En la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales, este lunes 18 de marzo 2024, las legisladoras Zolanda Plúas y Dallyana Passailaigue presentaron el proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Educación Superior.

Esta propuesta de reformas contiene 43 artículos y aborda diversas áreas de la educación superior, incluyendo la regulación de la autonomía de las instituciones, la validez de las prácticas pre profesionales, como experiencia laboral, la participación estudiantil en decisiones institucionales y la articulación con otros sistemas educativos y productivos.

Según, la asambleísta Zolanda Plúas, presidenta de la Comisión de Educación, indicó que el objetivo es fortalecer la educación superior, respetando la autonomía de las universidades y escuelas politécnicas, permitiendo su autodeterminación en la oferta educativa y normas internas.

Además, Pluas sostuvo que las prácticas pre profesionales como experiencia laboral válida, lo cual facilita la inserción laboral de los jóvenes.

Así mismo, se establecen requisitos éticos para las autoridades de las instituciones educativas, prohibiendo la designación de personas con sentencias por delitos graves.

De igual forma, la asambleísta del Partido Social Cristiano, Dallyana Passailaigue señaló que es importante para el desarrollo de los jóvenes, la participación estudiantil en las decisiones internas de las instituciones.

También, la legisladora del PSC explicó que se trata de una articulación sistemática entre el Sistema Regional de Indicadores Estandarizados de Convivencia y Seguridad Ciudadana, el Sistema Nacional de Participación y el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales, para fomentar la permanencia y continuidad de los procesos formativos académicos, así como una articulación con el sector empresarial y productivo, fortalecimiento a la vinculación con la colectividad.

Mientras tanto, el asambleísta de construye por la provincia de Bolívar, Juan Carlos Camacho aseguró que es necesario fortalecer la autonomía de las universidades, escuelas politécnicas, institutos técnicos y tecnológicos incluyendo un incremento de su presupuesto.

Finalmente, la comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales sesionaría en la provincia de El Oro para debatir el proyecto de ley con representantes de instituciones educativas locales, invitación que la realizó Carlos Rodríguez asambleísta y Jhonny Pérez, rector de la Universidad Técnica de Machala.

La Comisión del Derecho a la Salud y Deporte aprobó el informe preliminar de fiscalización sobre la contaminación de alimentos con plomo, conforme lo dispuso el Pleno de la Asamblea Nacional el 5 de marzo 2024. La comisión solicitó un nuevo plazo de 30 días para profundizar en el análisis minucioso y exhaustivo de la temática, a fin de garantizar la precisión y la integridad de los datos que se incluirán en el informe final.

Así mismo, recomendó que el informe pase a conocimiento de la Contraloría General del Estado para que realice una auditoría de gestión a la Agencia de Regulación y Control Sanitario (ARCSA), al igual que la Fiscalía General Estado para que inicie las investigaciones que el caso amerite, por un posible delito de contaminación de alimentos con plomo.

Además, exhortó al presidente de la República, Daniel Noboa y al Ministerio de Salud Pública para que se declare emergencia sanitaria frente a la posible contaminación de alimentos con metales pesados.

Por la complejidad del tema abordado, es importante profundizar en múltiples áreas; se ha generado un fuerte análisis y sistematización de datos pero es necesario ampliar la información en cuanto a los informes técnicos recibidos por parte de los organismos sanitarios, puesto que la documentación recibida es “técnica”, por lo cual se requiere realizar un análisis más profundo en cuanto a los procesos llevados a cabo por la autoridad y la información presentada tras el requerimiento realizado por los miembros del organismo legislativo.

Mientras tanto, las conclusiones de la comisión determina que el laboratorio de la ARCSA no cuenta con la capacidad instalada para procesar el nivel de muestras de todos los productos que debe analizar, razón por la cual cuentan con la externalización de este servicio para ajustar el nivel de análisis de muestras necesarias, para cotejar y encontrar contaminación con plomo en alimentos procesados.

Finalmente, la crisis de la ARCSA no es solo por la falta de recursos logísticos, ni técnicos, sino por la falta de financiamiento, lo cual no garantiza la salud de los ecuatorianos, frente a los efectos del consumo de plomo que no solo se ven a corto plazo, sino a largo plazo, tratándose de un tema que afecta a la salud pública.

La Asamblea Nacional aprobó con 119 votos a favor, la Ley de Cooperación entre Ecuador y la Corte Penal Internacional (CPI). La asambleísta Raisa Corral, vicepresidenta de la Comisión de Relaciones Internacionales, destacó que la aprobación de esta Ley fortalecerá el compromiso ecuatoriano con la justicia internacional, la protección de los Derechos Humanos y la lucha contra la impunidad.

La CPI es responsable de juzgar a los autores de crímenes contra la humanidad, prevenir su repetición y garantizar justicia para las víctimas. “Y el Ecuador debe sumarse a enfrentar de manera colectiva estos crímenes y asegurar que los responsables rindan cuentas”, dijo.

Además, aclaró que la Ley busca reforzar los entes judiciales nacionales, para que ofrezcan las garantías de debido proceso establecidas en el marco jurídico internacional sobre crímenes como el genocidio, etnocidio, desaparición forzada, ejecución extrajudicial, crimines de lesa humanidad, entre otros.

“El articulado establece que el Ministerio de Movilidad Humana será el único nexo para la cooperación pasiva y activa del Ecuador con la CPI y que la Fiscalía General del Estado será la encargada de procesar los requerimientos de investigación que realice la Corte, exclusivamente por canales diplomáticos”.

Los asambleístas coincidieron que la Ley representa un paso importante en la lucha global contra la impunidad, establecer un régimen procesal de cooperación en la investigación, enjuiciamiento y entrega de personas que han cometido este tipo de crímenes.

El secretario general de la OEA, Luis Almagro y el presidente de la Asamblea Nacional, Henry Kronfle se reunieron y resolvieron firmar en Ecuador, un Acuerdo de Cooperación, así como un Plan de Acción a favor del Parlamento. El acuerdo se realizará el jueves 18 de abril del 2024, en la Asamblea Nacional, gracias a la coordinación de la Embajada de Ecuador en Estados Unidos y la Misión Permanente del Ecuador ante la OEA.

En el encuentro bilateral abordaron temas sobre el fortalecimiento de la democracia y seguridad pública, innovación, agenda digital, transparencia, intercambio de información, acceso a base de datos, rendición de cuentas y comunicación política.

Además, los retos y desafíos que afronta la representación en el sistema interamericano como en el Ecuador y la relevancia de fortalecer las instituciones legislativas del hemisferio.

Por su parte, el Secretario General de la OEA, Luis Almagro destacó la importancia de garantizar una oportuna interacción con los ciudadanos, ya que la democracia del siglo XXI demanda un acercamiento en tiempo real y sin obstáculos.

En cambio, el Presidente de la Asamblea, , Henry Kronfle sostuvo que es fundamental promover valores democráticos, como la pluralidad, inclusión, transparencia, integridad y probidad. “La firma del Acuerdo de Cooperación con la OEA permitirá implementar una serie de iniciativas para fortalecer la capacidad institucional”.

El Plan de Acción establece transparentar la gestión interna de la legislatura; fortalecer las capacidades y habilidades de quienes conforman la Asamblea en la comprensión de la agenda política-parlamentaria global, interamericana y nacional; zanjar las brechas de participación entre la sociedad civil, academia, sector privado y representantes del Legislativo; esto permitirá promover en el seno del debate parlamentario los principales temas de la agenda interamericana.

Este 13 de marzo 2024, el presidente Daniel Noboa visitó Jujan, en la provincia del Guayas y recorrió los barrios afectados por las fuertes lluvias. Junto a otras autoridades gubernamentales, el Mandatario supervisó la atención que se brinda a las familias del sector y la entrega de kits humanitarios.

Además, el Jefe de Estado visitó los hogares de varios moradores del sector, conversó con las familias y constató sus principales necesidades y preocupaciones.

Por lo que, Noboa dispuso algunas acciones inmediatas que permitan reforzar el trabajo que el Gobierno despliega en la zona para precautelar el bienestar de la población, como parte del plan de intervención integral que lleva a cabo el Ejecutivo para atender estas emergencias.

En cambio, la Secretaría de Gestión de Riesgos coordina con todas las entidades la atención. En Jujan, la asistencia humanitaria ha sido permanente mediante la entrega de kits de alimentos. En todo el país, esta entidad ha distribuido más de 24.700 bienes de asistencia humanitaria.

Mientras tanto, el director del Distrito 09D21 Jujan-Yaguachi del Ministerio de Salud, Carlos Paz se refirió a la atención en sectores urbanos y rurales con brigadas móviles y fijas, trasladando el acceso a la salud hasta los rincones del cantón. En coordinación con las autoridades locales efectúan mingas de limpieza, fumigación y abatización (aplicación de una sustancia química en los depósitos de agua, con el propósito de evitar el desarrollo del mosquito portador del dengue), las brigadas de vacunación y de atención odontológica continúan.

Por su parte, el ministro de Desarrollo Urbano y Vivienda, Humberto Plaza, explicó que tras la evaluación implementada en el sector, se está analizando el proceso para la reubicación de viviendas que actualmente están en zonas de riesgo, en coordinación con el gobierno local.

Finalmente, durante esta semana, el Primer Mandatario continuará con las visitas a las zonas afectadas, se prevé que acuda a la provincia de Bolívar, especialmente Echendía y Caluma.

La Comisión de la Niñez, avocó conocimiento de la resolución del Consejo de Administración Legislativa, que autoriza el tratamiento unificado del proyecto de reformas al Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia (CONA), sobre la Definición de la Responsabilidad Parental, con el proyecto de Código de Protección Integral para Niñas, Niños y Adolescentes (COPINNA).

Además, los asambleístas debatieron sobre la importancia de analizar a profundidad, el Presupuesto General del Estado en materia de niñez y adolescencia, de acuerdo al equipo técnico de la mesa legislativa, se han efectuado recortes presupuestarios de más de un millón de dólares en instancias gubernamentales que atienden a este sector poblacional, como el MIES.

Así mismo, otras entidades afectadas serían como los Ministerios de Educación y de la Mujer.

Para los legisladores Arturo Ugsha y Ana Galarza, presentaron dos mociones. La primera pidió que se convoque a las autoridades de los ministerios de Economía y Finanzas, Educación, MIES, de la Mujer, Secretaría Técnica Ecuador Crece sin Desnutrición Infantil y la Secretaría de Planificación, para que expongan la articulación del Plan de Desarrollo Nacional con la Proforma Presupuestaria para este año, en relación a la atención de la niñez y adolescencia, así como la reducción del presupuesto, que afectaría al desarrollo de este grupo vulnerable.

En cambio, la propuesta de la asambleísta, Ana Galarza establece una fecha para que en una reunión se traten específicamente los rubros del Presupuesto General del Estado y conocer los detalles cómo se está gestionando la atención y recursos económicos con que cuentan las entidades del Estado cuya responsabilidad es atender y dar cumplimiento a los derechos de los niños del Ecuador.

Con 7 votos a favor las dos mociones fueron aprobadas en la comisión, quienes, de forma general, recalcaron que los rubros destinados a los niños, niñas y adolescentes no deben recortarse, las comparecencias de las autoridades podrán aclarar el cumplimiento de las obligaciones en atención eficaz para el desarrollo de la niñez ecuatoriana. “La primera infancia, los niños y adolescentes son prioridad. Darles la atención adecuada y oportuna es invertir en el futuro”, coincidieron los parlamentarios.