El ministro de Gobierno, Gabriel Martínez y la Comandante General de la Policía, Tannya Varela, presentaron a la Asamblea Nacional, el Proyecto de Ley Orgánica para el Uso Progresivo y Racional de la Fuerza, compuesta por 50 artículos, el objetivo es darle los parámetros a la Policía Nacional la normativa que les ampare en el uso de la fuerza cuándo se amerite.
Además, en la propuesta de Ley constan las derogatorias.
Por su parte, el ministro Martínez señaló que el objetivo central de este proyecto de Ley, es regular de manera técnica y sustentada el uso progresivo y racional de la fuerza, las acciones que ejecute la Policía Nacional en el cumplimiento de su labor, basada siempre en los principios de valor, disciplina y lealtad.
Así mismo, Martínez, reitero que “nuestro objetivo es poder entregar a la Policía Nacional, una ley que genere certezas en momentos de incertidumbre, cuando se debe emplear el uso progresivo de la fuerza.
Sin embargo, certezas para el policía, para que tenga una norma que regule su actuación, certezas para los ciudadanos y también para los jueces, cuando tengan que analizar una actuación”, expresó el Secretario de Estado.
También, el ministro de Gobierno dijo que hasta ahora no hay una norma con rango de ley, solo existe un reglamento sobre este tema de gran importancia.
El proyecto de Ley presentado será un instrumento de más jerarquía con el que contará la Policía Nacional para defender su accionar, será un apoyo en los momentos más difíciles y de peligro de sus vidas y de la ciudadanía, al momento de protegen y defender, manifestó en la Asamblea Nacional.
Entre tanto, la general Tannya Varela, enfatizó que es necesaria y fundamental la creación de una Ley que regule las actuaciones de todos los servidores de las entidades de seguridad, ya sean estatales, municipales o metropolitanas, que no están incluidos en el reglamento actual, y rige exclusivamente para la Policía Nacional”.
Finalmente, el Presidente de la Asamblea, César Litardo, se comprometió a ser el ponente de está iniciativa de proyecto de ley desde el ministerio de Gobierno y la Policía Nacional, porque es una herramienta que servirá a la Policía, para que actúe de manera decidida, dijo que dejarán el proyecto de Ley como prioritario y urgente.
El ministerio de Salud, con respecto a las aglomeraciones en dos puntos de vacunación en la ciudad de Quito, por segunda ocasión, denunció públicamente que las llamadas y mensajes telefónicos falsos y mal intencionados fueron enviados a adultos mayores (de entre 65 hasta 90 años de edad), impulsando a que acudan a recibir la vacuna sin un agendamiento previo.
Es lamentable que esta acción de mala fe ocasioné una saturación de demanda de vacunas.
Sin embargo, las brigadas de salud respondieron a la necesidad y se normalizó el proceso de inoculación, informaron.
Además, el MSP en este momento ratifica que los adultos mayores de 90 años son los únicos ciudadanos que pueden acudir sin cita a los centros de vacunación a partir de las 15H00, indicaron.
Finalmente, las autoridades insisten a la población y al público adulto mayor respetar el proceso de agendamiento para continuar con la Fase 1 del Plan Vacunarse.
El Presidente de la República electo, Guillermo Lasso, insistió que debemos tener un poco de paciencia para conocer los nombres de quiénes conformaran el gabinete de gobierno.
Sin embargo, Lasso dijo que lo único cierto es que estarán los mejores hombres y mujeres para alcanzar el objetivo de su proyecto de gobierno del cambio.
Además, aseguró que el Ecuador necesita que sigamos encontrándonos. Nuestro Plan de Gobierno tiene como objetivo lograr un verdadero cambio para el bienestar de las familias.
Por lo que, el Presidente electo compartió las 10 de las propuestas que serán prioridad durante gestión, libertad para estudiar, acuerdos y tratados de libre comercio, vacunar a 9 millones de ecuatorianos en 100 días de gobierno, subir el salario básico, fondo semilla para apoyar al emprendimiento, eliminar impuestos, agua potable y alcantarillado, combatir la desnutrición crónica infantil, defensoría de los derechos de la mujer, acceso a créditos baratos para el sector para el sector agropecuario.
En el marco del Plan de Vacunación contra la COVID-19, este jueves 15 de abril, en el Instituto Tecnológico Bolivariano, en Guayaquil, el presidente de la República, Lenín Moreno, junto a la alcaldesa de Guayaquil, Cinthya Viteri, constataron la logística y buen curso del proceso de vacunación a la población de esa ciudad.
Además, se efectúo la firma de un convenio entre el Ministerio de Salud Pública y la Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME) para aunar esfuerzos a favor de la inoculación en todo el país.
El Mandatario y la alcaldesa recorrieron las instalaciones de ese punto para corroborar que la ciudadanía está siendo atendida de forma adecuada, hoy 960 personas recibieron la dosis del medicamento contra el coronavirus. El Jefe de Estado expresó que, en la Perla del Pacífico, tanto el Municipio como el Gobierno han unido esfuerzos para optimizar este proceso. “Estamos demostrando que la mejor forma de trabajar es en conjunto y de forma integral”, aseguró.
Por su parte, Viteri señaló que esta suma de voluntades obedece a la firma de un convenio en el que se establece que el municipio aporte con la logística, la empresa privada y otras instancias, el Ejecutivo abastezca de las vacunas y la base de datos. “Juntamos las manos y en los dos primeros días vacunamos a 2.132 personas”, enfatizó.
El Presidente de la República, hizo referencia al Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre la AME y el MSP que se suscribió “con el cual cada municipio tendrá la capacidad para coordinar las vacunas en sitios específicos”, estos se agregan a los dispuestos por el Gobierno Nacional.
El objetivo es articular acciones conjuntas para combatir los efectos provocados por la pandemia, este documento involucra a 221 GAD de la nación y permitirá coordinar los cronogramas de vacunación en la jurisdicción territorial, los aspectos operativos y logísticos establecidos por el MSP.
De su lado, Raúl Delgado, presidente de la AME, agradeció al Gobierno Nacional por la oportunidad que brinda a los municipios para sumarse en la lucha para proteger la vida de los ecuatorianos. “Asumiremos la responsabilidad de adecuar espacios seguros, hacer control de bioseguridad y acompañar para que ninguno de los sectores más sensibles y personas que más necesiten se quede sin vacuna”, puntualizó.
Entre tanto, el Jefe de Estado, manifestó que está evaluando la propuesta de incluir en el proceso de vacunación a los profesionales de la comunicación, como: periodistas, camarógrafos y fotógrafos, entre otros.
Según, el ministro de Salud, Camilo Salinas, explicó que las personas mayores de 90 años pueden ir a los puntos para vacunarse de forma directa, adicionalmente, el nivel de ausentismo se ha reducido al 15%, se habilitará un servicio para que quienes no puedan o no quieran el servicio tengan la opción de informar y así reagendar a otro ciudadano. “En caso de no poder acudir, infórmenos a través del 171 para inmediatamente agendar a las personas que sí quieren ser protegidos con la vacuna”, sostuvo el ministro.
Finalmente, en lo que se refiere al ciudadano fallecido en Latacunga, de quien se sospecha tenía la variante P.1 de Brasil, indicó que se están haciendo las secuencias respectivas y se espera los resultados por parte del INSPI para tener más detalles y señaló que se ha establecido el cerco epidemiológico con las personas que tuvieron contacto con el ciudadano.
El ministro de Gobierno, Gabriel Martínez, lideró la sesión de trabajo que el Organismo Técnico de Rehabilitación Social, cumplió en las instalaciones del Centro de Privación de Libertad de la Zonal 8, uno de los lugares afectados por las acciones violentas ocurridas en febrero pasado.
Además, Martínez estuvo acompañado por la Comandante General de Policía, Tannya Varela, los ministros y representantes de Educación, Inclusión Económica y Social, Salud, Trabajo, Deportes, Cultura, la Defensoría del Pueblo, Derechos Humanos, entre otros, para observar las condiciones de las instalaciones, cómo viven las Personas Privadas de Libertad (PPL), y constatar esa realidad compleja que existe dentro de los centros de rehabilitación.
También, debemos diseñar una política que permita una verdadera rehabilitación de los PPL, y tener la colaboración de otros estamentos, como la justicia, por ejemplo, que lleve a quienes han cumplido determinado porcentaje de la sentencia acogerse a la prelibertad, con lo que se evitaría el hacinamiento, señaló.
El Secretario de Estado se refirió que, tras los sucesos violentos ocurridos en febrero pasado, en los centros de rehabilitación, se están ejecutando medidas inmediatas, como las requisas permanentes y el fortalecimiento de las seguridades, tanto en el área interna como en el perímetro externo, donde opera la Policía Nacional. “Presentaremos un plan claro, que podrá ser implementado por el nuevo Gobierno”, precisó.
Finalmente, el ministro de Gobierno, Gabriel Martínez, informó que se hizo público el compromiso del ministerio de Salud, para vacunar a todos los agentes de control penitenciario con el que cuenta el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad y Adolescentes Infractores (SNAI), ya que ellos entran y salen de los centros de rehabilitación social y están en constante riesgo de contagio del virus de la COVID_19.
Este 14 de abril, el secretario general del Gabinete, Jorge Wated, junto al ministro de Salud, Camilo Salinas, acudieron la Escuela Superior Politécnica del Litoral, donde se ha instalado uno de los puntos de inmunización en Guayaquil, para inocular al menos a 960 adultos mayores. Ecuador avanza con celeridad en el proceso de vacunación contra la COVID-19, llegando a más rincones del país.
Esté miércoles a escala nacional, están habilitados 54 puntos de vacunación para la aplicación de las dosis.
Por su parte, el secretario, Wated reiteró que el objetivo de la actual administración es acelerar y mantener en orden el plan de vacunación, “el proceso va tomando velocidad porque las vacunas siguen llegando”.
En cambio, el titular del Ministerio de Salud Pública anunció que el miércoles el país recibió 53.820 dosis de la vacuna de Pfizer y el viernes cerca 110.000 de AstraZeneca, biológicos que permitirán continuar de forma ágil con la inoculación a escala nacional.
Mientras tanto, el décimo lote de vacunas de esa farmacéutica fue recibido por la viceministra de Gobernanza de Salud, Sarita Berrones. Hasta el momento, 449.280 dosis suman de Pfizer y en total el país cuenta con 1’553.280.
Las vacunas permitirán seguir el curso para la inmunización de la Fase 1, de acuerdo a la planificación, que incluye a adultos mayores, profesores del sector educativo, policías, personal de Fuerzas Armadas y personas con discapacidad.
Además, las prioridades del Gobierno es que los adultos mayores tengan todas las comodidades necesarias al momento de acudir a la vacunación. Para lo cual, destacaron que todos los días se realizan mesas de trabajo donde “se planifica y se corrigen errores. Lo importante es tener un equipo trabajando, corrigiendo y mejorando”, indicó Wated.
Según, el ministro Salinas para garantizar una infraestructura idónea, atendiendo la disposición del Presidente de la República, Lenín Moreno, se mantiene un trabajo de cooperación con los Gobiernos Autónomos Descentralizados, empresa privada y universidades para articular esfuerzos y contar con más puntos de vacunación acreditados que aceleren el proceso, ya que se tiene previsto inocular cuatro millones de dosis hasta el 24 de mayo, asevero.
Por otro lado, Salinas indicó que están trabajando en el arqueo de las vacunas y en los próximos días se prevé poner a disposición de la ciudadanía toda la información mediante la página web http://www.planvacunarse.ec, con la finalidad de transparentar la información.
Así mismo, el Secretario de Gabinete insistió que desde la próxima semana se prevé poner a disposición de la ciudadanía un sistema de consulta para que puedan conocer el lugar de la cita o volver a agendar en el caso de ser necesario, a partir del lunes 19 de abril, se comenzará con la vacunación de personas con enfermedades catastróficas.
Finalmente, sobre el ciudadano contagiado con la variante brasileña, el Ministro de Salud aclaró que ya la entidad sanitaria se encuentra haciendo la búsqueda activa de casos y ya se estableció el cerco epidemiológico. El Gobierno Nacional continúa trabajando para garantizar a la ciudadanía un proceso de vacunación ágil y oportuno, de esta manera, hasta el 10 de abril, en Ecuador existen más de 457 mil dosis contra la COVID-19 aplicadas a personal de primera línea, adultos mayores y demás grupos objetivos de la Fase 1 del Plan Vacunarse.
La Comisión de Biodiversidad, en modalidad virtual, sesionó este miércoles 14 de abril, trató varios temas, entre ellos, el costo del cilindro de gas de uso doméstico en territorio amazónico, para lo cual contó con la presencia del ministro de Recursos Naturales no Renovables, del Director Ejecutivo de la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero y varios representantes ciudadanía.
Por su lado, René Ortiz, ministro de Energía y Recursos Naturales no Renovables, indicó que se mantiene congelado el precio de gas de uso doméstico, porque es de consumo de todos los ecuatorianos, la diferencia en costos puede darse cuando un ciudadano compra en los depósitos (1,60 dólares) o cuando le van a dejar a su casa (mayor costo).
En cambio Santiago Aguilar, director Ejecutivo de la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero, explicó las actividades técnicas y operacionales en las diferentes fases de la industria hidrocarburífera. Actualmente es la institución encargada de regular, controlar y fiscalizar las operaciones en la industria hidrocarburífera.
Así mismo, José Franco Magallanes, director técnico de la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero, señaló que hay nueve comercializadoras a nivel nacional y sobre ellas se ejerce el control permanente para que haya gas de uso doméstico en todo el país, con un valor de 1,60 de dólares.
La Ley rige a las comercializadoras existen sanciones, en el caso que no se respeten los valores establecidos para la venta del gas de uso doméstico, aseguró el director de la ARCH.
De igual forma, insistió que continuamente realizan controles en Sucumbíos, en relación al control del estado de los cilindros, envasado, peso, despacho, control de la venta al consumidor final en depósitos minoristas, por un valor de 1.60 dólares los 15 Kg.
El asambleísta Juan Cárdenas solicitó al ministro una respuesta concreta sobre los hechos denunciados en torno a la especulación y precio de gas licuado de petróleo en el catón Lagio Agrio, provincia de Sucumbíos.
Mientras tanto, el presidente de la comisión de Biodiversidad de la Asamblea Nacional, Alberto Zambrano enfatizó que en Orellana, en los depósitos, se expende el cilindro a 2 dólares y en los carros de entrega a domicilio se vende hasta en 4 dólares, por lo que, exigió se realice un control más rigurosos.
El asambleísta por la provincia de Sucumbíos por Sociedad Patriótica, Fredy Alarcón aseguró que este problema que es a nivel nacional, es un secreto a voces y el Gobierno Nacional lo conoce pero se hace el ciego, en lugar de vender de manera directa a los distribuidores, establece la intermediación a empresas privadas extranjeras. ¿Quién hace el estudio para determinar el margen de ganancia de los cilindros de gas de uso doméstico?, preguntó el parlamentario.
Para Marco Mocha, en representación de los distribuidores de la provincia de Sucumbíos, aseveró que tienen limitaciones en esa jurisdicción, como por ejemplo cupo restringido y distancias más grandes, entre 150 kilómetros, en promedio, para abastecer de gas licuado, lo cual hace que el costo se incremente a 3,50 dólares el cilindro.
Por su parte, Narcisa Velasco, del Comité de Usuarios del cantón Lago Agrio, expresó que el incremento del precio del cilindro de gas licuado trasciende desde hace años. A pesar que está escrito en la ley, se irrespeta el derecho de los ciudadanos a contar con un buen servicio y el precio justo. En el 2020 se acordó el costo en bodega de 1.60 dólares, 3 dólares en lo urbano y 3.50 dólares en lo rural, en los dos últimos casos el servicio debería ser puerta a puerta, lo cual no se cumple.
El presidente de la Federación de Barrios de Lago Agrio, Jorge Elizalde, denunció que los distribuidores, sin razón elevaron en 0.50 centavos el costo de entrega en el domicilio, aduciendo que es por la pandemia COVID-19.
Con relación a las denuncias el viceministro de Recursos Naturales no Renovables, Rubén Espín, señaló que la ARCH se encarga de realizar los controles respectivos. El incremento a 3 o 3.50 dólares es un costo que se genera a nivel nacional, tomando en cuenta, muchas veces, las distancias que tienen que recorrer los distribuidores.
Sin embargo, hay que entender el esfuerzo que hace el Estado para subsidiar el gas. Consideró dijo que no es fácil solucionar los problemas sobre distribución del gas que se dan en todo el país, tanto por distancias, cuanto por servicio, al formular un llamado a los distribuidores para que recapaciten en torno a las condiciones en las cuales se cobra el suministro de gas.
Luego de las inquietudes emitidas por los legisladores, el director técnico de la ARCH indicó que debido a las denuncias de alteración de precios en los bodegas de gas, inmediatamente fortalecerá los controles en Sucumbíos, con el objeto de establecer las sanciones correspondientes y si es necesario, clausurarlas, precisó, se puede incrementar los depósitos de gas licuado siempre y cuando cumplan los requisitos.
Finalmente, el asambleísta Fredy Alarcón propuso al representante de la ARCH y al Viceministro de Recursos Naturales no Renovables, se firme una acta de compromiso en territorio para mantener los precios del gas, de acuerdo a la Ley. Como testigos de honor participaría en esta firma, la Comisión de Biodiversidad, junto con los representantes de los barrios, moradores y distribuidores de gas. Las partes estuvieron de acuerdo, por lo que se establecerían las coordinaciones necesarias, con el objeto se firme la acta de compromiso.
La Asamblea Nacional con el juramento posesionó, a Xavier Muñoz y Narda Solanda Goyes, como vocal titular y suplente del Consejo de la Judicatura, respectivamente, de conformidad con lo que establece la Constitución de la República.
Luego de su posesión, Alberto Muñoz indicó su compromiso con los ecuatorianos para mejorar y modernizar el sistema de justicia en beneficio de todos.
Por su parte, Solanda Goyes señaló que es respetuosa del orden constitucional y legal y en ese sentido tiene claro el rol de la suplencia.
Además, se comprometió en la dirección de acceso a los servicios de justicia en el Consejo de la Judicatura a seguir trabajando y sirviendo a las organizaciones de mujeres, los movimientos indígenas y a todos quienes requieran los servicios de justicia.
En la resolución enviada a la Asamblea Nacional informó que el pasado 7 de abril, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social designó a las autoridades, como parte de un concurso de méritos de la terna enviada por el Presidente de la República.
Para su designación fue necesario valorar la experiencia profesional y los planes de trabajo propuestos por los dos aspirantes.
Finalmente, Solanda Goyes es doctora en Jurisprudencia, actualmente se encuentra laborando en el Consejo de la Judicatura como directora de acceso a los servicios de Justicia.
Según, informó la empresa pública Petroecuador, desde éste 11 de abril del 2021, los distribuidores de combustibles del país ajustaran los nuevos precios de los combustibles, que tendrán un incremento en su precio.
Además, los valores que rigen desde las cero horas del 12 de abril de 2021 hasta el 11 de mayo del 2021.
Así mismo, los datos difundidos, el diésel pasa de USD 1,40 a USD 1,44 el galón.
Mientras tanto, las gasolinas extra y ecopaís pasan de USD 1,83 a USD 1,91 por galón, es decir, ocho centavos más que hasta el 11 de abril costaba.
En cambio la gasolina súper, sugiere el precio de USD 3,17 por galón.
Es así, que el Gobierno del Presidente Lenín Moreno, aplica desde mayo del 2020 un sistema de bandas para fijar los valores de los derivados del país.
Finalmente, el precio de las gasolinas extra y ecopaís varía cada mes en un 5% al alza o a la baja de acuerdo con el precio del petróleo en el mercado internacional, el diésel tendrá una variación del 3% al alza o a la baja.
La madrugada de éste miércoles 14 de abril, tras acoger la solicitud de la fiscal general del Estado, Diana Salazar Méndez, el juez nacional Felipe Córdova dictó orden de prisión preventiva contra Pablo C., contralor general del Estado (s), y su hermano Esteban C.; José A., ex-secretario general de la Presidencia de la República y su hermano Luis A.; Silvia L., Ángelo R. y Andrés L. por su presunta participación en el delito de delincuencia organizada.
Mientras tanto, la procesada Natalia C. dictaron medidas sustitutivas como presentación periódica, prohibición de salida del país y uso de grillete electrónico; y para Elsie C., se ordenó que se gire la boleta de libertad.
Además, el juez dispuso la inmovilización de las cuentas de los procesados y la prohibición de enajenar bienes.
Más de seis horas duró la audiencia en la Corte Nacional de Justicia, en la que la Fiscal General del Estado formuló cargos contra las nueve personas, sobre la base de dieciséis elementos de convicción recabados durante un año y medio de investigación, los cuales hacen presumir su participación como autores directos en el mencionado delito.
Así mismo, entre estos constan versiones, oficios, informes periciales, decretos ejecutivos y dos asistencias penales internacionales solicitadas a Estados Unidos (EUA).
Por su parte, la Fiscal General del Estado, Diana Salazar indicó que en junio de 2019, José Raúl de la T. y Roberto B. fueron detenidos por autoridades de EUA, por delitos relacionados con lavado de activos. Con esta información, la Fiscalía inició una investigación previa y practicó varias diligencias aplicando técnicas especiales, a través de las que se evidencia que un grupo de funcionarios públicos y personas particulares habrían conformado una estructura organizada, cuya finalidad era cometer varios delitos contra la seguridad pública y la eficiencia de la administración pública.
Por lo que, esta organización cuyos líderes ocupaban altos cargos públicos habría exigido pagos indebidos a cambio del desvanecimiento de glosas y el cumplimiento de pagos de planillas, correspondientes a contratos suscritos entre EP Petroecuador y la empresa NOLIMIT S. A., entre 2017 y 2020.
De está forma la Fiscalía General del Estado, procesó a los detenidos, según lo determina el artículo 369 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que tipifica y sanciona el delito de delincuencia organizada.
Finalmente, la instrucción fiscal tendrá una duración de noventa días.
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