Por falta de fundamentos jurídicos, el recurso planteado por la concesionaria Conorte no pasó al pleno. Ya son 19 las resoluciones judiciales emitidas en favor de la prefectura.

La prefecta del Guayas, Susana González, alcanzó un nuevo triunfo legal en defensa de los intereses de la provincia en el caso de las concesionarias viales.

El Tribunal de la Sala de Admisión de la Corte Constitucional resolvió inadmitir a trámite la acción extraordinaria de protección No. 900-21-EP presentada por la concesionaria Conorte, por una multa de 1’120.000 dólares aplicada por incumplimiento de contrato.

La resolución de la Corte Constitucional confirma que la actuación de la Prefectura del Guayas se ha fundamentado en derecho. Por lo tanto, siguen en firme las acciones iniciadas de cobro de las multas a las concesionarias Conorte y Concegua.

Con esta resolución suman 19 las sentencias judiciales, en distintas instancias, decididas a favor de lo actuado por la primera autoridad de la provincia.

Los jueces constitucionales Agustín Grijalva, Daniela Salazar y el ponente Hernán Salgado no admitieron la acción extraordinaria de protección. En su argumentación consideraron que la demanda de Conorte incumple con los numerales 3 y 4 del artículo 62 de la Ley Orgánica de Garantías Constitucionales y Control Constitucional. Esta decisión no es susceptible de recurso alguno y causa ejecutoria.

Finalmente, mediante Resolución No. PG-SGR-041-2020 del 14 de septiembre de 2020, la prefectura del Guayas, impuso la multa de 1’120.000 dólares a la compañía Conorte S.A. por no dar mantenimiento a las carreteras desde el año 2018. En el 2020, la prefecta Susana González aplicó once multas a las concesionarias por un total de 38’361.857,24 dólares por incumplimiento de contrato. Siete de ellas fueron a Conorte S.A., por un valor de 30’582.366,87 dólares y cuatro a Concegua S.A., por 7’779.490,37 de dólares.