PREFECTURA DEL GUAYAS GANA EN LA CORTE CONSTITUCIONAL CONTRA CONCESIONARIAS

Por falta de fundamentos jurídicos, el recurso planteado por la concesionaria Conorte no pasó al pleno. Ya son 19 las resoluciones judiciales emitidas en favor de la prefectura.

La prefecta del Guayas, Susana González, alcanzó un nuevo triunfo legal en defensa de los intereses de la provincia en el caso de las concesionarias viales.

El Tribunal de la Sala de Admisión de la Corte Constitucional resolvió inadmitir a trámite la acción extraordinaria de protección No. 900-21-EP presentada por la concesionaria Conorte, por una multa de 1’120.000 dólares aplicada por incumplimiento de contrato.

La resolución de la Corte Constitucional confirma que la actuación de la Prefectura del Guayas se ha fundamentado en derecho. Por lo tanto, siguen en firme las acciones iniciadas de cobro de las multas a las concesionarias Conorte y Concegua.

Con esta resolución suman 19 las sentencias judiciales, en distintas instancias, decididas a favor de lo actuado por la primera autoridad de la provincia.

Los jueces constitucionales Agustín Grijalva, Daniela Salazar y el ponente Hernán Salgado no admitieron la acción extraordinaria de protección. En su argumentación consideraron que la demanda de Conorte incumple con los numerales 3 y 4 del artículo 62 de la Ley Orgánica de Garantías Constitucionales y Control Constitucional. Esta decisión no es susceptible de recurso alguno y causa ejecutoria.

Finalmente, mediante Resolución No. PG-SGR-041-2020 del 14 de septiembre de 2020, la prefectura del Guayas, impuso la multa de 1’120.000 dólares a la compañía Conorte S.A. por no dar mantenimiento a las carreteras desde el año 2018. En el 2020, la prefecta Susana González aplicó once multas a las concesionarias por un total de 38’361.857,24 dólares por incumplimiento de contrato. Siete de ellas fueron a Conorte S.A., por un valor de 30’582.366,87 dólares y cuatro a Concegua S.A., por 7’779.490,37 de dólares.

SIMÓN CUEVA OCUPARA LA CARTERA DE FINANZAS EN LA ERA LASSO

De apoco el presidente electo va develando los nombres de quienes integraran su gabinete cuando le restan 19 días para su posesión, el turno fue para Simón Cueva el ministro de Finanzas, quién tendrá una difícil tarea, ordenar las finanzas públicas y el financiamiento del programa de vacunación de nueve millones de ecuatorianos en 100 días.

El ministro Cueva ya ha visitado a los multilaterales Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo y el Fondo Monetario Internacional.

El ministro de Finanzas designado cuenta con una amplia trayectoria y experiencias en economía y Finanzas.

MÁS DE 1200 DIRIGENTES BARRIALES SON PARTE DEL SISTEMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

El Sistema Metropolitano de Participación Ciudadana y Control Social promueve el derecho a la participación en la toma de decisiones e incidencia directa sobre la gestión pública del gobierno local, a través de mecanismos como: conformación de asambleas ciudadanas, presupuestos participativos, la silla vacía, audiencias públicas, rendición de cuentas, consejos consultivos, entre otros.

En ese sentido, anualmente la Secretaría General de Coordinación Territorial y Participación Ciudadana, como entidad encargada de transversalizar este sistema en el territorio, en coordinación con las Administraciones Zonales realiza socializaciones en los diferentes barrios de Quito, para que más moradores conozcan y apliquen estos mecanismos.

En el 2020 se conformaron cerca de 400 asambleas barriales, con la participación de 1.260 lideresas y líderes barriales.

Los representantes de asambleas barriales tienen el rol protagónico al ser la voz de sus vecinos ante las autoridades.

Además, entre sus facultades tienen que generar agendas barriales de desarrollo, analizar los planes de desarrollo y ordenamiento territorial, parroquial, zonal y distrital, ejercer control social a todas las instancias, organismos y empresas públicas, promover y ser parte activa en los procesos de rendición de cuentas.

La participación ciudadana pueden consultar ingresando al portal de gobierno abierto de la alcaldía de Quito en la página web: www.gobiernoabierto.quito.gob.ec sección Participación Ciudadana.

ASAMBLEA EMITE PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD PARA SESIONES PRESENCIALES DEL NUEVO PERÍODO LEGISLATIVO

De cumplimiento obligatorio es el protocolo de bioseguridad en la sede de la Asamblea Nacional al cual deberán regirse, tanto el personal legislativo, cuanto administrativo y asistentes a las sesiones presenciales que se efectuarán el próximo 14 de mayo, cuando se instale el nuevo período legislativo el 24 de mayo, en el Cambio de Mando Presidencial y en la última sesión del Pleno presidida por César Litardo.

El instrumento de bioseguridad, elaborado por la Función Legislativa y aprobado por el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Nacional, en sesión del 28 de abril de 2021, expide lineamientos con el fin de reducir el riesgo de transmisión y contagio de la COVID-19 en estos actos.

Para el acceso a las instalaciones, el requisito es presentar la prueba tipo PCR o antígena, con 48 horas de anticipación al inicio del evento, cuyo resultado sea negativo o, a su vez, el certificado de vacunación con dosis completa hasta 24 horas previas, información que será ingresada en la dirección web: seguridad.higiene@asambleanacional.gob.ec

Esta exigencia permitirá el acceso para participar de los actos presenciales que se desarrollen e incluye a periodistas y medios de comunicación, a quienes se les entregará su respectiva acreditación de prensa. Quienes no cuenten con un resultado negativo de la prueba PCR o antígena, no podrán ingresar a la Asamblea Nacional.

En el instructivo se detalla la determinación de aforo por cada salón de la Asamblea Nacional, acogiendo las directrices del COE nacional, que establece la reducción en el 30 % de su capacidad. Es por ello que la planta baja del Salón “Nela Martínez” estará habilitado para 192 personas.

Además, solo 22 asistentes de la prensa y medios de comunicación acreditados, mientras que la planta alta del mismo salón estará habilitada para 208 personas.

El salón “José Mejía Lequerica”, se ubicaran, en la planta baja a 100 personas y en la parte alta a 72.

Los cálculos de aforo fueron realizados conjuntamente con el Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito y validados por el máximo organismo de emergencia nacional.

El documento establece el uso de mascarilla, distanciamiento físico con, al menos 1,70 metros de distancia, lavado y desinfección de manos, incluyendo el uso de alcohol y gel desinfectante en el interior del Palacio Legislativo.

Adicionalmente, al ingreso a la sede, deberán desinfectar manos y calzado en las máquinas automáticas y alfombras instaladas en los accesos principales. Estos dispositivos rocían una solución desinfectante de alcohol y emiten luz ultravioleta; quienes ingresen a la Asamblea Nacional deberán cumplir con los flujos unidireccionales para el ingreso y salida de las instalaciones.

El protocolo señala la prohibición de ingerir alimentos o bebidas al interior de la sede; detalla la instalación, en los ingresos al salón Plenario, de cámaras termográficas para la detección de la temperatura de los asistentes y de asistentes que no estén con mascarilla.

En el recinto legislativo será la Escolta Legislativa la encargada del control en el ingreso y salida. Podrán retirar de las instalaciones a quienes no cumplan con las disposiciones. Junto con los brigadistas, harán respetar el sentido unidireccional de ingreso y salida, así como el flujo para el tránsito de personas.

Los brigadistas de emergencia, con apoyo de médicos y enfermeras de la Unidad de Gestión de Salud Ocupacional de la Asamblea Nacional y del Ministerio de Salud Pública, se encargarán de medir la temperatura corporal, oximetría y proveer del producto de desinfección de manos a los visitantes.

Finalmente, la ventilación e higiene de superficies también son puntos que detalla el documento, si se detectara un caso sospechoso con sintomatología de la COVID-19 en la Asamblea Nacional y cómo actuar frente a tal situación, está claro para su control, es decir hasta el más mínimo detalle está considerado para precautelar la salud de los asambleístas y los asistentes.

COMISIÓN DE SOBERANÍA ALIMENTARIA ENFOCÓ SU TRABAJO EN LOS SECTORES AGROPECUARIO Y PESQUERO

La Comisión de Soberanía Alimentaria, aprobó con 11 votos el informe de labores correspondiente al período enero 2020 a abril 2021. La construcción de leyes que responden a la realidad de los sectores agropecuario y pesquero y acuícola fue su objetivo.

La Comisión sesionó por 65 ocasiones y aprobó dos leyes: Orgánica para el Desarrollo de la Acuicultura y Pesca y la Ley Para el Fortalecimiento y Desarrollo de la Producción, Comercialización, Extracción, Exportación e Industrialización de la Palma Aceitera y sus Derivados. Los cuerpos legales fueron publicados el 21 de abril de 2020 en el Suplemento del Registro Oficial N° 187 y la otra el 28 de julio de 2020 en el Segundo Suplemento del Registro Oficial, respectivamente.

La primera ley está direccionada a establecer el régimen jurídico para el desarrollo de las actividades acuícolas y pesqueras en todas sus fases, que garantice el acceso a la alimentación, respetando los conocimientos y formas de producción tradicionales y ancestrales.

Además, la segunda promueve, incentiva y estimula la producción, comercialización, extracción, exportación e industrialización de la palma aceitera y sus derivados.

El organismo parlamentario dejó listo el informe para primer debate el proyecto de Ley Orgánica para el Desarrollo Sustentable del Sector Agropecuario que incluye aspectos como: promoción y desarrollo de la agricultura familiar, presentado por la asambleísta Rosa Verdezoto.

Para segundo debate los proyectos de Ley para el Desarrollo de la Acuicultura y Pesca y para el Desarrollo Sustentable del Sector Agropecuario. Sobre este último tema la Comisión insistirá en su votación, luego que su debate fue cerrado el 26 de febrero del 2021.

Finalmente, quedan en trámites los proyectos de ley Ordinaria para la Creación del Indicador del Producto apto para el Consumo, (IPAC), ley Orgánica de Reforma a la Ley de Soberanía Alimentaria, sobre donación de alimentos y ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica para el Desarrollo de la Acuicultura y Pesca.