La comisión de Justicia y Estructura del Estado de la Asamblea Nacional, en el marco del debate de la reforma al Código Orgánico Integral Penal (COIP), analizó propuestas relacionadas con sanciones por infracciones de tránsito y extorsión en contratos públicos, así como en el uso de recursos del Estado.

 Sin embargo, en materia de tránsito, la comisión recibió a la asambleísta Josebeth Jaramillo, autora de la iniciativa, quien explicó el alcance de la reforma penal. Recordó lo establecido en el artículo 76, numeral 6 de la Constitución, que consagra el principio de proporcionalidad entre infracciones y sanciones, ya sean administrativas o penales.

Por lo que, Jaramillo indicó que la reducción de puntos en la licencia de conducir se aplique únicamente al tipo o categoría con la que se cometió la infracción. Así, si una persona está habilitada para conducir distintos vehículos, la sanción se aplicaría exclusivamente a la categoría correspondiente y no de manera general, como ocurre actualmente. Para ello, propuso reformas tanto a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial como al COIP.

En cambio, la comisión escucho al experto en compras públicas, Paúl Vázquez, quien presentó observaciones sobre la tipificación y sanción del delito de extorsión en contratos públicos y en el manejo de recursos estatales.

 Mientras tanto, en el artículo 185.2 del COIP establece una pena privativa de libertad de 10 a 13 años para estos casos. Al respecto, Vázquez sostiene que el sujeto activo podría ser el proveedor, oferente o adjudicatario dentro de un proceso de contratación pública. No obstante, advirtió que, dada la amplitud de esta definición, es necesario precisar que la aplicación de la norma se delimite a situaciones en las que exista adjudicación o se haya iniciado la fase contractual.

Finalmente, la comisión resolvió unificar la propuesta presentada por la asambleísta Jaramillo con el Proyecto de Reforma Integral al COIP.