El segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, Eckenner Recalde presentó el proyecto de reforma a la Ley orgánica de Educación Superior. El objetivo fortalecer la autonomía de las universidades y escuelas politécnicas, precisar los términos para los informes e incluir la figura de comodato en casos de transferencia de dominio de bienes.

Según, Recalde la iniciativa más de 200 mil jóvenes cada año no pueden ingresar a la universidad, pese a la oportunidad que existe desde el sector privado.

Además, la reforma se refiere al destino de los bienes de una institución de educación superior extinguida; creación de universidades y escuelas politécnicas; requisitos para la creación de una universidad o escuela politécnica; análisis técnico de los requisitos; y  transferencia de dominio de bienes y recursos de los patrocinadores.

Mientras tanto, las instituciones de educación superior (IES), en el Ecuador, se han desarrollado bajo el principio de autonomía, el mismo que consta incluso desde 1945 en la constitución de la república.

Finalmente, la autonomía universitaria comprende el ejercicio de la cátedra, investigación, pensamiento, normas internas, diseño de programas académicos, así como el nombramiento de autoridades, docentes y trabajadores, explicó el segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, Eckenner Recalde.

El asambleísta por Pichincha de la Revolución Ciudadana, Franklin Samaniego presentó el proyecto de reforma a Ley de Defensa del Trabajador Autónomo y del Comerciante Minorista encaminado a regular, fomentar, incentivar y garantizar las actividades productivas, de comercio o servicios de los trabajadores autónomos y los comerciantes minoristas, garantizando sus derechos, en particular el derecho al trabajo y fomenta su desarrollo integral.

Además, el legislador explicó que su propuesta ajusta y reforma la Ley vigente en derechos como la asignación del bono a la vivienda y participación preferente en todos los niveles de gobierno, es decir que haya cupos preferentes para los trabajadores autónomos.

Así mismo, que las campañas informativas, capacitación, los comedores populares se deriven a los gobiernos autónomos descentralizados, dijo Samaniego.

También, el proyecto de reforma de la Ley, garantiza los derechos de niños, niñas, adolescentes e hijos de los trabajadores autónomos, fundamentalmente para erradicar el trabajo infantil y la atención preferente.

Franklin Samaniego, expresó que se ha obligado al sector público a desarrollar programas de créditos y ayudas para fomentar el trabajo del comerciante autónomo, sin embargo cree que es necesario incluir al sector privado.

De igual manera, el legislador considera que las becas que otorga a nivel el gobierno, puedan ser en acción afirmativa, reservadas en una parte para las mujeres que venden en las calles y para aquellas que prestan sus servicios en una relación de dependencia.

Mientras tanto, los derechos que plantea la reforma es que el trabajo digno y solidario en sus diferentes formas; a la libertad de iniciativa económica; a la capacitación gratuita y acceso preferente a programas de becas y ayudas económicas; a la seguridad ciudadana; seguridad social; programas de crédito y líneas de financiamiento preferenciales y a la participación de modelos de asociación.

Finalmente, “el Estado Central y los Gobiernos Autónomos Descentralizados municipales y metropolitanos, garanticen, reconozcan y protegerán el trabajo autónomo y el comercio minorista, para lo cual se destinarán espacios públicos adecuados para su desempeño”, precisó.

El Consejo Nacional Electoral, este 01 de agosto 2024, aprobó la convocatoria para designar a los representantes de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD), ante el Consejo Nacional de Competencias.

Los Colegios Electorales se conformarán con los representantes de los GAD en sus diferentes niveles y se realizarán de acuerdo con el siguiente cronograma: provinciales, 13 de agosto; municipales, 14 agosto y parroquiales rurales, el 15 de agosto del 2024. El CNE cumple, de manera técnica, con la organización de procesos democráticos en diferentes instancias públicas o privadas, de acuerdo con las leyes, reglamentos o estatutos correspondientes.

El asambleísta por la provincia de Guayas, Jonathan Parra presentó el proyecto de Ley, que reforma el Código Orgánico Integral Penal, para regular la proporcionalidad de las sanciones por contravenciones de tránsito.

Además, busca garantizar que las sanciones se ajusten a la gravedad de las infracciones cometidas.

Así mismo, establece que los conductores que excedan los límites de velocidad en vías perimetrales, rectas y curvas de carreteras, más allá del rango considerado moderado, sean sancionados de acuerdo con los reglamentos vigentes.

También, especifica que los conductores que superen los límites de velocidad permitidos en zonas urbanas, fuera del rango moderado, enfrenten sanciones de segunda clase.

Mientras tanto, “la reforma asegura que las sanciones por exceso de velocidad sean proporcionales al riesgo y la peligrosidad que presentan las diferentes clases de vías», dijo el asambleísta Parra.

Finalmente, los fondos recaudados a través de estas sanciones sean utilizados para financiar campañas de educación vial eficiente y oportuna, puntualizó el legislador Jonathan Parra.

La comisión del Derecho a la Salud de la Asamblea Nacional, recibió al ministro de Salud Pública, Antonio Naranjo, en el marco de fiscalización del estado de la morgue de Guayaquil, relacionado a la gestión y conservación de los cadáveres. El Ministerio de Salud Pública, no tiene competencia en esa función, están determinadas en el Código Orgánico Integral Penal, que señala que son atribuciones del Sistema Especializado Integral de Investigación de Medicina Legal y Ciencia Forense, proceder al levantamiento e identificación de cadáveres y cumplir con los plazos señalados y diligencias investigativas, dijo el secretario de Estado.

En cambio, el delegado de la Fiscalía General del Estado, René Astudillo expresó que la entidad dirigirá la investigación preprocesal y procesal respecto del proceso de cadáveres y restos humanos no identificados o que no fueren reclamados. El fiscal de primer nivel toma conocimiento y es allí donde llegan las personas que se las determina no identificadas y empieza el trámite.

Para Lenin Tobar, del Consejo de la Judicatura, la entidad no tiene ninguna relación, ni algún tipo de responsabilidad en el caso de la morgue de Guayaquil. “El Consejo de la Judicatura no tiene competencias para influir en las decisiones que tome la Fiscalía General del Estado quien tiene entre sus funciones las competencias de dirigir y coordinar el servicio nacional de medicina legal y ciencias forenses”, explicó.

Mientras tanto, la comisión recepto los criterios al pedido de declaratoria en emergencia del Hospital “Marco Vinicio Iza” y al sistema de salud pública en la provincia de Sucumbíos, el objetivo prevenir la muerte de neonatos, investigar los casos ocurridos y fortalecer la salud de esta provincia amazónica, de acuerdo a la solicitud del asambleísta Comps Córdova.

El ministro de Salud Pública, Manuel Naranjo indicó que el Plan General de Seguimiento y Monitoreo para la prevención de muertes neonatales, han establecido el monitoreo de procesos de abastecimiento de medicamentos y dispositivos médicos, empleados en la atención del neonato; monitoreo de operatividad de equipamiento biomédico del servicio de Neonatología y monitoreo de los procesos relacionados al mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos e infraestructura sanitaria para mantener la operatividad de los servicios.

Finalmente, Naranjo precisó que la Dirección de Patrocinio del Ministerio de Salud Pública no registra procesos judiciales que refieran muertes neonatales en la casa de salud de la provincia de Sucumbíos.

De acuerdo a la resolución 065 del Pleno de la Asamblea Nacional, la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez respondió sobre la fiscalización del manejo de los sindicatos, especialmente del que dirige la señora Rosa Argudo en el Hospital José Carrasco Arteaga en Cuenca. Esto por solicitud de los asambleístas del Azuay referente a un presunto abuso cometido por el Sindicato de Trabajadores del IESS.

Según, la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez los aportes al sindicato por ser un rubro voluntario entre privados, el ministerio no es competente para intervenir en el mencionado tema, por lo que sugirió, de considerarlo pertinente, se tomen las acciones legales a nivel jurisdiccional.

Además, Núñez dijo que en relación a la reelección en la dirigencia, dentro de las sanciones se encuentra la expulsión impuesta por la Junta Ejecutiva Nacional y que al existir un problema de magnitud y gravedad, a más de conocimiento público, la sanción de un dirigente sindical se dará de conformidad al estatuto correspondiente.

Así mismo, la ministra de Trabajo informó que ha solicitado a la Fiscalía realice las investigaciones de oficio, a la Contraloría General del Estado inicie un examen especial para determinar responsabilidades.

Por su parte, Leonardo Berrezueta sostuvo que los fondos son materia de cuotas sindicales establecidas en la Ley de Financiamiento de Centrales Sindicales que son plenamente auditables.

Para el asambleísta Adrián Castro el Ministerio de Trabajo debe colaborar en el seguimiento de las cuotas, histórico de ingresos, traslado, ascensos y demás movimientos de personal de los familiares de los dirigentes sindicales y contrataciones que se haga a futuro. Uno de los tipos penales es el tráfico de influencias, el Ministerio de Trabajo debe colaborar, porque se trata de una directiva que está por décadas dentro del manejo sindical del IESS. Otro elemento de investigación es el giro de un cheque de cinco mil dólares desde el sindicato, firmado, aprobado y a favor de la misma persona, Rosa Argudo, explicó.

Mientras tanto, la legisladora Sofía Sánchez aseguró que es urgente la actuación de la Ministra de Trabajo en este tema; una reforma al Código Laboral para que se suspendan las relaciones indefinidas que tienen los dirigentes sindicales que quieran eternizarse en el poder.

Finalmente, el asambleísta John Polanco presentó su respaldo al trabajo de Ivonne Núñez, Ministra de Trabajo al ejecutar acciones como pedir la intervención de forma oportuna, eficiente y ágil sobre los contratos colectivos en el Ecuador.

La Ley Orgánica de Prevención, Detección y Combate del Delito de Lavado de Activos y de la Financiación de Otros Delitos fue publicada en el Cuarto Suplemento N.° 610 del Registro Oficial de este lunes 29 de julio de 2024, tras cumplirse los plazos establecidos en la Ley Orgánica de la Función Legislativa.

Además, la Ley tiene 94 artículos, el objetivo instaurar la organización institucional y establecer procedimientos de prevención, detección y combate del delito de lavado de activos, sus delitos precedentes, el delito de la financiación del terrorismo y de la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva.

Así mismo, la normativa crea el Consejo Nacional de Coordinación contra el Lavado de Activos y sus Delitos Precedentes, la Financiación del Terrorismo y de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva denominado (CONCLAFT), como un cuerpo colegiado encargado de liderar las evaluaciones nacionales de riesgo de lavado de activos.

En cambio, las disposiciones sobre la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), la lista de sujetos obligados en la prevención del delito, reportes a la UAFE, coordinación interinstitucional, Unidades Complementarias de Antilavado, entre otras.

Por su parte, el Presidente de la República deberá emitir el Reglamento General a la Ley en el plazo máximo de seis meses contados a partir de la entrada en vigencia.

De igual forma, el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, en noventa días contados a partir de la publicación de la Ley en el Registro Oficial, debe implementar la accesibilidad en línea del Formulario de Registro Aduanero, debe contener una sección para que todo viajero que ingrese o salga del país cumpla con lo dispuesto en la Ley.

Mientras tanto, en el plazo máximo de 120 días contados a partir de la publicación de la presente Ley en el Registro Oficial, el Consejo de la Judicatura debe desarrollar un sistema de prevención de riesgos en materia de lavado de activos y sus delitos precedentes.

Finalmente, en el plazo máximo de un año, las entidades públicas que tengan la obligación legal, crearan una Unidad Complementaria Antilavado.

En atención a la disposición del Pleno de la Asamblea del 27 de junio del 2024 y a la moción presentada por el asambleísta Jaime Guevara, la Comisión del Derecho al Trabajo y la Seguridad Social de la Asamblea Nacional, aprobó el informe no vinculante del proceso de fiscalización referente a los prestadores externos de servicios de salud con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).

Por otro lado, los asambleístas rechazaron la inasistencia de los miembros del directorio del IESS y demás autoridades convocadas para dar cumplimiento a la resolución del Pleno de la Asamblea Nacional, respecto a la problemática con Solca, dializadoras y prestadores de salud externa.

Además, la comisión resolvió solicitar a la Contraloría General del Estado iniciar un examen especial al contrato administrativo N.° IESS-PG-2023-0010-C respecto al servicio de auditoría de la calidad de la facturación de los servicios de salud de atenciones médicas brindadas por los prestadores externos, a los afiliados y beneficiarios del IESS a nivel nacional, por régimen especial con un presupuesto referencial aprobado de 5.396.122,81 dólares más IVA y un plazo de hasta 730 días calendario o hasta que se agoten los recursos asignados al presupuesto, celebrado entre el IESS y Espe Innovativa.

En cambio, el Ministro de Salud en treinta días deberá adecuar la normativa secundaria a los preceptos establecidos en la Ley y en las Normas de Control Interno de la CGE, sobre el proceso técnico para validar la facturación relacionada con el pago.

De igual manera, la comisión resolvió disponer a la Superintendencia de Bancos ejercer las atribuciones contempladas en la Ley de Seguridad Social, así como las facultades de supervisión y vigilancia del proceso de pago a los prestadores externos de salud.

Mientras tanto, los asambleístas consideran que se debe oficiar al Presidente de la República, para solicitar la remoción del cargo al presidente del directorio del IESS, Eduardo Peña Hurtado, por la negligencia en la búsqueda de soluciones técnicas o alternativas de pago a los prestadores de servicios externos de salud.

Finalmente, dispuso que el Ministro de Economía y Finanzas en el marco de sus atribuciones cumpla con lo dispuesto en la Constitución de la República y en el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, a fin de dar prioridad a la salud.