El presidente de la República, Daniel Noboa, visitó el cantón Piñas, en la provincia de El Oro, para evaluar los daños ocasionados por el aluvión registrado la noche del 28 de febrero y supervisar la atención brindada a las familias damnificadas. Durante su recorrido, acudió al albergue temporal, ubicado en el Coliseo José Gallardo, donde dialogó con los afectados y ratificó el compromiso del Gobierno Nacional de continuar brindando apoyo y asistencia integral para su pronta recuperación.

Según, el ministro de Desarrollo Urbano y Vivienda, Humberto Plaza, los avances tras la disposición del Primer Mandatario de construir viviendas para reubicar a las familias que perdieron su hogar y a las que se encuentran en zonas de riesgo, con el propósito de prevenir futuras situaciones similares. Confirmó que se tiene prevista la construcción de 150 casas en un terreno de la Alcaldía: “Van a ser departamentos de concreto diseñados con todas las normas de seguridad, no solamente antisísmicas, sino considerando los muros de contención para que no vuelvan a haber deslaves”, dijo.

Para el secretario Nacional de Gestión de Riesgos, Jorge Carrillo, al momento ya se han movilizado cerca de 1.000 kits de asistencia humanitaria: de aseo personal, para dormir y de limpieza tanto para los afectados como para quienes los han acogido temporalmente, señaló.

En cambio, el ministro de Inclusión Económica y Social expresó que el registro social sistematiza las necesidades de las personas que requieren atención. “Hasta el momento se han verificado 36 familias damnificadas que ya han recibido el bono de contingencia de 280 dólares y otro tipo de servicios y beneficios sociales como becas e impulso productivo a través de BanEcuador”.

Mientras tanto, el desbordamiento del río San Roque afectó gravemente a varios sectores del cantón Piñas, dejando dos personas fallecidas (1 menor de edad y un adulto), 81 heridos leves, que recibieron atención del Ministerio de Salud Pública, 92 familias afectadas y 303 ciudadanos damnificados. La fuerza del agua y el lodo destruyó 19 viviendas y causó daños en 85 hogares, un centro de salud y un puente.

Además, se reportaron afectaciones en 10 bienes privados, incluyendo vehículos y locales comerciales, así como en 23 bienes públicos, entre ellos postes eléctricos, luminarias y transformadores.

Por la magnitud del desastre, el COE Cantonal de Piñas se mantiene en sesión permanente y se han habilitado varios refugios temporales para albergar a las familias damnificadas. Actualmente, 39 familias (118 personas) permanecen en el Coliseo José Gallardo y siete familias (26 personas) en el albergue «San Vicente de Paul», mientras que 92 familias (400 personas) han sido reubicadas en la Escuela Fiscomisional San José, el refugio temporal Transporgrand S.A., casas acogientes y otras permanecen en sus propias viviendas.

Finalmente, el trabajo conjunto entre el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, la Prefectura de El Oro, el Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) de Piñas y otras entidades estatales y privadas permitió habilitar la vía de ingreso a la ciudad de Piñas, garantizando la conectividad del cantón. El Ministro de Transporte y Obras Públicas, atendió el pedido de regresar la competencia de la vía Buenavista – Vega Rivera – Pancha Zaruma (E 585) y destacó que esta entidad realizará el mantenimiento vial rutinario y un bacheo de la vía La Avanzada – Saracay – Piñas, así como el tramo Saracay – Río Pindo, parte del Eje Minero que une las provincias de Loja y El Oro.

La comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional, este 1 de marzo, inició la recepción de pruebas de cargo y descargo, en la sustanciación del juicio político en contra de la consejera del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), Johanna Verdezoto, presentada por la asambleísta Ana Herrera, por incumplimiento de funciones debido a un presunto conflicto de intereses respecto al concurso para designar a la autoridad de la Defensoría Pública. Esta etapa concluirá el próximo 6 de marzo de 2025. Luego la comisión aprobará el informe no vinculante por el que recomiende el juicio político o el archivo de la solicitud.

Además, dentro del cronograma, la comisión tenía en la matriz la participación de ocho pruebas testimoniales por la proponente del juicio, de los cuales solo se presentaron de Nicole Bonifaz, Yadira Saltos, expresidenta y consejera del CPCCS y Gabriela Cadena, presidenta de la comisión Ciudadana de Selección de la primera autoridad de la Defensoría Pública.

Según, Yadira Saltos indicó que, dentro del presunto conflicto de intereses, la enjuiciada se habría reunido de forma privada con el postulante mejor puntuado del concurso, con base en la evidencia fotográfica remitida a la comisión, con lo que se puso en tela de duda la integridad del proceso.

Por lo que, Saltos dijo que apenas conoció el hecho procedió conforme a la Ley que rige al CPCCS, remitir la denuncia a la Asamblea Nacional. “En el Consejo no se tomó acciones por sumario administrativo”.

En cambio, Nicole Bonifaz, aseguró que el pasado 27 de marzo del 2024 remitió al área de investigación del CPCCS la denuncia respectiva. Y al 1 de marzo del 2025, no se ha emitido el informe alguno del caso. “Se ha vulnerado la seguridad jurídica del concurso en múltiples ocasiones”, en su calidad de consejera del CPCCS ha recibido, una nueva denuncia ciudadana contra la enjuiciada Johanna Verdezoto, sobre la cual no aportó mayores detalles.

Sin embargo, Gabriela Cadena, presidenta de la comisión ciudadana de selección, insistió no tener conocimiento del hecho denunciado, más sí de las 4 impugnaciones a Rodrigo Frías, postulante con el que mantuvo reuniones la enjuiciada.

Mientras tanto, “los informes de impugnaciones del postulante, tanto como de los demás participantes, fueron enviados a los miembros del CPCCS, a través del sistema documental Quipux. No recibimos respuesta”. A su criterio, la comisión de selección actuó con transparencia pese a las diez acciones de protección interpuesta para retrasarlo.

Finalmente, la funcionaria cuestionada remitió dos pruebas testimoniales, que no rindieron su versión sobre el hecho denunciado.

El Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 se mantendrá 100% operativo, de forma ininterrumpida, junto a las entidades de primera respuesta, con 3.103 servidores para brindar atención oportuna a las llamadas de emergencia que se presenten durante el feriado de Carnaval, que se extenderá hasta el 4 de marzo de 2025.

Con más de 5.500 cámaras, el sistema de video vigilancia activo en todo el territorio nacional monitoreará calles y carreteras; playas, parques, sitios turísticos y otros espacios de concentración masiva de personas, especialmente en desfiles y comparsas propias de estas festividades.

Además, el contingente tecnológico se complementará con 225 megáfonos, 159 dispositivos de monitoreo en terminales terrestres y 178 puntos del Sistema de Alerta Temprana (SAT).

Así mismo, las recomendaciones de seguridad son: Si decide salir de la ciudad, planifique sus rutas para viajar, paseos o recorridos. Verifique que todos los ocupantes del vehículo utilicen el cinturón de seguridad. Al momento de conducir, no exceda los límites de velocidad y respete las señales de tránsito. Si va a conducir, no consuma bebidas alcohólicas. Evite distracciones, como el uso del celular.

También, porte sus documentos de identificación personal y del vehículo. Revise el estado mecánico del automotor: labrado y presión de los neumáticos, fluidos del motor, sistemas de luces, retrovisores, frenos y limpiaparabrisas.

Mientras tanto, si hay lluvias, es necesario reducir la velocidad y aumentar la distancia de seguridad entre vehículos.

Finalmente, deben encender las luces y los limpiaparabrisas, no hay que cruzar por zonas inundadas y no realizar maniobras bruscas.

El Pleno de la Asamblea Nacional tramitó en primer debate el proyecto de Reforma Parcial al Artículo 5 de la Constitución de la República, propuesto por el Presidente de la República, con el propósito de eliminar la prohibición del establecimiento de bases militares extranjeras en territorio ecuatoriano.

Según, la asambleísta Gissela Garzón, la reforma planteada no es un tema menor, puesto que está relacionado con la soberanía, que es un elemento constitutivo del Estado y tiene distintas dimensiones, razón por la cual, en caso de ser aprobada, requiere de cambios en algunas leyes vigentes.

Por lo que, para Garzón hay que revisar el numeral 3 del artículo 339 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que sanciona con pena privativa de libertad de diez a trece años a la persona que participe de actos de hostilidad o en conflictos armados contra el Estado; permita que se establezcan bases o instalaciones militares extranjeras o cedan bases nacionales o fuerzas militares a otros estados con propósitos militares.

También, las conclusiones que constan dentro del informe son producto del análisis y sugerencias de los expertos que fueron escuchados por la comisión, desde diversos puntos de vista. De ahí que se desprende la soberanía sus fundamentos tanto en los tratados y convenios internacionales negociados y suscritos entre estados, como en el reconocimiento de las limitaciones individuales que enfrentan los mismos para combatir eficazmente problemas transnacionales como la inseguridad.

Mientras tanto, en el debate los asambleístas Fernando Jaramillo; Adriana García; Shirley Plaza y Andrés Briones, abordaron aspectos como la importancia de tramitar esta reforma que permite la asistencia internacional de fuerzas militares, a través de acuerdos sin que se comprometa la soberanía nacional; la necesidad de recuperar la seguridad pública frente a la delincuencia organizada; la posibilidad de que esos acuerdos estén sujetos a la ratificación de la Asamblea, para garantizar la transparencia de los mismos y la exigencia de un plan de combate al crimen organizado desde el Gobierno, para que no se tome como pretexto de la inacción la falta de apoyo de la Legislatura en esta materia.

La presidenta de la Asamblea Nacional, Viviana Veloz, una vez concluido el debate dispuso que el proyecto regrese a la comisión ocasional, para que se continúe con el trámite previo a la elaboración del informe para segundo debate.

En el marco del análisis del proyecto de Reforma Parcial a los Artículos 110 y 115 de la Constitución de la República, la comisión Ocasional encargada recibió a José De La Gasca, ministro de Gobierno, quien explicó los aspectos jurídicos que sustenta esta iniciativa del Ejecutivo.

Según, de La Gasca el funcionamiento del sistema democrático participativo; para ejercer el derecho a la participación se necesita de vehículos, canales y herramientas que son los partidos políticos para amalgamar esta voluntad.

Además, el ministro de Gobierno explicó que, para la promoción de los partidos políticos, desde el 2008 a la fecha, se han invertido cerca de 160 millones de dólares. El Estado no puede ser un gran artífice que subvencione ineficiencia, aberraciones de la democracia y distorsione de la democracia participativa.

«Los derechos no son absolutos y el derecho de participación tiene sus limitaciones. El que quiere celeste que le cueste, ese es el propósito de esta reforma», afirmó el ministro.

Por su parte, los legisladores realizaron varias inquietudes, entre ellas Carlos Alberto Rodríguez preguntó sobre los principales beneficios de la reforma y cómo garantizar que los procesos electorales sean efectivos y transparentes.

Mientras tanto, María de Lourdes Alarcón señaló como se garantizará la equidad económica para el gasto electoral.

En cambio, Nathaly Farinango sostuvo que el debate es el mejor espacio para promocionar nuestras ideas.

Finalmente, la presidenta de la comisión, Lucia Posso, se refirió a los debates obligatorios financiados por el Estado dentro de los medios de comunicación; el antilavado del dinero. Para el Ministro de Gobierno, es el CNE que debe tomar el primer paso.

La presidenta de la Comisión de Gobiernos Autónomos de la Asamblea Nacional, Victoria Desintonio, indicó que insistirá en la comparecencia del ministro de Economía y Finanzas, Luis Alberto Jaramillo, para que aclare la cantidad de recursos entregados a los Gobiernos Autónomos Descentralizados), así como la deuda pendiente a los GAD municipales, Metropolitanos y provinciales.

Además, Desintonio señaló que la información que maneja el Gobierno Nacional no cuadra con la de los GAD.

Según, el Ministerio de Finanzas, la deuda a las prefecturas solamente sería de “210 millones de dólares”.

Sin embargo, el reporte de los GAD provinciales establece que la deuda sería de más de 536 millones de dólares; 387 millones a los municipios y a los gobiernos parroquiales.

Finalmente, la sesión se suspendió hasta contar con la presencia del titular de Economía y Finanzas.

La Comisión de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social de la Asamblea Nacional, aprobó el informe que exhorta al Presidente de la República, Daniel Noboa a declarar a la provincia de Bolívar y sus cantones como un polo de desarrollo.

Además, el documento contiene la base legal y regulatoria para dicha declaratoria.

Así mismo, recoge las solicitudes de información enviadas a distintas entidades para respaldar la propuesta.

Por lo que, el informe evidencia que, hasta la fecha, la Presidencia de la República no ha ejecutado acciones para cumplir con la resolución ni ha dispuesto al ente rector la promoción del desarrollo productivo en la provincia y sus cantones, lo que limita la generación de empleo y el acceso a nuevos mercados.

Según, la asambleísta Mariana Yumbay el potencial productivo de la provincia de Bolívar debido a su diversidad de pisos climáticos permite impulsar el encadenamiento productivo y la atracción de inversión, dijo.

El presidente de la comisión, Patricio Chávez, indicó que Bolívar necesita respuestas concretas para mejorar su competitividad y calidad de vida.