La aplanadora del Gobierno en la Asamblea Nacional, aprobó la Ley Orgánica de Solidaridad Nacional. Enviada con carácter económico urgente por el presidente de la República, Daniel Noboa, La Ley aprobada establece medidas legales y fiscales para combatir el financiamiento de las mafias, proteger a la población civil, fortalecer las fuerzas del orden y reactivar económicamente las zonas afectadas por la violencia interna.

Con 84 votos a favor, el Gobierno aprobó la primera Ley en el segundo mandato y en la presidencia de Niels Olsen.

Entre las disposiciones importantes establece los incentivos para la reconstrucción social y productiva, la atención prioritaria a víctimas y acciones para prevenir el reclutamiento de menores por parte de grupos armados.

La Ley Orgánica de Solidaridad Nacional no solo fortalece el accionar de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, sino que ratifica la voluntad política de actuar sin dilaciones ni divisiones ante una amenaza que pone en riesgo la seguridad, economía y la vida de los ecuatorianos.

Este sábado 7 de junio 2025, con seis votos a favor, la comisión de Seguridad Integral aprobó el texto final de votación del proyecto de Ley Orgánica de Inteligencia, el objetivo es regular el Sistema Nacional de Inteligencia y sus subsistemas, así como la coordinación y cooperación con los organismos de apoyo, otras entidades del Estado y personas naturales o jurídicas, tanto públicas como privadas.

Además, el Sistema Nacional de Inteligencia contará con subsistemas de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, análisis financiero y económico, Casa Militar Presidencial, tributación nacional, aduanas, sistema penitenciario y otros que disponga el Presidente de la República.

Por lo que, desarrollaran actividades y operaciones de inteligencia y contrainteligencia dentro del ámbito de sus competencias, con el fin de alertar y asesorar en la toma de decisiones al más alto nivel, buscando anticipar, evitar y/o neutralizar amenazas y riesgos que afecten a la seguridad integral del Estado.

Segú, la asambleísta Jhajaira Urresta sus observaciones a los artículos 5, 11, 12, 14 y 51, este último relacionado con el requerimiento de información a las operadoras de servicios de telecomunicaciones, dijo.

Para la presidenta de la comisión de Seguridad, Inés Alarcón, el artículo 51 no consta en la matriz de textos con observaciones.

En cambio, el asambleísta Francisco Cevallos señaló que la rendición de cuentas de la entidad rectora del Sistema Nacional de Inteligencia ante la comisión de Seguridad no limita ni restringe las facultades fiscalizadoras de la Asamblea Nacional, sino que se encuentra en consonancia con el artículo 24 de la Ley de Seguridad Pública y del Estado.

Mientras tanto, el legislador Andrés Castillo de ADN, aseguró que el avance de la delincuencia requiere acciones urgentes y que esta Ley constituye una herramienta eficiente que permitirá al Estado anticiparse a las acciones de los grupos del crimen organizado.

Finalmente, la legisladora Jahiren Noriega solicitó la comparecencia de los representantes de organizaciones de la sociedad civil. Respecto a los artículos 47 y 52 del proyecto legal.

El Ministerio de Salud Pública inauguró el primer Curso de Salud Ambiental con enfoque materno infantil, que será impartido bajo la modalidad presencial y virtual dirigido a profesionales de salud e integrantes de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) y la academia, apoyado por el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF). Esta actividad responde al programa integral dentro del convenio suscrito entre Unicef y el Gobierno Nacional 2023 – 2026.

La Dirección Nacional de Salud Ambiental y en el Trabajo del MSP desarrolla planes de capacitación interna y externa, el objetivo fortalecer los conocimientos sobre la incidencia de los factores ambientales que afectan a la salud humana.

También, el curso prevé identificar los riesgos ambientales, medidas de prevención, respuestas ante emergencias ambientales, atención a grupos vulnerables, estrategias de educación y sensibilización a las comunidades.

Para el Director Ejecutivo del Centro de Transferencia de Conocimiento e Innovación Social, Marco Cazco de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, estos espacios desde la academia construyen a obtener aportes para construir políticas públicas en beneficio de la población, expresó.

En cambio, Marysol Ruilova oficial de Salud y Nutrición de UNICEF en Ecuador, dijo que la problemática y el perjuicio que puede causar la contaminación del ambiente a la salud humana, para combatir ese tema de salud pública, Unicef, junto al MSP, trabaja en medidas de prevención para cuidar la vida de los ecuatorianos.

“Fortalecemos nuestro sistema de salud para un acceso oportuno a los servicios. En este curso vamos a mejorar nuestras capacidades de identificar, vigilar, prevenir y tratar adecuadamente estas amenazas, con enfoque preventivo, integral y basado en la equidad”, aseguró Ruilova.

Mientras tanto, José Mosquera, Director Nacional de Salud Ambiental y en el Trabajo del MSP, la participación en este tema de los Gobiernos Autónomos Descentralizados es fundamental para mantener una coordinación adecuada con el personal del MSP para impulsar acciones concretas ante este problema mundial, sostuvo.

Finalmente, las observaciones y propuestas servirán para que los funcionarios puedan detectar y considerar los impactos de factores ambientales en la salud de la niñez, a nivel nacional, local y describir las medidas preventivas que pueden tomar los distintos actores nacionales, locales para disminuir la exposición de madres y niños a factores ambientales, describir las características clínicas, manejo y tratamiento de intoxicaciones con plaguicidas, metales pesados y gases asfixiantes, aplicar la historia clínica ambiental pediátrica de la (OMS/OPS), precisaron.

El Pleno de la Asamblea, con 78 votos en contra, negó la apelación a la presidencia de Niels Olsen, en la octava sesión, moción presentada por el asambleísta Henry Bósquez para incluir en el orden del día la resolución para dejar sin efecto lo mocionado y votado en la sesión n.º 1027 del Pleno de la Asamblea Nacional, reinstalada el 13 de mayo de 2025, en torno a la conformación de la terna para la designación del representante de la Función Legislativa ante el Consejo de la Judicatura.

La propuesta del asambleísta Bósquez, la rectificación de la votación, de acuerdo al artículo 146 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que establece a cualquier asambleísta, de forma inmediata a la proclamación de resultados, a plantear la comprobación o rectificación de la votación.

Por lo que, el asambleísta Fernando Cedeño apeló la decisión del presidente, quien esperó que se cumpliera con la votación para tramitar la apelación.

Según, Cedeño el presidente de la Asamblea Nacional, había infringido el procedimiento al dar paso a la rectificación de una votación que no se refería al fondo de la temática a tratar, sino a un mero trámite para el cambio del orden del día.

Para el presidente de la Asamblea Nacional, Niels Olsen su actuación fue al amparo de lo dispuesto en el artículo 146 de la LOFL, quien preside la sesión no tiene la facultad de negar un procedimiento de rectificación, dentro de cualquier votación que se produzca en el Pleno. Para el efecto, solicitó que Secretaría dé lectura del texto íntegro del referido artículo.

Finalmente, la presidenta encargada, Mishel Mancheno, dispuso que se someta a votación. Una vez proclamados los resultados, 62 a favor, 78 en contra y dos abstenciones el presidente de la Asamblea, Olsen retomó la conducción de la sesión.

La comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional, aprobó por unanimidad el plan de trabajo 2025-2027, consta la sustanciación de tres juicios políticos. Se trata de las solicitudes de enjuiciamiento en contra de los jueces electorales Gonzalo Muñoz y Ángel Torres, proceso suspendidos por el período electoral del 2025; contra el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo y contra Solanda Goyes, vocal del Consejo de la Judicatura.

Además, la comisión respetara el debido proceso y las garantías constitucionales en todos los procesos de fiscalización, particularmente en cada una de las etapas del trámite de los juicios políticos sometidos a su conocimiento.

Igualmente, promoverá la participación activa de la ciudadanía, a través de comisiones generales.

La agenda será actualizada en función de las nuevas propuestas de juicio político y acciones de investigación que se propongan.

Como parte de los mecanismos de gestión, la comisión de Fiscalización desarrollara periódica, mesas técnicas y de trabajo con el equipo asesor de sus integrantes; difundirá información a través de los canales oficiales de la Asamblea y de la comisión; garantizando el acceso a la información a todos los ciudadanos mediante una comunicación clara, institucional, oportuna y transparente, en cumplimiento de la normativa vigente, a fin de fortalecer la confianza ciudadana y hacer visible el trabajo legislativo.

Para fortalecer la cooperación internacional en la lucha contra el crimen organizado transnacional, la Asamblea Nacional aprobó, con 82 votos a favor en segundo debate, el proyecto de reforma parcial al artículo 5 de la Constitución de la República. Esta permite un camino al establecimiento de bases militares extranjeras y la recuperación de la seguridad nacional mediante la cooperación estratégica, el intercambio de inteligencia y la transferencia tecnológica y fortalecerá las capacidades operativas del Estado ecuatoriano.

Según, la legisladora Nataly Morillo la aprobación de esta reforma, “el Estado ecuatoriano dará un paso importante en su lucha contra el crimen organizado transnacional, narcotráfico, la minería ilegal, la trata de personas, el tráfico de armas y toda la violencia que emerge de estos mercados criminales que afecta la vida cotidiana de nuestras familias”, dijo.

Además, la propuesta no restringe derechos ni garantías constitucionales, el 90 % de los homicidios están vinculados al narcotráfico, durante la operación de la Base de Manta, las incautaciones de cocaína aumentaron en un 498 %, señaló.

Sin embargo, la asambleísta Nuria Butiñá advirtió que la reforma constitucional podría dejar abierta la posibilidad que decisiones políticas coyunturales comprometan de forma irreversible la soberanía territorial y militar del Estado.

Así mismo, el análisis de la modificación constitucional fue sobre la base del proyecto presentado por el presidente de la República, Daniel Noboa, el 17 de octubre del 2024, el dictamen de la Corte Constitucional y el informe remitido por la comisión conformada para el tratamiento de dicha iniciativa.

Finalmente, el artículo 442 de la Constitución establece que una vez aprobada la reforma, se convocará a referéndum dentro de los 45 días siguientes. Para su aprobación se requerirá al menos la mitad más uno de los votos válidos emitidos. Dentro de los siete días posteriores, el Consejo Nacional Electoral dispondrá su publicación.

En la comisión de Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa de la Asamblea Nacional, la Corte Nacional de Justicia y el Consejo de la Judicatura presentaron sus observaciones respecto del proyecto económico urgente de Solidaridad Nacional, del Presidente de la República, Daniel Noboa como parte del análisis de esta normativa para la elaboración del informe para segundo debate. Esta propuesta está orientada a desarticular la economía de los grupos de delincuencia organizada.

Para el delegado de la Corte Nacional de Justicia, José Gabriel Terán, las observaciones permitirán una mayor precisión en los textos del proyecto de Ley, el objetivo es garantizar el derecho a la libertad de las personas, posibilitar que la empresa privada realice donaciones a las entidades de seguridad para combatir a los grupos de delincuencia organizada, expresó.

Además, consideró la necesidad de especificar qué tipo de bienes son susceptibles de donación.

Así mismo, destacó la importancia de incluir el término “motivado” respecto a la facultad otorgada al Ejecutivo para emitir un decreto que permita iniciar acciones contra el crimen organizado, ya que la motivación es esencial para que se cumplan los fines de esta Ley.

Según, Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura, la estructura judicial del país y los catálogos de delitos que manejan los jueces especializados en delitos anticorrupción, se debería ampliar el ámbito de gestión de estas judicaturas para que conozcan causas relacionadas con corrupción y crimen organizado, explicó.

Mientras tanto, Godoy sugirió que se mantenga en manos del CJ la facultad de establecer, mediante resolución motivada, la creación de nuevas unidades distritales, de acuerdo con los análisis técnicos respectivos, a fin de evitar el represamiento de causas relacionadas con el conflicto interno, sostuvo.

Finalmente, la presidenta de la comisión, Valentina Centeno, indicó que las observaciones planteadas serán consideradas en el informe del proyecto de Ley.