La Federación Mundial de Hemofilia y el Ministerio de Salud Pública iniciaron una nueva etapa de trabajo conjunto orientada a fortalecer la atención integral de las personas con hemofilia en el Ecuador. Esta cooperación busca consolidar un modelo de atención basado en evidencia científica, estándares internacionales y sostenibilidad, con énfasis en la prevención y el tratamiento oportuno.

Entre las primeras acciones, que ya se encuentran en marcha, está la actualización de las Guías de Práctica Clínica para hemofilia, con el objetivo de alinearlas a las recomendaciones internacionales vigentes y a los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud para enfermedades raras.

Además, la FMH señaló que este proceso permitirá reforzar la calidad técnica de las decisiones clínicas y garantizar una atención más eficiente y equitativa a nivel nacional.

“Es fundamental que las decisiones clínicas respondan a la evidencia científica y al bienestar de los pacientes”, indicó la Federación, tras destacar que el nuevo enfoque prioriza un modelo preventivo, con cobertura progresiva en todo el territorio y con un uso responsable de los recursos públicos.

En cambio, las cifras oficiales del Ministerio de Salud registran actualmente 854 personas con hemofilia atendidas en 24 hospitales del país. Los datos del Sondeo Mundial Anual de la FMH estiman que el número real de pacientes podría superar las 1.700 personas, lo que evidencia la necesidad de fortalecer los mecanismos de diagnóstico y seguimiento.

Sin embargo, el registro nacional y modernización de la atención, otro eje prioritario del trabajo conjunto entre la FMH y el MSP es la creación de un Registro Nacional Unificado de Pacientes con Hemofilia. Contar con información real y actualizada permitirá cerrar brechas históricas, optimizar la planificación sanitaria y mejorar la asignación de recursos.

Mientras tanto, la nueva representación de los pacientes con hemofilia redefine el rumbo de la atención especializada en el país, consolidando el liderazgo del sistema público y el trabajo directo entre la Federación Mundial de Hemofilia y el Ministerio de Salud Pública.

Finalmente, las decisiones sobre la adquisición de medicamentos para la hemofilia, la inclusión de nuevas terapias, concentraciones o presentaciones, corresponden al Estado, con base en criterios técnicos, clínicos y de sostenibilidad.

La comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional, recibió las primeras pruebas testimoniales, en el marco de la sustanciación del juicio político presentada por los asambleístas Viviana Veloz, Raúl Chávez, Liliana Durán, Franklin Samaniego y Xavier Lasso Mendoza, en contra del presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, quien habría incurrido en un presunto incumplimiento de funciones asignadas en la Constitución y la Ley.

Los legisladores escucharon la ex vocal del CJ, Solanda Goyes. La exfuncionaria detalló algunas acciones que, a su criterio, han configurado el incumplimiento de funciones, mediante la interferencia en la decisión del juez anticorrupción Carlos Serrano, presuntamente para favorecer a una persona extranjera, vinculada con el narcotráfico, sentenciada por lavado de activos. 

Según, Goyes por principio de independencia, ningún juez debería recibir una llamada, visita o cualquier otro medio para sugerir o inducir a que la decisión que tome sea orientada en un sentido u otro, menos aún para que el juez falle a favor de una persona a la que se la asocia con el narcotráfico, dijo.

De su lado, el abogado en libre ejercicio, Ramiro García, señaló que las actuaciones del actual Consejo de la Judicatura y de su presidente, Mario Godoy, en aspectos disciplinarios a través de distintas decisiones para casos similares, es decir, sin que exista un parámetro técnico para el ejercicio de la facultad sancionatoria del referido consejo.

Mientras tanto, consideró que existen indicios en el sentido que sí se pretendió ejercer presiones al juez anticorrupción Serrano, con lo cual se habría configurado el incumplimiento de funciones de parte del Presidente del CJ.

Finalmente, la recepción de testimonios continuó este jueves, con la participación de los profesionales del derecho Jorge Peñafiel, Milton Castillo, Alejandro Muñoz y Washington Andrade.

El Consejo Nacional Electoral informó que desde el 3 de febrero inicia el pago de la compensación económica a los Miembros de las Juntas Receptoras del Voto, correspondiente al Referéndum y Consulta Popular 2025.

Los pagos se realizan a través de las ventanillas del Banco del Pacífico o BanEcuador, y estarán disponibles hasta el 2 de julio de 2026.

De esta manera, el CNE cumple con su responsabilidad de reconocer y compensar el compromiso cívico de los ciudadanos que formaron parte de las Juntas Receptoras del Voto, consolidando así la confianza en el sistema electoral y en el ejercicio democrático del país.

Luego, de conocer una amenaza dirigida a una jueza de la Unidad Judicial Multicompetente del cantón Paján, en la provincia de Manabí, el Consejo de la Judicatura activó de manera inmediata los mecanismos institucionales correspondientes, una vez verificado este lunes 2 de febrero de 2026, personas no identificadas dejaron un mensaje intimidatorio. La institución dispuso acciones urgentes a nivel interno y coordinó de forma inmediata las gestiones necesarias con las entidades competentes para precautelar la integridad de la servidora judicial quien, actualmente, cuenta con el resguardo permanente de dos efectivos policiales.

El Consejo de la Judicatura solicitó formalmente al Ministerio del Interior la actualización del nivel de riesgo de la servidora judicial, con el objetivo de que se evalúen y determinen las medidas de seguridad correspondientes, conforme al análisis técnico respectivo.

Mientras tanto, las acciones preventivas, la jueza labora, desde hace dos años, bajo la modalidad de teletrabajo, disposición que se mantendrá de manera íntegra y al 100% para proteger su vida e integridad.

Finalmente, el Consejo de la Judicatura condeno enérgicamente cualquier acto de intimidación o amenaza contra los servidores judiciales y reafirmó el compromiso con la independencia judicial.

Este domingo, 1 de febrero del 2026, el Consejo de Administración Legislativa (CAL) calificó el proyecto de Ley Orgánica para el Fortalecimiento de los Sectores Estratégicos de Minería y Energía y el proyecto de Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización para la Sostenibilidad y Eficiencia del Gasto de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, urgentes en materia económica, presentados por el presidente de la República, Daniel Noboa.

La decisión del CAL se tomó con base a los informes técnico jurídico no vinculantes de la Unidad Técnica Legislativa, que establecen que las iniciativas legales cumplen con los requisitos establecidos en la Constitución de la República del Ecuador y en la Ley Orgánica de la Función Legislativa.

Los dos proyectos de Ley serán tramitados en la comisión de Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa. La primera normativa tiene como propósito modernizar el marco legal minero y energético para atraer inversiones mediante seguridad jurídica y eficiencia regulatoria; así como maximizar los ingresos fiscales y el suministro eléctrico para fortalecer la estabilidad económica estatal.

La segunda propuesta tiene como objetivo incorporar en el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD) las reglas fiscales de sostenibilidad y racionalidad del gasto, orientadas a preservar la disponibilidad presupuestaria para inversión, mantenimiento, provisión de servicios públicos y cumplimiento de competencias, en armonía con la planificación y la sostenibilidad fiscal. Establece que los Gobiernos Autónomos Descentralizados destinen al menos el 70% del presupuesto e inversión a mantenimiento y reposición de infraestructura y servicios públicos.

El gobierno del presidente Daniel Noboa, entregó este 31 de enero 2026, más de 18 millones de dólares en Créditos de Desarrollo Humano, correspondientes a los últimos tres meses, en beneficio de más de 18.000 usuarios de bonos y pensiones del Ministerio de Desarrollo Humano.

El presidente Noboa, dijo que este capital semilla permitirá a los beneficiarios iniciar o fortalecer emprendimientos productivos sostenibles, generar ingresos propios y mejorar sus condiciones de vida.

El Crédito de Desarrollo Humano se entrega en dos modalidades, que consisten en el adelanto de las transferencias monetarias que el Ministerio de Desarrollo Humano otorga a los usuarios de bonos por períodos de 12 y 24 meses, con montos de 660 y 1.320 dólares, en la modalidad individual. Este enfoque solidario y productivo “ha permitido otorgar 101,7 millones de dólares en casi 113.000 créditos, desde el inicio del gobierno”, el 93 % de los recursos fueron destinados a mujeres. Estos fondos han dinamizado la economía de beneficiarios que desarrollan actividades productivas en sectores como ganadería, silvicultura, pesca, comercio, servicios e industria manufacturera, entre otros.

El Consejo de Administración Legislativa de la Asamblea Nacional, resolvió admitir a trámite las solicitudes de queja presentadas por los legisladores Jorge Chamba y Liliana Durán, en contra de los asambleístas Ronal González y Andrés Castillo.

Además, la queja presentada por el asambleísta, Jorge Chamba contra del legislador, Ronal González por una falta administrativa. Tras verificar la solicitud y el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 173 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa y en el artículo 9 del Reglamento, admitió a trámite y calificó la prueba presentada.

Así mismo, dispuso la notificación al asambleísta Ronal González, quien deberá presentar su contestación en el plazo de tres días a partir de la notificación.

También, el CAL conoció la queja presentada por la asambleísta Liliana Durán en contra de Andrés Castillo. Luego de constatar que la petición cumplía con los requisitos legales y reglamentarios vigentes, la asambleísta Mónica Salazar presentó la moción para admitir a trámite la queja y calificar la prueba correspondiente.

De igual manera, el CAL resolvió notificar al asambleísta Andrés Castillo para que ejerza su derecho a la defensa y presente su respuesta en el plazo de tres días desde la notificación. Esta resolución también fue aprobada por unanimidad por los miembros del Consejo.

El Consejo de Administración Legislativa dio inicio a los procedimientos administrativos correspondientes, conforme a la normativa que regula el actuar de los asambleístas.