplió agenda oficial en Washington para fortalecer la cooperación bilateral en seguridad, defensa, inversión y lucha contra el crimen organizado transnacional.

Como parte de sus actividades, el Mandatario se reunió en el Pentágono con el secretario de Defensa de los Estados Unidos, Pete Hegseth. Durante el encuentro analizaron mecanismos para fortalecer la interoperabilidad entre ambas naciones, impulsar inversiones conjuntas y coordinar operaciones para combatir el narcoterrorismo y la minería ilegal.

Las autoridades coincidieron en la necesidad de profundizar la cooperación en defensa para enfrentar las amenazas de las redes criminales transnacionales y avanzar en acciones conjuntas que contribuyan a la paz, estabilidad y la seguridad regional.

Además, el presidente Noboa mantuvo una reunión con Stephen Miller, Jefe Adjunto de Gabinete para Políticas y Asesor de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, con quien revisó los avances de la cooperación bilateral y nuevas iniciativas para reforzar la lucha contra el crimen organizado.

Estos encuentros reflejan el compromiso del Gobierno Nacional de fortalecer alianzas estratégicas que contribuyan a la seguridad, inversión y el desarrollo del Ecuador.

General Motors reafirmó su compromiso con la construcción de una movilidad cada vez más segura, inteligente y conectada, impulsando soluciones que contribuyan a proteger la vida de conductores, pasajeros, peatones y demás actores viales.

La seguridad vial continúa siendo uno de los principales desafíos de movilidad en el Ecuador y el mundo.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, cerca de 1,19 millones de personas pierden la vida cada año en siniestros viales a nivel global, una cifra que refleja la necesidad de fortalecer la infraestructura, educación y la adopción de tecnologías que contribuyan a salvar vidas.

En el Ecuador, la Agencia Nacional de Tránsito, en enero del 2026 registro 1.595 accidentes a nivel nacional, lo que evidencia la importancia de seguir promoviendo acciones conjuntas entre autoridades, empresas y ciudadanos para avanzar hacia una movilidad más segura. 

Por lo que, General Motors integra en su portafolio de vehículos Chevrolet, tecnologías de seguridad activa y pasiva diseñadas para acompañar a los usuarios en cada trayecto. Sistemas como alerta de colisión frontal, frenado automático de emergencia, asistente de mantenimiento de carril, alerta de punto ciego y cámaras de visión envolvente son algunas de las ayudas que hoy contribuyen a una conducción más segura.

Además, el 100% del portafolio de Chevrolet comercializado en el Ecuador cuenta con conectividad OnStar y ya presenta una tasa de éxito del 98 % en asistencia para la recuperación vehicular de autos livianos, lo que fortaleceel acceso de más usuarios a herramientas diseñadas para brindar mayor seguridad, asistencia y tranquilidad en cada trayecto.

Apostar por una movilidad más segura es la solución para reducir los siniestros de tránsito en el país, para mejorar la eficiencia y promover una conducción más responsable, explicó la rectora del ITESUT, la Máster Cecilia Flores.

Más allá de la innovación tecnológica, la seguridad vial depende de la suma de esfuerzos entre autoridades, empresas, instituciones de educación superior, organizaciones y ciudadanos, para adoptar comportamientos responsables en las vías y continuar promoviendo una movilidad centrada en la protección de la vida.

Finalmente, por una movilidad segura es necesario que los conductores respeten los límites de velocidad y las señales de tránsito, evitar el uso del celular y otras distracciones mientras conduce, utilizar siempre el cinturón de seguridad y verificar que todos los ocupantes lo hagan, realizar mantenimientos preventivos periódicos a los vehículos, mantener una distancia prudente con otros actores viales, no conducir bajo los efectos del alcohol o sustancias que alteren las capacidades de reacción, planificar los recorridos y realizar pausas activas en trayectos largos.

El Pleno del Consejo Nacional Electoral, este 11 de junio de 2026, designó a José Cabrera como presidente del órgano electoral, en consideración de lo previsto en el marco normativo vigente.

Así mismo, Esthela Acero asumió la vicepresidenta del Consejo Nacional Electoral.

Según, el presidente José Cabrera “el Ecuador demanda instituciones sólidas, cercanas a la ciudadanía y capaces de responder con responsabilidad. Trabajaremos con apertura al diálogo, promoviendo la cooperación entre los actores políticos, las organizaciones sociales y todos quienes comparten el objetivo de fortalecer la democracia en el país”.

El CNE garantiza el normal desarrollo de cada etapa de las Elecciones Seccionales y Elección de consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social 2027, en cumplimiento de los hitos previstos en el calendario aprobado.

Finalmente, el compromiso es con el país, llevando procesos electorales técnicos, eficaces y transparentes que prioricen la participación activa de todos los sujetos políticos y la ciudadanía, expresó Cabrera. 

El Consejo Nacional Electoral, realizó la jornada de capacitación a los 80 ciudadanos, integrantes de 19 veedurías, que fueron acreditados para acompañar el proceso de selección de candidatas y candidatos al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) 2027.

En este espacio los participantes conocieron sobre las atribuciones y prohibiciones de los veedores, recepción de postulaciones, proceso de impugnación, recursos jurisdiccionales, verificación de requisitos y calificación, entre otros aspectos técnicos, con el objetivo de fortalecer sus conocimientos sobre las diferentes etapas y procedimientos.

Los veedores acreditados iniciarán sus actividades desde el proceso de recepción de postulaciones, que de acuerdo con el calendario electoral en curso se desarrollará del 12 al 25 de junio de 2026.

El Pleno del Consejo Nacional Electoral aprobó la convocatoria para la acreditación de auditores de las organizaciones políticas que participarán en las actividades de control previstas para las Elecciones Seccionales y del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) 2027.

Las organizaciones interesadas deberán presentar el formulario de inscripción suscrito por el representante legal y el delegado designado, la documentación que acredite la experiencia requerida, entre otros requisitos establecidos en la normativa electoral. Los documentos se recibirán hasta el 12 de junio de 2026 en la Secretaría General del CNE, las delegaciones provinciales electorales y las oficinas consulares del Ecuador en el exterior.

El CNE desarrollará un taller de inducción dirigido a los delegados calificados, como parte de las actividades previstas dentro del proceso de auditoría electoral.

Como parte de las acciones permanentes de control disciplinario, el Consejo de la Judicatura conoció el informe de la visita técnica realizada a la dirección provincial de Los Ríos, en la que se identificaron inconsistencias en la tramitación y resolución de expedientes iniciados en contra de servidores judiciales.

La inspección, ejecutada por la subdirección nacional de control disciplinario los días 27 y 28 de mayo del 2026, permitió identificar el estado de los sumarios y detectar las inconsistencias.

Entre los hallazgos se evidenció que las decisiones adoptadas en tres expedientes carecían de una motivación suficiente, se determinaron de forma incorrecta las presuntas infracciones investigadas y se registraron incumplimientos de procedimientos establecidos en la norma.

Ante estos hechos, el Pleno del Consejo de la Judicatura dispuso el inicio de las acciones disciplinarias contra los funcionarios que intervinieron en los mencionados procesos, para determinar responsabilidades administrativas.

Durante la visita también se identificaron cinco expedientes prescritos. En cuatro ya se iniciaron investigaciones y uno se halla para conocimiento del Pleno.

Mientras tanto, en Los Ríos existen 56 sumarios administrativos, 82 investigaciones previas y 201 escritos pendientes de despacho. Esto ocurre pese al exceso de personal en la unidad de control disciplinario y la baja carga laboral.

Las autoridades reiteraron que toda actuación que pueda comprometer la correcta administración de justicia será objeto de revisión y control, y que cualquier posible irregularidad será investigada con estricto apego a la ley, garantizando el debido proceso, la transparencia institucional y la seguridad jurídica.