El Consejo Nacional Electoral designó este jueves 28 de noviembre 2024, a los cinco miembros que integran el Comité Nacional de Debates Electorales para las Elecciones Generales 2025.

Los expertos designados son: María Gabriela Castro Pérez, Pablo Andrés Escandón Montenegro, Héctor Yépez Martínez, Ernesto Francisco Valle Minuche y Carlos Alonso Naranjo Mena, quienes entre las responsabilidades se encargarán de definir, de manera específica, los ejes temáticos de interés ciudadano para los debates presidenciales obligatorios; elaborar las preguntas generales que se formularán a las y los candidatos y presentar al Pleno del CNE, una terna para seleccionar a los moderadores.

Los cinco miembros provienen de instituciones académicas y organizaciones de la sociedad civil, con el objetivo de garantizar la independencia, pluralismo, equidad e igualdad en el desarrollo de estos espacios de deliberación democrática.

La Comisión de Soberanía Alimentaria y Desarrollo del Sector Agropecuario y Pesquero de la Asamblea Nacional, aprobó con cinco votos a favor el informe para segundo debate del proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a Varias Leyes para Garantizar la Circulación Terrestre del Sector Agropecuario y Pesquero, que busca generar opciones de transporte para los pequeños productores agropecuarios y de la pesca, para que puedan trasladar sus productos, así como a sus colaboradores en la vialidad rural.

El proyecto modifica el artículo 58 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial sobre la modalidad de transporte por cuenta propia, así como el numeral 7 del artículo 388 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), para exceptuar de la sanción por la contravención de tránsito, relacionada con transportar personas en los baldes, estribos y pisaderas de camionetas a la o el conductor que lleve personas en dichos vehículos en el cumplimiento de actividades agroproductivas y pesqueras.

La comisión escuchó a los representantes de la transportación pública del país. Abel Gómez, gerente de la Federación Nacional de Cooperativas de Transporte Público de Pasajeros del Ecuador (FENACOTIP), expresó que el gremio no está en contra de resolver el problema de los pequeños agricultores y ganaderos que no tienen el servicio de transporte, al recordar que la transportación tiene siete modalidades, a las cuales se sumaron el transporte por cuenta propia y el comunitario.

Además, dijo que actualmente existe suficiente normativa para permitir las diferentes modalidades de transporte, lo que hace falta a su criterio es el Reglamento de la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, en el que se puede especificar cuál es el segmento del servicio de transporte que más se adapte a las necesidades de los pequeños productores, para evitar las extorsiones a las que están sometidos al transitar en las vías.

Por su parte, Miguel Bonilla, presidente de la FENACOTIP, reiteró que el problema está en la falta del Reglamento a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, para determinar las condiciones específicas en las cuales se debe ejercer cada modalidad de transporte y específicamente, las modalidades por cuenta propia y comunitaria.

Finalmente, Quinto Alcívar, representante de los productores rurales, aseguró que en el sector campesino el transporte público solo presta servicio en las vías primarias y no en secundarias y de tercer orden, que son las que utilizan los pequeños productores y es allí donde se requiere la utilización de los vehículos de los propios dueños de las fincas para transportar la carga y a sus colaboradores. Por eso, es necesario que la Ley incluya al sector rural entre las modalidades de transporte.

El Pleno de la Asamblea Nacional aprobó este 26 de noviembre 2024, el proyecto de resolución que exhorta al Presidente de la República, Daniel Noboa declare en emergencia al sistema vial en las provincias de Sucumbíos, Napo, Orellana y Morona Santiago.

También, la Asamblea resolvió la comparecencia de los ministros de Transporte y de Economía, Roberto Luque y Juan Carlos Vega, a la comisión de Gobiernos Autónomos, para que en el marco de sus competencias informen las acciones realizadas para el restablecimiento y mantenimiento del sistema vial de dichas localidades.

Igualmente, dispuso que el Ministerio de Economía entregue la asignación de los recursos económicos necesarios al Ministerio de Transporte y Obras Públicas para que realice la intervención y mantenimiento inmediato de asfaltado de la variante del río Piedra Fina y Río Marker, en el sector del socavón por la erosión regresiva del río Coca (San Luis), dragado, enrocado y encauce para proteger el puente del río El Salado, con el objetivo de establecer la conectividad con la población del nororiente ecuatoriano y precautelar la producción de los sectores estratégicos.

De igual forma, el cumplimiento del acuerdo suscrito el 25 de junio del 2024 entre el Gobierno Nacional y la población de Putumayo, para el mantenimiento de la vía Puerto El Carmen – Nueva Loja y el mantenimiento, limpieza de la vía Lumbaquí– El Playón de San Francisco.

La ejecución de la construcción de los “puentes de la muerte” en el sector de Dayuma, provincia de Orellana; el mantenimiento por resultados en la Y de Baeza – Loreto – Coca; el mantenimiento por resultados de la vía E45, así como de la carretera Baeza – Nueva Loja.

Mientras tanto, el cumplimiento de los acuerdos del 20 de agosto del 2019 entre el Gobierno Nacional y la población de Sucumbíos, en materia de vialidad, como parte de ellos, la ejecución de la construcción de los cinco puentes en el cantón Shushufindi. El mantenimiento de las vías estatales de la Troncal Amazónica correspondiente a la provincia de Morona Santiago: Vía Méndez – Puerto Morona; Logroño – Bella Unión; Limón – Plan de Milagro – Gualaquiza y Vía Gualaquiza – Chiguinda – Sigsig.

Finalmente, del cumplimiento de la Ley Amazónica, respecto al 4 % los recursos que se debe asignar a la Amazonía, desde 2020 al 2023 han aportado como Sucumbíos y Orellana más de 55 mil millones de dólares al erario nacional, puntualizaron.