La comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional, escuchó a los delegados del Frente de Defensa Petrolero, en torno a sus preocupaciones respecto de la pretendida concesión del campo Sacha en el boque 60, donde presuntamente sin cumplir los procesos y requisitos previstos en la Ley, con lo cual se generaría un perjuicio a los intereses del país.

Para Jorge Cáceres existen irregularidades en el trámite para la concesión del campo Sacha a una compañía cuya condición de pública no está debidamente justificada. No se han cumplido muchos de los requisitos establecidos en la Ley, por lo cual las autoridades deben dar respuesta a las preocupaciones que existen en torno al tema.

Según, David Almeida, extrabajador de Petroecuador, fue cesado en sus funciones a través de un visto bueno solo por el hecho de advertir sobre las irregularidades existentes en la pretendida concesión del campo Sacha. Sugirió que la comisión requiera información a China para que se certifique si Sinopec tiene autorización para ser parte del consorcio que participa en este proceso en representación del gobierno de ese país.

Mientras tanto, Washington Andrade alertó sobre el peligro que significa que el contrato se deje abierto a la posibilidad de someterse al arbitraje internacional en caso de controversias que pudieran surgir respecto de la concesión de este campo. Esta cláusula contraviene el mandato constitucional y el pronunciamiento del pueblo ecuatoriano en contra del mecanismo de arbitraje internacional, dijo.

Finalmente, la presidenta de la comisión de Fiscalización, Pamela Aguirre indicó que el organismo seguirá con el control político de esta propuesta de concesión, al amparo de lo que manda la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Anunció que volverá a convocar a las autoridades de Petroecuador, a la Ministra de Energía; al exministro de Finanzas y al Procurador General del Estado para que informen sobre el tema de gran trascendencia para el país.

Dentro del proceso de fiscalización y seguimiento a las entidades encargadas de vigilar el proceso de deportación y reinserción económica y social de los ciudadanos ecuatorianos, la comisión de Relaciones Internacionales recibió la comparecencia de la ministra de Relaciones Exteriores, Gabriela Sommerfeld; defensor del Pueblo, César Córdova y el delegado del Ministerio del Interior, Lyonel Calderón quienes explicaron las acciones del Gobierno Nacional implementará para apoyar a los migrantes retornados.

Según, Gabriela Sommerfeld, ministra de Relaciones Exteriores, desde octubre del 2024, el Ministerio ha implementado el Plan de Contingencia mediante sus 12 oficinas consulares en Estados Unidos y direcciones zonales en Ecuador. Este plan tiene como objetivo asistir a los ecuatorianos en situación irregular en Estados Unidos, apoyando su retorno y facilitando su reinserción social y económica en coordinación con otras instituciones del Estado.

Además, la ministra el Decreto Ejecutivo N.° 521, del 4 de febrero de 2025, el Gobierno Nacional implementó programas específicos para la atención prioritaria de los ecuatorianos retornados debido a procesos de deportación. Entre las principales medidas, se incluyen un bono de apoyo de 470 dólares durante tres meses y el acceso a servicios de atención prioritaria como cuidados especiales, programas de capacitación, becas, inserción laboral y acceso al sistema financiero.

En cambio, la digitalización de los servicios, Sommerfeld destacó el Programa Migrante “Nuevo Ecuador”, que optimiza la atención consular mediante herramientas tecnológicas para realizar trámites en línea, reduciendo tiempos y costos. Entre julio y diciembre del 2024, se registraron 17.881 apostillas emitidas, 20.872 visas procesadas, 357.796 turnos web atendidos y 442.641 mensajes enviados y recibidos a través del servicio de asistencia virtual.

También, la labor de los consulados móviles, se realizaron 54 consulados y 184 jornadas extendidas, con 109 de ellas en los Estados Unidos. Durante esas jornadas, se brindaron 16.349 asesorías sociales, legales, financieras y comerciales en ciudades como Nueva York, Barcelona y Chicago. Se han capacitaron a 1.792 ecuatorianos en temas de emprendimiento y se realizaron 571 eventos de integración con la comunidad ecuatoriana.

Por su parte, César Córdova, defensor del Pueblo, manifestó que el tema migratorio sigue siendo una preocupación para el país, especialmente en lo que respecta a la comunidad ecuatoriana en el exterior y recordó que la Defensoría del Pueblo ha estado vigilante de los derechos humanos de los ecuatorianos, tanto en el país como fuera de sus fronteras.

Mientras tanto, junto con ACNUR, realizaron un análisis sobre la migración interna, ya que este fenómeno refleja en gran parte las causas de la migración externa, tales como inseguridad, razones económicas y la búsqueda de mejores condiciones de vida. Frente a la deportación masiva de aproximadamente 32.000 ecuatorianos, la Defensoría del Pueblo ha activado mecanismos de protección y coordinado con diversas instituciones para garantizar los derechos de los migrantes. Entre las acciones destacadas, se solicitó la creación de la mesa nacional de movilidad humana para facilitar el diálogo entre actores estatales, sociedad civil y cooperación internacional.

Finalmente, Lyonel Calderón, viceministro de Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior, presentó el marco normativo que rige las condiciones migratorias. Explicó que el Decreto Ejecutivo del 4 de febrero del 2025, acompañado del plan de contingencia, contempla cuatro acciones y medidas de los migrantes retornados que son: la revisión anticipada de vuelos de ciudadanos retornados, control de la información de pasajeros enviada por las autoridades federales, entrevistas de control migratorio y medidas de prevención del delito, precisó.

La Comisión de Gobiernos Autónomos d la Asamblea Nacional, aprobó el informe de fiscalización sobre el sistema vial en Sucumbíos, Napo, Orellana y Morona Santiago, en el que recomienda iniciar el trámite para el enjuiciamiento político a las máximas autoridades del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, del Ministerio de Economía y Finanzas.

Según, el informe los ministros no habrían cumplido con remitir la información completa requerida, así como los informes correspondientes, por lo que se considera que la respuesta no es satisfactoria.

Además, el Ministerio de Economía no cumplió con enviar por escrito el respectivo informe sobre la asignación de recursos del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, del 2020 al 2024.

Por su parte, los asambleístas exigieron el mantenimiento de la red estatal vial de las provincias de Sucumbíos, Napo, Orellana y Morona Santiago, así como el asfaltado de la variante del río Piedra Fina y río Marker, sector del socavón por la erosión regresiva del río Coca, dragado, enrocado y encause del río para proteger el puente del río El Salado.

La presidenta de la Comisión de Gobiernos Autónomos, Victoria Desintonio, recordó la situación crítica de las vías en varias provincias del país, debido a la falta de mantenimiento por parte del Gobierno Nacional.

Con siete votos a favor la comisión de Protección Integral a Niñas, Niñas y Adolescentes de la Asamblea Nacional, aprobó el informe del proceso de fiscalización sobre la desaparición forzada de cuatro menores de edad de Las Malvinas, sur de Guayaquil que recomienda al Pleno de la Asamblea Nacional iniciar un proceso de enjuiciamiento político contra del ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, de conformidad con el artículo 131 de la Constitución de la República.

Según, la presidenta de la comisión Pierina Correa indicó que dentro del trabajo de los comisionados requirieron la comparecencia de varias autoridades de Estado relacionadas al caso.

Además, el informe detalla de forma minuciosa los hechos en torno al caso, desde el 8 de diciembre del 2024, fecha de la desaparición de los cuatro menores de edad, hasta el 6 de enero del 2025, día que el Ministro de Defensa, mediante cadena nacional, pide disculpas públicas por la muerte de los mismos.

Así mismo, el informe concluye que existen acciones contrarias a lo establecido en el artículo 10 de la Ley de Defensa Nacional; “lo ocurrido no es un hecho aislado, sino que corresponden a reiteradas violaciones a los derechos humanos, en las que estarían involucrados personal militar; falta de una política pública transversalizada en derechos humanos; desconocimiento de los procedimientos y protocolos frente a posibles violaciones de derechos humanos”.

También, recomienda que los ministerios de Defensa; Interior; Derechos Humanos; e, Inclusión Económica; Defensoría del Pueblo; Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, adopten medidas preventivas y correctivas, para cumplir con su obligación de proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes para evitar la repetición de estos hechos, precisa.

Finalmente, el documento será enviado a la presidencia de la Asamblea Nacional para su socialización y posterior debate en el Pleno.

El 13 de abril los ecuatorianos volverán a las urnas para elegir al Presidente de la República, entre Luisa González y Daniel Noboa, tras una polarización del electorado, con una diferencia mínima de dos a tres puntos de los candidatos.

A las 19h00 de este sábado 8 de febrero, concluyó el despliegue de los paquetes electorales de las Elecciones Generales 2025, hacia los 4.349 recintos de las 24 provincias del país.

Con resguardo de las Fuerzas Armadas se distribuyeron 40.617 paquetes electorales para el sufragio de 13’279.830 electorales en territorio nacional. El material será entregado a los Miembros de las Juntas Receptoras del Voto (MJRV) desde las 06h00 de este 9 de febrero.

Los paquetes cuentan con papeletas y documentos electorales, material genérico (esferos, cinta adhesiva, almohadillas), elementos de seguridad, sobres electorales, y todos los insumos necesarios para garantizar el normal desarrollo de la jornada democrática de este domingo.

El Consejo Nacional Electoral ejecuta procesos altamente técnicos, eficientes y respetuosos de la voluntad ciudadana expresada en las urnas.

Alrededor de 553 personas mayores de 50 años y con una discapacidad física igual o superior al 75%, sufragaron en el proceso Voto en Casa de las Elecciones Generales 2025, este viernes 7 de febrero.

Durante la jornada electoral, 317 miembros de las Fuerzas Armadas y 342 servidores de la Policía Nacional brindaron su apoyo y seguridad a las 174 Juntas Receptoras del Voto Móvil que se desplegaron a escala nacional.

Así mismo, se contó con la presencia de miembros de las misiones de observación electoral nacional e internacional, quienes fueron parte de este proceso inclusivo.

Una vez concluida la votación, las urnas fueron debidamente selladas y permanecerán bajo custodia militar hasta las 17h00 del domingo 9 de febrero, cuando las Juntas Provinciales Electorales instalen la audiencia permanente de escrutinios.