Con 110 votos a favor, la Asamblea Nacional aprobó el informe técnico de fiscalización y seguimiento al hundimiento de viviendas a causa de la minería ilegal, en el casco urbano del cantón Zaruma, provincia de El Oro. En el documento el legislativo exige al presidente de la República, Guillermo Lasso, que en un plazo no mayor a 30 días presente un informe de cumplimiento de las acciones dispuestas en los Decretos Ejecutivos 296 del 17 de diciembre 2021 y 341 del 14 de febrero 2022, respecto a la declaratoria de estado de excepción por calamidad pública en dicha localidad.
También, demanda reformar varios decretos ejecutivos, entre ellos el que creó la Comisión para el Control de la Minería Ilegal, con el propósito de fortalecer, así como la asignación presupuestaria y capacidad de ejecución para ejercer las funciones de coordinación, asesoría, activación de operativos y seguimiento; e incorporar como miembros activos de dicha comisión a la Fiscalía, al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional.
Además, la Asamblea Nacional requiere acciones de los ministerios del Interior; Energía y Minas; Ambiente, Agua y Transición Ecológica; Trabajo; Salud; Agencia de Regulación y Control de Energías y Recursos Naturales No Renovables; Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencia; Fiscalía; Contraloría; SRI y los GAD provincial y cantonal.
Así mismo, al Ministerio del Interior demandar que desarrolle y revise los protocolos e instrumentos de planificación, gestión y aplicación de operativos de control de minería ilegal observando los mecanismos y modalidades de los grupos delictivos dedicados a la extracción ilegal de sustancias minerales.
Mientras tanto, el Ministerio de Energía y Minas realice en el plazo de 45 días, las valoraciones técnicas y legales pertinentes para las reducciones de áreas en la zona de exclusión minera.
Finalmente, los representantes de la provincia de El Oro, Johana Moreira y Darwin Pereira, defendieron el informe técnico. Moreira aseguró que la minería ilegal está poniendo límites y trabas incluso más fuerte y demandante que la minería legal en algunos sectores del país. De forma cronológica detallaron los hundimientos de tierra consecuencias de la minería ilegal. Uno de ellos, en 2016 cuando se produjo el primer socavón, que ocasionó la pérdida de la Unidad Educativa Fe y Alegría y el último hundimiento ocurrido el 29 de marzo en el sector Luis Crespo en el casco urbano del cantón, por la filtración de aguas lluvias en una mina ilegal abandonada. “No es posible que hoy Zaruma producto del extractivismo salvaje esté en peligro de extinción, no es posible que este Patrimonio Cultural del Ecuador, candidato a Patrimonio Cultural de la Humanidad esté a punto de desaparecer; para muchos parece una utopía, pero Zaruma se encuentra totalmente agujerado, que a pesar de que existe ley, acuerdos ministeriales y decretos ejecutivos para impedirlo, persiste la minería ilegal”, precisaron.