Esté jueves el Jefe de Bloque de CREO – SIARI AMAUTA, asambleísta por la provincia de Bolívar, Luis Pachala, realizó la rendición de cuentas de su gestión 2020 – 2021, en el auditorio de la flota Bolívar en la ciudad de Guaranda, en forma presencial y virtual.

Según, el asambleísta Luis Pachala se cumplió los objetivos de la propuesta de campaña en el 2017, entre ellas se han aprobado leyes en favor de los ecuatorianos, entre ellas: la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, Aprobación del Proyecto de Ley Orgánica de Emprendimiento e Innovación, Ley Orgánica de Desarrollo Fronterizo, Ley Orgánica de Apoyo Humanitario para combatir la crisis sanitaria del COVID-1, Ley Orgánica para el Ordenamiento de las Finanzas Públicas,Ley para el Fortalecimiento y Desarrollo de la Producción, Comercialización, Extracción, Exportación e Industrialización de la Palma Aceitera y sus derivados, Ley Orgánica contra el Consumo y Microtráfico de Drogas,Ley para el Fortalecimiento y Desarrollo de la Producción Comercialización, Extracción, Exportación e Industrialización de la Palma Aceitera y sus Derivados, Ley Orgánica Reformatoria del Código Orgánico de la Función Judicial, Ley Orgánica Reformatoria de la Ley Orgánica de Movilidad Humana, Ley Orgánica Reformatoria del Código Orgánico Integral Penal en Materia Anticorrupción, Ley de Educación Superior, Ley de Educación Intercultural Bilingüe, Ley Orgánica para la Racionalización, Reutilización y Reducción de Plásticos de un Solo Uso, entre otras.

Además, Pachala señaló que se ha cumplido con lo que se prometió en favor de la provincia de Bolívar y el país, esto junto al trabajo desarrollado por el personal del despacho y las sugerencias desde la ciudadanía

Por su parte, el gobernador de la provincia de Bolívar, Juan Carlos Camacho, indicó que más allá de destacar el trabajo en la Asamblea Nacional, la decisión como jefe de bloque cuando “salvo la democracia al no permitir la reunión en los momentos difíciles en Quito” reconocer que fue un opositor digno y patriotas.

De su lado, Jakelina Quijano expresó que la provincia de Bolívar estuvo bien representada con usted asambleísta Luis Pachala, más allá de las preguntas es el trabajo que un hombre honesto, de bien y trabajador como usted hay que felicitar y aplaudir, más aun cuando esta entre los diez mejores legisladores del país.

Mientras tanto, el Alcalde de Guaranda Medardo Chimbolema, enfatizó su felicitación al desempeño de su gestión durante su periodo en la Asamblea Nacional, “cuando hay voluntad política para servir como lo ha echo, se debe destacar, dijo. Desde cualquier espacio se debe seguir promoviendo leyes, para el aseguramiento público, enfocados a proteger al sector social, el pago de la deuda a los olvidados, el agro, los campesinos, la reactivación productiva, con créditos, semillas y garantizar la soberanía alimentaria.

Para Walter Duran, se ha cumplido con la provincia, nuevos retos se avecinan por lo que califico de positivo la gestión del asambleísta Pachala en su periodo 2017 – 2021, con la aprobación de importantes Leyes para los ecuatorianos.

En cambio, el concejal de Guaranda Willíam Chela, manifestó que fue un honor haber sido parte de su equipo y que el trabajo del legislador Luis Pachala quedará grabada en la memoria de los bolivarenses.

Finalmente, el Jefe de Bloque de CREO y asambleísta de Bolívar, Luis Pachala expresó que al Banco del Pacífico se debe repotenciar y su venta ve un poco difícil, la función del legislador es legislar y fiscalizar, se elimino el impuesto verde y se reformo la Ley de Comunicación para una libertad de expresión, 55 leyes importantes para el país, se censuro y destituyó a ministro y legisladores.

El Consejo de Administración Legislativa de la Asamblea Nacional, realizó su última sesión en modalidad virtual del periodo 2019-2021 este miércoles, 12 de mayo, calificó el Código Orgánico Integral Agropecuario, revisó las solicitudes de indulto por razones humanitarias y conoció el informe seguimiento y evaluación de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador Código de la Democracia, entre otras.

Con siete votos a favor, el CAL calificó la propuesta del presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo, el Código Orgánico Integral Agropecuario (COIAP). El proyecto será tramitado por la Comisión de Soberanía Alimentaria, en el siguiente periodo legislativo.

El proyecto establece el marco de políticas, regulaciones, supervisiones, controles y rendición de cuentas en todas las actividades que se desarrollen en el ámbito de los tres sectores fundamentales: agroproductivo, agroalimentario y agroexportador.

Además, el Código Orgánico Integral Agropecuario busca potenciar la generación de trabajo, la producción de riqueza, equidad de oportunidades y rentabilidad justa, asegurar la soberanía y seguridad alimentaria para contribuir al cumplimiento del plan anual alimentario; procurar la sostenibilidad del sector agropecuario nacional y de los regímenes integrales de sus cadenas.

Busca mitigar los riesgos sistémicos de la actividad agropecuaria en el sector rural; promover la oferta generando calidad y competitividad; integrar los derechos de los actores de los sectores: agroproductivo, agroalimentario y agroexportador identificados mediante la cédula agropecuaria; profundizar el proceso de constitución de un sistema económico sostenible, rentable, social y solidario, en el que los seres humanos constituyen el fin de la política pública sostenible y rentable.

Finalmente, está orientado a fortalecer la inserción estratégica a nivel internacional, generar planes y programas enfocados en bajar costos de producción e impulsar el desarrollo económico de los productores que acrediten la cédula agropecuaria; ofrecer capacitación en educación financiera agropecuaria, etc.

La rectora de la Universidad Nacional de la Educación (UNAE), Rebeca Castellanos, se comprometió a continuar los ciclos de profesionalización y capacitación de los maestros de la región amazónica, para evitar que pierdan sus puestos de trabajo por falta de un título de tercer nivel.

Esté compromiso lo asumió en el marco de la reunión de trabajo de la Comisión de Participación Ciudadana de la Asamblea Nacional, como parte del control político a la gestión de las autoridades públicas. En la reunión participó la secretaria Técnica de la Circunscripción Territorial Amazónica, Julia Landázuri, así como una representante de los maestros de la región.

Así, Rebeca Castellanos informó que el 5 de mayo iniciará el proceso de matrículas para el primer ciclo de profesionalización, correspondiente a este año, pese a que el Ministerio de Finanzas no ha realizado la transferencia por un millón de dólares, por lo que demandó la ayuda de la Asamblea Nacional para conseguir el pago de ese valor.

El 15 de mayo arrancará el primer ciclo que culminará en octubre y ese mismo mes iniciará el segundo.

Por su parte, Julia Landázuri expresó que el Programa de Profesionalización de Docentes del Sistema Nacional de Educación de la Amazonía beneficiará a 2.100 docentes, con una incidencia en 63 mil niños amazónicos, culminará en diciembre del próximo año y que hasta el momento se han beneficiado 1.700 bachilleres docentes.

La UNAE tiene un costo de 15 millones de dólares, 11 millones asume la Secretaría Técnica de la Circunscripción Amazónica y el resto la Universidad, hasta el momento se han realizado desembolsos por 3 millones 650 mil dólares por parte de la entidad a la que representa.

Mientras tanto, Wilma Calvopiña, en representación de los estudiantes, advirtió que los programas se suspendieron en dos ocasiones, lo que constituye una vulneración de derechos, señaló que su preocupación porque 408 maestros no se han matriculado en el nuevo ciclo, en razón que en la mayoría son de la ruralidad y no tienen acceso a la conectividad, ante lo que solicitó a las autoridades buscar una solución.

Finalmente, en la reunión intervino Zoila Calderón, asambleísta por un día indicó que el programa se suspendió en marzo de 2020 por la falta de transferencia económica a causa de la pandemia y solicitó se inicie un proceso de fiscalización a las instituciones vinculadas al proceso de capacitación y titulación de los maestros de la Amazonía, ya que existe un perjuicio en cuanto al derecho a educarse y la igualdad de oportunidades.

Luego de catorce años de la hegemonía de Alianza País, el 24 de mayo el Ecuador toma un nuevo giro, en lo político, económico y social, en medio de una crisis sanitaria a nivel mundial.

El Presidente Guillermo Lasso, recibirá un país con cifras rojas con respecto a las finanzas públicas cuando debe cubrir en seis días de su posesión pagos internos.

Además, tendrá que cumplir con el programa de vacunación de nueve millones de ecuatorianos en los primeros cien días de su gobierno, para lo que, ya le ha solicitado al Consejo Nacional Electoral su apoyo, los ecuatorianos volverán a los recintos electorales está vez no para votar si no a recibir la vacuna contra la COVID – Q9.

Según, Guillermo Lasso en trece días inicia “el recorrido hacia un mejor Ecuador, del empleo, bienestar y seguridad para todos”.

Con 107 votos, la Asamblea Nacional, censuró y destituyó al asambleísta Pedro Fabricio Villamar Jácome por la obtención irregular, uso y abuso de su carné de discapacidad, hechos que se contraponen con sus deberes y atribuciones como asambleísta.

Además, Villamar quedó inhabilitado para ejercer cargo público por dos años, con esta decisión del pleno de la Asamblea Nacional.

De está manera la Asamblea Nacional aprobó el informe de la Comisión de Ética en el que recomienda la destitución del asambleísta Villamar, quien habría incurrido en la causal 4 del artículo 163 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que determina como prohibiciones “percibir dietas u otros ingresos de fondos públicos que no sean los correspondientes a su función de asambleístas, que incluirá la recepción de supuestos derechos, comisiones, cuotas, aportes, contribuciones, rentas, intereses, remuneraciones o gratificaciones, no debidas por parte del equipo de trabajo a su cargo,” debiendo aplicar los incisos penúltimo y último del citado artículo.

Así mismo, el parlamento exhortó a la Contraloría y Fiscalía para que concluyan las acciones administrativas y preprocesales iniciadas, a fin de que las instancias judiciales cuenten con los elementos de convicción suficientes para continuar con los procesos y de ser el caso, ejecuten las sanciones ejemplificadoras por la irregularidad en la emisión, obtención, uso y abuso de los carnés de discapacidad que afecta al interés colectivo y estatal.

Una vez más se confirma el dicho popular que dice “con la misma vara que mides seras medido”, está ves le toco a Villamar. La resolución será entregada al legislador censurado y destituido.

De acuerdo al artículo 166 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, inciso 9 determina que existe ausencia de ética y responsabilidad política al abusar del cargo para acceder a beneficios económicos con un carné de discapacidad que presuntamente habría sido obtenido de manera irregular, por tanto, recomienda su destitución.

Por su parte, el asambleísta Fabricio Villamar, en su derecho a la defensa advirtió que le acusan de incurrir en la causal del artículo 163, numeral 4 de la LOFL que prohíbe a los legisladores recibir dietas u otros ingresos de fondos públicos que no sean correspondientes a su función, lo cual está alejado de la verdad, señaló no existe motivación en el informe del Comité de Ética y que su destitución se generaría por presunción, no por pruebas.

Finalmente, el asambleísta Rodrigo Collaguazo dijo que se evidencia claramente que Fabricio Villamar incumplió el artículo 163 de la LOFL. Es falso que Villamar sea acusado por una presunción, pues el Ministerio de Salud respondió que el carné de discapacidad tiene inconsistencias, información que fue remitida a la Fiscalía. Por lo que, mocionó la censura y destitución.