La Comisión del Derecho al Trabajo de la Asamblea Nacional, resolvió convocar a los ministro de Defensa, Trabajo, Salud y Educación para que informen de una presunta vulneración de derechos.

Por su parte, el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, deberá explicar las razones de la supuesta discriminación y represalia suscitada a militares que han participado en la mesa legislativa para observar las reformas de la Ley Orgánica de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas.

En cambio, la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, tendrá que referir a la situación de los ex trabajadores del Hospital Neumológico Alfredo J. Valenzuela, de la ciudad de Guayaquil; el cumplimiento del empleo preferente en la región Amazónica; la situación de los docentes jubilados que no han percibido sus incentivos jubilares desde el año 2019; detallar por provincias la distribución de los más de 170.000 empleos; la cantidad de actas de finiquito generadas en la misma proporción de tiempo y por provincias de la distribución de los más de 70.000 empleos para jóvenes.

Mientras tanto, el ministro de Salud Pública, Antonio Naranjo expondrá sobre los ex trabajadores del Hospital Neumológico Alfredo J. Valenzuela.

De su lado, la ministra de Educación, Alegría Crespo informará la situación del cumplimiento de los haberes a los docentes jubilados, los bonos por jubilación, listados de beneficiarios por provincia y el porcentaje de cumplimiento.

Sin embargo, el caso del Hospital antes mencionado, José Villamar y Enver Molina, los ex trabajadores de la casa salud, indicaron que desde el 2019 les dejaron sin trabajo, sus derechos laborales han sido afectados.

Según, Luzmila Abad las reformas a la Ley de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, la comisión contó con la participación de militares en servicio pasivo, quienes han sido sujetos de discriminación, sanciones administrativas y de represalias. Se debe garantizar los derechos de los jubilados y trabajadores quien están impagos, sostuvo.

Finalmente, la asambleísta Johanna Ortiz se solidarizó con los trabajadores y se comprometió que dentro del proceso de fiscalización tomaran muy en cuenta los requerimientos de los trabajadores.

La Asamblea Nacional no tuvo los 92 votos para censurar a Wilman Terán y Maribel Barreno, expresidente y ex vocal del Consejo de la Judicatura, en el juicio político planteado por el legislador Jorge Peñafiel de Construye. El interpelado llegó a la Asamblea con un fuerte resguardo de seguridad, vestía short azul, camiseta tomate, casco y una funda plástica en sus manos, así ingreso por el lado derecho del palacio legislativo, luego de vestir de traje, paso al Pleno para hacer uso de su derecho a la defensa en juicio político, tuvo la asistencia de su padre, su esposa e hija también participaron en la comparecencia.

La moción del asambleísta Peñafiel, obtuvo 88 votos a favor de las bancadas: PSC, ADN, Construye, Pachakutik e Independientes con lo cual no consiguió las 92 voluntades necesarias para la censura de los dos ex funcionarios. El bloque de RC fue la única agrupación que se abstuvo en la votación.

Según, Wilman Terán, ex presidente del Consejo de la Judicatura y privado de la libertad en la Roca, en su defensa, aseguró que el juicio político y los procesos penales que se siguen en su contra constituyen actos de persecución política, por la Fiscalía General.

Además, Terán reiteró que en su vida privada y pública no ha faltado a la ética, no ha robado ni ha perjudicado a nadie.

Sin embargo, el ex presidente está en prisión sin que existan indicios reales de responsabilidad, pero dijo que “se arrepiente de haber sido influenciado por la Fiscal y los jueces en procesos que tiene privados a personas inocentes, y él fue quién condeno al ex presidente Rafael Correa”.

Mientras tanto, el asambleísta Jorge Peñafiel en la réplica señaló que Terán “es un gran mentiroso”, todas las mentiras en contra de la Fiscal General en lugar de justificar sus actuaciones al interior del Consejo de la Judicatura, como por ejemplo el haber dado como válidos los votos por la abstención frente a los votos positivos y la aplicación de su voto dirimente en el procedimiento disciplinario de remoción del juez Walter Macías, al ratificar que se ha demostrado el incumplimiento de funciones del expresidente del CJ.

En cambio, el debate que estuvo lleno de cruce de acusaciones que hizo que el presidente de la Asamblea Nacional llame a mantener la compostura, participaron 16 asambleístas, expresiones desde que indicaban la falta de pruebas que probaran la responsabilidad de los exfuncionarios cuestionados, como el expresidente del CJ trató de manipular, haciendo creer que se trata de un ciudadano honesto, cuando tiene procesos penales en su contra, explicaron.

Finalmente, pasadas las 22 horas con 40 minutos de este miércoles 17 de julio 2024, una vez agotado el orden del día, el presidente de la Asamblea, Henry Kronfle clausuró la sesión 944 del Pleno.

La asambleísta de ADN, Jadira Bayas junto a los legisladores de la bancada presentó el proyecto de reforma al Código Orgánico del Ambiente con la finalidad de regular el manejo responsable de los animales y arbolado urbano, en el título VII, del capítulo I y sección I, respecto de las disposiciones generales para el manejo.

Además, el proyecto de Ley establece la clasificación de los animales en siete grupos: destinados a compañía, convencionales y no convencionales; destinados al trabajo u oficio, asistencia y soporte emocional; destinados a la experimentación; para el consumo y la industria; la fauna silvestre; fauna marina y sinantrópicos o liminales.

Así mismo, define a la fauna urbana como el conjunto de animales de compañía, trabajo u oficio, entretenimiento o cualquier otra clasificación siempre que estos deambulen en el espacio público de los perímetros urbanos consolidados.

En cambio, define a la fauna silvestre al conjunto de especies que se encuentra en su estado natural de libertad e independencia del ser humano, que habita en forma permanente, circunstancial o momentánea en cualquier ambiente natural o artificial.

Mientras tanto, la fauna silvestre urbana señala al conjunto de especies de fauna silvestre que han hecho su hábitat en zonas urbanas o que fueron introducidas en dichas zonas y se mantenga en su hábitat natural.

Los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales o Metropolitanos contarán con las atribuciones de planificación, regulación, control, gestión y coordinación de los animales que conforman la fauna urbana y fauna silvestre urbana de conformidad con las disposiciones del Código Orgánico Ambiental vigente.

Finalmente, controlar de forma coordinada con las entidades a nivel nacional, el bienestar animal de los animales que conforman la fauna urbana en la tenencia, crianza, comercialización, reproducción, adopción, transporte y eutanasia animal.

Este martes 16 de julio 2024, la Asamblea Nacional posesionó a Mario Fabricio Godoy Naranjo como vocal principal del Consejo de la Judicatura (CJ), el juramento la realizó la primera vicepresidenta, Viviana Veloz de la Revolución Ciudadana. Godoy proviene de la terna remitida por la Corte Nacional de Justicia, por lo que, le corresponde asumir la presidencia del Consejo de la Judicatura.
Su habilitación como titular del CJ se dio sobre la base de la designación efectuada por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, en una sesión que en la mañana designaron a una mujer y por la tardes, tras el pedido de reconsideración y muy cuestionada eligieron a Mario Godoy, el pasado 10 de julio.
Por su parte, el nuevo presidente del CJ, Mario Godoy, expresó que si bien su período será relativamente corto, asume la presidencia con un alto sentido de responsabilidad y compromiso, con la firme convicción para sentar las bases de un sistema judicial más justo, transparente y eficiente.
Por lo que, Godoy insistió que fortalecerá la formación profesional de los operadores judiciales y demás servidores, de la mano de la Escuela Judicial, dando énfasis a las distintas ramas del derecho y con un enfoque de género.
Finalmente, anunció que mejorarán los sistemas tecnológicos de recepción de demandas, audiencias virtuales y demás requerimientos de los usuarios del sistema de justicia, precisó.

Este lunes 15 de julio 2024, la Comisión de Biodiversidad y Recursos Naturales de la Asamblea Nacional, con siete votos a favor aprobó el informe para primer debate del proyecto de Ley Orgánica para la Protección y Defensa de los Derechos de los Animales, el objetivo es la promoción de los derechos de los animales precautelando su bienestar como seres sintientes, de acuerdo con la biología de cada especie y reconociendo los dominios y libertades, prevenir y sancionar el maltrato e implementar programas de educación, capacitación, formación y difusión en derechos de la naturaleza y de los animales.

Además, el proyecto recoge cinco iniciativas, incluyendo la propuesta de Ley Orgánica para la Promoción, Protección y Defensa de los Animales No Humanos, presentada por la Defensoría del Pueblo, sobre la base de la sentencia N.° 253-20-JH/22 (Derechos de la Naturaleza y animales como sujetos de derechos) de la Core Constitucional, adoptada el 27 de enero del 2022.

Así mismo, el proyecto de Ley contiene 66 artículos; tres Disposiciones Generales; tres Disposiciones Transitorias; una Disposición Reformatoria, Derogatoria y una Disposición Final.

También, entre las conclusiones, la comisión considera importante evaluar las posibles implicaciones socioeconómicas de las medidas legislativas propuestas y su afectación a los diferentes sectores de la sociedad, los encadenamientos productivos, especialmente en lo que respecta al posible aumento de los precios de los alimentos de origen animal como consecuencia de una legislación antitécnica o ajena a la realidad económica, social y cultural del país.

Mientras tanto, las recomendaciones establece que las normas deben ser construidas de forma participativa, plural, integral, con un sentido de realidad nacional y de las limitaciones de nuestra economía, tomando en cuenta que los animales son sujetos de derechos, pero sin dejar de lado que la interacción de estos con los humanos han sido y serán formas mediante las cuales las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades ejercen su derecho a beneficiarse del ambiente y de las riquezas naturales que les permitan el buen vivir.

Finalmente, la comisión reconoce que la realidad nacional puede diferir significativamente con la de otros países, como Europa. Por lo que, el proyecto de Ley debe adaptarse a las circunstancias y necesidades específicas del contexto local, reconociendo al ser humano como sujeto y fin del sistema económico. Advierte que la sobrerregulación normativa puede generar efectos no deseados, como desabastecimiento, contrabando, especulación de precios, mercados ilícitos, economías irregulares, corrupción y proliferación de mercados clandestinos, precisaron.

La comisión de Educación de la Asamblea Nacional, dentro del proceso de fiscalización a los exámenes de habilitación para el ejercicio profesional de las carreras de medicina, enfermería y odontología, recibió las observaciones de los profesionales de la salud y los argumentos del Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (CACES), Secretaria de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (SENESCYT) y el Ministerio de Salud.

Según, Santiago Freire, delegado de la SENESCYT, indicó que están garantizando el registro de los estudios; y desde el 1 de enero se han registrado más de 100 mil estudiantes. La Constitución de la República garantiza la autonomía universitaria, la libertad de determinar sus planes de estudio, planes de investigación y contratación de personal.

Para la presidenta del Cases, Ximena Córdova el examen de habilitación profesional y la base legal para el proceso, los actores que construyen el examen son los representantes de las carreras correspondientes.

En cambio, el subsecretario del ministerio de Salud Pública, José Carnica insistió que tienen 3.871 plazas para enfermeros rurales, 4 mil 809 para médico rural, 237 obstetriz rural y 2.032 para odontólogos rurales. Pidió se investigue a las empresas que supuestamente preparan a los postulantes para la rendición de exámenes.

Mientras tanto, más de 10 profesionales de la medicina expusieron sus quejas respecto al examen de habilitación para los profesionales de las carreras de medicina, enfermería y odontología, presentan inconsistencias, hechos que impiden el ingreso a estas carreras a nivel nacional.

Además, los médicos solicitaron revisar el informe técnico de evaluación y los enunciados de las preguntas, así como los títulos de los especialistas que realizaron las preguntas, la aplicación de un nuevo examen, el banco de preguntas sean socializados.

Por su parte, Wilson Tenorio, presidente de la Federación Médica Ecuatoriana y Presidente de los Gremios de Salud del Guayas, sostuvo que deben buscar soluciones y encontrar los canales de diálogos, encontrar soluciones para evaluar como corresponde.

Finalmente, la presidenta de la comisión de Educación, Zolanda Plúas dijo que, ante las falencias e irregularidades expuestas en el examen de habilitación profesional, necesitan respuestas concretas.

Este 12 de julio, el Pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE) aprobó la acreditación de seis (6) ciudadanos que cumplieron los requisitos establecidos para conformar la veeduría de control para elegir a los tres representantes estudiantiles que integrarán el Consejo de Educación Superior (CES), conforme el siguiente detalle:

El ejercicio de la veeduría tiene carácter cívico, voluntario y proactivo. Su accionar será objetivo e imparcial, siendo de carácter temporal y se conformará de forma previa y simultánea a la ejecución del concurso

La Comisión de Educación avocó conocimiento del proyecto reforma a varias leyes respecto a las pasantías o prácticas profesionales en el sector público y privado.
Según, el legislador Franklin Samaniego, este proyecto de Ley, “actualmente no existe una regulación a las pasantías, los derechos de los pasantes y el reconocimiento de su trabajo como experiencia laboral, por lo que esta iniciativa busca establecer directrices claras para fortalecer los derechos de los pasantes”.
La iniciativa reforma a la Ley Orgánica del Servicio Público; la Ley de Pasantías del Sector Empresarial y la Ley Orgánica de Juventudes, el objetivo es fortalecer el contrato de pasantías, con una duración de al menos 3 meses; otorgar un contrato indefinido sin período de prueba si este plazo se extendiera; una retribución económica equivalente al salario básico unificado; la afiliación desde el primer día de la pasantía; la obligación en la entrega de un certificado de experiencia laboral, entre otros.
Además, la comisión de Educación de la Asamblea Nacional escuchó a los representantes de los técnicos docentes de varias instituciones de educación superior, a nivel nacional, en el marco del tratamiento de la Ley Interpretativa del artículo 70 de la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES).
Por lo que, Walter Salas, de la Escuela Politécnica Nacional indicó que, “los técnicos docentes desempeñan las mismas funciones que el personal docente, pero bajo la denominación de personal de apoyo a la academia, lo que les impide recibir una remuneración similar”.
“La remuneración del personal técnico docente es del 50 % menor a la de un docente o investigador, aun cuando, en la práctica, sus funciones y jornada laboral son iguales”, manifestó.
Mientras tanto, Pamela Alarcón y Ana Cunachi, de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo sostuvieron que “los técnicos docentes, al no ser considerados como personal académico, no son considerados para las oportunidades de desarrollo de carrera y crecimiento laboral, ni cuentan con el derecho de elegir un representante para los consejos universitarios”.
Finalmente, los docentes solicitaron a la comisión realizar un análisis profundo sobre la propuesta de Ley interpretativa, sería beneficiosa para alcanzar la equidad para todos los docentes en la promoción académica, capacitación, remuneraciones y estabilidad laboral, puntualizaron.

El asambleísta Paúl Buestán, de la provincia del Cañar, presentó el proyecto de Ley reformatoria a la Ley Orgánica del Servicio Público para eliminar las pensiones vitalicias a expresidentes y exvicepresidentes constitucionales de la República.
Según, Buestán la propuesta busca que haya un equilibrio jurídico y práctico al problema generado por el pago de las pensiones vitalicias a los expresidentes y exvicepresidentes, alrededor de 81 mil dólares el Estado gasta al mes por este rubro, mientras no hay dinero para atender a los maestros, comprar medicinas o invertir en vialidad, los recursos se van para 27 ciudadanos que algunos ni viven en el país o cobran familiares, dijo.
Además, el legislador explicó que con la derogatoria de los artículos 135 y 136 de Ley Orgánica del Servicio Público se eliminará el pago de las pensiones vitalicias, por tanto, el o la cónyuge o los herederos no podrán acceder a estos beneficios.
Sin embargo, la mayoría de quienes cobran estás pensiones, incluso no ha terminado su período su mandato, no viven en el país, están inmersos en procesos judiciales.
Para el asambleísta de ADN, Adrián Castro es una propuesta excelente pensiones vitalicias a cuenta de que, los sueldos vitalicios hay que eliminarlos urgentemente, señaló.
Finalmente, en el 2023 existieron varios proyectos de Ley para eliminar las pensiones vitalicias, de los expresidente y exvicepresidentes, pero la Asamblea Nacional no dio paso estás iniciativas, decidiendo la reducción del 75% de la remuneración actual que percibe el Presidente de la República, porque no son servidores públicos.