El Gobierno Nacional destinó recursos a quienes más lo necesitan: la población rural. Este jueves 18 de septiembre del 2025, con la presencia de agricultores y campesinos el presidente de la República, Daniel Noboa, entregó 70.000 Bonos Raíces, 100 tractores, 330 títulos de propiedad, entre otros beneficios. Estas acciones demuestran el compromiso del Ejecutivo, a través del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, con el desarrollo del campo, pilar del desarrollo nacional, dijo.

“Hoy los recursos llegan a ustedes sin intermediarios, sin líderes gremiales que los engañen. Llegan donde siempre debieron estar: en sus manos”, sostuvo el Primer Mandatario.

Así mismo, Noboa indicó que gracias a las medidas contundentes de su Gobierno se puso fin a las economías criminales que vivían del contrabando e ilegalidad. “Estamos corrigiendo esa injusticia, porque ahora los recursos llegan directamente a quienes trabajan la tierra”.

El Bono Raíces ha beneficiado alrededor de 70.000 agroproductores a nivel nacional. Esta iniciativa comprende una transferencia de 1.000 dólares que permite la compra de más recursos y herramientas para mejorar la siembra y producir más. La meta del Gobierno Nacional es llegar a 100.000 campesinos. “Es decir que esos mil dólares, bien invertidos, se multiplican mucho más”, expresó el Presidente de la República.

Por su parte, el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Danilo Palacios, destacó que este es resultado de la eliminación del subsidio al diésel, es posible materializar estas dotaciones agroproductivas que coadyuvan al progreso de la Sierra Central y la estabilidad de las familias que trabajan en el campo.

También, el Primer Mandatario entregó 100 tractores, 330 títulos de tierra y 110 kits de nutrición, entre otros insumos.

Mientras tanto, el Presidente Noboa aseguró que ante el pedido de los agricultores y como parte de su compromiso de democratizar el acceso al líquido vital con un sentido de justicia, solicitará a la ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano, revisar cada una de las juntas de agua para que ningún líder gremial intente presionar con retirarles el agua si no se alinean a sus intereses políticos particulares, como históricamente se ha intentado. “Serán denunciados por terrorismo y se irán 30 años a la cárcel, quien quiera quitarles el agua”, precisó.

Finalmente, el Gobierno agilizará los trámites para garantizar el suministro del agua de calidad. “Trabajemos por un agro productivo y responsable, que nuestros hijos puedan vivir en un mejor país que nosotros tuvimos que arreglar y hacer resurgir”, puntualizó.

Paso el primer debate del Proyecto de Ley Orgánica para la Atención Integral del Cáncer, que establece un marco normativo sólido y especializado para garantizar que el Estado, a través del Sistema Nacional de Salud y otros actores, brinde una respuesta eficaz, continua y equitativa frente a esta enfermedad.

Para la asambleísta Annabella Azín este proyecto de Ley responde a una deuda histórica con miles de familias afectadas por el cáncer, una de las principales causas de muerte en el país. Los datos alarmantes de incidencia, mortalidad a nivel regional y nacional, evidenciando la necesidad de tratar el cáncer como un problema de salud pública. Lo importante de la prevención, como la vacunación contra el VPH y la inversión en programas que salvan vidas.

Además, la propuesta surge de la unificación de dos proyectos previos y fue construida mediante un proceso participativo con instituciones del Estado, expertos, organizaciones sociales y asociaciones de pacientes.

Así mismo, el proyecto, integral y humanizado, se estructura en 7 capítulos y 41 artículos, basados en principios de universalidad, equidad, integralidad, bioética y humanización. Los ejes principales son: Reconocimiento del cáncer como problema de salud pública.
Derechos y obligaciones del Estado, instituciones y pacientes.
Atención integral desde la prevención hasta los cuidados paliativos.
Enfoque especial en niñas, niños y adolescentes.
Formación de profesionales e impulso a la investigación.
Creación de un marco institucional (Red Nacional Oncológica, Registro y Comité Nacional de Cáncer). Vigilancia, control y sanciones.

“La ley se presenta como un instrumento ético, solidario y esperanzador, más allá de diferencias políticas, con el objetivo de garantizar una atención digna y oportuna a todos los ecuatorianos que enfrentan el cáncer”, indicó Azín.

Según, Guido Panchana, director médico de SOLCA Guayaquil, la necesidad de fortalecer el sistema de salud e insistió en contar con un Plan Nacional de Cáncer, un Registro Nacional de Tumores y mayor atención a la oncología pediátrica. En el Ecuador el cáncer más frecuente en mujeres es el cérvico-uterino; en hombres, el de próstata y en ambos sexos, los digestivos y de piel. En el 2045 se esperan 53 mil casos de cáncer, lo que significaría un incremento del 56%.

El presidente de la comisión de Salud, Juan José Reyes, aseguró que cada año más de 30 mil ecuatorianos son diagnosticados con cáncer, los cuales más del 50% fallecen, es decir, 16 mil pacientes. “No estamos frente a una acción política, sino ante un mandato constitucional y una obligación moral”, el proyecto de Ley establece un marco sólido que abarca prevención, detección, tratamiento y seguimiento del cáncer en el país.

Mientras tanto, Reyes sostuvo que el proyecto de Ley fija como objetivo nacional la reducción de la morbilidad y mortalidad por cáncer mediante políticas, programas y acciones integrales, bajo estándares internacionales y principios bioéticos basados en la evidencia científica. Crea el Plan Nacional del Cáncer, que deberá actualizarse cada 5 años.

Finalmente, el proyecto de Ley regresará a la comisión del Derecho a la Salud para que se analicen las observaciones realizadas y se elabore el informe para segundo debate.

Con 78 votos a favor, el Pleno de la Asamblea Nacional recomendó este martes 16 de septiembre 2025 y continuar con las mesas de diálogo sectoriales organizadas por el Gobierno Nacional, con la participación representativa de los sectores sociales, económicos y productivos directamente involucrados en los decretos ejecutivos N.º 125 y 126.

Además, exhortó a los órganos judiciales a dar trámite y resolución urgente a los procesos relacionados con el comercio ilícito de combustibles. Esta decisión tras conocer el Programa de Redistribución de Recursos y la entrega de incentivos sociales, como respuesta al nuevo cálculo del precio de venta al público del diésel en 2,80 dólares el galón, establecido en el Decreto Ejecutivo N.º 126, vigente desde el 13 de septiembre del 2025.

Según, el legislador Esteban Torres, los subsidios a los combustibles se aplican en el país desde hace 51 años. Esto ha representado para el Ecuador un gasto de 33.000 millones de dólares en los últimos 10 años, dijo.

Frente a esta situación, lo importante es la redistribución de los recursos dirigida a compensaciones para transportistas, el bono Raíces, el Bono de Desarrollo Humano, la construcción de zonas de descanso para transportistas, el crédito 7×7, entre otros mecanismos, sostuvo Torres.

Por su parte, la asambleísta Annie Muñoz advirtió que la medida constituye un “golpe duro a la producción ecuatoriana” y exhortó a reformar, a fin de evitar un aumento de la desigualdad.

Mientras tanto, el parlamentario Héctor Rodríguez explicó que la eliminación de los subsidios generará un impacto del 20 % en la estructura de costos del sector productivo.

Finalmente, con la participaron 14 asambleístas en el debate respecto a la eliminación del subsidio al diésel, impacto, importancia de los incentivos sociales y los sectores beneficiarios de la redistribución de recursos, resolvieron exhortar al gobierno y los actores sociales a continuar con el dialogo.

El Gobierno Nacional inició los pagos del programa de incentivos por 1.100 millones de dólares para los transportistas. Desde este 15 de septiembre de 2025, el Bono Raíces de 1.000 dólares se entregará a 100.000 agricultores según la vocera del gobierno, Carolina Jaramillo, con la acreditación a los primeros 70.000, los agricultores accederán a créditos “7×7” que se refiere a siete años al 7 % de interés, con montos entre 500 y los 30.000 dólares para capital de trabajo o compra de equipos. El gobierno distribuirá más de 200 tractores de alta capacidad, apoyando directamente la productividad del campo hasta octubre de este año otros 200 hasta diciembre y hasta llegar a los 800 en el 2026: “Se hace un esfuerzo para llegar a las manos de los productores, sin intermediarios”, dijo.

“No hay ninguna razón para que haya una subida en el costo de los pasajes”, el programa de redistribución de incentivos contempla que más de 23.000 transportistas reciban un monto mensual, entre 400 y 1.000 dólares, para evitar el alza de pasajes. El objetivo es claro: que la ciudadanía siga pagando lo justo en sus traslados diarios, más de 1.744 inscripciones registro el sistema que habilitó el Ministerio de Infraestructura y Transporte.

Además, el gobierno puso en marcha el crédito a tasa subsidiada y bono de chatarrización (taxis livianos, carga mixta, escolar institucional). Son 1.528 unidades de transporte con un monto de 150 millones de dólares. Los créditos tendrán una tasa anual del 9 %. Otro tema es el compromiso de pagar la deuda histórica de 80 millones de dólares con el transporte de pasajeros y habrá un incentivo para los sectores de transporte comercial: carga pesada, carga mixta, escolar, institucional y turístico por 30 millones de dólares, expresó.

También, la vocera señaló que se construirán 12 zonas de descanso en el tramo E-35 entre Tungurahua y Pichincha con un monto de 8 millones de dólares beneficiando a 3.14 millones de vehículos; en esa misma línea se construirán cinco estaciones de pesaje estático para 140.000 vehículos de carga pesada matriculados. El monto total será de 17 millones de dólares, para fortalecer la seguridad vial, 124 motos y patrulleros se distribuirán para las poblaciones de zonas periféricas con alta siniestralidad a nivel nacional. Esto con una inversión de 10 millones de dólares.

Mientras tanto, a los pescadores artesanales se les entregarán motores fuera de borda a comunidades de Esmeraldas, Manabí, Guayas, Santa Elena y El Oro, fortaleciendo la actividad pesquera y la seguridad económica de miles de familias.  80 millones se distribuirán para saldar obligaciones pendientes con 210 generadores de empleo en el sector inmobiliario y de la construcción, impulsando nuevos proyectos que reactivan la economía y abren más plazas de trabajo para los ecuatorianos. El sector arrocero recibirá 20.000 toneladas de arroz a 20.000 agricultores de las provincias de Guayas y Los Ríos para mantener el precio, desde abril del 2026 entregarán bioinsumos a 16.300 productores de 326 asociaciones por un monto de 13 millones de dólares.

Finalmente, Jaramillo aclaró que frente a las movilizaciones “no hay espacio para la extorsión o negociación entendida como suerte de presiones donde el gobierno tendría que terminar cediendo. La decisión está tomada: los recursos tienen que ir adonde más los necesitan”, puntualizó.

Una vez que se conocen los posibles acontecimientos para la próxima semana, el Presidente de la República mediante el Decreto Ejecutivo 127, dispuso trasladar temporalmente la sede de la Función Ejecutiva a la ciudad de Latacunga, en la provincia de Cotopaxi.

Por otro lado, dispuso a la Vicepresidenta de la República del Ecuador que ejerza temporalmente las actividades relacionadas a las funciones que le fueron asignadas, desde la ciudad de Otavalo, en la provincia de Imbabura.