El Consejo de Administración Legislativa (CAL) calificó a trámite, diez nuevos proyectos de ley, de diversas temáticas, presentados entre enero y marzo del 2024.

De conformidad con lo que dispone la Ley Orgánica de la Función Legislativa, los proyectos fueron remitidos a las diversas comisiones para el análisis y la elaboración de los respectivos informes para conocimiento del Pleno de la Asamblea Nacional.

La iniciativa que modifica la Ley de Fomento a la Lactancia Materna y de Ley para Transparentar los Pagos  a  los Prestadores de Salud Privados, serán analizadas por la Comisión de Derecho a la Salud.

La Comisión de Gobiernos Autónomos tratará la reforma al COOTAD)

Las reformas a la Ley de Desarrollo de Puerto Bolívar serán tratadas por la mesa legislativa de Desarrollo Económico

La Comisión de Soberanía Alimentaria será la encargada de tramitar el proyecto de Código Orgánico Integral de Reactivación Agropecuario y Pesca

Finalmente, cinco proyectos reformatorios a los códigos: de Procesos; de la Función Judicial; de la Democracia; reformas a varios cuerpos normativos para garantizar el Acceso a una Justicia Especializad de Mujeres Víctimas de Violencia Sexual y el proyecto de Ley para el Fortalecimiento de la Administración de Justicia y la Garantía del Derecho a la Cultura de Paz, la Seguridad Integral y una Sociedad Libre de Corrupción, serán analizados por la Comisión de Justicia y Estructura del Estado.

Además, el CAL decidió disponer la unificación de estos proyectos, con otros de la misma materia, que ya se encuentren en tratamiento dentro de las comisiones correspondientes.

La Comisión de Biodiversidad inició el proceso de fiscalización del incremento en la tasa de ingreso a las áreas protegidas de Galápagos. Por esta razón, citó a comparecer a las autoridades de varias carteras de Estado y de los gobiernos seccionales de la provincia, el objetivo determinar la viabilidad técnica que motivó esta decisión.

Segú, el legislador Milton Aguas, representante de Galápagos, es necesario poner en marcha procesos de fiscalización cuando el turismo, pilar central para el modo de vida de los galapagueños, se ve afectado por la implementación de este tipo de medidas.

Para Edwin Altamirano, presidente de Consejo de Gobierno de Galápagos, la tasa de ingreso y conservación ha permanecido igual durante 26 años, desde 1998.

“Existen estudios del Ministerio del Ambiente y el Parque Nacional Galápagos, realizados en el 2023, demostrando que el turista promedio, nacional y extranjero, está dispuesto a pagar 2.5 veces más por recorrer las áreas protegidas, 240 dólares más para conservar el medio ambiente marítimo y 140 dólares más para conservar el medio ambiente terrestre de las islas”, dijo.

Esta medida entrará en vigencia desde el 1 de agosto, por lo que existe tiempo suficiente para socializarla con la población.

En cambio, la ministra del Ambiente, Sade Fritschi sostuvo que Galápagos no cuenta con los recursos necesarios para manejar el turismo exponencialmente creciente de las islas, que durante el 2023 fue de 329 mil turistas y 11 mil transeúntes.

Además, Fritschi señaló que el incremento del turismo ha generado afectaciones irreversibles al ambiente debido al colapso de los recolectores de desechos sólidos y la introducción indiscriminada de especies ajenas al entorno, que no son solucionadas adecuadamente debido a la falta de recursos.

“Es inaudito, que se cuestione una posible recaudación proyectada de 40.9 millones de dólares hasta el año 2025, que beneficiaría al Parque Nacional y a los Gobierno Autónomos Descentralizados (GAD) de la provincia”, aseguró.

Por su parte, Niels Olsen, ministro de Turismo, expresó que la actualización de esta tarifa es necesaria para que los galapagueños vean una real mejora en su calidad de vida.

“Este es el momento de aprovechar los 40 millones de dólares que Galápagos obtendrá por la aplicación de esta medida, de los que el 50 % será para el mantenimiento y crecimiento del Parque Nacional y el otro 50 % para que los GAD de la provincia mejoraren la calidad de vida de su población”, precisó.

Mientras tanto, la alcaldesa de Santa Cruz, Fanny Uribe manifestó que no es una actualización de la tasa, por el contrario es una nueva tasa, “no estamos de acuerdo en la forma como subió, no estamos en contra  siempre y cuando sea técnica y legal.

Finalmente, los informes serán remitidos a la Contraloría General del Estado, Corte Constitucional y Procuraduría General del Estado, para que procedan en el ámbito de sus competencias.

La Comisión de Desarrollo Económico aprobó el informe para segundo debate del proyecto de Ley para el Fortalecimiento de las Actividades Turísticas y Fomento del Empleo, calificado como urgente en materia económica y que tiene como objetivo el fomento inmediato y fortalecimiento de las actividades turísticas, cuyas normas se aplicarán en el ámbito público y privado, así como en todo el territorio nacional.

Además, la sesión 916 del Pleno de la Asamblea Nacional, ha sido convocada para el jueves 21 de marzo, a las 17h45.

Así mismo, el debate fue en base del informe preparado por la Comisión de Desarrollo Económico, pero previo a la aprobación escuchó a la ciudadanos, gremios, organizaciones y actores públicos y privados, entre ellos, de los ministerios de Turismo; Transporte y Obras Públicas; Ambiente; SRI; Dirección General de Aviación civil; Agencia Nacional de Tránsito; SERCOP; gremios de transportistas, de guías de turismo, de hoteles, operadores de turismo y líneas aéreas, GAD de Imbabura y Cámara de Industrias.

Según, el informe, la reactivación del sector turístico a través de la aplicación de medidas tributarias y económicas, para enfrentar la grave crisis que afronta el sector es el objetivo.

Por lo que, determina que están sujetos a sus disposiciones todas las personas naturales y jurídicas, públicas y privadas, nacionales y extranjeras que residan o realicen actividades turísticas en el Ecuador, que cuenten con el registro de turismo.

Mientras tanto, considera actividades turísticas las desarrolladas por personas naturales o jurídicas, que se dediquen a la prestación remunerada de una o más de las siguientes actividades: alojamiento, alimentos, bebidas y entretenimiento; agenciamiento turístico; transporte turístico; organizadores de eventos, congresos y convenciones, reuniones, incentivos, conferencias, ferias y exhibiciones; centros de convenciones, salas de recepciones y salas de banquetes; guianza turística; centros de turismo comunitario; parques temáticos y atracciones estables y balnearios, termas y centros de recreación turística.

Finalmente, tras dos horas de debate del articulado que reforma Leyes de Turismo; Régimen Tributario Interno; para la Equidad Tributaria en el Ecuador; Código Ingenios;  Emprendimiento e Innovación; COOTAD; Sistema Nacional de Contratación Pública; Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial; Código Monetario y Financiero; Código Orgánico Administrativo, Ley de Economía Popular y Solidaria, Seguridad Social y de Desarrollo de Puerto Bolívar.

Una delegación de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) dialogó este martes 19 de marzo 2024, el presidente de la República, Daniel Noboa, sobre los retos que enfrenta el periodismo ecuatoriano y la importancia de defender la libertad de expresión y prensa, como bastión para la democracia del país.

Para el secretario General de Comunicación de la Presidencia de la República, Roberto Izurieta es vital reafirmar los valores y principios de un Ecuador democrático en relación al trabajo de la prensa ecuatoriana.

Por lo que, el presidente Noboa reiteró su compromiso, por garantizar que la sociedad ecuatoriana esté mejor informada a través de la libertad de expresión y de prensa, al firmar la Declaración de Chapultepec y la Declaración de Salta, esta última se refiere a los principios de la libertad de expresión en la era digital.

Por su parte, el representante de la SIP, Roberto Rock, expresó que durante el encuentro con el Mandatario expusieron las principales preocupaciones del ejercicio periodístico, considerando el contexto de violencia por el que atraviesa el Ecuador.

Entre los temas tratados están: fortalecer y dar operatividad al mecanismo de protección a periodistas frente al entorno que vive el Ecuador; analizar el combate más firme a los casos de impunidad contra periodistas y medios de comunicación suscitados en los últimos años; cero impunidad y no repetición en los ataques contra el trabajo periodístico.

Así mismo, el Presidente Noboa dijo que como contraparte, desde los medios de comunicación deben existir reglas claras sobre la ética profesional, por escrito, que guíen cómo se cubre el crimen organizado; que se hable sobre cómo se deben mejorar las condiciones laborales y que brinden las garantías a las y los periodistas para que hagan su trabajo.

Según, el secretario General de Comunicación, Roberto Izurieta, tanto el Gobierno Nacional como la SIP “comparten la lucha por lograr una mejor sociedad a través de información veraz”. Desde el Ejecutivo se comparten las preocupaciones planteadas y se trabajan los temas tratados.

También, en la reunión participaron el director ejecutivo de la SIP, Carlos Lauría; el representante del The New York Times, Michael Greenspon; la presidenta del comité ejecutivo de la SIP y la directora de Diario La Hora, Gabriela Vivanco; el vicepresidente regional para Ecuador, directivo de El Universo, Carlos Pérez y el expresidente de la SIP, Jaime Mantilla.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) pone a disposición de la ciudadanía el servicio de consulta de pagos a Miembros de Juntas Receptoras del Voto (MJRV) que participaron en las Elecciones Presidenciales y Legislativas Anticipadas 2023, primera y segunda vuelta.

Los integrantes de las juntas, previo a acudir a la entidad financiera, podrán conocer la disponibilidad de pago. Para ello, deberán ingresar a http://www.cne.gob.ec en la sección de información pago a MJRV, ingresar su número de cédula y nombres completos, escribir el código captcha y clic en consultar pago.

Además, en esta misma plataforma, podrán imprimir su certificado por haber cumplido con su deber cívico y democrático.

Los delegados y titulares de los ministerios de Economía y Finanzas; Agricultura y Ganadería; Transporte y Obras Públicas; Salud Pública y de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, comparecieron al pleno de la Asamblea Nacional, para informar las acciones desarrolladas para mitigar los efectos de la estación invernal, en las diferentes provincias del país.

Según, el ministro de Economía y Finanzas, encargado, Daniel Falconí, trabajan con un presupuesto a la espera de la aprobación para el ejercicio fiscal del 2024. “Una línea de gestión importante es pagar la deuda de 860 millones de dólares a los gobiernos autónomos descentralizados, de los cuales se ha cancelado, al 12 de febrero, 773 millones de dólares, reduciendo la deuda del Gobierno Central” dijo.

Además, Falconí insistió que han pagado 400 millones de dólares a las provincias afectadas por la estación invernal. Esa fue la principal línea de gestión del Gobierno Nacional y la otra, es atender de manera emergente las demandas de estas circunscripciones.

En cambio, el ministro subrogante de Agricultura y Ganadería, Francisco Minuche, indicó que su trabajo se ha enfocado en todas las provincias, con énfasis en las que han sido afectadas por el invierno. Son 7.700 afectados parcialmente y más de 4.000 productores con daños totales, que suman pérdidas de entre cuatro millones y ocho millones de dólares. Los productos más afectados son: el arroz, cacao, banano, maíz duro, así como las plantaciones de limón y mango, en las provincias Los Ríos, Manabí, Esmeraldas, Santa Elena, Santo Domingo de los Tsáchilas y Bolívar.

Para el ministro de Transporte y Obras Públicas, Roberto Luque, es saludable la aprobación de 15 leyes por la Asamblea Nacional, varias de ellas calificadas como urgentes en materia económica, que van a revolucionar la vialidad y la obra pública. Las gestiones del ministerio se basan en la asignación presupuestaria, que ha tenido una reducción desde hace algunos años y hoy cuenta con un monto de 288 millones de dólares, recursos que incluyen prioridades como la reconstrucción de Manabí y Esmeraldas. “Hemos tomado medidas inmediatas para atender las necesidades viales de las provincias afectadas por el invierno”, aseguró.

Así mismo, el ministro de Salud Pública, Franklin Encalada, explicó que el tema principal es presupuestario, cuenta con 270 millones de dólares para la compra de medicamentos e insumos, con un abastecimiento del 81%. Se desarrollan campañas educomunicacionales y de capacitación a los profesionales del sistema integral de salud para atender oportunamente los casos de dengue y malaria, sobre todo, en el control de vectores para evitar nuevos contagios.

Mientras tanto, el secretario nacional de Gestión de Riesgos, Jorge Carrillo sostuvo que la Ley para la Gestión Integral de Riesgos, el país esperó más de 15 años para contar con una legislación que se enmarque en los estándares internacionales, las fases de la gestión de riesgos parte de la identificación de los posibles factores que generarían emergencias, hasta la mitigación de los efectos de los desastres naturales. “Tenemos 323 bienes para equipar los alojamientos temporales en Guayas, Los Ríos y Santo Domingo de los Tsáchilas y estamos preparados con 60 mil kits de asistencia humanitaria”.

Finalmente, Vicente Párraga, presidente de la Federación de Montubios, fue enfático al decir que la situación que atraviesa el sector agropecuario es grave y solicitó que se adopten las medidas para que BanEcuador atienda los requerimientos de los pequeños y medianos productores, se requiere la condonación de intereses, capital e intereses por mora en créditos de hasta 10 mil dólares. Abel Navas, de la Cooperativa Nacional de Pequeños Agricultores y Afines (CONASA), señaló que la agricultura familiar campesina debe ser atendida de manera prioritaria por el Estado. “Lamentablemente no se cumplen, por eso es necesario dictar una Ley de Desarrollo Integral de la Agricultura”, puntualizaron.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) pone a disposición de la ciudadanía varios canales para consultar el lugar de votación y la designación como miembro de mesa electoral del Referéndum y Consulta Popular 2024, que se desarrollará el próximo 21 de abril.

Desde el 15 de marzo, se habilitó un call center que funcionará en horario de 08:30 a 20:00, de lunes a domingo, marcando el número telefónico 02-3815-841, extensiones 281, 282, 283, 284, 286, 463 y 464.

También, los ciudadanos pueden realizar consultas ingresando a la página web institucional http://www.cne.gobec y a través del aplicativo móvil CNE APP, disponible de manera gratuita para sistemas operativos IOS y Android.

En la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales, este lunes 18 de marzo 2024, las legisladoras Zolanda Plúas y Dallyana Passailaigue presentaron el proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Educación Superior.

Esta propuesta de reformas contiene 43 artículos y aborda diversas áreas de la educación superior, incluyendo la regulación de la autonomía de las instituciones, la validez de las prácticas pre profesionales, como experiencia laboral, la participación estudiantil en decisiones institucionales y la articulación con otros sistemas educativos y productivos.

Según, la asambleísta Zolanda Plúas, presidenta de la Comisión de Educación, indicó que el objetivo es fortalecer la educación superior, respetando la autonomía de las universidades y escuelas politécnicas, permitiendo su autodeterminación en la oferta educativa y normas internas.

Además, Pluas sostuvo que las prácticas pre profesionales como experiencia laboral válida, lo cual facilita la inserción laboral de los jóvenes.

Así mismo, se establecen requisitos éticos para las autoridades de las instituciones educativas, prohibiendo la designación de personas con sentencias por delitos graves.

De igual forma, la asambleísta del Partido Social Cristiano, Dallyana Passailaigue señaló que es importante para el desarrollo de los jóvenes, la participación estudiantil en las decisiones internas de las instituciones.

También, la legisladora del PSC explicó que se trata de una articulación sistemática entre el Sistema Regional de Indicadores Estandarizados de Convivencia y Seguridad Ciudadana, el Sistema Nacional de Participación y el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales, para fomentar la permanencia y continuidad de los procesos formativos académicos, así como una articulación con el sector empresarial y productivo, fortalecimiento a la vinculación con la colectividad.

Mientras tanto, el asambleísta de construye por la provincia de Bolívar, Juan Carlos Camacho aseguró que es necesario fortalecer la autonomía de las universidades, escuelas politécnicas, institutos técnicos y tecnológicos incluyendo un incremento de su presupuesto.

Finalmente, la comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales sesionaría en la provincia de El Oro para debatir el proyecto de ley con representantes de instituciones educativas locales, invitación que la realizó Carlos Rodríguez asambleísta y Jhonny Pérez, rector de la Universidad Técnica de Machala.

La Comisión del Derecho a la Salud y Deporte aprobó el informe preliminar de fiscalización sobre la contaminación de alimentos con plomo, conforme lo dispuso el Pleno de la Asamblea Nacional el 5 de marzo 2024. La comisión solicitó un nuevo plazo de 30 días para profundizar en el análisis minucioso y exhaustivo de la temática, a fin de garantizar la precisión y la integridad de los datos que se incluirán en el informe final.

Así mismo, recomendó que el informe pase a conocimiento de la Contraloría General del Estado para que realice una auditoría de gestión a la Agencia de Regulación y Control Sanitario (ARCSA), al igual que la Fiscalía General Estado para que inicie las investigaciones que el caso amerite, por un posible delito de contaminación de alimentos con plomo.

Además, exhortó al presidente de la República, Daniel Noboa y al Ministerio de Salud Pública para que se declare emergencia sanitaria frente a la posible contaminación de alimentos con metales pesados.

Por la complejidad del tema abordado, es importante profundizar en múltiples áreas; se ha generado un fuerte análisis y sistematización de datos pero es necesario ampliar la información en cuanto a los informes técnicos recibidos por parte de los organismos sanitarios, puesto que la documentación recibida es “técnica”, por lo cual se requiere realizar un análisis más profundo en cuanto a los procesos llevados a cabo por la autoridad y la información presentada tras el requerimiento realizado por los miembros del organismo legislativo.

Mientras tanto, las conclusiones de la comisión determina que el laboratorio de la ARCSA no cuenta con la capacidad instalada para procesar el nivel de muestras de todos los productos que debe analizar, razón por la cual cuentan con la externalización de este servicio para ajustar el nivel de análisis de muestras necesarias, para cotejar y encontrar contaminación con plomo en alimentos procesados.

Finalmente, la crisis de la ARCSA no es solo por la falta de recursos logísticos, ni técnicos, sino por la falta de financiamiento, lo cual no garantiza la salud de los ecuatorianos, frente a los efectos del consumo de plomo que no solo se ven a corto plazo, sino a largo plazo, tratándose de un tema que afecta a la salud pública.