Según, la portavoz gubernamental, Carolina Jaramillo, la desvinculación de funcionarios públicos y la fusión de instituciones del Ejecutivo, como parte del plan de eficiencia administrativa que implementa el Gobierno Nacional para simplificar el aparato estatal y agilizar procesos en el sector público.

Además, Jaramillo señaló que el Gobierno está en un proceso de modernización del Estado. Por ello, se ha decidido desvincular a cinco mil funcionarios públicos.

Así mismo, con esta decisión, hoy el Gobierno abre la puerta a nuevos talentos que quieran trabajar y servir con responsabilidad, integridad y compromiso por el bienestar del país.

Por lo que, la medida anunciada por la portavoz del Gobierno del Presidente Noboa consiste en la fusión de varias entidades del Ejecutivo, lo que permitirá que el estado optimice sus recursos para brindar una mejor atención a las necesidades del país y de la ciudadanía. Esta decisión se oficializó mediante Decreto Ejecutivo N 60, pasando de 20 a 14 ministerios y de 9 a 3 secretarías, de la siguiente manera:

Entre las fusiones están:

1. El Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda se fusiona al Ministerio de Transporte y Obras Públicas.

2. El Ministerio de Cultura y Patrimonio se fusiona al Ministerio de Educación.

3. El Ministerio del Deporte se fusiona al Ministerio de Educación.

4. El Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos se fusiona al Ministerio de Gobierno.

5. El Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica al Ministerio de Energía y Minas.

6. La Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación se fusiona al Ministerio de Educación.

7. El Ministerio de Turismo se fusiona al Ministerio de la Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca.

8. La Secretaría Técnica Ecuador Crece sin Desnutrición Infantil se fusiona al Ministerio de Inclusión Económica y Social.

9. La Secretaría de Inversiones Público Privadas se fusiona al Ministerio de Transporte y Obras Públicas.

10. La Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria del Sector Público se fusiona a la Secretaría General Administrativa de la Presidencia de la República.

11. La Secretaría Nacional de Planificación se fusiona a la Secretaría General de la Administración Pública y Gabinete.

12. La Secretaría Técnica del Comité Interinstitucional de Prevención de Asentamientos Irregulares al Ministerio de Transporte y Obras Públicas.

En cambio, se trasladan, el Viceministerio de Acuacultura y Pesca se fusiona al Ministerio de Agricultura y Ganadería.

Finalmente, las adscripciones serían así. El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) se adscribe al Ministerio del Interior. Y el Servicio Integrado de Seguridad ECU-911 se adscribe al Ministerio del Interior.

El Pleno de la Asamblea Nacional, con 78 votos a favor, archivó las reformas a la Ley que establece rentas en favor de las provincias de Azuay, Cañar Morona Santiago y Tungurahua por venta de Energía Eléctrica (Decreto Ley 047); incluyendo a Santo Domingo de los Tsáchilas en las Regalías de la Hidroeléctrica Toachi-Pilatón, por cuanto la iniciativa carece de competencia legislativa válida, ya que solo el Presidente de la República puede presentar proyectos que incrementen el gasto público.

Según, la presidenta de la comisión de Régimen Económico, Nathaly Farinango si bien es importante atender las demandas de la ciudadanía, no es menos cierto que los representantes del pueblo deben decir la verdad. En este caso, el proyecto de Ley contiene varias inconsistencias e inclusive vicios de constitucionalidad, puesto que transgrede una facultad exclusiva del Presidente de la República y la prohibición expresa de crear nuevas preasignaciones.

Por lo que, este proyecto y su aprobación, generaría una falta de sostenibilidad para el fisco, ya que los recursos que actualmente corresponden a las provincias de Azuay, Cañar, Morona Santiago y Tungurahua por venta de energía eléctrica, conforme lo establece el Decreto Ley 047, no pueden ser disminuidos, explicó Farinango.

La comisión concluyó que el contenido del proyecto excede las competencias del proponente respecto a plantear iniciativas que implican el aumento en el gasto público; que el régimen de asignaciones establecido en el Decreto Ley 047 se encuentra protegido constitucionalmente, conforme lo dispone la Vigésima Octava Disposición Transitoria de la Constitución de la República, ninguna norma o autoridad puede disminuir las asignaciones presupuestarias y rentas de Azuay, Cañar, Morona Santiago y Tungurahua.

Finalmente, un crece de criterios a favor y en contra del proyecto Ley se produjo durante el debate, cinco asambleístas intervinieron antes de la votación y el archivo.

El Ministerio de Turismo puso en marcha la quinta edición de su programa Emprende Turismo, este busca apoyar los proyectos innovadores de micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES), relacionadas al sector turístico, que buscan el crecimiento y mejora continua. Este año las postulaciones estarán abiertas a través de la plataforma https://servicios.turismo.gob.ec/ desde el 22 de julio hasta el 24 de agosto del 2025.

Además, los interesados pueden pertenecer a la siguientes actividades: Alojamiento; Alimentos, bebidas y entretenimiento; Agenciamiento turístico; Transporte turístico; Organizadores de eventos, congresos y convenciones, reuniones, incentivos, conferencias, ferias y exhibiciones; Centros de convenciones, salas de recepciones y salas de banquetes; Guianza turística; Centros de turismo comunitario; Parques temáticos y atracciones estables y Balnearios, termas y centros de recreación turística, quienes trabajen en Tecnologías aplicadas al turismo.

Así mismo, existen tres categorías para postular:

1. Ideación/Proyecto: Pueden aplicar proyectos de negocios turísticos en fase de ideación, exploración, gestación, prototipado, y/o producto mínimo viable de un bien o servicio para el sector turístico.
2. En marcha: Dirigido a emprendimientos, negocios y/o MiPymes innovadoras, que aporten a resolver problemáticas del sector turístico, que ya estén generado sus primeras ventas y se encuentren en etapa de comercialización o expansión. Los proyectos postulantes de esta categoría deberán tener hasta 36 meses en operaciones.
3. Consolidación: Esta etapa va para mypimes turísticas que tengan más de 36 meses de operación, que presenten proyectos innovadores para expandir su mercado objetivo y acelerar sus ventas.

También, un importante componente del programa es que los cinco proyectos más innovadores accederán a Capital Semilla por hasta 20.000 dólares cada uno.

Así mismo, los 80 mejores proyectos seleccionados recibirán acompañamiento con procesos de incubación, aceleración y gestión de la innovación que se otorgará.

Mientras tanto, en sus cuatro primeras ediciones, Emprende Turismo recibió más de 2.000 postulaciones.

El Gobierno Nacional tiene como objetivo impulsar el desarrollo productivo del Ecuador a través de políticas y programas que fomenten la competitividad, la innovación y generen fuentes de empleo para los ecuatorianos.

La comisión de Soberanía Alimentaria y Desarrollo del Sector Agropecuario y Pesquero de la Asamblea Nacional, recibió a los delegados de los ministerios Agricultura, Agencia de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (ARCSA) y del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), respecto al proyecto de Ley Interpretativa al artículo 24 de la Ley Orgánica para Fomentar la Producción, Comercialización, Industrialización, Consumo y Fijación del precio de la Leche y sus Derivados.

Para Jorge Baño, subsecretario del Ministerio de Agricultura y Ganadería, esta cartera de Estado ha desarrollado las disposiciones contenidas en la Ley, con lo que se ha capacitado a los productores, así como establecer centros de acopio de leche que han permitido que el productor, en algunos casos, obtenga precios muy superiores a la media recibida anteriormente, dijo.

De igual manera, Baños consideró que sería un error tratar este proyecto de Ley con el carácter de una interpretación cuando realmente se trata de una reforma al artículo 24 de la normativa vigente, expresó.

Por su parte, el subsecretario de Agroindustria del Ministerio de la Producción, Julio Roberto Álvarez, aseguró que se trata de una reforma y no de una interpretación a la Ley, en materia de fijación de precios. El Reglamento vigente fue producto de un trabajo coordinado con el Ministerio de Agricultura y con todos los actores de la cadena productiva de la leche, empezando por el consumidor, proceso que atendió las demandas de todos los sectores involucrados.

Mientras tanto, el director de la Agencia de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (ARCSA), Daniel Antonio Sánchez, manifestó que a esta dependencia pública le corresponde el control de los productos procesados, es decir, los derivados de la leche, puesto que la competencia sobre la leche cruda está en manos de la Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario del Ecuador (AGROCALIDAD), y no presentó observaciones directas al proyecto de Ley.

Finalmente, la directora del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), Eva María Mera, sostuvo que la entidad que dirige solamente contribuye con datos estadísticos y económicos relacionados con las diferentes ramas de la producción, pero no tienen injerencia en lo relacionado con los parámetros técnicos para la fijación del precio de la leche. Por consiguiente, no es de su competencia formular recomendaciones relacionadas con esta Ley.

Los delegados de la Asociación de Servidores Penitenciarios del Ecuador, presentaron sus observaciones para mejorar a la Ley Orgánica del Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria, en la comisión de Seguridad Integral de la Asamblea Nacional.

Para la asambleísta Inés Alarcón la crisis institucional que atraviesa el sistema penitenciario en el país es alarmante, por lo que solicitó trabajar en un marco jurídico autónomo, moderno y funcional que garantice la protección de los servidores penitenciarios, en el marco de sus actuaciones para el restablecimiento del control en los centros de privación de libertad y “frente a los grupos de delincuencia organizada que se han apoderado de estos”, dijo. 

La reforma de esta Ley no debe ser un parche operativo, sino una apuesta por la seguridad integral del sistema y el bienestar de quienes lo resguardamos, “no existe verdadera rehabilitación social si no hay disciplina y control interno, actuaciones de fuerza legalmente reconocida, con personal capacitado y protegido por la Ley”, explicó Alarcón. 

Además, proponen generar mecanismos para incrementar el número de funcionarios operativos en el sistema, actualmente existe un déficit del 68% de guardias penitenciarios para el resguardo óptimo de las 36 mil personas privadas de la libertad a nivel nacional. 

Así mismo, señalaron que “cuántos compañeros más tendrán que morir para que le den la importancia a lo que pasa dentro de los centros penitenciarios”, las cárceles del país se han convertido en “escuelas del crimen”, por lo que se ven impedidos de ejercer plenamente sus funciones. 

Finalmente, los legisladores integrantes de la comisión preguntaron sobre los protocolos de acción frente a amotinamientos, provisión de insumos, chalecos y armamento, entre otros. Y la presidenta de la comisión dispuso que se convoque al director del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad (SNAI), los delegados de la Oficina de las Naciones Unidas contra la droga y el delito, para construir en conjunto una normativa que responda al bienestar de los servidores penitenciarios, en el marco del respeto a los derechos humanos. 

El Pleno de la Asamblea Nacional realizó el primer debate del proyecto de reformas a la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, 15 iniciativas a la Ley fueron unificadas de acuerdo al informe de la comisión de Desarrollo Económico.

Según, la presidenta de la comisión, Valentina Centeno ponente del informe, dijo que estas modificaciones servirán para proteger la vida de los ecuatorianos, dignificar al sector transportista y depurar las agencias de tránsito que se encuentran plagadas de corrupción, tráfico de influencia, terrorismo y crimen organizado.

La reforma al proyecto de Ley incluye, entre otros temas, la eliminación de obstáculos innecesarios para obtener la licencia tipo C, un régimen de sanciones más severas para quienes falsifiquen títulos de conducción y la reducción de costos excesivos para la formación de conductores profesionales. “Así, esta norma se convertirá en una herramienta valiosa para la construcción de una cultura de la movilidad responsable”, insistió.  

Además, durante el debate intervinieron 14 asambleísta.

Para el legislador José Vallejo la incorporación con la reforma permiten regular el sector del transporte y más con una nueva modalidad que ya viene operando por muchos años y sigue siendo explotado se trata del Transporte Técnico y Logístico, por más de diez años, expresó.

Por su parte, Luis Alfredo Azogue del Transporte Técnico y Logístico, indicó que llegó el momento de hacer justicia y permitir que miles de familias se puedan beneficiar con el reconocimiento de está modalidad, “no competimos con nadie porque no somos taxis, transporte pesado o colectivos, ni livianos, nuestro trabajo es temporal y excepcional”.    

En cambio, la asambleísta Inés Alarcón es partidaria de devolver el control del tránsito de todas las carreteras de la red vial estatal a la Policía Nacional. “El país necesita que la policía asuma las competencias sobre las 25 zonas priorizadas por el Ministerio del Interior, donde se ha identificado una mayor incidencia de delitos de asalto y robo a transportistas y pasajeros”, aseguró.  

Así mismo, el legislador Patricio Chávez sostuvo que se debe modificar el artículo 165 de la Ley para que la devolución de los vehículos involucrados en diligencias periciales se efectúe en un plazo máximo de 24 horas, previa orden de autoridad competente.

Sin embargo, Steven Ordóñez y Naila Quintana manifestaron la necesidad de regular el uso de motocicletas. “En esta Ley tenemos que dejar claro, dos personas no podrán transportarse al mismo tiempo en una misma motocicleta”, señalaron.

Mientras tanto, buscan reglamentar la obligatoriedad de uso de chalecos y cascos homologados para facilitar su identificación en caso de delitos o accidentes en la vía pública.

Finalmente, otros aspectos de preocupación del debate fue la erradicación de la corrupción en la Comisión de Tránsito del Ecuador, modalidades de transporte en la provincia de Galápagos, uso exclusivo de recursos recaudados por multas en el mejoramiento de la red vial, transporte comunitario, entre otros. Una vez concluido el debate, el presidente de la Asamblea Nacional, Niels Olsen dispuso que retorne el proyecto de Ley a la comisión para la recolección de observaciones y la construcción del informe para segundo debate.

Dentro del análisis del proyecto de Ley Orgánica de Transporte Terrestre y Seguridad Vial, la presidenta de la comisión del Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa de la Asamblea Nacional, Valentina Centeno se reunió con los representantes del sector del transporte, el objetivo construir una normativa basada en el diálogo, la seguridad vial y el desarrollo productivo.

Además, Centeno destacó que esta propuesta legal busca garantizar mayor confianza y protección a los usuarios del transporte, reconociendo el rol fundamental del sector como generador de empleo y conector de las actividades económicas del país, dijo.

Entre los delegados participantes del sector del transporte fueron de la carga pesada, taxis, transporte escolar e interprovincial, del Ministerio de Transporte y Obras Públicas.

Para el viceministro Camilo Enríquez Ruíz el proyecto de reforma permitirá contar con un marco más eficiente y protector del sector a nivel nacional.

Finalmente, Ruíz explicó una serie de beneficios y acciones impulsadas desde el MTOP a favor de los transportistas como la eliminación de los radares sancionatorios y operativos discrecionales, extensión de la vida útil de las unidades, incentivos crediticios con BanEcuador, más de 130.000 llantas entregadas, 20 millones de dólares en compensaciones tras la eliminación del subsidio a las gasolinas, y el fortalecimiento de la seguridad vial con patrulleros, motos y camionetas. Tenemos una política de puertas abiertas y diálogo directo. Este proyecto debe reflejar la realidad del transporte y nacer del consenso.