El Consejo de Administración Legislativa calificó por unanimidad el proyecto de Ley Orgánica de Competitividad Energética, remitido a la Asamblea Nacional por el presidente de la República, Daniel Noboa, con el carácter de urgente en materia económica.

El legislativo tomó esta resolución, en razón que el proyecto cumple con todos los requisitos formales determinados en la Constitución de la República y la Ley Orgánica de la Función Legislativa. El CAL resolvió remitir la propuesta normativa a la Comisión de Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa, con la finalidad de que inicie el trámite respectivo.

El Director General del Consejo de la Judicatura, Holguer Jaime Canseco, solicitó a las áreas técnicas jurídica, financiera y talento humano los informes para modificar la prelación de pago de sentencias determinada por la anterior administración de la institución. La entidad pagará con prioridad a las personas con discapacidad, enfermedades catastróficas y adultos mayores.

Además, la Dirección General, de forma urgente, puso este caso en conocimiento del Pleno del Consejo de la Judicatura, para que conozca los sustentos técnicos que permiten priorizar los pagos, estos deben realizarse hasta este 22 de diciembre de 2023.

Una vez realizadas las mesas de trabajo se determinó que los 5,5 millones de dólares asignados por el Ministerio de Economía permitirán cancelar las reparaciones en 24 casos priorizados.

Desde el 2013, el Consejo de la Judicatura ha pagado reparaciones económicas por 14,6 millones de dólares en 277 casos, monto que genera preocupación en los vocales del Consejo de la Judicatura, quienes han solicitado al Director General realizar las acciones necesarias para mejorar el desempeño institucional.

Con 125 votos a favor, la Asamblea Nacional aprobó la reforma parcial al artículo 158 de la Constitución de la República, que permite que las Fuerzas Armadas brinden apoyo complementario a la Policía Nacional en el control de la seguridad interna del país.

Por su parte, el asambleísta Otto Vera presidente de la Comisión Ocasional de Enmiendas y Reformas Constitucionales, sostuvo que esta reforma permitirá al Presidente de la República  usar otros recursos del Estado para defender a cada uno de los ecuatorianos y combatir la crisis de inseguridad que atraviesa el país.

Además, la reforma establece que las funciones de coordinación serán subordinadas a las disposiciones del Jefe de Estado será para los delitos de narcotráfico, lavado de activos, tráfico de armas y de personas, terrorismo, minería ilegal, extorsión e intimidación, delincuencia organizada.

De igual forma, las Fuerzas Armadas prestará el apoyo complementario podrá brindarse cuando exista grave conmoción interna en el sistema penitenciario.

Así mismo, para activar el apoyo complementario y subsidiario de las FF.AA., el Presidente de la República, previa solicitud del Comandante General de Policía Nacional, convocará al Consejo Nacional de Seguridad Pública y del Estado, el objetivo es elaborar un informe motivado que establezca la pertinencia, casos y el ámbito de actuación. El Ejecutivo suscribirá un decreto disponiendo el apoyo con sujeción a los principios de excepcionalidad, proporcionalidad y razonabilidad, los estándares internacionales de derechos humanos de extraordinariedad, complementariedad, fiscalización y regulación.

Por lo que, 27 legisladores intervinieron en el debate y expresaron sus observaciones  a la reforma constitucional para fortalecer las acciones del Ejecutivo, respecto del control interno del Ecuador, que en los últimos años se ha convertido en uno de los países más inseguros de la Región.

Para el asambleísta de Sociedad Patriótica y ex presidente de la República, Lucio Gutiérrez, es necesario realizar una reforma al Código Integral Penal, para que los jueces no les liberen más rápido de lo que los policías los detienen a los delincuentes, porqué le han convertido al Ecuador en “un basurero de la delincuencia internacional y en un paraíso de los carteles de la droga”, Sin no se exige el pasado judicial a los extranjeros de nada servirá el apoyo de las Fuerzas Armadas a la lucha que realiza la Policía Nacional contra la violencia y la inseguridad en el país. Reformar el artículo 77 de la Constitución para que se castigue a los delincuentes de cuello blanco, tengan privación de la libertad, si no “sancionamos con cadena perpetua para aquellos políticos corruptos, delincuentes de cuello blanco que son los responsables del desastre nacional aquí no estamos haciendo nada”, explicó.  

Finalmente, de acuerdo a lo que establece los artículos 73 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa y 442 de la Constitución de la República, una vez que la Asamblea Nacional aprobó el proyecto de reforma, convocarán a referéndum dentro de los 45 días siguientes.

Cuenca será sede de la Vigésimo Novena Cumbre de presidentes y jefes de Estado de Iberoamérica. Así lo dijo el presidente de la República, Daniel Noboa, durante su primera visita a la ‘Atenas del Ecuador’, este evento será “una gran oportunidad para mostrar al mundo el potencial productivo, turístico y cultural”.

La cumbre, reunirá a líderes regionales, se realizará en noviembre del 2024 bajo el lema ‘Innovación, inclusión y sostenibilidad’. El encuentro internacional buscará soluciones creativas, inclusivas y sostenibles, a los problemas comunes que tienen los países iberoamericanos en este eje temático.

Para el Presidente Noboa, Cuenca como Patrimonio de la Humanidad es una ciudad internacional que se caracteriza por ser innovadora, incluyente y sostenible, señaló.

Por lo que, desde Cuenca propondrán respuestas en acceso a empleo, educación, conectividad y uso de nuevas tecnologías: “Vamos, juntos, a mostrar a Iberoamérica lo que Cuenca ha hecho por el Ecuador y el mundo. Dejemos en claro la lucha de su pueblo por la libertad, la modernidad y la inclusión”, expresó.

Según, la ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, Gabriela Sommerfeld el 25 de marzo del 2023, Ecuador asumió la Secretaría Pro Tempore de este mecanismo de integración regional., Ecuador como anfitrión de la Cumbre Iberoamericana, impulsará reuniones ministeriales, foros y encuentros para potencializar la cooperación, concertación política para promover el empleo juvenil, educación, cultura, ciencia, deporte, turismo, innovación, migración y desarrollo sostenible, sostuvo.

Así mismo, promoverá la generación de oportunidades económicas para jóvenes y mujeres, fomentará la diversidad e innovación: “Buscaremos mejorar el acceso a la educación y capacitación, procuraremos el apoyo financiero a pequeñas y medianas empresas”, indicó.

Mientras tanto, que la ministra de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, Sonsoles García, aseguró que trabajaran para que la Cumbre tenga un éxito, sea transformadora, deje una huella, signifique bienestar, desarrollo y progreso.

Finalmente, el presidente de la República, Daniel Noboa insistió que “el encuentro hará que noviembre tenga un significado especial al orgullo de los cuencanos y todo los ecuatorianos”.

El ministro subrogante de Educación, Diego Paz compareció a la comisión de Educación de la Asamblea Nacional, para informar sobre el estado actual del proceso de escalafón de los docente, situación de inseguridad de las instituciones educativas y el cumplimiento de la Disposición Transitoria Undécima de la Reforma a la Ley de Educación Intercultural, referente al Plan de Traspaso de las instituciones educativas fiscales y fiscomisionales emblemáticas que antes fueron regentadas por las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.

Además, Paz indicó que el 20 de noviembre fue dado de baja el proceso de escalafonamiento, debido a que en julio se presentaron 22 acciones de protección para la suspensión. En función de la disponibilidad presupuestaria, se iniciará un nuevo proceso con énfasis en la calidad educativa en el que se prevé la participación aproximada de once mil docentes.

Por lo que, la disposición entró en vigencia el 28 de julio del 2023, una vez que finalice el proceso, los docentes recibirán el pago retroactivo desde esa fecha de acuerdo con la categoría alcanzada, sostuvo.

Así mismo, el pago de incentivos jubilares a docentes, el Ministerio de Educación cuenta con 14.458 expedientes enviados al Ministerio del Trabajo, lo que representa la tramitación del 98 % de las solicitudes ingresadas y que el 2 % restante no se ha procesado por la falta de algún documento o alguna observación que debe ser subsanada, manifestó.

Sin embargo, en el 2023 se jubilaron 2.961 docentes, lo que representa un total de 139.8 millones de dólares que el Ministerio ha cancelado a los beneficiarios.

En cambio, la inseguridad en las instituciones educativas del país, el funcionario informó que se ejecuta el Plan Nacional Escuelas Seguras en el que intervienen el Ministerio del Interior, la Policía Nacional y el Ministerio de Gobierno para la implementación de acciones de prevención del delito y violencia en las instituciones educativas y sus zonas de influencia, buscando garantizar que sean espacios seguros y de protección para el desarrollo integral de la comunidad educativa.

También, destacó que 160 instituciones educativas crearon espacios para construir acuerdos que fomenten una convivencia armónica; 113 conformaron brigadas de seguridad, 97 escuelas priorizadas cuentan con un diagnóstico levantado por la Policía Nacional y 80 con un plan de acción. 415.581 estudiantes, 23.467 docentes, administrativos y 252.562 padres, cuidadores principales o representantes legales fueron sensibilizados sobre el fenómeno de la violencia.

Mientras tanto, el asambleísta por la provincia de Bolívar de Construye, Juan Carlos Camacho, aseguró que alcanzaron en la comisión que se cumpla con el derecho al escalafón de los maestros, alrededor de 140 millones de dólares habría comprometido el ministro se Educación (S).  

Finalmente, el Plan de Traspaso de las instituciones educativas fiscales y fiscomisionales emblemáticas que estaban regentadas por las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, al Ministerio de Educación se garantiza la permanencia y continuidad de los estudiantes, seguridad jurídica y derechos adquiridos de los estudiantes, el traslado voluntario de las familias con proceso priorizado y el análisis integral de la demanda y oferta educativa en la zona de influencia, involucrando a 29 instituciones educativas en las que hay 37.443 estudiantes, 1.758 docentes y 415 personas administrativas.