Con 110 votos a favor, la Asamblea Nacional aprobó el informe técnico de fiscalización y seguimiento al hundimiento de viviendas a causa de la minería ilegal, en el casco urbano del cantón Zaruma, provincia de El Oro. En el documento el legislativo exige al presidente de la República, Guillermo Lasso, que en un plazo no mayor a 30 días presente un informe de cumplimiento de las acciones dispuestas en los Decretos Ejecutivos 296 del 17 de diciembre 2021 y 341 del 14 de febrero 2022, respecto a la declaratoria de estado de excepción por calamidad pública en dicha localidad.

También, demanda reformar varios decretos ejecutivos, entre ellos el que creó la Comisión para el Control de la Minería Ilegal, con el propósito de fortalecer, así como la asignación presupuestaria y capacidad de ejecución para ejercer las funciones de coordinación, asesoría, activación de operativos y seguimiento; e incorporar como miembros activos de dicha comisión a la Fiscalía, al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional.

Además, la Asamblea Nacional requiere acciones de los ministerios del Interior; Energía y Minas; Ambiente, Agua y Transición Ecológica; Trabajo; Salud; Agencia de Regulación y Control de Energías y Recursos Naturales No Renovables; Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencia; Fiscalía; Contraloría; SRI y los GAD provincial y cantonal.

Así mismo, al Ministerio del Interior demandar que desarrolle y revise los protocolos e instrumentos de planificación, gestión y aplicación de operativos de control de minería ilegal observando los mecanismos y modalidades de los grupos delictivos dedicados a la extracción ilegal de sustancias minerales.

Mientras tanto, el Ministerio de Energía y Minas realice en el plazo de 45 días, las valoraciones técnicas y legales pertinentes para las reducciones de áreas en la zona de exclusión minera.

Finalmente, los representantes de la provincia de El Oro, Johana Moreira y Darwin Pereira, defendieron el informe técnico. Moreira aseguró que la minería ilegal está poniendo límites y trabas incluso más fuerte y demandante que la minería legal en algunos sectores del país. De forma cronológica detallaron los hundimientos de tierra consecuencias de la minería  ilegal. Uno de ellos, en 2016 cuando se produjo el primer socavón, que ocasionó la pérdida de la Unidad Educativa Fe y Alegría y el último hundimiento ocurrido el 29 de marzo en el sector Luis Crespo en el casco urbano del cantón, por la filtración de aguas lluvias en una mina ilegal abandonada. “No es posible que hoy Zaruma producto del extractivismo salvaje esté en peligro de extinción, no es posible que este Patrimonio Cultural del Ecuador, candidato a Patrimonio Cultural de la Humanidad esté a punto de desaparecer; para muchos parece una utopía, pero Zaruma se encuentra totalmente agujerado, que a pesar de que existe ley, acuerdos ministeriales y decretos ejecutivos para impedirlo, persiste la minería ilegal”, precisaron.

El proyecto de Ley de la Primera Infancia asegura que se inviertan los recursos económicos necesarios para el bienestar de los niños y niñas de cero a seis años.

Este 11 de abril 2023, el presidente de la República, Guillermo Lasso, junto a los representantes de la sociedad civil, presentó el anteproyecto de Ley Orgánica de la Primera Infancia. La propuesta garantiza que la protección a niños y niñas que no sea el programa de un gobierno, por el contrario sino un asunto de Estado y se inviertan todos los recursos necesarios: “Este proyecto está por encima de cualquier diferencia o bandera política. Hablamos de los niños, hablamos del futuro. Es hora de que la Asamblea se juegue por los niños del Ecuador”, dijo el Mandatario.

Para Sara Oviedo, representante de Plan Internacional y de la sociedad civil, la voluntad del Gobierno del Presidente Lasso de atender a las niñas y niños ecuatorianos en esta etapa crucial del desarrollo es digno de resaltar. Por eso, coincidió con el Mandatario en hacer un llamado al Legislativo para que agilice el tratamiento de la propuesta: “que este tema supere las confrontaciones y divisiones políticas y podamos decir que todos juntos estamos ofreciendo otro futuro para nuestro país”, insistió.

Además, el documento construido con la ciudadanía de forma participativa es una herramienta que coadyuvará a garantizar el bienestar de los menores de 6 años y a establecer políticas prioritarias para su protección a largo plazo y con recursos sostenibles.

Así mismo, el Jefe de Estado aseguró que “la aprobación de la ley implica que sea una política prioritaria del Estado, con extraordinarios beneficios a largo plazo. La inversión más rentable es la que se hace en los primeros años de vida de los niños porque así todos ganamos”.

La propuesta de ley se suma a otras acciones que el Gobierno ya emprende para la atención de los más vulnerables, como no lo ha hecho ninguna otra administración en la historia.

Finalmente, se evidencia en los más de 15.000 millones de dólares destinados para todo el sector social, monto que equivale a un promedio de 41 millones de dólares por día, explicó el presidente de la República, Guillermo Lasso.