El ministro del Deporte, José Jiménez, indicó que se han incorporado observaciones en el proyecto de Ley, que buscan suplir las necesidades en la Ley vigente. Para la elaboración del informe en segundo debate del Proyecto de Ley Orgánica del Deporte, la Educación Física y la Recreación, por parte de la Comisión del Derecho a la Salud y Deporte.

Además, propuso nuevos regímenes para fortalecer la estructura del deporte ecuatoriano, explicó.

Así mismo, Jiménez solicitó incluir la figura de las Sociedades Anónimas Deportivas, considerando que actualmente solo existe un régimen de constitución para clubes: entidades privadas sin fines de lucro. Esta propuesta tendría carácter opcional, permitiendo a los clubes y a sus socios decidir si desean transformarse en sociedades anónimas deportivas o mantenerse bajo el régimen actual, señaló.

También, planteó cómo deberían estar conformadas estas sociedades anónimas deportivas, con el objetivo de evitar conflictos de interés. Por ejemplo, establecer límites de participación accionaria para impedir que una misma persona tenga acciones en diferentes clubes y permitir que los acreedores actuales de los clubes puedan convertirse en accionistas de estas nuevas sociedades, puntualizó.

Mientras tanto, Jiménez destacó la necesidad de transparentar el origen de los fondos en el deporte profesional, especialmente en el fútbol. Consideró que, mediante la constitución de sociedades anónimas deportivas, se facilitará el control por parte de la Superintendencia de Compañías, la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) y el Servicio de Rentas Internas (SRI), lo cual permitiría verificar el origen de los recursos económicos.

Otro, aspecto indispensable es la creación de la Unidad Nacional Antidopaje; establecer diferencias claras en los procesos electorales; reestructurar de los distintos organismos deportivos; promover la renovación de la dirigencia deportiva, para generar confianza en la empresa privada y fomentar la autogestión. “Estamos trabajando junto a otros organismos deportivos en una Ley que responda a los requerimientos que tiene el deporte nacional”, aseguró.

Finalmente, el presidente de la comisión, Juan José Reyes, resaltó la importancia de las propuestas para garantizar la transparencia y prevenir irregularidades en el deporte ecuatoriano. 

En la comisión de Garantías Constitucionales de la Asamblea Nacional, los presidentes de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), Leonidas Iza y Washington Tiwi de la Federación Provincial de la Nacionalidad Shuar (FEPNAH) de Zamora Chinchipe, expresaron su respaldo al proyecto de Ley Orgánica de Consulta y Consentimiento Previo, Libre e Informado.

Según, Leonidas Iza, presidente de la CONAIE el proyecto de Ley trata de garantizar un mecanismo de reparación histórica. No es un formalismo o trámite por cumplir, sino de un derecho reconocido, no solo en el Ecuador, sino a nivel internacional.

“Más que un texto legal, es el reflejo de un reclamo histórico y legítimo de los pueblos indígenas, afros y montubios. La propuesta representa una exigencia institucional, constitucional y un mandato de justicia pendiente con los pueblos originarios del Ecuador. Esta normativa busca alcanzar una legislación transversal, libre de vicios”, sostuvo, Iza.

Por su parte, Washington Tiwi, presidente de la Federación Provincial de la Nacionalidad Shuar (FEPNAH) de Zamora Chinchipe, manifestó el respaldo a la Ley, Y propuso que el proyecto de Ley debe ser más articulada y pertinente, para permitir el pleno ejercicio de derechos dentro de un Estado plurinacional y que incluya artículos relacionados con la reparación y la remediación, dijo.

 Además, “la Ley va a permitir destrabar un sinnúmero de problemas que vivimos día a día”, aseguró Tiwi.

Así mismo, el presidente de la Federación Provincial de la Nacionalidad Shuar (FEPNAH) de Zamora Chinchipe, se mostró preocupado por el hecho de que más del 68 % del territorio de Zamora Chinchipe cuenta con concesiones mineras, lo que evidencia la falta de control sobre la explotación minera ilegal, señaló.

Mientras tanto, el asambleísta Fernando Cedeño enfatizó en la necesidad de respetar el marco jurídico y las normas internacionales para lograr una armonización adecuada de la Ley.

Finalmente, esta iniciativa no solo representa una herramienta jurídica, sino un paso hacia la reparación histórica y la construcción de un Estado verdaderamente plurinacional, donde la voz de las comunidades no sea una formalidad, sino un principio fundamental de democracia y justicia social, puntualizaron.

La Asamblea Nacional homenajeo y reconoció la labor de los transportistas ecuatorianos. El evento organizado por el asambleísta Samuel Célleri, segundo vocal del Consejo de Administración Legislativa, el objetivo destacar el aporte del sector del transporte al desarrollo y la conectividad del país.

Según, el legislador Samuel Célleri, este reconocimiento nace del corazón y la gratitud hacia quienes, con esfuerzo y sacrificio, cruzan carreteras llevando productos, personas y esperanza. “Los transportistas no solo movilizan mercancías: conectan al Ecuador y construyen patria en cada kilómetro recorrido”, dijo.

Para el gerente financiero de Prisma Motors, Raúl Rodríguez el valor de los transportistas como héroes anónimos que han sostenido la economía incluso sin el respaldo de la banca tradicional. Por lo que anunció que el proyecto Prisma Motors y el apoyo de empresas internacionales abrirán oportunidades reales de reactivación económica para el sector, expresó.

En cambio, Darío Regalado, presidente de la Cámara de Comercio de China, indicó que el trabajo del transportista es vital no solo para la economía nacional, sino para la inserción del Ecuador en el comercio internacional. “Este acto no es solo un homenaje simbólico: es un llamado a fortalecer el trabajo de quienes mantienen al país en movimiento”.

Mientras tanto, el representante de MOEBIUS, aseguró la urgencia de renovar las flotas de transporte y mejorar la infraestructura vial. Y el diseño de un producto especializado que permitirá a los transportistas acceder a mejores condiciones de financiamiento, promoviendo la modernización del sector.

Finalmente, Homero Coronel destacó que el transporte es la esencia del país. Incluso durante la pandemia, los transportistas no se detuvieron y hoy enfrentan grandes desafíos como la obsolescencia vehicular y el limitado acceso al crédito. “Este es el primer paso hacia un transporte moderno, digno y sostenible. Ustedes no están solos”, el sector privado y organismos internacionales estamos para acompañarlos en esta transformación, precisó.

Durante la semana del 7 al 13 de julio, la Asamblea Nacional designará la terna para la elección de los delegados principal y suplente de la Función Legislativa ante el Consejo de la Judicatura, para el período 2025–2031. Esto, de conformidad con la resolución del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) del 11 de junio del 2025, luego que el Pleno de la Asamblea, el 5 de junio, dejara sin efecto la terna remitida a finales del período anterior.

Las comisiones continuarán con el análisis de las iniciativas legales para la elaboración de informes para primer o segundo debate, recibirán las observaciones y propuestas de autoridades, funcionarios, académicos y representantes de organizaciones de la sociedad civil, respecto a los diferentes procesos legislativos y de control político que se analizan en la Asamblea.

Con cinco votos a favor, el Consejo de Administración Legislativa calificó a trámite la queja presentada por la asambleísta Valentina Centeno contra el legislador Dominique Serrano, una presunta inobservancia, por parte del legislador a las normas de comportamiento, en referencia a los hechos de dominio público ocurridos durante la sesión No. 007 de la comisión de Transparencia, el pasado miércoles 2 de junio del 2025.

Según, Centeno “el que un asambleísta se dedique a dibujar en una sesión de una comisión, denota una falta de profesionalismo que lesiona la imagen institucional de la Asamblea Nacional”, por lo que solicitó la sanción establecida en el artículo 169 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, correspondiente a la suspensión sin remuneración de entre uno a ocho días. En cumplimiento de la LOFL y en respeto al debido proceso. Una vez notificado el legislador Dominique Serrano deberá contestar a la queja presentada en su contra en el plazo de tres días.

Mientras tanto, el CAL declaró competente a la comisión de Transparencia sobre el proceso de fiscalización a programas como: bonos, becas y pagos anunciados entre el 22 y el 26 de marzo del 2025, así como sobre cualquier otro que guarde relación con esta temática y materia.

Finalmente, la petición de la asambleísta Diana Jácome, presidenta de la comisión, sostuvo que “de conformidad con el artículo 21, numerales 11 y 12 de la LOFL, la entrega de bonos y becas se ajusta a la materia y especialidad de esta comisión, por cuanto versa sobre asuntos de transparencia y control social, respecto del derecho ciudadano a vigilar y fiscalizar la gestión pública de las autoridades”.

La comisión de Régimen Económico de la Asamblea Nacional, con diez votos a favor, resolvió solicitar al Consejo de Administración Legislativa autorizar para unificar siete proyectos de Ley, previo al informe para segundo debate del proyecto de reformas a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

Estos proyectos corresponden a iniciativas presentadas por los legisladores Esteban Torres, Gabriela Molina, Pierina Correa, Alejandro Jaramillo, Xavier Jurado, Marcela Holguín y Rodrigo Fajardo.

La comisión incorporó el proyecto de reformas a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública presentado por el exlegislador Marco Troya a las iniciativas unificadas el pasado 12 de junio.

Esto de conformidad con el artículo 58.1 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que establece que las presidentas o los presidentes de las comisiones especializadas, hasta antes de la aprobación del informe para segundo debate, podrán solicitar al CAL la autorización para unificar todos aquellos proyectos que versen sobre la misma materia y que se encuentren en trámite en la comisión o en otras comisiones.

Las acciones del legislador Dominique Elián Serrano Molina durante la sesión de la comisión de Transparencia y Participación Ciudadana serán analizadas conforme a lo que establece el artículo 169, numeral 1, de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que se refiere a las faltas administrativas leves, específicamente cuando se inobservan las disposiciones institucionales de respeto a los símbolos y normas de comportamiento que lesionen la imagen institucional.

Según la LOFL, el comportamiento de las y los asambleístas debe enmarcarse en los principios de respeto, responsabilidad, ética pública y observancia de las normas parlamentarias. El accionar del asambleísta Dominique Elián Serrano Molina podría transgredir estos principios y vulnerar normas expresas de dicha Ley.

La asambleísta Valentina Centeno Arteaga presentó, este jueves 3 de julio del 2025 a las 19h00, con base en el artículo 173 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, una solicitud para que el CAL disponga el inicio del procedimiento correspondiente para la determinación de responsabilidades por presunta infracción. En caso de establecerse la existencia de faltas administrativas, se apliquen las sanciones disciplinarias que correspondan.

Este caso será tramitado de acuerdo a lo dispuesto en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, como en ocasiones anteriores en el periodo del presidente Niels Olsen, garantizando el debido proceso y la institucionalidad parlamentaria.

El presidente de la Asamblea Nacional, Niels Olsen presentó la Agenda Parlamentaria, la hoja de ruta que marcará el trabajo de la Función Legislativa durante los próximos dos años.

Según, Niels Olsen el Parlamento Ecuatoriano “la agenda dinámica que responda a las necesidades en territorio reafirmando la voluntad de trabajar desde la diversidad de criterios, en busca de un mejor país”, dijo.

Además, participaron Mishel Mancheno y Carmen Tiupul, la primera y segunda vicepresidentas de la Asamblea Nacional, Sade Fritschi, Steven Ordóñez, Mónica Salazar y Samuel Célleri, vocales del CAL y los presidentes de las Comisiones Legislativas.

Los Ejes de la Agenda Parlamentaria consta de Seguridad Ciudadana la misma promoverá la lucha eficaz contra el crimen organizado y todas las formas de violencia que afectan al Ecuador, con las reformas a los Códigos Orgánicos; Integral Penal, Seguridad Ciudadana; Seguridad del Estado, los Proyectos de Ley de Ciberseguridad y del Cuerpo de Vigilancia Penitenciaria.

Así mismo, el Desarrollo Social que propiciará la equidad y el acceso a los servicios sociales de calidad mediante modificaciones a las leyes como: Educación Intercultural; Educación Superior; Artista Ecuatoriano; Deporte y con la construcción de nuevas iniciativas en materia de prevención y tratamiento del cáncer, niñez y adolescencia, pueblos y nacionalidades, seguridad social, entre otros.

También, el Desarrollo Económico, Productivo y Sostenible impulsará la generación de empleo, inversión, innovación y emprendimiento a través de reformas a los Códigos; Monetario y Financiero; de Planificación de Finanzas Públicas y proyectos de Ley para el Desarrollo de las Industrias Creativas; Protección y Defensa del Consumidor; Inteligencia Artificial, entre los más importantes.

Mientras tanto, la Infraestructura, Recursos Naturales y Medio Ambiente: garantizará el desarrollo de infraestructura estratégica y el uso sostenible de los recursos naturales. Para este fin se han priorizado reformas a la Ley Orgánica de Territorios Ancestrales; la Ley de Recursos Hídricos; el Código Orgánico del Ambiente y varias reformas a la Ley de Minería.

Finalmente, la Eficiencia del Estado y Lucha Contra la Corrupción consolidará un Estado transparente que promueva la prevención, detección y sanción de la corrupción con reformas necesarias a las leyes de la Contraloría General del Estado, Función Legislativa y a los Códigos Orgánicos de la Función Judicial; Administrativo; General de Procesos, entre otros precisaron.

Con el respaldo de la directiva de la Federación Nacional de Trabajadores de la Seguridad Privada del Ecuador, el asambleísta Franklin Samaniego presentó el proyecto de Ley Orgánica Reformatoria al Código de Trabajo para la Dignidad de los Trabajadores de la Seguridad Privada.

La reforma al Código de Trabajo está orientada a categorizar a los trabajadores de la seguridad privada, considerando a: guardias privados, supervisores, coordinadores, jefes de operaciones, gerentes de operaciones, tripulantes y conductores de vehículos blindados, custodios e investigadores privados, con el objetivo de garantizar sus derechos laborales.

Además, el objetivo es regularizar los horarios de trabajo. Plantea establecer tres turnos con la finalidad de que se respeten las ocho horas laborales diarias, dijo el legislador.

También, Samaniego propone que los uniformes entregados a los trabajadores de seguridad privada, bajo relación de dependencia con una compañía de vigilancia y seguridad, no sean descontados de su remuneración.

Así mismo, el proyecto de Ley establece que dichos trabajadores deberán contar, desde el primer día de la relación laboral, con una póliza de seguro de vida y accidentes personales.

Mientras tanto, el asambleísta Franklin Samaniego indicó que los contratos para la prestación del servicio de seguridad se realicen mediante el procedimiento de catálogo electrónico y no a través de la subasta inversa electrónica, ya que esta última reduce el monto del contrato, afectando negativamente las remuneraciones de los guardias.

Finalmente, el legislador Samaniego denunció que los trabajadores del sector llevan entre cinco y seis meses sin recibir sus remuneraciones y que varios sectores le han informado que los ministerios de Salud y Finanzas no están cumpliendo con sus obligaciones. Por lo que, anunció que iniciará un proceso de fiscalización.

En las instalaciones de la Casa Judicial “Alfredo Pareja Guerrero”, se socializaron los beneficios que tendrán los profesionales que forman parte del Foro de Abogados del Consejo de la Judicatura al acceder a la aplicación “EFJ Digital”. Esta herramienta funcionará como una credencial electrónica para los profesionales del Derecho y permitirá verificar, de forma inmediata, su estado profesional mediante la generación de un código QR.

Además, en el evento participó el presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy; las vocales Solanda Goyes y Yolanda Yupangui; la directora de la Escuela de la Función Judicial, Pavlova Astaiza; el director provincial de Pichincha, Henry Gaibor y el director Nacional de Tecnologías de la Información y Comunicación, Jonatan Díaz.

Así mismo, la app “EFJ Digital”, fue trabajada conjuntamente con la Escuela de la Función Judicial y la Dirección Nacional de TICS, obedece a la necesidad de digitalizar y modernizar los servicios de justicia en el país. La aplicación, que es compatible con el sistema IOS y Android, está disponible en las tiendas oficiales de ambos sistemas operativos (App Store y Play Store).

Por lo que, durante la socialización estuvieron los abogados en libre ejercicio, el presidente Godoy quién dijo que este trabajo refleja el compromiso del Consejo de la Judicatura con la transformación digital, la transparencia y el fortalecimiento de la seguridad jurídica en el país.

“Más allá de su dimensión tecnológica, esta herramienta simboliza algo más profundo: el reconocimiento del abogado como pilar esencial en la defensa de los derechos, la justicia y el debido proceso”, aseguró Godoy.

Mientras tanto, que la credencial digital incorpora elementos innovadores como el código QR con firma digital, mecanismos criptográficos de validación y conexión en línea para su verificación en tiempo real, asegurando que todo ello garantiza altos niveles de seguridad y evita el uso fraudulento o la falsificación de documentos físicos.

Finalmente, el funcionamiento de la herramienta fue analizado en la sesión extraordinaria No. 057-2025 del Pleno del CJ, los requisitos para que los juristas inscritos en el Foro de Abogados accedan al carné profesional digital que tendrá plena validez jurídica, en igualdad de condiciones que el carné físico emitido por el Consejo de la Judicatura. Los juristas podrán exhibirlo electrónicamente cuando así se requiera para fines institucionales o legales.