A dos meses de vigencia de la Ley para la Igualdad Salarial entre Mujeres y Hombres, todo empleador público y privado está obligado a remunerar de forma igualitaria a todos sus servidores, trabajadores u obreros, sin discriminación de género, por el mismo trabajo realizado o de igual valor.

Según, la Ley aprobada por la Asamblea Nacional con 134 votos y publicada en el Suplemento del Registro Oficial 481, de 19 de enero 2024, erradica prácticas discriminatorias para eliminar la brecha salarial y de remuneración, por motivos de género en el ejercicio de actividades laborales.

Un trabajo se considera de igual valor a otro cuando la naturaleza de las funciones o tareas efectivamente encomendadas, las condiciones profesionales o de formación exigidas para su ejercicio, los factores relacionados con su desempeño y las condiciones laborales en las que dichas actividades se lleven a cabo sean equivalentes.

Para evaluar el igual valor se utilizan cuatro criterios fundamentales sensibles a la igualdad de género: competencias y calificaciones; condiciones laborales; esfuerzos y responsabilidad.

Todo empleador debe realizar un reporte anual de las acciones y cumplimiento de directrices para alcanzar la igualdad de remuneración entre hombres y mujeres que debe entregar al órgano rector de la política laboral.

De igual forma, la Ley faculta al trabajador, obrero y servidor público a exigir el respeto de su derecho a la igualdad de remuneración, a través de una denuncia ante la Unidad de Talento Humano; en el caso de los trabajadores del sector privado, ante el órgano rector de la política laboral, exigiendo que las resoluciones emitidas en cada caso sean debidamente motivadas.

En cambio, el empleador debe responder la denuncia o reclamo por escrito y debidamente justificada en el término máximo de quince días. En caso de verificación de la vulneración del derecho a la igualdad de remuneración, la institución pública, empresa privada, empleador o empleadora deberá pagar la diferencia de la remuneración con efecto retroactivo y establecer la nueva remuneración de acuerdo con los criterios de trabajo de igual valor.

Mientras tanto, el incumplimiento de estas disposiciones será sancionado conforme a lo prescrito en el régimen jurídico laboral, que corresponde a la relación contractual de la persona trabajadora.

Finalmente, el órgano rector de la política laboral debe emitir el Reglamento que permita operativizar el proceso de cumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente Ley, para la emisión de la respectiva certificación de cumplimiento, así como la publicación de los empleadores que hayan obtenido dicha certificación.

Con el objetivo de fortalecer la capacidad operativa y táctica de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) incorporó el Hércules C-130. La aeronave, donada por los Estados Unidos (EE.UU.), es una muestra del compromiso conjunto de las dos naciones para que las misiones tácticas y militares en pro de la seguridad nacional. La entrega se realizó este lunes 25 de marzo 2024 en la Base Aérea Cotopaxi Mariscal Sucre.

Además, el Mandatario dijo que “el equipamiento y fortalecimiento de las capacidades de las Fuerzas Armadas es una prioridad para nosotros, sobre todo en un momento histórico en el que vivimos”.

Así mismo, Noboa indicó que esta aeronave contribuirá a enfrentar al crimen organizado y a desplegar misiones de ayuda humanitaria en todos los rincones del país. “En el cambio de rumbo hacia un Ecuador más seguro nuestras valerosas Fuerzas Armadas cumplen un rol fundamental y hoy estoy aquí para evidenciar el respaldo y agradecimiento del Gobierno y de un país que confía en ustedes”.

Por su parte, el embajador de EE.UU, Michael J. Fitzpatrick, explicó que este medio de transporte cuenta con la versatilidad para el transporte de tropas, adaptar camillas para evacuaciones aeromédicas y llevar grandes cantidades de carga y permitirá responder con prisa en momentos de crisis como desastres naturales o amenazas nacionales o transnacionales.

Mientras tanto, el comandante general de la FAE, Celiano Cevallos aseguró que “con el apoyo del Gobierno Nacional y socios estratégicos seguirán recuperando y fortaleciendo las capacidades operativas de las FF. AA y FAE para combatir el narcoterrorismo. Ganar esta guerra es crucial para recuperar la paz que merecen nuestros hijos, familias y nuestra sociedad”.

Finalmente, el Jefe de Estado señaló que “lograremos profundizar los cambios que el Ecuador requiere, para dejar atrás a ese viejo país de caos y violencia. Pero, sobre todo, proteger a los militares y policías que trabajan por la paz de todos”.

La industria del cemento, a nivel mundial, con los objetivos del Acuerdo de París, está comprometida en reducir sus emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI). La industria cementera ecuatoriana es responsable de menos del 7 % de las emisiones de CO2 y consciente de ello, anunció la iniciativa ambiciosa para mitigar este aspecto, contribuir al desarrollo sostenible del país. La “Hoja de Ruta Ecuador-FICEM, una economía baja en carbono” que plantea reducir en un 100 % las emisiones de carbono de la industria hasta el 2050. Este documento trabajado durante un año entre el Instituto Ecuatoriano del Cemento y del Hormigón (INECYC), la Federación Interamericana del Cemento (FICEM) y las industrias ecuatorianas. 

Por lo que, el documento fue presentado en la ciudad de Quito, el 21 de marzo 2024 al ministro de Transporte y Obras Públicas, Roberto Luque. 

Además, en el Ecuador, el total de emisiones de CO2 cada año bordea los 40 millones de toneladas. El cemento representa menos del 7 %, un valor  inferior al promedio mundial en el sector. Desde hace más de 20 años, Ecuador ha realizado un trabajo sostenido con el objetivo de reducir las emisiones de carbono, en alineación con los acuerdos internacionales como el de Río de Janeiro.

Según, Miguel Ángel Puente, Director Ejecutivo del Instituto Ecuatoriano del Cemento y el Hormigón la industria del cemento es esencial para el crecimiento de los países, el consumo entre países desarrollados y en vías de desarrollo destaca la necesidad de un progreso bajo en carbono: en nuestro país, el consumo estimado de cemento por habitante es de 360 kg cada año, en latinoamericana, pero muy por debajo del promedio mundial (500 kg), destacando el consumo en infraestructuras como: edificios, redes viales, entre otros.

En cambio, la “Hoja de Ruta Ecuador-FICEM, busca ir a una economía baja en carbono”, marcando el rumbo a la descarbonización total de la industria cementera al 2050, actualmente se implementa en el 80% de países de Latinoamérica y Ecuador es parte de esta iniciativa, sostuvo Puente.

El presidente de la República, Daniel Noboa en su visita a Santo Domingo de Los Tsáchilas, anunció el inició de la creación de la Universidad Pública. Es un derecho legítimo de esta provincia, una de las más jóvenes del país, en contar con una institución educativa superior pública propia. «Es su momento de ser protagonistas», tras afirmar el compromiso del gobierno con los jóvenes ecuatorianos.

Además, el Jefe de Estado señaló que se entregaran 350.000 dólares para la fase preliminar, que incluye los estudios necesarios para complementar el expediente técnico-académico de la universidad y viabilizar su creación. El objetivo es asegurar la igualdad de oportunidades y reducir la brecha de acceso a una educación universitaria de calidad.

Así mismo, los habitantes de Santo Domingo han esperado desde el 2017, esta necesidad debido a la limitada oferta pública y diversidad de carreras que actualmente tiene.

Sin embargo, los procesos no concluyeron durante las administraciones anteriores, lo que dejó el sueño de miles de jóvenes paralizado. «Es inadmisible lo que han tenido que soportar durante años. Se les ha obligado a buscar educación por sus propios medios, a emigrar y a subsistir sin oportunidades de empleo», dijo Noboa.

Por su parte, la secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT), Ana Changuín expresó que estas acciones democratizan la educación, por lo que determinó como prioritaria la finalización de los estudios que permitan finalmente iniciar la construcción de la Universidad Pública de Santo Domingo de Los Tsáchilas.

El Consejo de Administración Legislativa (CAL) calificó a trámite, diez nuevos proyectos de ley, de diversas temáticas, presentados entre enero y marzo del 2024.

De conformidad con lo que dispone la Ley Orgánica de la Función Legislativa, los proyectos fueron remitidos a las diversas comisiones para el análisis y la elaboración de los respectivos informes para conocimiento del Pleno de la Asamblea Nacional.

La iniciativa que modifica la Ley de Fomento a la Lactancia Materna y de Ley para Transparentar los Pagos  a  los Prestadores de Salud Privados, serán analizadas por la Comisión de Derecho a la Salud.

La Comisión de Gobiernos Autónomos tratará la reforma al COOTAD)

Las reformas a la Ley de Desarrollo de Puerto Bolívar serán tratadas por la mesa legislativa de Desarrollo Económico

La Comisión de Soberanía Alimentaria será la encargada de tramitar el proyecto de Código Orgánico Integral de Reactivación Agropecuario y Pesca

Finalmente, cinco proyectos reformatorios a los códigos: de Procesos; de la Función Judicial; de la Democracia; reformas a varios cuerpos normativos para garantizar el Acceso a una Justicia Especializad de Mujeres Víctimas de Violencia Sexual y el proyecto de Ley para el Fortalecimiento de la Administración de Justicia y la Garantía del Derecho a la Cultura de Paz, la Seguridad Integral y una Sociedad Libre de Corrupción, serán analizados por la Comisión de Justicia y Estructura del Estado.

Además, el CAL decidió disponer la unificación de estos proyectos, con otros de la misma materia, que ya se encuentren en tratamiento dentro de las comisiones correspondientes.

La Comisión de Biodiversidad inició el proceso de fiscalización del incremento en la tasa de ingreso a las áreas protegidas de Galápagos. Por esta razón, citó a comparecer a las autoridades de varias carteras de Estado y de los gobiernos seccionales de la provincia, el objetivo determinar la viabilidad técnica que motivó esta decisión.

Segú, el legislador Milton Aguas, representante de Galápagos, es necesario poner en marcha procesos de fiscalización cuando el turismo, pilar central para el modo de vida de los galapagueños, se ve afectado por la implementación de este tipo de medidas.

Para Edwin Altamirano, presidente de Consejo de Gobierno de Galápagos, la tasa de ingreso y conservación ha permanecido igual durante 26 años, desde 1998.

“Existen estudios del Ministerio del Ambiente y el Parque Nacional Galápagos, realizados en el 2023, demostrando que el turista promedio, nacional y extranjero, está dispuesto a pagar 2.5 veces más por recorrer las áreas protegidas, 240 dólares más para conservar el medio ambiente marítimo y 140 dólares más para conservar el medio ambiente terrestre de las islas”, dijo.

Esta medida entrará en vigencia desde el 1 de agosto, por lo que existe tiempo suficiente para socializarla con la población.

En cambio, la ministra del Ambiente, Sade Fritschi sostuvo que Galápagos no cuenta con los recursos necesarios para manejar el turismo exponencialmente creciente de las islas, que durante el 2023 fue de 329 mil turistas y 11 mil transeúntes.

Además, Fritschi señaló que el incremento del turismo ha generado afectaciones irreversibles al ambiente debido al colapso de los recolectores de desechos sólidos y la introducción indiscriminada de especies ajenas al entorno, que no son solucionadas adecuadamente debido a la falta de recursos.

“Es inaudito, que se cuestione una posible recaudación proyectada de 40.9 millones de dólares hasta el año 2025, que beneficiaría al Parque Nacional y a los Gobierno Autónomos Descentralizados (GAD) de la provincia”, aseguró.

Por su parte, Niels Olsen, ministro de Turismo, expresó que la actualización de esta tarifa es necesaria para que los galapagueños vean una real mejora en su calidad de vida.

“Este es el momento de aprovechar los 40 millones de dólares que Galápagos obtendrá por la aplicación de esta medida, de los que el 50 % será para el mantenimiento y crecimiento del Parque Nacional y el otro 50 % para que los GAD de la provincia mejoraren la calidad de vida de su población”, precisó.

Mientras tanto, la alcaldesa de Santa Cruz, Fanny Uribe manifestó que no es una actualización de la tasa, por el contrario es una nueva tasa, “no estamos de acuerdo en la forma como subió, no estamos en contra  siempre y cuando sea técnica y legal.

Finalmente, los informes serán remitidos a la Contraloría General del Estado, Corte Constitucional y Procuraduría General del Estado, para que procedan en el ámbito de sus competencias.

La Comisión de Desarrollo Económico aprobó el informe para segundo debate del proyecto de Ley para el Fortalecimiento de las Actividades Turísticas y Fomento del Empleo, calificado como urgente en materia económica y que tiene como objetivo el fomento inmediato y fortalecimiento de las actividades turísticas, cuyas normas se aplicarán en el ámbito público y privado, así como en todo el territorio nacional.

Además, la sesión 916 del Pleno de la Asamblea Nacional, ha sido convocada para el jueves 21 de marzo, a las 17h45.

Así mismo, el debate fue en base del informe preparado por la Comisión de Desarrollo Económico, pero previo a la aprobación escuchó a la ciudadanos, gremios, organizaciones y actores públicos y privados, entre ellos, de los ministerios de Turismo; Transporte y Obras Públicas; Ambiente; SRI; Dirección General de Aviación civil; Agencia Nacional de Tránsito; SERCOP; gremios de transportistas, de guías de turismo, de hoteles, operadores de turismo y líneas aéreas, GAD de Imbabura y Cámara de Industrias.

Según, el informe, la reactivación del sector turístico a través de la aplicación de medidas tributarias y económicas, para enfrentar la grave crisis que afronta el sector es el objetivo.

Por lo que, determina que están sujetos a sus disposiciones todas las personas naturales y jurídicas, públicas y privadas, nacionales y extranjeras que residan o realicen actividades turísticas en el Ecuador, que cuenten con el registro de turismo.

Mientras tanto, considera actividades turísticas las desarrolladas por personas naturales o jurídicas, que se dediquen a la prestación remunerada de una o más de las siguientes actividades: alojamiento, alimentos, bebidas y entretenimiento; agenciamiento turístico; transporte turístico; organizadores de eventos, congresos y convenciones, reuniones, incentivos, conferencias, ferias y exhibiciones; centros de convenciones, salas de recepciones y salas de banquetes; guianza turística; centros de turismo comunitario; parques temáticos y atracciones estables y balnearios, termas y centros de recreación turística.

Finalmente, tras dos horas de debate del articulado que reforma Leyes de Turismo; Régimen Tributario Interno; para la Equidad Tributaria en el Ecuador; Código Ingenios;  Emprendimiento e Innovación; COOTAD; Sistema Nacional de Contratación Pública; Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial; Código Monetario y Financiero; Código Orgánico Administrativo, Ley de Economía Popular y Solidaria, Seguridad Social y de Desarrollo de Puerto Bolívar.

Una delegación de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) dialogó este martes 19 de marzo 2024, el presidente de la República, Daniel Noboa, sobre los retos que enfrenta el periodismo ecuatoriano y la importancia de defender la libertad de expresión y prensa, como bastión para la democracia del país.

Para el secretario General de Comunicación de la Presidencia de la República, Roberto Izurieta es vital reafirmar los valores y principios de un Ecuador democrático en relación al trabajo de la prensa ecuatoriana.

Por lo que, el presidente Noboa reiteró su compromiso, por garantizar que la sociedad ecuatoriana esté mejor informada a través de la libertad de expresión y de prensa, al firmar la Declaración de Chapultepec y la Declaración de Salta, esta última se refiere a los principios de la libertad de expresión en la era digital.

Por su parte, el representante de la SIP, Roberto Rock, expresó que durante el encuentro con el Mandatario expusieron las principales preocupaciones del ejercicio periodístico, considerando el contexto de violencia por el que atraviesa el Ecuador.

Entre los temas tratados están: fortalecer y dar operatividad al mecanismo de protección a periodistas frente al entorno que vive el Ecuador; analizar el combate más firme a los casos de impunidad contra periodistas y medios de comunicación suscitados en los últimos años; cero impunidad y no repetición en los ataques contra el trabajo periodístico.

Así mismo, el Presidente Noboa dijo que como contraparte, desde los medios de comunicación deben existir reglas claras sobre la ética profesional, por escrito, que guíen cómo se cubre el crimen organizado; que se hable sobre cómo se deben mejorar las condiciones laborales y que brinden las garantías a las y los periodistas para que hagan su trabajo.

Según, el secretario General de Comunicación, Roberto Izurieta, tanto el Gobierno Nacional como la SIP “comparten la lucha por lograr una mejor sociedad a través de información veraz”. Desde el Ejecutivo se comparten las preocupaciones planteadas y se trabajan los temas tratados.

También, en la reunión participaron el director ejecutivo de la SIP, Carlos Lauría; el representante del The New York Times, Michael Greenspon; la presidenta del comité ejecutivo de la SIP y la directora de Diario La Hora, Gabriela Vivanco; el vicepresidente regional para Ecuador, directivo de El Universo, Carlos Pérez y el expresidente de la SIP, Jaime Mantilla.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) pone a disposición de la ciudadanía el servicio de consulta de pagos a Miembros de Juntas Receptoras del Voto (MJRV) que participaron en las Elecciones Presidenciales y Legislativas Anticipadas 2023, primera y segunda vuelta.

Los integrantes de las juntas, previo a acudir a la entidad financiera, podrán conocer la disponibilidad de pago. Para ello, deberán ingresar a http://www.cne.gob.ec en la sección de información pago a MJRV, ingresar su número de cédula y nombres completos, escribir el código captcha y clic en consultar pago.

Además, en esta misma plataforma, podrán imprimir su certificado por haber cumplido con su deber cívico y democrático.

Los delegados y titulares de los ministerios de Economía y Finanzas; Agricultura y Ganadería; Transporte y Obras Públicas; Salud Pública y de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, comparecieron al pleno de la Asamblea Nacional, para informar las acciones desarrolladas para mitigar los efectos de la estación invernal, en las diferentes provincias del país.

Según, el ministro de Economía y Finanzas, encargado, Daniel Falconí, trabajan con un presupuesto a la espera de la aprobación para el ejercicio fiscal del 2024. “Una línea de gestión importante es pagar la deuda de 860 millones de dólares a los gobiernos autónomos descentralizados, de los cuales se ha cancelado, al 12 de febrero, 773 millones de dólares, reduciendo la deuda del Gobierno Central” dijo.

Además, Falconí insistió que han pagado 400 millones de dólares a las provincias afectadas por la estación invernal. Esa fue la principal línea de gestión del Gobierno Nacional y la otra, es atender de manera emergente las demandas de estas circunscripciones.

En cambio, el ministro subrogante de Agricultura y Ganadería, Francisco Minuche, indicó que su trabajo se ha enfocado en todas las provincias, con énfasis en las que han sido afectadas por el invierno. Son 7.700 afectados parcialmente y más de 4.000 productores con daños totales, que suman pérdidas de entre cuatro millones y ocho millones de dólares. Los productos más afectados son: el arroz, cacao, banano, maíz duro, así como las plantaciones de limón y mango, en las provincias Los Ríos, Manabí, Esmeraldas, Santa Elena, Santo Domingo de los Tsáchilas y Bolívar.

Para el ministro de Transporte y Obras Públicas, Roberto Luque, es saludable la aprobación de 15 leyes por la Asamblea Nacional, varias de ellas calificadas como urgentes en materia económica, que van a revolucionar la vialidad y la obra pública. Las gestiones del ministerio se basan en la asignación presupuestaria, que ha tenido una reducción desde hace algunos años y hoy cuenta con un monto de 288 millones de dólares, recursos que incluyen prioridades como la reconstrucción de Manabí y Esmeraldas. “Hemos tomado medidas inmediatas para atender las necesidades viales de las provincias afectadas por el invierno”, aseguró.

Así mismo, el ministro de Salud Pública, Franklin Encalada, explicó que el tema principal es presupuestario, cuenta con 270 millones de dólares para la compra de medicamentos e insumos, con un abastecimiento del 81%. Se desarrollan campañas educomunicacionales y de capacitación a los profesionales del sistema integral de salud para atender oportunamente los casos de dengue y malaria, sobre todo, en el control de vectores para evitar nuevos contagios.

Mientras tanto, el secretario nacional de Gestión de Riesgos, Jorge Carrillo sostuvo que la Ley para la Gestión Integral de Riesgos, el país esperó más de 15 años para contar con una legislación que se enmarque en los estándares internacionales, las fases de la gestión de riesgos parte de la identificación de los posibles factores que generarían emergencias, hasta la mitigación de los efectos de los desastres naturales. “Tenemos 323 bienes para equipar los alojamientos temporales en Guayas, Los Ríos y Santo Domingo de los Tsáchilas y estamos preparados con 60 mil kits de asistencia humanitaria”.

Finalmente, Vicente Párraga, presidente de la Federación de Montubios, fue enfático al decir que la situación que atraviesa el sector agropecuario es grave y solicitó que se adopten las medidas para que BanEcuador atienda los requerimientos de los pequeños y medianos productores, se requiere la condonación de intereses, capital e intereses por mora en créditos de hasta 10 mil dólares. Abel Navas, de la Cooperativa Nacional de Pequeños Agricultores y Afines (CONASA), señaló que la agricultura familiar campesina debe ser atendida de manera prioritaria por el Estado. “Lamentablemente no se cumplen, por eso es necesario dictar una Ley de Desarrollo Integral de la Agricultura”, puntualizaron.