La Comisión de los Derechos de los Trabajadores y la Seguridad Social, debatirá los proyectos de Ley de reformas a la Ley Orgánica de Servicio Público para la Protección del Empleo y la Garantía de Estabilidad en el Servicio Público, el Código del Trabajo y a la Ley de Seguridad Social para la implementación de las Nuevas Modalidades Contractuales, informó la presidenta de la comisión Karina Arteaga.

La sesión de la comisión está previsto para esté miércoles 24 de febrero, a partir de las 15h30, el análisis de las reformas a la protección del empleo, los asambleístas recibirán los opiniones de César Montaño, Rector de la Universidad Andina “Simón Bolívar” y de Francisco Yépez Hidalgo, presidente del Colegio de Médicos de Chimborazo.

Mientras tanto, la iniciativa presentada por la asambleísta Rina Campain de CREO por la provincia de Esmeraldas, exceptúa los nombramientos expedidos o contratos celebrados a favor de personas que se encuentran en mora con entidades o empresas públicas, o que administren recursos públicos si, previo a la obtención del nombramiento o contrato, se hace constar en la declaración patrimonial juramentada de inicio de gestión, el detalle de la deuda y del convenio o facilidades de pago suscrito entre el deudor y el acreedor.

Además, no podrá aducirse inhabilidad especial por mora en ejercicio de funciones ni como falta disciplinaria o causal de remoción de la servidora o del servidor público.

Por otro lado, la Comisión recibirá la comparecencia de Carlos Luis Tamayo, director General del IESS, quién expondrá sus criterios respecto del proyecto de Ley Orgánica Reformatoria al Código del Trabajo y a la Ley de Seguridad Social para la implementación de las nuevas modalidades contractuales, propuesto por el ex-asambleísta Vicente Taiano del Partido Social Cristiano.

En el mismo sentido lo harán los expertos en material laboral Angie Toapanta, Gabriel Otero, Sylvia Bonilla, Hólger Vásconez y Yuly Ramírez, trabajadoras de Plataformas Digitales, quienes se referirán específicamente al trabajo semiautónomo de las plataformas digitales.

Finalmente, la reforma de la Ley ofrece alternativas de contratación adecuadas frente al escenario de transición y de una economía en crisis que afronta el país, modifica la contratación individual de trabajo e incorpora figuras jurídicas nuevas, plantea cambios referentes al contrato, tipo de contrato, contrato de emprendimiento, teletrabajo, derecho a la desconexión, excepciones.

La movilización denominada en defensa de la democracia por parte del sector indígena llego esté martes 23 de febrero a Quito, en medio de un amplio operativo de seguridad a diferencia de octubre del 2019, en un auto cuatro por cuatro y acompañado de cuatro buses y varios vehículos livianos el candidato a la Presidencia de la República, Yaku Pérez, tras dialogar con los miembros de la Policía Nacional y agentes de seguridad, avanzo desde el colegio Montúfar hasta el lugar de concentración el parque el Arbolito en el centro de la ciudad.

Por su parte Yaku Pérez insistió en la apertura del 100% de las urnas en la provincia del Guayas y el 50% en las 16 provincias que fue el acuerdo con el candidato a la Presidencia de la República de CREO Guillermo Lasso.

Finalmente, el candidato a la Presidencia de la República Yaku Pérez junto a una nutrida movilización llego al Consejo Nacional Electoral y plantear sus reclamos por no estar de acuerdo con los resultados proclamados por el CNE que pone como finalistas a Andrés Arauz y Guillermo Lasso.

En el marco del convenio de cooperación técnica y científica para hacer frente a la pandemia, el Gobierno de la República Federal de Alemania (GIZ, por sus siglas en Alemán) dona al Ministerio de Salud Pública (MSP) 1320 kits de detección para la COVID-19, que suman un total de 58.800 PCR reactivos, para uso del Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública (INSPI).

La contribución valorada en alrededor de 361 mil dólares parte del proyecto de estudios y testeos virológicos de COVID-19 que se llevan a cabo en el país, con la colaboración del Instituto Charité de Berlín.

Al evento de donación asistieron, Juan Carlos Zevallos, ministro de Salud Pública, quien participó como testigo de honor, Solón Alberto Orlando, director Ejecutivo del INSPI y PHILIPP SHAUER, embajador de la República Federal de Alemania.

Orlando, manifestó que esta colaboración permite fortalecer la demanda social para medir el contagio de la COVID-19  a la población y entregar resultados inmediatos con la más alta precisión científica que esta problemática exige.

SHAUER recordó que durante el mes de junio del año 2020, GIZ entregó 100 mil reactivos al INSPI y actualmente continúa la cooperación científica para la mejora de las instalaciones del instituto y su capacidad de análisis en temas de virología.

Zevallos destacó la entrega de estos kits que permitirán alivianar el problema de la detección temprana de la COVID-19. Además, resaltó el aporte con el laboratorio de bioseguridad de nivel 3, que es uno de los primeros de la región y permitirá hacer cultivo del virus e identificar con precisión otros, así como la secuenciación, que determinará la mutación de los virus.

Desde marzo de 2020, la relación de cooperación de GIZ ha incluido la donación de más de 100.000 Pruebas PCR valoradas en aproximadamente 240.000 dólares, kits de extracción y pruebas de hisopados. También, llegaron al país equipos técnicos del Hospital Universitario Charité de Berlín, para la realización de estudios de cepas virológicas y de seroprevalencia con la utilización de sueros fisiológicos y muestras ecuatorianas.

Finalmente, una donación de 500.000 euros para el estudio de factibilidad y actividades de capacitación frente al tentativo desarrollo del proyecto de construcción y equipamiento de un laboratorio de bioseguridad nivel 3 en el Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública – INSPI Guayaquil.

En la Comisión de Relaciones Internacionales, esté lunes 22 de febrero dentro del proceso de fiscalización de un presunto manejo irregular de las inversiones del Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional (ISSPOL), recibió a Patricio Pazmiño, ministro de Gobierno.

La comparecencia la solicitó el asambleísta César Carrión de CREO por la provincia de Cotopaxi, indicó la necesidad de llegar a determinar los responsables de este mal manejo, más aún cuando está de por medio el ahorro del dinero de los Policías y el Estado.

Además, indicó que preocupa que los ministros, comandantes de la institución uniformada y administradores del ISSPOL, no hayan puesto atención oportuna a este tipo de inversiones que iniciaron en el 2014 y 2015, las operaciones eran de gran magnitud, esto es 532 millones de dólares, por lo que el país exige transparencia, incluso el señor Cherrez dice que no le debe un solo centavo.

Por su parte, el ministro de Gobierno, Patricio Pazmiño, reconoció que este caso generó gran connotación en la institución Policial, en el ISSPOL y la sociedad ecuatoriana, la investigación está en la Fiscalía General del Estado, se encuentran en estado de reserva.

Así mismo, Pazmiño se refirió a la situación jurídica del Instituto, señaló que es una entidad pública, por lo que sus inversiones están sujetas a la Ley de Mercado de Valores y el Código de Planificación y Finanzas Públicas.

Sin embargo, expresó que no existió la autorización del Ministerio de Economía y Finanzas para la inversión de estos recursos, según lo dispone el Art. 168 del Código Orgánico de Planificación, las operaciones de compras de bonos con los rendimientos del SWAP de los años 2016, 2017 y 2018 no cuentan con los informes de las direcciones correspondientes del ISSPOL.

Mientras tanto, la “Operación SWAP”, la compensación de la operación y los bonos de deuda interna, el 28 de diciembre de 2020, el ISSPOL debía recibir el pago de más de 20 millones de dólares por concepto de intereses, obligación que hasta la presente fecha se mantiene impaga por parte de las empresas de Jorge Chérrez, pese a que disponen de cerca de 100 millones de excedentes de flujos cobrados, precisó.

El ministro de Gobierno reiteró que en los informes del Comité de Riesgos, no se visibiliza una evaluación de los riesgos asociados a este tipo de inversión, permitiendo la entrega de recursos de los fondos previsionales del colectivo policial, no se evaluó el riesgo del título a negociar, ni el riesgo de contraparte, ya que se debió concentrar en conocer el uso y destino que se iba a dar a los recursos captados.

Finalmente, el asambleísta Fabricio Villamar, recordó que en septiembre de 2020 inició el proceso de fiscalización y control político a las inversiones del ISSPOL, solicitó facilitar la información requerida.