La Asamblea Nacional, con 118 votos a favor declaró a la provincia de Santo Domingo de las Tsáchilas “Capital de la Carne del Ecuador”. Esto en conmemoración de los 57 años de cantonización de Santo Domingo, el próximo 3 de julio. “La parrillada y el arte de los parrilleros son aspectos que marcan la diferencia de Santo Domingo y que posicionan a la provincia en el mapa gastronómico del Ecuador”, el proyecto “Santo Domingo Capital de la Carne” destaca que el 70 % de los turistas de la provincia disfrutan de la tradicional parrillada y del valor agregado de una carne producida por porcicultores, avicultores y ganaderos comprometidos con la calidad.

Según, el presidente de la comisión de Soberanía Alimentaria, Jaminton Intriago la resolución destaca la actividad agroproductiva de Santo Domingo de los Tsáchilas, clave para el abastecimiento cárnico de todo el territorio nacional.

Para las asambleístas Amy Gende y Yadira Bayas, las bondades en la producción ganadera en Santo Domingo es muy importante, mucho más por su posición geográfica está en el corazón de la patria y es el centro de conexión productiva entre la sierra y la costa.

“Santo Domingo de los Tsáchilas se caracteriza por la producción de ganado de alta genética y tiene la mayor feria de ganado vacuno y bovino en todo el Ecuador, en la que se comercializan alrededor de 10 mil ejemplares a la semana, de aproximadamente 5 millones de dólares”, manifestaron.

También, exhortar al Ejecutivo a presentar en el plazo de tres meses, planes concretos que permitan el repoblamiento ganadero y su mejoramiento genético, la adopción de líneas de crédito preferenciales, a través de la Banca Pública, para incentivar el desarrollo ganadero y la toma de acciones para repotenciar el Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias.

Mientras tanto, que pedirán al Ministerio de Agricultura y Ganadería la promoción de iniciativas que impulsen la industria cárnica en las provincias de Manabí y Santo Domingo de los Tsáchilas.

Finalmente, la Asamblea Nacional resaltó la labor con la que los santodomingueños impulsan la industria de productos preparados y derivados de la carne, con lo que fortalecen la economía cantonal, provincial y nacional.

El Consejo Nacional Electoral aprobó, este martes 26 de junio 2024, la convocatoria para participar en el proceso de observación electoral de las Elecciones Generales 2025.

Las personas naturales y jurídicas nacionales y las personas naturales extranjeras que residan, de manera legal y continua, en el país al menos cinco años, que tengan interés en participar de manera voluntaria, cívica y proactiva, a acreditarse como Observadores Electorales en los comicios del próximo 9 de febrero del 2025.

El proceso para la recepción de solicitudes se realizará en tres periodos:

1.- Desde el 1 al 15 de julio

2.- Desde el 16 al 29 de agosto y

3.- Desde el 8 de noviembre al 12 de diciembre.

La acreditación se podrá realizar a través de dos modalidades: en línea o presencial, para lo cual, se deberá descargar el formulario en http://www.cne.gob.ec, llenarlo, adjuntar los documentos habilitantes y enviar de manera digital en la página web institucional; o presentar la documentación en la Secretaría General del CNE o en las Delegaciones Provinciales Electorales.

En el marco del tratamiento del informe para el primer debate del proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional, recibió las observaciones de destacados representantes del ámbito educativo.

Para Fernanda Maldonado, directora de Admisión y Nivelación de la Universidad de Cuenca, hay tres temas centrales en la Ley, primero es la defensa de una educación superior pública, gratuita y de calidad, por lo que, es fundamental garantizar el financiamiento para la matrícula pública; segundo la autonomía responsable, que debe asegurar la calidad y rendición de cuentas y tercero la garantía de la educación como un bien público sin fines de lucro.

Además, Maldonado señaló que la reforma a la LOES debe garantizar la gratuidad en la educación y aunque con la reforma se prometió el libre ingreso a las universidades, esto no se ha cumplido debido a la falta de presupuesto. Es necesario incrementar el número de docentes y mejorar la infraestructura para de esta manera evitar el hacinamiento de estudiantes en los centros educativos de nivel superior.

Según, Paúl Herrera, docente de la ESPOL, la clave para la sostenibilidad del sistema de educación pública es el financiamiento en dos áreas, la constitución del fondo de financiamiento y por otro la distribución del fondo constituido. La población matriculada en establecimientos de educación superior tiene entre 18 y 24 años, el 42 % de los jóvenes están estudiando, mientras que los otros se dedican a actividades diferentes y un 21 % deserta de la educación superior. El sistema de educación superior cuenta con cuatro fuentes de financiamiento como son la ley FOPEDEUPO; el fondo de compensación por gratuidad; el fondo de funcionamiento y el fondo de compensación de donación del Impuesto a la Renta.

En cambio, el docente Rolando Vite, propuso que en la reforma de la LOES la creación de mesas de trabajo para desarrollar carreras técnicas, que serán importantes para el desarrollo profesional de los estudiantes. Se requiere que las universidades e instituciones educativas impulsen estas iniciativas. Tres ejes fundamentales para fortalecer las carreras técnicas como el arte, educación y cultura; la tecnología y valores; la participación estudiantil activa.

Además, respecto a la reforma a la Ley de Cultura, Juan Rojas, miembro de la Asamblea Plurinacional e Intercultural del Ecuador, manifestó que la cultura es una herramienta que surge del concepto básico de la vida y no se puede criminalizar a los gestores culturales cuando realizan un evento por temas burocráticos. Se debe fortalecer los espacios de los gestores culturales; el trabajo que se requiere por parte de las instituciones públicas, la recuperación de los espacios patrimoniales, ya que la cultura es parte fundamental del país y fomenta el turismo.

Finalmente, David Almachi, director de la Alianza Nacional de Certámenes Artísticos, sostuvo que el Ecuador tiene mucha pluriculturalidad, por lo que es momento de exportar su arte al mundo.

La Asamblea Nacional rindió homenaje el Bicentenario de cantonización de Machala. La sesión se realizó en el Centro Municipal de Arte y Cultura, «Luz Victoria Ribera de Mora», de la Capital Bananera del Mundo.

Según, los asambleístas de El Oro Jorge Álvarez, Steven Ordóñez, Fabián Peña, Carlos Rodríguez y Cristhian Vega, calificaron como un hecho histórico la sesión de la Asamblea Nacional en Machala para rendir homenaje por los 200 años de su cantonización.

Por lo que, el Parlamento entregó el acuerdo por los 200 años de cantonización al Municipio de Machala, al alcalde, Darío Macas.

También, la Asamblea reconoció y condecoró al Cuerpo de Bomberos de Machala; a Vicente Palacios Alvarado; Carlos Bolívar Sarmiento; Eduardo Zambrano Cabanilla (posmortem); Andrés David Machuca; Manuel Rojas; al exlegislador y exalcalde de Machala, Carlos Falquez Batallas (posmortem); Esteban Quirola Figueroa y Lenin Fernando Preciado, entre otros.

Por su parte, el alcalde de Machala, Darío Macas, señaló que «nos sentimos pletóricos de alegría y de gozo, porque celebramos un hecho trascendental para Machala, ciudad que se ha forjado con el trabajo y esfuerzo de hombres y mujeres que han sabido labrar su futuro, con valentía y coraje».

Para el presidente de la Asamblea Nacional, Henry Kronfle hoy se celebran dos siglos de historia, trabajo y progreso de Machala, que llenan de orgullo a todo un país; con una historia muy rica, vibrante; llena de momentos de valentía y de superación. “Es un honor dirigirme a las ciudadanas y ciudadanos de Machala, la Capital Bananera del Mundo”, indicó.

Finalmente, en el ámbito económico es indispensable fortalecer al sector camaronero en Machala, la aprobación de 24 leyes que buscan solucionar los acuciantes problemas del Ecuador. “Mientras algunos pierden su tiempo viendo fantasmas y supuestos pactos conspirativos, nosotros trabajamos a favor de todos los ecuatorianos; nuestro único pacto es con el pueblo”, insistió el presidente de la Asamblea Nacional.

La Comisión de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social de la Asamblea Nacional, avanza en el proceso de fiscalización a la firma del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), por lo que escuchó los argumentos de los colectivos.

Para Roberto Fajardo, del colectivo Yasunidos, el acuerdo con el FMI, “profundizan las condiciones de endeudamiento del Ecuador”. El extractivismo está atado a los endeudamientos históricos que ha tenido el país, porque ha impulsado la publicidad de la extracción minera y ha transformado al sector privado en el motor principal de América. “Se ha mercantilizado la naturaleza por los intereses de la minería metálica”, dijo.

Además, Fajardo puso como ejemplo a los territorios de Sigchos y a la población Shuar debido a los proyectos de extracción minera que se ejecutan en etas zonas. “Los acuerdos con el FMI comprometen la soberanía del Estado y los derechos constitucionales de los pueblos, nacionalidades y la naturaleza”, expresó.

Sin embargo, la asambleísta, Gissela Garzón preguntó la factibilidad para incluir en el acuerdo respecto al cambio ambiental como ha manifestado el FMI, la contradicción es porque se refiere al crecimiento económico, visto desde el modelo extractivista del petrolero y la minería metálica.

En cambio, el asambleísta, Franklin Samaniego cuestionó el canje de la deuda por naturaleza que contiene el acuerdo internacional, trata de un mecanismo novedoso y que al momento no se puede ver los resultados. “En estos canjes de deuda se han dejado de lado a comunidades, gobiernos parroquiales y organizaciones sociales que no fueron consultados por el Gobierno”.

Según, César Raza, experto en Derecho Constitucional, el convenio con el FMI no requiere la aprobación legislativa, pero la Asamblea Nacional tiene la obligación de realizar la fiscalización que considere necesaria, sí existen atropellos a las leyes ecuatorianas. Se debe realizar una lista de las vulneraciones legales provocadas por el Comité de Deuda del Gobierno Nacional que aprobó el acuerdo con el FMI. Consideró importante tramitar una acción de protección en contra de las políticas públicas generadas por el acuerdo, por vulneración de derechos del pueblo ecuatoriano.

De igual forma, al presidente de la comisión de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social, le preocupa el impacto que puede tener el acuerdo internacional en el sector productivo, especialmente en las Pymes y emprendedores.

Finalmente, Gloria Toapanta, representante de la Unión Nacional de Educadores, explicó que la carta de intención N.° 23 con el FMI, es una continuación de gobiernos anteriores, por la flexibilización laboral que propone el FMI, pone en riesgo la estabilidad laboral y las remuneraciones, entre otras, el incremento del IVA, la reducción de subsidios y la subida en el precio de la gasolina, así como la reducción significativa de recursos económicos para inversión pública, puntualizó.

La Comisión del Derecho al Trabajo de la Asamblea Nacional, pedirán las comparecencias de los ministros de Educación, Finanzas y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), para que informen acerca del incumplimiento de la sentencia de la Corte Constitucional que ratificó los derechos de los maestros comunitarios y populares.

Para Jaime Chicaiza delegado de educadores comunitarios y populares del Azuay el incumplimiento de la declaratoria de constitucionalidad de la Ley Reformatoria a la Ley de Educación Intercultural, en agosto del 2021, ratificó nuestros derechos. Por lo que rechazo y condenó que se sigan violentando los derechos de los educadores, sobre todo, en estado de vulnerabilidad, dijo.

En cambio, la asambleísta Mabel Méndez señaló que es necesario realizar el seguimiento del cumplimiento de esta Ley, en especial lo establecido en la Disposición Transitoria Primera, relacionado a la seguridad social, laboral y beneficios sociales de los ex educadores comunitarios y populares.

Además, Méndez sostuvo que la sentencia de la Corte Constitucional estableció el plazo de 90 días para que el Ministerio de Educación y el IESS validen de manera obligatoria con las organizaciones representativas de los educadores comunitarios y populares a nivel nacional, el catastro y los valores monetarios; al Ministerio de Economía y Finanzas el traspaso presupuestario necesario y la asignación de los recursos para cancelar las obligaciones de pago a los educadores comunitarios.

Mientras tanto, la Federación Nacional de Obreros de los Consejos y Gobiernos Provinciales de Ecuador (FENOGOPRE) presentó sus observaciones al proyecto de Ley para la Promoción y Fortalecimiento de las Organizaciones de Trabajadores del Sector Público y Privado, que se encuentra en la fase de socialización previo a la elaboración del informe para segundo debate.

Según, la propuesta busca garantizar los derechos colectivos enmarcados en los principios establecidos en los Convenios de la Organización Internacional del Trabajo relacionados con la Libertad Sindical y la Contratación Colectiva, eliminando la exigencia de un dictamen de favorabilidad por parte del ente rector de las finanzas públicas para la suscripción de los contratos colectivos o de las actas transaccionales, cuando el análisis de la disponibilidad de recursos, la pertinencia de los acuerdos económicos entre la parte empleadora y trabajadora.

Finalmente, los delegados  de la FENOGOPE, Luis Cherres, Diego Cedeño y Luis Cherres indicaron que en los casos que el Estado ponga limitaciones en los procesos de contratación colectiva, se respete el principio de la negociación bilateral en toda relación de trabajo; cuando existan exabruptos en la fijación de beneficios colectivos no se viole el régimen jurídico y que la autonomía de los GAD debe verse reflejada en la negociación de los contratos colectivos, a más de tener un techo salarial, el 90 % de los trabajadores sindicalizados no reciben sueldos mayores a los que establece el acuerdo ministerial, emitido en el 2015, hace 9 años no ha sido posible un mejoramiento en sus remuneraciones y los servidores públicos por alrededor de 14 años no han visto incremento en sus salarios, puntualizaron.

La Comisión Multipartidista de la Asamblea Nacional, en el tratamiento del proyecto de Ley Orgánica para la Aplicación de la Consulta Popular y Referéndum del 21 de abril de 2024, recibió al subsecretario Jurídico de la Presidencia de la República, Stalin Andino y las observaciones de los expertos José Cedeño y Héctor Tapia, previo al informe para segundo debate.

Según, Stalin Andino la propuesta de incrementar las penas en 12 delitos se debe al crecimiento de la violencia y el crimen organizado, por lo que es necesaria que toda pena esté establecida en la Ley.

Además, Andino explicó que el Ejecutivo para establecer las penas sugeridas tomó en cuenta un criterio técnico, considerando que el límite actual de la pena establecida en el Código Orgánico Integral Penal (COIP) es de 30 años, desde ahí se ubicó hacia abajo según la gravedad del infracción.

Así mismo, el cumplimiento total de las penas en los centros de rehabilitación social, tipificación del delito de tenencia o porte de armas de uso privativo de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, así como el destino de las armas, partes o piezas, explosivos, municiones o accesorios para uso inmediato de las dos instituciones, la reforma propuesta y el impacto esperado es urgente, dijo Stalin Andino.

En cambio, la reforma a la Ley Orgánica de Extinción de Dominio, esta declaratoria no debe estar atada a una sentencia condenatoria ejecutoriada en lo penal, porque la extinción de dominio es materia civil, expresó.

Las reformas al COIP, fueron comentadas por el abogado constitucionalista, José Cedeño, quien pidió analizar la pena para sancionar la conducta de los colaboradores en el delito de delincuencia organizada, la propuesta es desmedida. La segunda observación fue respecto a la Ley de Extinción de Dominio, sobre la proporcionalidad que debe existir entre la pena privativa de libertad y el monto de activos objeto del delito, manifestó.

Mientras tanto, el docente de la Universidad Central, Héctor Tapia sostuvo que “hagamos que robar sea más costoso”, aquello con relación al incremento de penas. Desde el Estado hay que seguir la plata y no a las personas y sugirió que exista un informe pericial del contexto social del infractor.

Finalmente, los asambleístas plantearon consultas sobre la dosimetría penal, técnica jurídica aplicada para el incremento de penas en delitos relacionados con la minería, entre otros de la reforma.

Este viernes 21 de junio 2024, Consejo Nacional Electoral aprobó la convocatoria al proceso de auditorías de las organizaciones políticas para las elecciones generales del 2025.

Del 24 al 28 de junio de 2024, los partidos y movimientos políticos habilitados a participar en los comicios electorales podrán solicitar la inscripción de un auditor y su respectivo suplente. Las solicitudes se recibirán de forma presencial en la Secretaría General del CNE, en las 24 Delegaciones Provinciales Electorales y en las oficinas consulares del Ecuador en el exterior

De acuerdo con la convocatoria aprobada, el proceso de auditoría se iniciará con el taller de inducción a los auditores calificados y acreditados por el CNE, que se efectuará el lunes 15 de julio, a las 10h00, en el auditorio Matilde Hidalgo del Consejo Nacional Electoral.

El registro de organizaciones políticas para las Elecciones Generales del 2025, el CNE cerró en 78 partidos y movimientos políticos que podrán auspiciar sus candidaturas para los próximos comicios electorales.

De estas, 17 son organizaciones políticas de carácter nacional:

Mientras que 61 organizaciones políticas son de ámbito provincial.

La Comisión de Biodiversidad y Recursos Naturales de la Asamblea Nacional, fiscalizará el Proyecto Hidroeléctrico Santa Rosa. Este se habría convertido en un punto crítico tras el juicio político al ex ministro de Energía, Fernando Santos Alvite, entre las recomendaciones en el informe recomienda el inicio de la acción de fiscalización por la comisión debido a varias irregularidades encontradas.

Según, el asambleísta Jaime Moreno, la comisión identificó inconstitucionalidades en contratos que involucraban arbitrajes extranjeros y la carencia de permisos ambientales, dijo.

Además, Moreno expresó que el contrato fue firmado a última hora por el gobierno del Presidente Guillermo Lasso, la preocupación es sobre su legitimidad.

También, incluye la incorporación de observaciones procedimentales sugeridas por la asambleísta Sofía Sánchez.

Así mismo, establecieron parámetros claros para el proceso de fiscalización, las comparecencias y acciones necesarias para asegurar la transparencia en los procesos administrativos relacionados con los proyectos hidroeléctricos.

La comisión tiene como objetivo llevar un proceso de fiscalización exhaustivo y transparente, para abordar las irregularidades administrativas y garantizar que los futuros proyectos cumplan los estándares legales y ambientales.