La Comisión de Justicia y Estructura del Estado, este jueves, 26 de septiembre 2024, recibió a los legisladores Inés Alarcón, Ramiro Vela, José Agualsaca, Lucio Gutiérrez, Sandra Rueda y Camilo Salinas para que expliquen los alcances de sus iniciativas para reformar el Código Orgánico Integral Penal.

Para la asambleísta Inés Alarcón, el proyecto de reforma al COIP busca tipificar el delito de pederastia y establecer mecanismos eficaces para evitar la revictimización de los niños y niñas que han sido ultrajados sexualmente.

En cambio, el legislador Ramiro Vela consideró necesario regular el uso de redes sociales en la falsa imputación de delitos en contra de las personas, con la reforma al artículo 182 del COIP sobre la calumnia. Con esto no se afectaría la libertad de expresión, sino evitar que las redes sociales y plataformas sirvan de escudo para que cualquier persona difunda falsas imputaciones de delitos, sin la correspondiente sanción.

Por su parte, el asambleísta José Agualsaca señaló que las reformas al COIP en torno a la inimputabilidad por trastornos mentales, actualmente no existen parámetros efectivos para la evaluación de la existencia de enfermedades mentales como condición eximente de responsabilidad, hay casos que presentan una supuesta condición de trastorno mental para evadir una responsabilidad penal. Por ello, se debe reforzar el diagnóstico psiquiátrico para establecer la inimputabilidad penal.

Sin embargo, el asambleísta Lucio Gutiérrez se refirió a la reforma que propone la aplicación de la pena de cadena perpetua para los delitos más graves, incluidos los relacionados con la corrupción, porque la falta de sanciones efectivas ha hecho que Ecuador se encuentre hoy entre los países más corruptos. Las regulaciones para la aplicación de medidas sustitutivas a la prisión preventiva, estableciendo límites para delincuencia organizada y actos de corrupción, así como lo referente al acceso a beneficios penitenciarios.

Mientras tanto, la legisladora Sandra Rueda indicó que la propuesta para incrementar las penas en el caso de los delitos ambientales, porque las sanciones que se aplican en la actualidad no guarda proporcionalidad entre el daño causado y la pena impuesta. La defensa del ambiente y la naturaleza es la defensa de la vida, así como preservar los recursos para las futuras generaciones. Se incluyen penas agravadas en el caso de incendios forestales y demás delitos ambientales, con consecuencias más severas cuando se produzcan en áreas protegidas y sobre todo, en la Amazonía o en las Islas Galápagos.

Finalmente, el parlamentario Camilo Salinas justificó el proyecto presentado por la bancada de Construye para incrementar las penas en los delitos de trata de personas, femicidio, sicariato, secuestro extorsivo, organización y financiamiento de delitos del tráfico de sustancias sujetas a fiscalización, actividades ilícitas en el sector minero, lavado de activos, terrorismo y delincuencia organizada, entre otros.

El Pleno de la Asamblea Nacional, con 87 votos a favor aprobó el informe de fiscalización sobre la crisis energética nacional 2024, por lo que, recomienda al gobierno nacional dar estricto seguimiento a la ejecución presupuestaria del Ministerio de Energía y Minas y a las empresas públicas vinculadas con el sector energético y garantizar los recursos económicos suficientes para que las autoridades dispongan y ejecuten los mantenimientos preventivos o correctivos de las centrales eléctricas, que permitan su plena operatividad.

Además, la resolución recoge las conclusiones y recomendaciones del informe y exhorta al Ministerio de Finanzas para que encuentre una solución definitiva para que los valores adeudados a la Corporación Eléctrica del Ecuador (CELEC EP) puedan ser restablecidos a la empresa pública, con el fin de que la misma pueda cumplir con las inversiones previstas en el Plan Maestro Eléctrico.

Así mismo, exhorta al Presidente de la República, Daniel Noboa revise la política de descuento del 50 % sobre los valores generados durante la crisis eléctrica, debido a que el tarifario tiene una escala creciente en función del consumo, que registra altos aumentos en la costa debido al factor climático, que superan el 50 % del valor de la planilla.

También, determina notificar a la Presidencia de la República; Contraloría General del Estado; Ministerio de Energía; autoridades del sector eléctrico y la Defensoría del Pueblo el informe íntegro; que se oficie a la Contraloría a fin de que remita un informe sobre las acciones emprendidas en torno al informe de fiscalización de la crisis eléctrica entregado el 31 de enero de 2024.

De igual manera, la resolución solicita a los ministerios de Energía y de Finanzas; autoridades energéticas y Defensoría del Pueblo remitan un informe a la Asamblea Nacional, en el plazo de 60 días, que señale cómo se atendieron las conclusiones y recomendaciones del informe actual de fiscalización de la crisis eléctrica 2024.

Por su parte, la presidenta de la comisión de Fiscalización, Pamela Aguirre recordó que en mayo de este año advirtieron que los apagones iniciarían en septiembre, producto del estiaje y por la falta de acciones de parte del Gobierno. Actualmente, Ecuador tiene un déficit de aproximadamente 900 megavatios, solo se ha recuperado 100 megavatios de generación. Hay un incumplimiento del Plan Maestro de Electrificación, en los gobiernos de Moreno, Lasso y Noboa.

Mientras tanto, 120 mil dólares de inversión no podrá pone en marcha el parque térmico del país, la falta de generación de electricidad, expresó la legisladora.

Finalmente, los asambleístas coincidieron que el problema eléctrico no es un tema aislado y viene de mucho tiempo atrás, generando pérdidas económicas al sector productivo. La crisis eléctrica no es solo un problema técnico, sino de carácter humano, la incidencia económica, frente a lo cual el Gobierno esconde su inacción con excusas absurdas.

La Asamblea Nacional entregó varios reconocimientos a ecuatorianos destacados en los campos de la música, arte, salud, educación, servicio social y bomberil.

Entre los galardonados estuvo la cantante ecuatoriana Pamela Cortés, quien recibió el reconocimiento “Matilde Hidalgo de Procel” por su trayectoria artística y su contribución a la música del país.

Así mismo, el legislativo otorgó un reconocimiento al director de la Orquesta Filarmónica de Guayaquil, David Harutyunyan, por su impacto en el arte musical.

En cambio, en el ámbito de la salud visual, la empresa Óptica Gill, representada por Juan Carlos Larrea, fue reconocida por su excelencia y confiabilidad en el servicio, fundamentales para los proyectos de salud visual en el país.

También, la Red Juvenil «Mont Soleil» de El Quinche, representada por Jeffrey Castro, Jonathan Anicete y Juan Carlos Pineda, recibió un reconocimiento por su compromiso con el bienestar social y cultural, trabajando sin fines políticos ni lucrativos en beneficio del bien común.

Por su parte, el Cuerpo de Bomberos de Samborondón fue homenajeado por su labor en la protección de la vida y el entorno, recibiendo un reconocimiento al mérito social.

Mientras tanto, la Unidad Educativa Antonio Alomía Llory fue reconocida por su sexagésimo aniversario, destacando su continua labor educativa y su contribución al bienestar de la sociedad.

Finalmente, el Pleno de la Asamblea Nacional resolvió, por unanimidad, con 117 votos a favor, declarar como “Benemérito” a los 13 Cuerpos de Bomberos de la provincia de Los Ríos, en reconocimiento a su trayectoria institucional y labor desarrollada por varias décadas de trabajo en servicio de la colectividad. Esta distinción resalta el compromiso, valentía y profesionalismo de los miembros de esta institución, quienes han demostrado una constante disposición para enfrentar emergencias y proteger a los ciudadanos, destacándose como un ejemplo de valores cívicos que deben ser emulados por las actuales y futuras generaciones.

El Pleno de la Asamblea Nacional cumplirá una amplia agenda y desarrollará tres sesiones; primero conocerá el oficio remitido por la vicepresidenta de la República, Verónica Abad, en la que inicie la inmediata fiscalización y control político a las ministras Ivonne Núñez, de Trabajo y Gabriela Sommerfeld, de Relaciones Exteriores, frente al sumario administrativo iniciado en su contra, por presunta falta grave, sobre la base de la Ley Orgánica del Servicio Público.

Por lo que,Abad, en el oficio describe la decisión de Ruth Espinoza, directora de Recursos y Sumarios Administrativos del Servicio Público, del 16 de septiembre, por el cual inició un sumario administrativo en su contra por presunta falta grave, determinada en el literal b) del artículo 48 de la LOSEP.

Abad solicitó que la Asamblea inicie un proceso de fiscalización contra las ministras de Trabajo y de Relaciones Exteriores y determine su responsabilidad política en ejercicio del cargo, sin perjuicio de otras responsabilidades derivadas de los hechos denunciados.

Con 117 votos a favor el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó el proyecto de reformas al Código Orgánico Ambiental, el objetivo es actualizar y clarificar la normativa existente respecto a la gestión ambiental, en especial en temas como impacto ambiental y servicios, de acuerdo con los compromisos internacionales, para asegurar una gestión ambiental eficaz.

Según, el presidente de la Comisión de Biodiversidad y Recursos Naturales de la Asamblea Nacional, indicó que las observaciones formuladas fueron recogidas en el texto final del proyecto de Ley, especialmente respecto al Sistema Nacional de Gestión Ambiental, la participación ciudadana, las facultades de los gobiernos autónomos descentralizados en materia ambiental, áreas protegidas, servicios ambientales, regulación de actividades de restauración ambiental, entre otras.

Además, Vargas expresó que la propuesta de reforma aborda temas relacionados con compensaciones por servicios ambientales, regulación del mercado voluntario de carbono, gestión de patrimonio forestal, registro y certificación, conservación de la vida silvestre, conservación de páramos, moretales y manglares, planes e instrumentos para el ecosistema páramo.

También, el proyecto modifica el artículo 12 por el cual involucra a los gobiernos autónomos descentralizados, como parte de los organismos con competencia en materia ambiental del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental.

Sin embargo, en lo relacionado con la investigación ambiental, obliga a la autoridad nacional a presentar un informe anual sobre los datos científicos y técnicos sobre la biodiversidad y el ambiente, regula la participación ciudadana en la gestión ambiental a través del Consejo Ciudadano Consultivo y los Consejos Consultivos Paritarios Locales.

Mientras tanto, amplía las facultades de los gobiernos autónomos descentralizados provinciales y reforma las facultades de los gobiernos metropolitanos y municipales, así como las que corresponden a las parroquiales rurales, en esta materia.

Finalmente, la Asamblea Nacional remitirá el proyecto al Ejecutivo para su sanción u objeción dentro del plazo de 30 días.

La ministra de Inclusión Económica y Social, Zaida Rovira participó junto a la comunidad de Durán en el evento “La Paz empieza con una Sonrisa”, para conmemorar el Día Internacional de la Paz, que se celebra cada 21 de septiembre. Esta actividad contó con la presencia de más de 1.000 personas, entre usuarios de los diferentes servicios que entrega el Ministerio de Inclusión Económica y Social, autoridades locales, de otras instituciones gubernamentales y la ciudadanía.

Además, niñas, niños, adolescentes, madres y padres de familia, adultos mayores, personas con discapacidad y autoridades del Ministerio de Inclusión Económica y Social unieron su voz para sensibilizar a la comunidad sobre la importancia de fomentar una cultura de paz en todo el país.

Para la ministra Zaida Rovira el presidente Noboa dispuso una intervención en este cantón, el pasado 17 de julio, el eje social, en articulación con el eje de seguridad, está trabajando permanentemente. “Esta es una fiesta que celebra la paz y la unidad. Después de mucho tiempo la ciudadanía de Durán pudo desfilar por las calles que antes estaban tomadas por la delincuencia”, dijo.

Así mismo, Rovira sostuvo que la labor social es fundamental en la lucha contra la delincuencia. “Hacemos un trabajo puerta a puerta, junto a las familias y la comunidad, con el firme propósito de recuperar y fortalecer el tejido social. Hoy, Durán está dando un paso muy importante para consolidar un camino hacia la paz y la seguridad”.

Por su parte, el gobernador del Guayas, Vicente Auad, expresó que la intervención del Gobierno Nacional en este cantón ha sido integral y destacó el trabajo que se hace desde el MIES en beneficio de las personas más vulnerables.

Finalmente, se realizaron la firma simbólica del “Acuerdo social por la paz en Durán”, entre autoridades, usuarios de servicios MIES y la ciudadanía.

En el sur de Quito decenas de jóvenes y ciudadanos interesados en conocer los beneficios del proyecto de reforma a varias leyes respecto de las pasantías y prácticas profesionales en el sector público y privado, que incluye la reforma a la Ley de Juventudes.

Esta sociabilización a las reformas organizado en conjunto con la Coordinación de Participación Ciudadana, el asambleísta Franklin Samaniego explicó el procedimiento y hoja de ruta que atraviesa un proyecto de Ley hasta que sea aprobado en el Pleno de la Asamblea Nacional.

Según, Samaniego la propuesta consiste principalmente que las pasantías y prácticas profesionales sean consideradas como experiencia laboral para los jóvenes. Otras de las ventajas es la consideración de la hoja de vida del pasante como medida afirmativa, para una relación laboral.

También, las pasantías y prácticas profesionales buscan reformar la Ley Orgánica del Servicio Público; el Código de Trabajo; la Ley de Pasantías en el Sector Empresarial y la Ley Orgánica de Juventudes.

Mientras Tanto, plantea incluir medidas de acción afirmativas para garantizar el adecuado ejercicio de los derechos de los jóvenes, entre ellos el derecho a la actividad educativa, cultural, deportiva, transporte, conexión digital y capacitación.

El proyecto de reforma a las leyes fue presentado el 21 de mayo del 2024, calificado por el Consejo de Administración Legislativa, la comisión de Educación de la Asamblea Nacional será la responsable de socializar y elaborar el informe para el primer debate, junto a otras iniciativas.

El presidente de la República, Daniel Noboa, visitó Manabí para dar inicio con los trabajos de rehabilitación de la vía E-15, tramo La Entrada – Manta. Esta arteria estratégica conecta Manabí con Santa Elena, el Gobierno Nacional está comprometido con el mejoramiento vial del país, con lo que ambas provincias “potencializarán su desarrollo y mejorarán la calidad de vida de la población”, dijo.

La rehabilitación de esta vía de cerca de 140 kilómetros tiene una inversión de alrededor de 20 millones de dólares. Los trabajos se realizarán por tramos: La Entrada – Puerto Cayo (longitud 66,27 km); Puerto Cayo – San Mateo (longitud 67,46 km) y San Mateo – Manta (longitud 6,24 km). Se estima que la obra concluya en mayo del 2025.

La conectividad de esta vía beneficiará a 530.000 habitantes de manera directa y a cerca de dos millones de personas, permitirá fortalecer el turismo, comercio y seguridad vial.

Según, el ministro de Transporte y Obras Públicas, Roberto Luque, la obra vial impulsará el turismo de Manabí y Santa Elena, expresó.

También, Luque aseguró que están agilitando proyectos inconclusos que otros gobiernos los dejaron a ‘la deriva’, como: el palacio municipal de Portoviejo, la vía Manta – Rocafuerte, entre otros.

Finalmente, en su visita a Puerto Cayo, el Mandatario indicó que aún impacta lo que la vieja política “se robó, escondió y negoció” a cuestas del progreso del país: “Los políticos que fracasaron saben que ustedes ya no comen cuento, saben que ustedes ven el esfuerzo que hace este gobierno para salir del hueco en el que nos dejaron”, puntualizó.