El Pleno de la Asamblea Nacional, por unanimidad, con 116 votos a favor aprobó la creación del cantón Sevilla Don Bosco en la provincia de Morona Santiago, esta decisión busca promover el desarrollo económico y social de la región, facilitando una administración más cercana y eficiente de los recursos públicos, en pro de la calidad de vida de sus habitantes.

Según, Victoria Desintonio, presidenta de la Comisión de Gobiernos Autónomos, indicó que este día marca un hito histórico para Sevilla Don Bosco. “Hoy es un día histórico para decidir por el futuro que una tierra que ha esperado pacientemente por ser el próximo cantón de la provincia y del país”.

“Este acto de justicia, para una parroquia que ha cumplido con los todos requisitos constitucionales y legales. Hablar de Sevilla de Don Bosco es hablar de riqueza cultural de nuestra nación, es hablar de un pueblo shuar que constituye la mayoría de su población con sus tradiciones y valentía, más de 13 mil habitantes que han demostrado día tras día que el progreso no se detiene y que el esfuerzo constante da frutos”, dijo.

Para el legislador Celestino Wisun la diversidad natural y cultural de Sevilla Don Bosco, la cantonización permitirá acceder a servicios adecuados, resaltando las limitaciones del presupuesto actual, sostuvo.

Por su parte, Héctor Valladarez manifestó la urgencia de atender las necesidades de estos pueblos.

En cambio, Ciro Chumpi, presidente del GAD Sevilla Don Bosco, destacó que el presupuesto actual del Estado es insuficiente y no corresponde con la población de la parroquia. Nanki Saant, comunero de Sevilla Don Bosco.

Mientras tanto, el alcalde de Morona Santiago, Francisco Andramuño aseguró que Sevilla Don Bosco es una de las parroquias más pobladas y con la cantonización ofrecerá oportunidades de progreso y desarrollo, beneficiando a sus habitantes y a las nacionalidades indígenas de la zona.

Finalmente, Nelson Juanga, presidente del Comité Pro-Cantonización y Gonzalo Nawech, en representación de los pueblos y nacionalidades indígenas de Sevilla Don Bosco, coincidieron que tuvieron que transcurrir 66 años de este sueño, la creación del cantón beneficiará a los pobladores, permitiendo un desarrollo que respete su diversidad cultural y atienda sus necesidades, precisaron.

La comisión de Justicia y Estructura del Estado de la Asamblea Nacional, inició el tratamiento de las reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP), el objetivo implementar políticas públicas y acciones para combatir la violencia de género, entre otros.

Según, el legislador Lenin Rogel aseguró que es urgente establecer acciones para enfrentar la violencia de género, el impacto negativo de la migración irregular y la delincuencia organizada.

Además, Rogel insistió que el proyecto de Ley tiene cuatro aspectos para mejorar la propuesta como fortalecer la convivencia social, proteger a la población, regular la migración y combatir la criminalidad.

Por su parte, Mónica Salazar dijo que su propuesta plantea endurecer las sanciones y tipificar el delito de abigeato, que afecta a los campesinos, ganaderos y al sector productivo en las zonas rurales del país. “Debe existir penas mínimas y establecidas; esta es parte de la economía de nuestros hermanos agricultores y pescadores”.

Para el asambleísta Fernando Jaramillo, la reforma al COIP busca incrementar las penas para el delito de extorsión, una de las actividades criminales de los grupos de delincuencia organizada que más afecta a la ciudadanía, a los emprendimientos y al sector popular. “La extorsión vulnera, la libertad de trabajo por afectar directamente al comercio, la producción y el desarrollo económico sostenible”, señaló.

Mientras tanto, el parlamentario Otto Vera sostuvo que los delitos se han incrementado de forma exponencial y que tanto la delincuencia común como la organizada no le temen al sistema de justicia ecuatoriano, a pesar que se incrementen las penas, el criminal sabe que no será procesado como corresponde. Por lo que, planteó fortalecer el sistema de justicia, las medidas sustitutivas y las acciones de protección para evitar que los delincuentes de crímenes flagrantes salgan libres, todo con el fin de que existan leyes más firmes, de fácil aplicación, que permitan combatir el crimen organizado y la delincuencia común.

Finalmente, el presidente de la comisión de Justicia y Estructura del Estado, Fernando Cedeño destacó que el proyecto de reforma al COIP respecto al Recurso de Doble Conforme, para regular la competencia de los jueces en los casos de primera condena, apelación y casación.

La Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional, recibió a los asambleístas Leonardo Berrezueta y Paola Cabezas, proponentes del juicio político y a la ministra del Interior, Mónica Palencia, para que presenten los argumentos de cargo y de descargo, sobre el presunto incumplimiento de funciones de la Secretaría de Estado, por la incursión armada en la Embajada de México y la falta de acciones para contrarrestar la violencia, entre otras causales.

Según, el asambleísta Leonardo Berrezueta la incursión en la Embajada de México es irrespetó la Constitución de la República y los convenios internacionales, lo que constituye un acto vergonzoso para el país, que hoy afronta un proceso ante el Tribunal Penal Internacional, por la flagrante violación del derecho internacional.

“Todas las pruebas aportadas al proceso demuestran el incumplimiento de funciones, no solo por lo ocurrido en la Embajada mexicana, sino en la falta de certezas sobre el Plan Fénix”, aseguró el legislador al referirse al contenido que fue declarado secreto.

Por su parte, la legisladora Paola Cabezas insistió en que existe incumplimiento de funciones de la ministra Palencia en la lucha contra la violencia y la inseguridad, las cifras dadas por la funcionaria son mentirosas, puesto que los casos de homicidios crecen diariamente y en tal virtud, las imágenes que presenta el Ministerio no son sino actos para el TikTok y las redes sociales.

Por lo que, presentó varios videos para sustentar el crecimiento de la violencia, sobre todo en la provincia del Guayas. A pesar de contar con recursos tanto legales, como económicos, el incremento del Impuesto al Valor Agregado (IVA), “este juicio tiene que llegar al Pleno de la Asamblea, para que se determine la culpabilidad, censura y destitución de la ministra Palencia”, dijo Cabezas.

Finalmente, la ministra del Interior, Mónica Palencia indicó que todas las acciones del Gobierno están amparadas en la Constitución y la Ley, así como en los instrumentos internacionales, al defender el operativo efectuado para la captura de Jorge Glas, sentenciado por delitos comunes, quien no tenía la condición de perseguido político, acto que ha sido calificado por expertos internacionales como legal, legítimo y no arbitrario. Durante su gestión se ha bajado el índice de homicidios intencionales, entre otros delitos, como lo indicaron fehacientemente los testigos que intervinieron en la comisión. No se ha probado ninguno de los supuestos incumplimientos señalados en las causales del juicio político, precisó.

Frente al abandono de administraciones anteriores a la infraestructura hídrica de la provincia de Santa Elena, el Gobierno Nacional toma acciones correctivas con sentido de inmediatez, este viernes 4 de octubre 2024, el presidente de la República, Daniel Noboa, presentó las acciones que se ejecutan a través de la Empresa Pública del Agua E.P para garantizar el líquido vital a los ciudadanos de Santa Elena.

Desde la comuna Manantial de Guangala, el Primer Mandatario aseguró que “los problemas que estuvieron mucho tiempo sin resolver y que les afectaba directamente, como es la falta de agua, hoy tiene solución, era cuestión de voluntad, claramente antes no había”.

Además, el Mandatario manifestó que gracias al trabajo de la Empresa Pública del Agua (EPA), la Estación de Bombeo Daule volverá a funcionar después de 12 años. Con el arreglo se prevé efectuar un bombeo simultáneo y así aumentar el caudal para garantizar el abastecimiento de agua a más de 403.000 beneficiarios en la provincia de Santa Elena a partir de diciembre del 2024. “Esto ayudará para que 18 mil hectáreas de cultivo tengan pronto un riego permanente y sabemos lo mucho que esto significa en un contexto de sequía”.

Así mismo, el Jefe de Estado anunció que solucionará el problema del trasvase Chongón Sube y Baja, una infraestructura esencial para el transporte de agua hacia la provincia de Santa Elena y que entregará maquinaria tanto nueva como reparada para optimizar los trabajos en la provincia.

Por lo que, la maquinaria nueva consta de 3 excavadoras de oruga, 2 tractores, 2 cama baja, 2 camionetas y 4 volquetas, mientras que la maquinaria repotenciada es: retroexcavadoras, tractor, grúa, volqueta, tractocamión, camión grúa, transportadora y cosechadora. “Hoy empieza un cambio para la provincia, habrá agua, cosecha, es justo y se merecen”, sostuvo la delegada del Presidente de la República, Nicolina Orellana.

Finalmente, respecto a la condonación de facturación de agua emitida por la EPA a las seis juntas de la provincia de Santa Elena el Presidente de la República, se refirió “no era justo que ustedes tengan que pagar los errores e inconvenientes en facturación de las planillas y es por eso que se tomó la decisión para los ciudadanos de Santa Elena”, puntualizó.

El Consejo de Administración Legislativa, de acuerdo al artículo 56 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, calificó a trámite el proyecto de Ley Económica Urgente para Impulsar la Iniciativa Privada en la Transición a Energías Renovables, enviado por el presidente de la República, Daniel Noboa; la Comisión de Desarrollo Económico será la responsable de su análisis y unificará a una reforma a la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica para superar la emergencia eléctrica.

Además, la comisión de Justicia tramitará cinco reformas al COIP para tipificar el ciberacoso, fortalecer la lucha anticorrupción, imprescriptibilidad de los delitos contra la vida y la integridad sexual y garantizar la ética pública.

En cambio, un proyecto de Ley Orgánica para la Integración del Deporte y la Salud Mental, y una reforma a varias leyes para garantizar un adecuado servicio de medicina prepagada y asistencia médica, serán debatidos por la Comisión de Derecho a la Salud.

Dos reformas a la Ley Orgánica de Tránsito estudiará la Comisión de Desarrollo Económico; una reforma a la Ley de Desarrollo Fronterizo analizará la Comisión de Seguridad y una reforma a la Ley Amazónica tramitará la Comisión de Biodiversidad.

Mientras tanto, las comisiones designadas fueron autorizadas a unificar las iniciativas calificadas a trámite con otras que ya se encuentren en las respectivas mesas legislativas.

Finalmente, el CAL resolvió autorizar la unificación de varios proyectos reformatorios a la Ley Orgánica de Educación Superior, así como a la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, para ser tramitados en la comisión de Educación y en la comisión de Desarrollo Económico.

La presidenta de la Asamblea Nacional, Viviana Veloz diálogo con los presidentes de las comisiones, el objetivo marcar la ruta y prioridades que formarán parte de la Agenda Parlamentaria, bajo su liderazgo.

“Esta presidencia será de puertas abiertas al diálogo y a la predisposición de mejorar la producción legislativa con el esfuerzo mancomunado y aportes de todos”, dijo la Presidenta del Parlamento.

En cambio, a la agenda parlamentaria comprometió su gestión en el avance de temas prioritarios, relacionados con las principales demandas del pueblo ecuatoriano, como seguridad, producción, empleo, derechos humanos, entre otras.

Además, Veloz señaló que la agenda planteada cuenta con objetivos en materia de seguridad, priorizando la aprobación de un segundo paquete de reformas al Código Orgánico Integral Penal, para el combate a delitos como el feminicidio, pedofilia y violencia sexual institucional.

Respecto a la Seguridad Interna de Estado, la legislación enfocará sus esfuerzos en el ágil tratamiento de la Ley de Inteligencia, con la que la Asamblea Nacional apunta a facilitar la prevención de delitos y el combate al crimen organizado, expresó.

“Continuaremos con el tratamiento de las leyes orientadas a la reactivación económica, desde el agro y las organizaciones de la economía popular y solidaria, como el Código Orgánico de Soberanía Alimentaria, Código de Fomento Agroproductivo, Ley Orgánica de Inteligencia Artificial, entre otras”, explicó.

Mientras tanto, la presidente de la Asamblea Nacional, aseguró que las leyes que protegen los derechos de los grupos de atención prioritaria “dará prioridad al tratamiento y aprobación de la Ley de la Primera Infancia; Ley para Prevenir la Desnutrición Infantil; Ley de las Personas Adultas Mayores; y un nuevo Código de Protección a la Niñez y Adolescencia”.

Finalmente, los derechos de la naturaleza y derechos colectivos serán prioridad las consultas prelegislativas al proyecto de Ley de Comunas, Comunidades, Pueblos y Nacionalidades, así como de la Ley de Aguas y el Código del Ambiente.

Este 1 de octubre 2024, el presidente de la República, Daniel Noboa entregó el expediente técnico-académico para la creación de la Universidad Pública de Santo Domingo de los Tsáchilas a la Asamblea Nacional, un paso importante para la realización de esta anhelada obra.

Según, el Jefe de Estado espera que “los responsables en recibir el expediente actúen en pro de la ciudadanía, en favor de las necesidades reales de los ecuatorianos y no de sus agendas propias y mezquinas, como vemos que vienen haciendo últimamente”, dijo.

El proyecto del gobierno en la Asamblea Nacional incluye el expediente técnico-académico y el diseño básico de la estructura orgánica funcional, plan estratégico de desarrollo institucional, proyecto de estatuto e identificación del personal administrativo mínimo. Estos elementos son indispensables para los primeros pasos en la consolidación del sueño de miles de jóvenes de la provincia Tsáchila que anhelan con tener su universidad. El presidente Noboa resaltó que esto “significa que sus jóvenes no tendrán que migrar para estudiar, asumiendo los costos de su estadía en lugares donde muchas veces están solos, lejos de sus familias, de su entorno y de sus raíces”, expresó.

De acuerdo al expediente, el gobierno destinó 344.114 dólares, mediante una gestión eficiente de los recursos estatales, con un ahorro de 115.884 dólares, los cuales serán reasignados a otros proyectos prioritarios de la SENESCYT, explicó el Mandatario.

Para César Vásquez, secretario de la SENESCYT, hace seis años, en el 2018, se identificó esta necesidad en la provincia. “Han pasado seis años, en los que los jóvenes han esperado con anhelo este proyecto”, señaló.

La nueva universidad pública es una obra que no solo beneficiará a la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, sino que será un referente para todo el país, ofreciendo carreras que respondan a las demandas actuales del mercado laboral y fomentando la investigación y la innovación.

La generación de políticas públicas que fomenten la práctica de la actividad física y recreativas de las personas adultas mayores orientadas a mejorar su calidad de vida y prolongar su estado de bienestar es uno de los propósitos de las reformas a la Ley  del Deporte, Educación Física y Recreación, que la comisión de Salud de la Asamblea Nacional, inició su análisis y unificará para su tratamiento, con otras que versan sobre la misma materia.

Según, la asambleísta Valentina Centeno, esta iniciativa legislativa se adapta al marco normativo ecuatoriano, basado en experiencias exitosas de otros países y en derecho comparado e incorpora reglas que permitan hacer que el deporte de alto rendimiento tenga en lo amateur un afluente importante para tener más y mejores deportistas.

Luego, que el Consejo de Administración Legislativa (CAL) calificará el proyecto de Ley la comisión de Salud decidió solicitar que se autorice su unificación con los proyectos sobre este tema, a fin de proceder con su tratamiento y elaboración del informe para segundo debate.

Para la rectora del Instituto Superior Universitario (ITESUT), Máster Cecilia Flores, señaló que es indispensable incorporar las reformas a la Ley del Deporte, por lo que, el ITESUT a través de la carrera Entrenamiento Deportivo permitirá que más jóvenes de alto rendimiento puedan obtener un título profesional y una participación más activa, aseguró.

Finalmente, el proyecto de Ley será difundida por los canales regulares de comunicación institucional para su socialización, conforme lo determina la Ley Orgánica de la Función Legislativa.

La Asamblea Nacional, a través de la Coordinación General de Participación Ciudadana, desarrolló una intensa actividad institucional en diversas provincias del país, mediante el acceso ciudadano a los diversos mecanismos que entrega el quehacer parlamentario.

Más de 2.200 ecuatorianos interactuaron en 60 eventos cumplidos en 18 provincias del país, lo que permitió abrir espacios ciudadanos para la socialización de Leyes, proyectos de Ley, gestión institucional, consulta prelegislativa sobre recursos hídricos y minería, conversatorios estudiantiles, interacción en la plataforma 2.0 y diálogos sociales sobre las herramientas legislativas para una nueva normativa.

Entre las leyes socializadas están: Salud Mental; Violencia y Acoso Laboral; Gestión de Identidad y Datos Civiles; Participación Ciudadana; Emprendimiento e Innovación; Vigilancia y Seguridad Privada; Planificación Integral Amazónica; Fortalecimiento del Turismo y el Empleo; Acompañamiento a Víctimas Colaterales por Femicidio, entre otras.

También, socializaron los proyectos como: reformas al COIP en Tránsito y Seguridad Vial; a la Ley Orgánica de Salud; Código de la Niñez y Adolescencia; reformas relacionadas con el Ciberacoso; Prevención del Uso y Consumo de Drogas en Niños y Adolescentes y las reformas a la Ley de Discapacidades.

Mientras tanto, el proceso de consulta prelegislativa visitó la región Insular, para socializar contenidos relacionados con la nueva Ley de Recursos Hídricos y el proyecto de reformas a la Ley de Minería.

Finalmente, el área de vinculación cumplió visitas guiadas al Palacio Legislativo. La participación de estudiantes y académicos de la Unidad Educativa “Pichincha”, la Escuela Legislativa preparó procesos de capacitación y el taller sobre “Cómo se evalúa el impacto social de una Ley”.

La Comisión de Justicia y Estructura del Estado, este jueves, 26 de septiembre 2024, recibió a los legisladores Inés Alarcón, Ramiro Vela, José Agualsaca, Lucio Gutiérrez, Sandra Rueda y Camilo Salinas para que expliquen los alcances de sus iniciativas para reformar el Código Orgánico Integral Penal.

Para la asambleísta Inés Alarcón, el proyecto de reforma al COIP busca tipificar el delito de pederastia y establecer mecanismos eficaces para evitar la revictimización de los niños y niñas que han sido ultrajados sexualmente.

En cambio, el legislador Ramiro Vela consideró necesario regular el uso de redes sociales en la falsa imputación de delitos en contra de las personas, con la reforma al artículo 182 del COIP sobre la calumnia. Con esto no se afectaría la libertad de expresión, sino evitar que las redes sociales y plataformas sirvan de escudo para que cualquier persona difunda falsas imputaciones de delitos, sin la correspondiente sanción.

Por su parte, el asambleísta José Agualsaca señaló que las reformas al COIP en torno a la inimputabilidad por trastornos mentales, actualmente no existen parámetros efectivos para la evaluación de la existencia de enfermedades mentales como condición eximente de responsabilidad, hay casos que presentan una supuesta condición de trastorno mental para evadir una responsabilidad penal. Por ello, se debe reforzar el diagnóstico psiquiátrico para establecer la inimputabilidad penal.

Sin embargo, el asambleísta Lucio Gutiérrez se refirió a la reforma que propone la aplicación de la pena de cadena perpetua para los delitos más graves, incluidos los relacionados con la corrupción, porque la falta de sanciones efectivas ha hecho que Ecuador se encuentre hoy entre los países más corruptos. Las regulaciones para la aplicación de medidas sustitutivas a la prisión preventiva, estableciendo límites para delincuencia organizada y actos de corrupción, así como lo referente al acceso a beneficios penitenciarios.

Mientras tanto, la legisladora Sandra Rueda indicó que la propuesta para incrementar las penas en el caso de los delitos ambientales, porque las sanciones que se aplican en la actualidad no guarda proporcionalidad entre el daño causado y la pena impuesta. La defensa del ambiente y la naturaleza es la defensa de la vida, así como preservar los recursos para las futuras generaciones. Se incluyen penas agravadas en el caso de incendios forestales y demás delitos ambientales, con consecuencias más severas cuando se produzcan en áreas protegidas y sobre todo, en la Amazonía o en las Islas Galápagos.

Finalmente, el parlamentario Camilo Salinas justificó el proyecto presentado por la bancada de Construye para incrementar las penas en los delitos de trata de personas, femicidio, sicariato, secuestro extorsivo, organización y financiamiento de delitos del tráfico de sustancias sujetas a fiscalización, actividades ilícitas en el sector minero, lavado de activos, terrorismo y delincuencia organizada, entre otros.