La presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Atamaint, presentó ante la Asamblea Nacional el informe de labores correspondiente al periodo 2025.

Según, Atamaint el CNE cumplió con la democracia y con el país, al ejecutar de forma técnica, eficiente y transparente las Elecciones Generales 2025 de Primera y Segunda Vuelta; Elecciones de Alcalde y Concejales del Cantón Sevilla Don Bosco; así como el Referéndum y Consulta Popular 2025.

También, la presidenta del CNE aseguró que se han ejecutado 183 asistencias técnicas a distintas instituciones y organizaciones de carácter local, suscribieron 37 convenios de cooperación interinstitucional y se atendieron 13.367 trámites de usuarios externos.

La presidenta del CNE recordó que actualmente avanza la ejecución de la Elección de los Vocales de la Junta Parroquial Rural Shuar Pastaza del cantón Pastaza, jornada democrática prevista para el 17 de mayo del 2026.

Con 10 votos a favor, la comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional calificó la solicitud de juicio político contra Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura, por lo que, la sustanciación del proceso se inició. La resolución aprobada este jueves 15 de enero del 2026, tras la moción presentada por el asambleísta José Nango. La solicitud de juicio político presentada por los legisladores Viviana Veloz, Raúl Chávez, Liliana Durán, Franklin Samaniego y Xavier Lasso, de la bancada Revolución Ciudadana.

Según, la solicitud de juicio político acusa al funcionario de presuntos incumplimientos de funciones constitucionales y legales por omisión, que habrían afectado gravemente la independencia judicial, la transparencia institucional y el correcto funcionamiento del sistema de justicia. Entre los hechos señalados constan supuestas presiones indebidas a jueces, incluido un juez anticorrupción, posibles conflictos de interés, falta de protección a operadores de justicia y actuaciones institucionales calificadas como encubrimiento. Los proponentes solicitan la censura y destitución del presidente del Consejo de la Judicatura, de acuerdo al artículo 131 de la Constitución y a los artículos 78, 79 y 81 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa.

Además, el presidente de la comisión de Fiscalización, Ferdinan Álvarez, dispuso que se notifique formalmente al funcionario enjuiciado para que presente las pruebas de cargo y de descargo en el plazo de quince días.

Así mismo, serán notificados los proponentes para que sustenten sus acusaciones.

Mientras tanto, se abrirá la fase probatoria adicional de diez días, sin perjuicio que la Comisión, con mayoría simple, solicite pruebas de oficio.

Finalmente, la comisión de Fiscalización elaborará el informe motivado, que será remitido al Pleno de la Asamblea Nacional, instancia que actuará como órgano juzgador y adoptará la resolución correspondiente, garantizando el debido proceso y el derecho a la defensa.

La Comisión de Desarrollo Económico avocó conocimiento de la resolución del Consejo de Administración Legislativa respecto al proyecto de Ley Scooter Seguro, de iniciativa del exlegislador Jhon Vinueza Salinas. La propuesta, de conformidad con lo que estable el artículo 58.1 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, se unifica al proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial y se encuentra en la fase de elaboración del informe para segundo debate, según el cronograma previsto hasta febrero del 2026.

Además, el objetivo del proyecto de reforma es contribuir a la reducción de los riesgos de accidentes viales en el territorio nacional, tanto para conductores como para peatones, mediante la regulación y el control de los vehículos de micromovilidad, motorizados y no motorizados.

Así mismo, la micromovilidad es un término que se utiliza para definir a los medios de transporte, vehículos pequeños o ligeros, como scooters, monopatines y bicicletas, que permiten recorrer distancias cortas y frecuentes de hasta 10 kilómetros, para desplazamientos al trabajo, a la universidad y a otros destinos cotidianos.

En el Ecuador, el uso de la micromovilidad eléctrica como alternativa al transporte convencional se ha popularizado desde el 2020.

Finalmente, de acuerdo con experiencias y marcos normativos similares en otros países, estas formas de transporte representan una oportunidad significativa para la planificación urbana y la mejora de los sistemas de movilidad, con beneficios tanto a nivel ambiental como social.

El Pleno del Consejo de la Judicatura, solicitó la renuncia a los directores provinciales administrativos y disciplinarios a nivel nacional. Esta decisión es para verificar el cumplimiento de los objetivos estratégicos orientados a fortalecer la gestión institucional.

Además, evaluaran integralmente el desempeño de los funcionarios y se verificará, con criterios técnicos, si se han cumplido las metas, funciones y compromisos asumidos en el ejercicio fiscal 2025, como se ha hecho en ocasiones anteriores.

Esta medida constituye una acción encaminada al reordenamiento y consolidación institucional.

Así mismo, garantizará que, en los casos que existan análisis de riesgo y medidas de seguridad dispuestas por el Ministerio del Interior y la Policía Nacional para los directores provinciales, estas se mantendrán y coordinarán conforme a los informes técnicos y protocolos correspondientes, asegurando el respeto a los derechos de los funcionarios involucrados.

La institución reafirma su compromiso con una gestión pública responsable, transparente y orientada a resultados.

El Consejo de Administración Legislativa (CAL) dio paso al procedimiento de juicio político en contra de Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura y los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), Andrés Fantoni, Johana Verdezoto, Jazmín Enríquez, David Rosero y Piedad Cuarán.

El presidente de la Asamblea Nacional, Niels Olsen, dijo que el deber y responsabilidad de las entidades del Estado con la ciudadanía. “Las instituciones están para proteger la confianza pública y, cuando esa confianza se ve comprometida, el Estado debe actuar con estricto cumplimiento de la Ley y transparencia”.

Con 5 votos a favor, el CAL aprobó la moción presentada por la primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Mishel Mancheno, quien solicitó la elaboración del informe técnico-jurídico no vinculante relativo al cumplimiento de requisitos sobre el pedido de juicio político en contra del Titular del Consejo de la Judicatura, la Unidad Técnica Legislativa (UTL), deberá presentar en 3 días el informe.

El CAL, por unanimidad, acogió la moción presentada por la legisladora Sade Fritschi para que la UTL elabore el informe técnico-jurídico no vinculante de cumplimiento de requisitos ante el pedido de enjuiciamiento político contra los consejeros del CPCCS.

La Fuerza Aérea Ecuatoriana en el desempeño fundamental de resguardar la soberanía territorial, la lucha contra la inseguridad y el crimen organizado, el Gobierno Nacional para enfrentar de manera decidida y frontal, este miércoles 7 de enero 2026, entregó el avión BOEING 737-500 a la institución con el objetivo de potenciar y fortalecer sus capacidades estratégicas, tácticas y humanitarias en beneficio del Ecuador.

Según, la Mandataria, María José Pinto la entrega responde al objetivo macro del Gobierno de priorizar la seguridad como política de Estado, equipamiento, coordinación institucional y respaldo permanente a quienes están en primera línea.

“La seguridad no admite improvisaciones; requiere liderazgo y acciones concretas. Por eso, esta entrega es una muestra clara del compromiso del presidente de la República, Daniel Noboa, con la protección del país, el fortalecimiento de nuestras Fuerzas Armadas y con el cuidado de todos los ecuatorianos”, dijo Pinto.

El BOEING 737-500 es una aeronave de transporte con mejor tecnología en cabina y más capacidad de carga y pasajeros. Este instrumento reviste un aporte fundamental para la operatividad de la FAE tanto en control y defensa del territorio, misiones humanitarias con intervenciones más rápidas, oportunas y precisas.

Por su parte, el comandante General de la FAE, Mauricio Salazar indicó que esta incorporación se traduce en fortalecimiento de las capacidades estratégicas de la institución militar y reafirma el compromiso del Estado con la defensa, integración y desarrollo del Ecuador.

“Expresamos nuestro agradecimiento y reconocimiento al Gobierno Nacional por esta entrega que demuestra respaldo a las Fuerzas Armadas, demostrando una misión de Estado que invierte en seguridad, integración y desarrollo”, aseguró el Comandante.

Finalmente, el mensaje del Gobierno Nacional con la entrega es “seguir trabajando para fortalecer la seguridad, proteger a nuestra gente y construir un Ecuador más seguro, justo y con futuro. Solo así tendremos el país que todos soñamos”, precisó la Presidenta encargada Pinto.

La comisión del Derecho al Trabajo y a la Seguridad Social de la Asamblea Nacional, con seis votos a favor, aprobó el informe para primer debate del proyecto de reforma a varias leyes para garantizar el derecho a la protección prioritaria de la mujer en el período de maternidad, el objetivo tutelar de forma efectiva la protección jurídica de las mujeres embarazadas como grupo prioritario y evitar la vulneración de los derechos consagrados en la Constitución e instrumentos internacionales.

El proyecto busca reformar el Código de Trabajo, la Ley Orgánica del Servicio Público y el Código Orgánico de la Función Judicial, para incorporar una garantía explícita que proteja la salud física y emocional de la madre en el posparto, independientemente de la supervivencia del recién nacido.

Para la vicepresidenta de la comisión del Derecho al Trabajo, Paola Jaramillo, esta propuesta pone énfasis en la garantía de derechos de las mujeres en período de maternidad en todos los casos, existen casos en los cuales los patronos solo reconocen este derecho en caso del hijo nacido vivo y no cuando ocurren circunstancias que inciden en la muerte del bebé, hecho que deja secuelas físicas y psicológicas que deben ser atendidas de manera prioritaria.

Además, el proyecto determina que, si se produce el fallecimiento de la niña o el niño dentro del período de la licencia por maternidad concedida, la trabajadora continuará haciendo uso de dicha licencia por el tiempo que le reste, con excepción del tiempo correspondiente a la lactancia.

En caso de fallecimiento de la madre durante el parto o mientras goza de la licencia por maternidad, el padre podrá hacer uso de la totalidad o, en su caso, de la parte restante del período de licencia que le hubiese correspondido a la madre si no hubiese fallecido.